por Carlos
Santiago
El
desorden económico en que está metido el país, que es
responsabilidad indiscutible de los sucesivos gobiernos
colorado-blanco -colorado y colorado, está provocando un
agudo desánimo en la población que, como en otras épocas,
ha comenzando a emigrar, “quemando sus naves” en Uruguay.
Mientras tanto el gobierno “divertido” del doctor Jorge
Batlle, sigue enfrascado en reducir los sueldos de la gente
que trabaja y de vender, al mejor o peor postor, las empresas
públicas, entre ellas las más rentables, como Ancel, en
medio de un acuerdo político de no muy claro contenido. ¿No
será que la jugada del doctor Lacalle, imponiendo que se
posibilite esa venta a través del Presupuesto Nacional, fue
una especie de carta para favorecer a sus “amigos” del
Opus Dei, que quieren acrecentar su poder y sus ganancias a
través de la propiedad de empresas rentables?
La
anterior privatización concretada por el gobierno, la de
Pluna, sobre la base de un mecanismo alambicado, empresa que
cuenta hoy con dos directorios y que además tiene un dueño
real que es extranjero, Varig. Todo un proceso que en nada le
ha servido al país. No se rescató un solo dólar, ni tampoco
se obtuvo un mejor servicio aéreo. Lo que sí perdió el país
fue el capital virtual que significaba la bandera nacional en
sus aviones, la que abría los cielos, en reciprocidad al tráfico
aéreo que llega a nuestro país. Hoy no queda nada y el
“brillante” negocio, también impulsado por el gobierno de
Lacalle, le hizo perder al país mucho más de los que los más
agoreros detractores de la iniciativa habían señalado
“El
negocio del bobo” dijo el senador Pablo Millor sobre la
propuesta del remate de Ancel, argumentando que así debe
calificarse una medida que trata de pasar a la actividad
privada –de manera desprolija y veloz- las acciones de una
empresa pública líder, que está dejando una ganancia a
Antel que hoy se cuantifica en unos 45 millones de dólares
anuales, y que, además,
tiene un crecimiento acelerado. Recordemos que Antel
entre transferencias y
pago de impuestos entregó 1.393 millones de dólares en los
últimos cinco años al Tesoro Nacional.
Aquí
no se trata de dogmatismo ideológico o de irrefrenables pujos
de la ideología neoliberal, de los que quieren terminar con
los monopolios para que el mercado todo lo resuelva
(recordemos que Ancel compite en la telefonía celular con la
empresa Movicom). Esto es reflejo de objetivos comerciales, de
algunas empresas extranjeras que han puesto el ojo en Ancel, y
quieren controlarla porque es un filón insólitamente
rentable. A los proponentes del desaguisado poco les importa
nuestro sufrido Uruguay, su destino como nación, el presente
y el futuro de su gente. Quieren que se haga ese “negocio”
en que saldrán algunos favorecidos – los compradores –
que recibirán para sí una empresa consolidada, brillante en
su funcionamiento, rentable, con futuro y, por supuesto también
se beneficiarán, los intermediarios –algunos tristes y
siniestros personajes a quienes nunca les importó el destino
del país y de su gente-. A cambio el país recibirá
–eventualmente- algunos millones de dólares que – como ha
ocurrido en situaciones similares (México, Argentina, etc.) no servirán para resolver los
problemas coyunturales,
ni mediano, ni de largo plazo.
El
proceso devaluatorio de los últimos meses ha mostrado- por
otra parte- que
el tipo de cambio ha aumentado más que la inflación, lo que
ha significado un adelanto cambiario del 4,16 por ciento. Sin
embargo otro proceso, todavía no cuantificado, se está
observando a nivel del comercio: cierre de almacenes,
desaparición de puestos en las ferias y caída singularmente
visible del precio de las líneas blancas (electrodomésticos),
en los supermercados y grandes superficies. En definitiva una
reducción del mercado interno que se deflaciona sobre la base
a la caída del salario real, en un mercado de trabajo que
–pese a lo reiterado por el doctor Ramón Díaz- se ha ido
desregulando por la vía de los hechos. La inacción del
Ministerio de Trabajo que hoy permite cualquier cosa y la
lentitud de la Justicia laboral, etc. son responsables de
ello. Esta situación ha permitido la multiplicación del
trabajo “en negro” y, un nuevo arbitrio de empresas, de
combinar el envío al Seguro de Paro, a contingentes de
trabajadores, manteniéndolos igualmente trabajando. Además
estamos en un 14.3 % (según cifras oficiales) de desocupación
abierta y la perspectiva (podemos ver lo que establecerá
eventualmente el Presupuesto), es que se acentúe esta situación.
El
panorama de las empresas no es más desolador, ya que
solamente las vinculadas a la producción de servicios se han
podido mantener. Las vinculadas a la producción industrial
(que tienen la particularidad de utilizar intensivamente mano
de obra) y las agropecuarias, se han ido hundiendo en la vorágine
de la crisis, en el escenario de la apertura de fronteras a
las importaciones ruinosas para el país. Busquemos cualquier
rubro industrial o agroindustrial y veremos el resultado de
esa política, ideada por los organismos internacionales de crédito
(léase FMI).
Ahora
con el Presupuesto, este gobierno “divertido”, quiere
acentuar lo ya hecho por los anteriores. Veinte años de la
misma política, que no ha servido para nada, con aparentes
momentos de prosperidad siempre enancados en la coyuntura de
los países vecinos.
El
punto final, ahora, es este nuevo intento de privatización.
Ancel que, quizás, pasará rápidamente a manos privadas y,
ninguno de los hoy afectados por esta situación dramática
del país, tendrá un cambio. No mejorará el marcado interno,
ni habrá más competencia, ni trabajo, ni los uruguayos dejarán
de emigrar.
Parecería
que quienes dicen que Batlle sigue trabajando para el bronce,
se equivocan. Está trabajando, al igual que su más recientes
antecesores, para cumplir al detalle las políticas de los
organismos internacionales, cometiendo el mayor pecado de un
gobernante: perjudicar a su pueblo.