por
José Luis Martínez
Perú
está en la mayor crisis política de las últimas décadas en
medio de un creciente vacío de poder, después del estallido
del escándalo de corrupción que compromete al principal
asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Fujimori
dejó días atrás el cargo al vicepresidente, Francisco
Tudela, y realizó un sorpresivo viaje a Washington para
reunirse con el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y funcionarios del
Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Bill
Clinton no lo recibió.
Atrás
quedaron también las declaraciones de apoyo y no
intervención de los gobiernos de América Latina al
presidente Fujimori, cuando Estados Unidos y Canadá eran
partidarios de condenarlo en la OEA por las confusas
elecciones en las que volvió a ganar. No pasó mucho tiempo,
y la crisis estalló tal cual lo había denunciado la
oposición peruana.
El
viaje de Fujimori se produjo luego que el congresista Juan
Miguel Mendoza Del Solar renunció al oficialismo denunciando
un plan militar para tomar el poder "en un término de 20
días", que permita el retorno al país de Montesinos, el
controvertido ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN), desde Panamá.
El
Ejército desmintió la versión y la calificó como
"absolutamente falsa", pero no fue suficiente para
frenar "el desconcierto y la confusión" en el
país.
"Estamos
viviendo la crisis de gobernabilidad más aguda de las
últimas décadas", dijo la Asociación de Exportadores
del Perú, sector seriamente afectado por una huelga de
camioneros por el alza de los combustibles, que suma un
ingrediente más a la crisis.
El
Congreso unicameral, donde el oficialismo dejó de ser
mayoría, no logra frenar las renuncias de legisladores a sus
filas.
El
presunto soborno que generó el terremoto político estalló
hace semanas, cuando congresistas del opositor FIM (Frente
Independiente Moralizador) presentaron la cinta que mostró a
Montesinos pagando 15.000 dólares al legislador Kouri para
que se pasara a la alianza oficialista Perú 2000.
El
escándalo obligó a Fujimori a convocar a elecciones para
marzo del 2001, en las que no participará, y a anunciar la
desactivación del SIN, pero el jefe de Estado no reprobó el
soborno atribuído a Montesinos, el capitán del Ejército que
fue expulsado del arma en 1976.
El
congresista Mendoza dijo que el plan para dar un golpe militar
contemplaba formar UN nuevo grupo en el Congreso para oponerse
a todas las iniciativas de leyes propuestas por Fujimori para
facilitar el adelanto de las elecciones y formar comisiones
investigadoras en su contra.
Según
Mendoza, el plan fue ideado por Montesinos, quien, según
afirmó, se sintió "traicionado" por Fujimori,
versión que no encaja con la decisión del jefe de Estado de
apoyar su salida del país evitando que sea puesto citado por
la justicia.
La
iglesia católica llamó a los peruanos a mantener la
"tranquilidad y serenidad" frente a la situación
política, al tiempo que invocó a las Fuerzas Armadas a
mantener la "calma".
"Un
golpe militar dolería a todo Perú. Los militares
manifestaron el 24 de setiembre su lealtad al jefe de Estado;
no a Fujimori, sino al jefe de Estado", declaró el
obispo Luis Bambarén, presidente de la Conferencia Episcopal
Peruana.
Desde
el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, la influencia
del "fujimorismo" se hizo extensiva a grandes medios
de comunicación, especialmente televisoras, que ignoraron
denuncias contra funcionarios del gobierno y violaciones a los
derechos ciudadanos y humanos.
Montesinos, quien salió del país a Panamá, es acusado de
tener vínculos con narcotraficantes, de enriquecimiento
ilícito y hasta de estar comprometido con el tráfico de
armas desde Jordania para la guerrilla colombiana.
De
ahí que se entienda la "indignación" creciente en
la oposición, la sociedad civil y en un sector de la prensa
contra el gobierno, por haber "coordinado" el viaje
del hombre al que, aún desde el exterior, goza de gran poder
sobre la vida peruana.
La
crisis política ha provocado situaciones no imaginadas: la
sorpresiva renuncia del cuestionado presidente del Jurado
Nacional de Elecciones, Alipio Montes de Oca y la posibilidad
de renuncia adelantada de la controvertida Fiscal de la
Nación, Blanca Nélida Colán.
"Hoy
se ha puesto en evidencia cómo un sistema político que rompe
el equilibrio entre los poderes del Estado y concentra las
decisiones en quienes no recibieron mandato, se hace precario
y pone en riesgo la estructura y el funcionamiento del cuerpo
social", dijo la Pontificia Universidad Católica de
Perú.
Desmontar
el fujimorismo enquistado en el poder tomará tiempo, pero
sostienen muchos, que es necesario un proceso de
"reconciliación" que no signifique
"impunidad".
La
oposición está dividida. El ex candidato presidencial
Alejandro Toledo y el congresista Fernando Olivera, del FIM,
quien difundió el video del escándalo.
Olivera
criticó a Toledo por exigir que Fujimori renuncie de
inmediato para dar paso a un gobierno provisional, no previsto
por la constitución política de 1993.
