por
Carlos Santiago
Varios procesos
paralelos - es evidente - que se están verificando en nuestra
economía son los impulsores de la desesperanza en que está
cayendo el ciudadano que, especialmente cuando se trata de
jóvenes, creen que afirmándose en el presente, pueden
recomponer esa esperanza perdida sobre un futuro adecuado a las
mínimas necesidades de la vida: por ello se van del país.
Para entrar en el
análisis de esta situación debemos recordar un trabajo de
investigación realizado por el que escribe en el curso de
Planificación Económica, que realiza el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES),
organismo dependiente de CEPAL. En el mismo -luego de una serie
de mediciones de parámetros de distintos procesos económicos
que culminaban en cíclicas crisis, afectando a esta parte del
continente - pudimos detectar que las industrias exportadoras,
dedicadas enteramente a la producción de bienes basados en
insumos importados, son las más endebles, siempre perjudicadas
por hechos que ocurren en el exterior. Allí poníamos como
ejemplo los vaivenes de la industria metal mecánica de la
Provincia de Córdoba (Argentina), que durante distintas crisis
ha caído, en algunas ramas, casi hasta desaparecer, para en los
momentos de prosperidad levantar y luego caer en la crisis
siguiente. Se imagina el lector la situación de los
trabajadores de esas empresas, pasando de momentos de relativa
prosperidad a, en la cíclica crisis siguiente, a la
desocupación. Una situación, obviamente, que multiplica los
conflictos sociales.
Por supuesto que
es distinto lo que ocurre con las empresas que en lugar de
utilizar insumos importados y dedicarse exclusivamente a la
exportación, tienen una vinculación vertical con la
producción nacional y que - sin descuidar la exportación de
sus productos - tienen también el objetivo fundamental de
vender en el marcado interno.
Luego de este
paréntesis informativo como, entonces, no sorprendernos por las
políticas de nuestros gobiernos que siempre han apostado al
apuntalamiento de la industria exportadora, sin vinculación
vertical con la producción nacional. También y paralelamente a
lo anterior, a "ajustar el cinturón" de la
población, hecho que determina un achicamiento del mercado
interno y, por consiguiente, de la actividad de las industrias
que trabajan para él.
Pero hay más:
nuestros gobiernos han concretado, vía "consejos" del
FMI, la apertura de nuestras fronteras a la importación masiva,
de cualquier cosa y de cualquier lugar, logrando con ello
también resentir a nuestra industria. En los supermercados
aparecen desde las mostazas de Dijón, hasta jamones serranos de
las mejores procedencias, hecho que se multiplica por miles de
veces y de artículos de otras calidades que compiten, en mala
forma, con los nacionales. Pero paralelamente, luego de abrirse
las fronteras para, supuestamente "favorecer a los
consumidores", se achica la capacidad de compra estos con
medidas -como las incluidas en la Ley de Presupuesto - que
determinarán otra pérdida del poder adquisitivo por vía de
una nueva caída del salario real. Es bueno para ejemplificar lo
que ocurre dar a conocer algunas cifras de la realidad uruguaya
(son referidas a 1998):
· ? Producción:
22.466 millones de dólares · ? Importación: 3.810 millones de
dólares · ? Total de oferta de bienes: 26.266 millones de
dólares · ? Mercado interno: 23.497 millones de dólares · ?
Mercado externo: 2.769 millones de dólares (Fuente: Instituto
Cuesta-Duarte)
Por supuesto que
estas cifras son aleccionadoras. El mercado externo absorbe el
10.5% de la oferta de bienes y servicios y el interno, el 89.5%.
O sea, que las cifras muestran una realidad incontrastable. En
el mercado interno está la mayor parte de la venta que hacen
las empresas nacionales y deteriorarlo (se ha hecho con la
aplicación de políticas como la de apertura de fronteras,
crediticias, impositivas, salariales, etc.) significa poner en
riesgo la viabilidad un gran número de ellas y, por lo tanto,
también de fuentes de trabajo. Por que no decir que muchos los
que se han enancado en la política de fronteras abiertas, como
los importadores, también se ven perjudicados con estas
continuas agresiones contra el nivel del salario.
Hay ejemplos
anteriores de recuperación salarial, como el ocurrido al
regreso de la democracia. En los años 1985 y 1986 se logró una
mejora sustancial de los salarios que provocó una rápida
reactivación del crecimiento económico y, por supuesto, de la
industria. En 1991 y 1992 se modificó el sistema de
jubilaciones permitiendo un importante aumento de las
prestaciones reales, lo que posibilitó, otra vez, una parte
importante del crecimiento económico ocurrido por esos años.
Entonces,
¿porque se siguen aplicando políticas que son contrarias al
interés nacional?. Por un lado está el descomunal peso del
Estado, que está en el entorno de los 4.625 mil millones de
dólares. Si comparamos esa cifra con la de las exportaciones
del país, de 2.769 millones de dólares, vemos un desfasaje
insólito. ¿Es viable un país con ese gasto estatal y con un
ingreso de divisas que un poco más de la mitad? Ello explica
las políticas impositivas, verdaderamente draconianas, con
empresarios nacionales, productores agropecuarios y
trabajadores. Recordemos que el impuesto a los sueldos sigue
vigente e incluso se lo quiere extender a los profesionales
universitarios.
Los platos rotos
de una asignación presupuestal deficiente, con gastos
faraónicos que se han hecho para mantener estructuras que
necesariamente se deben modificar y ajustar a la realidad,
siempre tienen un destinatario que los paga: la gente.
¿Es posible que
en un país como el nuestro siga expulsando a los jóvenes y que
más de una cuarta parte de la población viva por debajo de la
línea de la pobreza, que crezca la desocupación en un proceso
infernal que implantó entre todos a la desesperanza?
En estas
condiciones del país, pese a la crisis externa que lo afectó
en los últimos tiempos, se puede intentar nuevamente un camino
de progreso aplicando como primera medida una política
destinada a desarrollar el mercado interno, para lo cual se hace
necesaria una reactivación salarial. No hacerlo es hipotecar
más al país en su conjunto y, por lo tanto, castigar a la
población de una forma insoportable que tiene un previsible e
indeseable final: el estallido social.
Por supuesto, el
gobierno -aconsejado por los capitostes del FMI - está haciendo
todo lo contrario. ¡Todo un ejemplo soberanía!.