El Defensor del Pueblo y los derechos humanos

por Tte. Cnel. AV. R. Fernando Cardozo

Hablar del Defensor del Pueblo es, sin lugar a dudas , referirse a Los Derechos Humanos , al ejercicio pleno de la Democracia , y dsde nuestro modesto punto de vista , es hablar de un instrumento plenamente válido para establecer las condiciones de existencia tangible de la justicia social. El auténtico progreso de una nación se mide por la equidad en la distribución del bienestar,por la igualdad de oportunidades y la calidad de vida para todos, lo cual es fruto de una mentalidad y práctica solidarias que llevan a preocuparse de todos, muy especialmente por los más pobres y marginados.

En los países latinoamericanos, la cultura predominante está marcada por el progresivo individualismo, el consumismo, la hegemonía de los principios del mercado, el débil compromiso con lo público, una cierta mentalidad política que prescinde del horizonte ético de los valores, el afán por el poder, la codicia por obtener bienes materiales en forma indebida a cualquier costo, todo lo cual es fuente de corrupción. Esta se encuentra asociada con la obtención de beneficios, mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos públicos que a su vez genera con el tráfico de influencias y la radicación de la ineficiencia administrativa de la cosa pública, por la "amigocracia , dedocracia , familiocracia o nepotismo "{o como quiera denominarse a ese mal con el que debemos convivir los uruguayos}en la designación de funcionarios en todos los niveles, o por la fortuna privada, que genera posibilidades de nombramientos de personas no idóneas {acomodos} en cargos de alto nivel , y todos sabemos que pesos no son neuronas.

La corrupción tiene un costo sobre la vida de la gente porque ésta arroja una fuerte sospecha sobre la eficiencia de la gestión pública, produce un mayor déficit fiscal, y distorsiona el rol distributivo del Estado . Su presencia en la esfera pública causa una desconfianza sistemática frente a las instituciones estatales que lleva a prescindir de ellas y conseguir sus beneficios por otros medios. Y, aunque no exista una relación directa entre el poder y la corrupción, es del todo evidente que en una situación de poder se multiplican las posibilidades de ejercerla debido al cargo que se ocupa o al poder que de hecho da el dinero en la sociedad. Así se da la contradicción de que la corrupción es más posible entre aquellos que son menos sancionables.

La corrupción, a nivel público, es un acto de injusticia porque denota el abuso de una función social y el mal uso de los recursos, constituyendo un verdadero robo. Es urgente reaccionar frente a la corrupción pública y privada que está destruyendo la vida , el bienestar de demasiada gente , oprimiendo aún más a los pobres y contribuyendo al enriquecimiento de unos pocos.

La corrupción que aquí nos interesa es pues la que se da en el punto de unión de lo público y de lo privado y especialmente en los sectores en los que el gestor público no está sometido a unas reglas totalmente obligatorias a menos que exista una institución como el OMBUDSMAN o DEFENSOR DEL PUEBLO o como quieran llamarla, que permita al ciudadano común la posibilidad de ejercer su derecho de control de la cosa pública. La corrupción en un estado de derecho democrático tiene pocas posibilidades de producirse allí donde el funcionario u hombre público lo único que puede hacer es responder positivamente al ciudadano si reúne los requisitos necesarios: la expedición de un pasaporte, el pago de las prestaciones sociales, están sometidos a reglas estrictas que no dejan márgenes de apreciación al funcionario. Por el contrario, la pequeña y gran corrupción pueden abrirse camino allí donde el decisor dispone de un cierto poder discrecional: apreciar una invalidez física que da lugar al cobro de una pensión, elegir el "mejor" contrato, decidir la concesión de créditos de inversión, son decisiones que no pueden estar encerradas en procedimientos casi automáticos y dejan una capacidad de maniobra apreciable a los funcionarios o a los políticos, sobre todo si las reglas de procedimiento que se supone que garantizan el due process of law no se aplican de acuerdo con la letra o con el espíritu de las mismas , lo cual puede ser denunciado  por el ciudadano común y llevado a la investigación pertinente  y garantizada por una Institución Testigo como el OMBUDSMAN.

Como se ve, independientemente del juicio moral que cada ciudadano pueda tener sobre la cuestión en función de su ética personal, son muchos los desacuerdos sobre la evaluación del fenómeno de la corrupción y las observaciones que acabamos de hacer aquí distan mucho de ser exhaustivas... Los desacuerdos son todavía más enérgicos cuando se aborda la cuestión de los remedios o soluciones. Llegado este punto es preferible abordar el tema del aumento repentino de la corrupción que ha alcanzado a la mayor parte de los países a lo largo de los dos últimos decenios.

