|
Encuentro
sobre desregulación y liberalización de sectores estratégicos
¿Crisis
energética?
por Gaspar
Ariño
Miembro
del Consejo Editorial de EXPANSIÓN y 'Actualidad Económica'
Las reuniones
tuvieron lugar en California (San Diego), donde, como es bien
sabido, están atravesando en estos momentos una delicada
situación en el sistema eléctrico, cuyas consecuencias han
llegado a Washington. En una rueda de prensa le escuché decir
al presidente, no una sino varias veces, algo parecido a esto:
"estamos en este país ante una crisis energética y
tenemos que hacer algo".
Se ha creado en
Estados Unidos una gran preocupación sobre este tema, cuyas
consecuencias pueden ser graves: desde la no ratificación del
protocolo de Kioto, por el que los países más industrializados
se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 (causa
principal del calentamiento de la tierra) hasta el lanzamiento
de un nuevo plan de construcción de centrales nucleares, que en
estos momentos está siendo reconsiderado por Dick Cheney. Junto
a ello se anuncian nuevas perforaciones en Alaska o las costas
de Florida, a las que también se ha referido George Bush
recientemente, no se sabe si como advertencia o como amenaza.
El caso es que el
tema energético se hace presente hoy, cada día, en la vida
norteamericana con caracteres de histeria. La gente está
asustada porque se anuncian para el próximo verano cortes de
luz, no sólo en California sino en otros Estados de la Unión,
lo cual es algo que, a estas alturas de la historia, resulta
inexplicable en el país más desarrollado del mundo.
Pues bien,
leyendo la prensa española, en mi viaje de regreso a España,
me tropecé, curiosamente, con estas dos afirmaciones: 1)
"carecen de fundamento los planteamientos de que tendremos
en España un problema de cortes de luz como en California"
(Folgado, a la revista Tiempo) y 2) "no existe el menor
riesgo de que se de en España una situación similar a la
crisis eléctrica ocurrida en California" (Rato, en el
Congreso de los Diputados). Según ambos, los ingresos de las
empresas están regulados en España de manera equitativa para
asegurar la recuperación de las inversiones.
Causas En mi
opinión la realidad española no es tan tranquilizadora como
nos la presentan los máximos responsables del Ministerio de
Economía. Recordemos que las causas determinantes de la crisis
californiana han sido estas: 1) una demanda creciente en los
últimos dos años; 2) una falta de inversión en nueva
generación motivada por la incertidumbre ante el futuro de la
industria eléctrica y los altos costes medioambientales que se
imponen sobre las compañías; 3) una elevación en los precios
de las energías primarias: han visto duplicarse los precios del
gas y triplicarse los precios del petróleo; 4) una tasación de
los precios de la electricidad al consumidor final, al que por
razones políticas (complacencia con el electorado, control del
IPC, etcétera) se le ofrece la energía a precios que están
por debajo de costes; y 5) una liberalización a medio camino,
en la que se mantiene un estricto control de los precios de
venta al por menor, mientras se liberalizan los mercados al por
mayor, en un régimen de competencia muy imperfecta que permite
la colusión entre operadores.
El resultado de
tan explosiva mezcla han sido cortes de luz y la quiebra de la
mayor distribuidora californiana (Pacific Gas and Electric Co.,
PGE), incapaz de hacer frente a sus deudas (9.000 millones de
dólares) al no haber podido repercutir a sus clientes los altos
costes de la compra de electricidad (la deuda de la otra gran
compañía de distribución, Southern California Edison, es
todavía mayor, 12.000 millones de dólares y está igualmente
en suspensión de pagos).
Las compañías y
los académicos que diseñaron en su día el modelo de
regulación californiano culpan a las autoridades políticas de
la situación en que se encuentra aquel gran Estado, por haber
mirado para otro lado cuando los desequilibrios de precios eran
ya patentes, hace más de un año. Al día de hoy, el Estado de
California ha tenido que adelantar 4.120 millones de dólares
para financiar la compra de energías por los distribuidores y
se dispone a lanzar una emisión de bonos por un total de 10.000
millones más para hacer frente a la financiación del sistema
en los próximos meses.
Paralelamente se
ha visto obligado a acordar, al fin, una subida de precios de
más del 40% en la energía vendida por las distribuidoras a las
consumidores finales.
España No
podemos entrar ahora en el análisis detenido de muchas
cuestiones regulatorias que se derivan de la situación
californiana, pero debemos mirar a nuestra propia realidad para
comprobar que las cinco causas antes citadas, determinantes de
la crisis, se dan todas ellas con matemática exactitud en el
sector eléctrico español. Desde hace dos semanas, las
compañías generadoras en España han advertido del riesgo de
cortes de luz que padeceremos si no se toman a tiempo las
medidas adecuadas.
En cuatro años
la demanda ha subido un 25 por ciento y aunque sobre el papel
hay solicitudes de autorizaciones para la construcción de
nuevas centrales, con una potencia total de unos 30.000
megavatios (mW), la realidad es que pocos de esos proyectos se
han puesto en marcha, en parte por las incertidumbres
regulatorias que rodean al sector (nadie sabe en España, a
pesar de lo que dicen el ministro y el secretario de Estado,
cuáles son hoy los criterios y reglas que determinan las
tarifas eléctricas; éstas se fijan "a capón" cada
año en función de las conveniencias políticas) y en parte por
las continuas dificultades que ponen las autoridades
autonómicas y locales para la ubicación de nuevas centrales.
Exactamente igual
que ha ocurrido en California (nadie quiere tener una central
cerca de su casa), hemos visto recientemente cómo se cancelaba
el proyecto de ENRON en Tarragona. Por otro lado, en los
últimos cinco años las tarifas eléctricas en España han
descendido un 30 por ciento en términos reales y, ya este año,
según los directivos del sector, se prevé un déficit de
ingresos de 22.000 millones. Al mismo tiempo, nuestro parque de
generación va perdiendo margen de reserva de potencia (que se
estima debe estar en torno al 20 por ciento) y, si en 2003 no se
consigue que entren en funcionamiento las centrales de ciclo
combinado de gas, puede aparecer un problema real de cobertura
de la demanda y seguridad en el suministro, especialmente en
algunas regiones como Cataluña.
Finalmente, los
precios del gas y el petróleo no parece que vayan a descender
en España y, para mayor incertidumbre, Francia, que es para
nosotros el obligado paso hacia Europa, se encastilla en su
aislamiento, que es también el nuestro: no podemos importar,
apenas, energía eléctrica. Este es el panorama que tenemos y,
con todos estos factores, el Gobierno español no debería
descansar sin más en su propia complacencia y afirmar: ¡aquí
no pasa nada!
En estos días
proliferan los análisis, en Estados Unidos, en busca de
culpables de la presente situación. Los académicos,
consultores y expertos acusan a los políticos de miopía y
cortoplacismo en la toma de decisiones: nadie quiere enfrentarse
con el público cuando hay que tomar decisiones duras, nadie
quiere asumir el coste político de éstas, aunque al final todo
resulte más caro, el coste social sea inmenso y no haya más
remedio que subir las tarifas un 40 por ciento. Pero con suerte,
a lo mejor, cuando esto ocurra, él ya no estará allí y el que
venga atrás que arree. Publicado
inicialmente en Expansión el 10/4/01.LA
ONDA®
DIGITAL
|