Olivera apoya en cambio que el Congreso apruebe las leyes
necesarias para facilitar la convocatoria a nuevas elecciones
y respaldar al presidente, para evitar la ruptura del orden
constitucional
Montesinos
logró un refugio temporal en Panamá después que varios
países latinoamericanos, Estados Unidos y la OEA pidieron a
la presidenta Mireya Moscoso reevaluar su asilo, tras indicios
de que podría gestarse un golpe militar en Perú.
El ex asesor,
un capitán expulsado del ejército en la década de 1970 por
vender información secreta a la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) estadounidense, es acusado además de
violar los derechos humanos, y hostigar y espiar a civiles.
El archivo de
la denuncia fue interpretada como una muestra de que el ex
asesor aún mantiene poder en el sistema judicial de Perú.
"Eso
demuestra que la maquinaria de Montesinos y Fujimori no está
desarticulada de ninguna manera", afirmó el decano del
Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaunde.
La justicia
peruana es controlada por Fujimori desde 1992, cuando tras
disolver el Congreso asumió amplios poderes y reestructuró
el sistema judicial, permitiendo el nombramiento de jueces y
fiscales provicionales.
Para Michael Shifter, analista político de la Inter-American
Dialogue, con sede en Washington, la resolución de archivo
del caso contra Montesinos refleja que hubo UN acuerdo entre
el ex asesor y el gobierno peruano.
"Es difícil ver cómo Perú puede decir que tiene un
compromiso con la democracia y con los derechos humanos, si la
persona quien dirige los abusos se escapa de la
justicia", dijo Shifter.
La
incertidumbre provocada por la crisis política en Perú y la
convocatoria a nuevas elecciones presidenciales podría hacer
fracasar las perspectivas económicas del gobierno para 2000 y
2001.
El propio
ministro de Economía, Carlos Boloña, advirtió la semana
pasada que las principales metas se le pueden ir de las manos.
El gobierno
había previsto a principios de este año UN crecimiento de la
economía de 4,0 por ciento y de 5,5 por ciento para 2001,
así como UN déficit fiscal de 2,0 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB) en 2000 y de 1,3 por ciento en 2001.
Después del
primer semestre, Boloña, considerado padre de las reformas
liberales, y que retornó al ministerio después de ocho
años, elevó la meta de crecimiento a 5,5 por ciento.
Sin embargo,
según Jorge Gonzáles, economista y ex ministro de Fujimori,
"la economía peruana tenía esperanza en el 2000 y 2001
para retomar el crecimiento perdido, pero el agravamiento de
la crisis política oscureció el panorama, por lo que las
expectativas han pasado al nuevo gobierno".
"Mientras
no se realicen las nuevas elecciones - proyectadas para marzo
-, Perú seguirá en agonía económica, sin confianza",
dijo el ex candidato a la presidencia Alejandro Toledo.
Gonzáles,
quien también es catedrático de la Universidad El Pacífico,
afirmó que por la crisis "el déficit público estaría
rondando 2,5 por ciento del PIB, mientras que el crecimiento
se acercaría a la meta inicial con el Fondo, debido a los
sectores primarios y UN buen primer semestre".
Por lo pronto,
la agencia calificadora Standard & Poor's, ya revisó el
panorama a largo plazo de Perú. La revisión implicaría un
mayor riesgo país y si no el cierre total del financiamiento
para las firmas locales, sí la escasez de fondos y la muerte
de UN programa de reestructuración de deuda privada
auspiciado por el gobierno.
"Una
recuperación estará relacionada con la estabilidad de la
política, pero en la medida en que la transición tenga
claridad, y las transiciones siempre tienden a ser
complicadas", sostuvo Hugo Santa María, de la consultora
Apoyo.
Sobre el
crecimiento económico Apoyo estima que podría ser de 4 por
ciento este año gracias al avance del primer semestre, a lo
que se sumaría UN 2 por ciento para el último trimestre.
Según el jefe
del departamento de Estudios Económicos de la Sociedad
Nacional de Industrias, Luis Abugattas, en el intento por
llegar a las metas pactadas influiría lo que se logre, poco o
mucho, en las concesiones de proyectos a empresas privadas y
privatizaciones de estatales.
"Si los
postores piden que se posterguen las concesiones y
privatizaciones no hay mucho que hacer, pero hay que sacar las
cosas lo antes posible. Así, la meta de ingresos de 650
millones de dólares por esto - en concepto de privatizaciones
- es dificil de cumplir", resaltó Abugattas.
Sin embargo,
antes de que se destara la crisis, un optimista Boloña habló
de la posibilidad de llegar incluso a 1.000 millones de
dólares con la concesión de la fase de transporte del gas de
Camisea y del principal aeropuerto del país.
Las
proyecciones hechas para el presupuesto del próximo año
también se caerían.
Según estudios
de Apoyo, en 2001, dada la coyuntura, apenas se crecería
entre 2,0 y 2,5 por ciento frente al 5,5 por ciento que indica
un proyecto de presupuesto y cálculos iniciales de la
consultora, de 3,8 por ciento..