Prácticamente en todo el mundo, la corrupción no es sólo una costumbre detestable: se ha convertido en un problema político. Es tentador -sobre todo para los políticos -no ver en esta reciente toma de conciencia más que una especie de complot mediático-judicial, denunciando el encarnizamiento abusivo del que serían víctimas las minorías político-administrativas.

Desde luego, la prensa y los jueces han sido actores decisivos en el proceso de información y de toma de conciencia del problema por parte de la opinión pública. Además, ¿cómo podría ser de otra manera? Los medios de comunicación son indispensables para la formación de una opinión colectiva, especialmente sobre una cuestión tan secreta y clandestina por definición. En cuanto a los pseudo- "perseguidores" judiciales denunciados por las personas incriminadas, es mejor sonreír: estas protestas dan fe sobre todo de los hábitos de impunidad adquiridos por las minorías en el poder en muchos países. Creemos que la explicación a la importancia que se le ha dado al problema de la corrupción en estos últimos años hay que buscarla en otra parte.

El aumento de las prácticas corruptas y de su carácter cada vez menos oculto (por no decir casi oficial a veces) es lo primero que ha contribuido a la toma de conciencia: lo que al principio sólo sabían unos círculos de "iniciados" muy restringidos (por ejemplo, los dirigentes de los partidos y algunos responsables de grandes empresas), acaba siendo un secreto a voces cuando la corrupción se extiende, se difunde e incide cada vez más en los sectores económicos. Cuando la ética pública es flexible, cuando la opinión pública tiene en general un concepto negativo de la política, la corrupción se tolera porque se considera una consecuencia inevitable del ejercicio del poder. Este punto de vista pesimista ,Discepoliano induce a pensar que " todos encuentran su interés personal en traicionar los intereses públicos que les han sido encomendados")visión que está extendida sobre todo en los países del sur de Europa en los que la visión maquiavélica de la política es muy corriente. 

Además, esta tolerancia está reforzada por la distribución generalizada de prebendas, de pequeños beneficios y de políticas clientelistas: aunque no todos se aprovechen de la corrupción, se establece un silencio cómplice en torno a las desviaciones de un régimen "positivo en resumen". Pero se produce la ruptura de este círculo vicioso cuando estalla un gran escándalo y/o cuando este sistema corrupto cae en la trampa de unas demandas crecientes, recursos insuficientes y contradicciones internas cada vez más acusadas. En este sentido, Italia constituye un ejemplo llamativo de esta evolución: después de decenios de tácita complicidad de las minorías y de una gran parte de la opinión pública, el sistema corrupto se ha hundido, víctima de su imprudencia y de su arrogancia por un lado, y de su coste económico y financiero por otro.

Asimismo, la denuncia de la corrupción se da con más vigor en momentos de crisis políticas y económicas. La alternancia o la posibilidad de ésta en época de elecciones reñidas constituye unas condiciones particularmente favorables para el estallido de escándalos en los que los partidos de oposición (o ligados al poder recientemente) están dispuestos a explotar las debilidades del adversario, excepto, claro está, si ellos mismos están metidos plenamente en el sistema de corrupción. Las crisis económicas, al romper las connivencias y las solidaridades, producen el mismo efecto, deslegitimando a las minorías políticas o económicas en el poder y permitiendo por último poner fin a las protecciones abusivas de las que se beneficiaban (ej. los recientes escándalos en Mexico, en el Japón, en Corea, en España, en Italia).

Esta desestabilización de las minorías en el poder suele beneficiar a los partidos de la oposición. Pero habida cuenta de las redes de connivencia que van mucho más allá de los titulares de los cargos oficiales, es frecuente que el conjunto de los dirigentes sean víctimas del oprobio popular. Entonces se denuncia a la "clase política" dando a entender con esta expresión que constituye un grupo privilegiado y aparte, una nomenklatura ávida de sus privilegios, frente a las virtudes populares y nacionales.

Este discurso anti-minorías es cada vez más frecuente en los sistemas democráticos. No solo a causa de la corrupción sino porque los escándalos lo alimentan y refuerzan. El populismo caracterizado por su actitud de protesta (anti-impuestos, anti-inmigrantes, anti-Welfare, anti-minorías) va cobrando tanta más influencia por cuanto las minorías han perdido la legitimidad que justificaba su poder y a veces sus privilegios.

Esto refuerza la certeza de que con la existencia de una institución como El defensor del pueblo, ganaría la credibilidad  que debe tener el ciudadano en el poder político. LA ONDA® DIGITAL