Y con el Estado, ¿qué hacemos?

por Víctor Rossi
Representante Nacional
EP-FA

En los últimos años se ha intentado por diversos caminos, presentar la idea de que el costo país es sinónimo de un Estado gordo, pesado e ineficiente.

Es así que cada vez que se habla de las dificultades que tiene nuestra producción para poder competir en precios con la de otros países, llueven las quejas sobre el Estado y no solo de parte de quienes se afilian a la tesis de dejar todo en manos del mercado. También lo hacen los sectores productivos, ahogados por las pesadas políticas impositivas que deben soportar.

El tema, por cierto, vale la pena y es ineludible su tratamiento. En estos comienzos del nuevo siglo, definir el papel del Estado en la economía se ha vuelto un asunto de primer orden. No hay la menor duda que el país requiere de un debate sereno, reflexivo y patriótico para reestructurar el Estado, con la idea de hacerlo más eficiente en beneficio del desarrollo de la economía y de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

La base de cualquier debate debe ser justamente esa: trazar líneas que permitan tener un Estado tonificado, motor del desarrollo económico y del mercado, pero a la vez actuando al servicio del conjunto de la sociedad, promoviendo la redistribución de la riqueza.

En los últimos días se ha hablado mucho (y se seguirá hablando) sobre las empresas públicas, tema que encararemos más adelante, pero se dice poco y nada sobre el Estado central, los ministerios. Quizás no se hable de ellos porque no están a la venta, en la medida que no son rentables.

Es ese Estado central el que actúa como bolsas de piedras atadas a la cintura de toda la economía y sobre el que hay que ponerse a pensar. En este sentido la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) ha hecho una propuesta, ignorada por los dos viejos partidos políticos, para ir hacia una racionalización del escalafón. Y lo hizo mucho antes de que los uruguayos salieran a la caza de algunos porteros de ciertas dependencias que ganaban mucho, histeria promovida injustamente desde el Poder Ejecutivo.

Hoy tenemos un Estado central inflado, muchas veces por nuevas formas de clientelismo, como son los contratos de obra y los becarios. Dos fenómenos de los que se habla poco por parte de quienes se levantan todos los días vendiendo una empresa pública y se lamentan que el país en las primeras décadas de 1900 no haya recorrido el camino de los países centroamericanos. Y haya preferido, con Batlle y Ordóñez, un acción predominante del Estado a favor de la justicia social, como lo dijera en un reciente reportaje el historiador Enrique Mena Segarra

Este Estado que sufre de una obesidad que tiene historia pero también presente ( la Anep recurrió en el 2000 a los contratos de obra, como práctica) , se ha vuelto intocable para los partidos tradicionales, que miran para un costado cada vez que alguien se refiere a él.

Otro tema, siempre dentro del Estado, es el de las empresas públicas o estatales que, en la mayoría de los casos, se han modernizado haciendo caer el mito de que todo lo público es ineficiente.

A pesar de que las empresas públicas siguen siendo el reducto a donde van a dormir muchos de los políticos fracasados, la incorporación de las tecnologías más avanzadas y la resolución plebiscitaria de 1992 que resolvió que Antel siguiera en manos del Estado, produjo en la sociedad y en el sistema político toda una confirmación moral sobre la necesidad de su existencia. No faltaron, por cierto, directores de entes autónomos que se pusieron al hombro esas empresas, junto a los sindicatos de las mismas, lo que contribuyó a que su desarrollo fuera destacable, como ocurrió no solo en Antel, sino también en Ancap y Ute.

Hoy esas empresas deben entrar en una nueva etapa, siempre sobre la base de aquel pronunciamiento de la ciudadanía de 1992, para favorecer a los consumidores con la baja del costo de los servicios y, a la vez, continuar con su actualización y desarrollo.

Para ello el país tiene que encarar con seriedad el desafío de transformarlas cada vez más en empresas que no deban soportar las cargas que les genera el Estado central, que cada tanto le mete las manos en sus bolsillos - que es el bolsillo de la gente- para cubrir los costos generados por la ineficiencia y el clientelismo.

Si este desafío se asume y se resuelve mirando los intereses del país y de los uruguayos, se puede discutir todo, incluso en qué casos conviene que no haya monopolios y en qué circunstancias es posible buscar asociaciones con el sector privado, ya sea nacional o extranjero. Asociación que en caso de concretarse deben tener un estricto control del Estado, para que no ocurra con la que pasó en Pluna. Y en esto de los controles el país aún están en pañales.

Cualquier otro paso apresurado o motivado por un fundamentalismo privatizador, desregulador y desmonopolizador, va a llevarnos no solo a una estupidez sino a una "canallada" con el país, tal como lo alertara hace pocos días un diputado del Foro Batllista.

Y ante esto no cabe otro camino que enfrentarla con todas la de la ley. LA ONDA® DIGITAL