La
Ley 9.581
Análisis
de la ley que "organiza la asistencia de psicópatas"
por
el Dr. Fernando Rama
Una
buena dosis de percepción y conciencia antipsiquiátricas
constituye un componente saludable para el ejercicio práctico
de la psiquiatría. Esta afirmación - que a mi juicio es una de
las tantas formas de expresar una dialéctica racionalmente
inevitable en el ejercicio de cualquier actividad profesional -,
viene a propósito del somero análisis de la ley que
"organiza la asistencia de Psicópatas", tarea que
pretendemos realizar en ésta columna. Aún no disponemos de la
documentación correspondiente al debate parlamentario que
precedió al decreto de la Asamblea General. No obstante puede
resultar de interés llevar a cabo una primera aproximación a
través del análisis de los 48 artículos, subdivididos en VII
capítulos, que constituyen el contenido de la Ley de Psicópatas,
sancionada con la firma de Terra y Eduardo Blanco Acevedo el 8
de agosto de 1936. La historia de la aplicación de la ley es,
por otra parte, una curiosa sucesión de accidentes y omisiones
que muy bien podrían integrar la galería de paraplejias - y
perplejidades - de nuestra memoria colectiva.
El
contenido de la ley sorprende por varias razones. En primer
lugar por su impecable redacción, no sólo desde el punto de
vista formal sino por la visión de horizonte muy amplio que
trasuntan la mayoría de los conceptos psiquiátricos y legales
establecidos. Dejando de lado evidentes anacronismos terminológicos
( el término psicópatas hace tiempo que no se emplea más en
psiquiatría o, cuando se lo emplea, refiere a otra cosa) e
institucionales ( la ley es previa a la organización de cursos
de psiquiatría por parte de la Facultad de Medicina), se trata
de una intención legislativa que posee, ponderados con
inteligente equilibrio, dos componentes esenciales.
Por
un lado responde a la mentalidad disciplinaria de la época y
obedece a la necesidad de recluir y "organizar" el
desorden psíquico que pone en peligro a la sociedad de los
cuerdos. No faltan los criterios que pueden leerse como un código
penal para los locos como, entre otros, los que establece el artículo
7º. que mandata asegurar la separación de sexos, edades, géneros
y grados de afección. La ley trasunta, por otra parte, un
fuerte e ingenuo optimismo terapéutico de cuño positivista y
una cruda ignorancia de lo que en términos modernos se
denomina, impropiamente, equidad
en el acceso y calidad de los servicios asistenciales a brindar.
Pero por otra lado la ley la confiere al M.S.P. múltiples
competencias regulatorias de la asistencia, centradas en la
creación de dos órganos competentes que son la figura del
Inspector General de Psicópatas, encargado de proteger con
mentalidad asistencialista, a los enfermos y de llevar un
Registro General de Psicópatas( Capítulo VI) y de una Comisión
Honoraria ( Capítulo VII) cuya integración tiene carácter técnico
psiquiátrico y legal. Se evidencia en el texto una preocupación
enfática por proteger la libertad de los pacientes si bien no
se emplea la terminología de los derechos humanos que
sintonizaría mejor con la mentalidad predominante en la
actualidad. Los aspectos de rehabilitación de los pacientes
después de su reclusión fueron dejados de lado y son objeto de
una ley posterior que crea el Patronato del Psicópata, que
también merece un detenido análisis.
Lo
curioso es que la inscripción de la ley en el Registro Nacional
de Leyes y Decretos sufrió un accidente: se le amputaron los
dos capítulos más importantes, el VI y el VII. También es
curioso que la Inspección General del Psicópata y la Comisión
Honoraria recién fueron instituídos hace dos o tres años, es
decir 52 años después de sancionada la ley.
Lo
cierto es que una ley destinada a disciplinar las conductas erráticas
e imprevisibles de las personas portadoras de una afección
"mental", atenuada en su carácter represivo por
disposiciones protectoras contra el abuso, perdió en el camino
éste último aspecto y en los hechos quedó en pie durante
cinco décadas un único artículo, el 24º. , que permite la
internación forzosa y de oficio en un establecimiento psiquiátrico,
con el parecer conforme de dos psiquiatras.