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Un
modelo agotado
por Héctor
Acosta
El Ministro de
Economía de la dictadura, Cr. Valentín Arismendi,
defendía en febrero de 1979 la tesis de su modelo para el
país, exponiendo ante el Consejo de Estado: "La caída
a corto plazo del salario, promueve la concentración del
ingreso necesaria para aumentar la inversión y la producción y
éstos a su vez, generan un mayor nivel de ocupación y de
mejores salarios a mediano plazo."
Esta estrategia,
basada en la transferencia de recursos del sector de asalariados
y de ingresos fijos, hacia otros sectores de la economía - que
éstos supuestamente volcarían a la inversión productiva - es
la que el país viene aplicando aún con anterioridad a la
exposición del Cr. Arismendi, arriba citada.
En efecto, desde
la aparición del IVA, en 1967 y la congelación salarial de
1968, durante el gobierno de Pacheco Areco, los orientadores de
la economía nacional han persistido en la aplicación de este
modelo que se asienta, sustancialmente, sobre tres vías: a)
políticas tributarias sobre el consumo; b) políticas
tributarias dirigidas al salario; c) políticas de ajuste
salarial respecto de la inflación y ausencia del Estado en el
plano de las relaciones laborales.
La primera de
estas vías, tiene como principal herramienta al Impuesto al
Valor Agregado que, de una tasa básica única inicial de 10%
que afectaba a sectores de la Industria y el Comercio, trepó a
la fecha hasta el 23%, habiéndose creado además una tasa
mínima del 14% . La base del impuesto se ha ensanchado de forma
tal, que abarca rubros tan disímiles como las tarifas de los
servicios públicos, los intereses de los préstamos bancarios
al consumo y la financiación de las tarjetas de crédito. La
incidencia del IVA en el total de los recursos del Estado, se
ubica actualmente, en el 40%.
Con respecto al
punto b), desde junio de 1992 se crea el Impuesto a las
Retribuciones Personales, inicialmente con tasas de 1% y 2%
conforme al número de S.M.N. que representare la prestación.
Las tasas del impuesto se encuentran hoy en niveles de hasta el
9% para algunos de los sectores de asalariados y su base se ha
ensanchado. Durante el gobierno del Dr.Sanguinetti, el IRP
recaudó u$s 1.840,4 millones. Para el quinquenio de gobierno
del Dr. Batlle, la expectativa de recaudación es de u$s 2.092,9
millones.
En cuanto a la
política de ajuste salarial, se ha impuesto el criterio de
ajuste por un porcentaje de la inflación pasada - que en los
hechos constituye una pérdida del poder adquisitivo de los
salarios - a la vez que se insiste con la desregulación en
materia de relaciones laborales, la no implementación de
Consejos de Salarios y la rebaja de aportes patronales a la
Seguridad Social que se financia con la creación de nuevos
impuestos, como el recientemente aprobado COFIS.
Estas políticas,
complementadas con subsidios a algunos sectores privilegiados
como la forestación y el aparato financiero, así como la
utilización de las tarifas públicas y la variable del Salario
Mínimo Nacional como herramientas de ajuste fiscal, han
determinado que, conforme a cifras oficiales de la Dirección
Nacional de Estadísticas, desde 1968 hasta la fecha, el salario
real de los trabajadores del país haya sufrido una caída de
más del 40%
No obstante, tan
brutal esfuerzo del sector que abarca a los más débiles en la
cadena socio-económica nacional, no devino en el aumento de las
inversiones prometido por el modelo - al volcarse esos ahorros
en el aparato financiero especulativo - y no trajo los
resultados de bonanza imprescindibles para el logro de una
efectiva justicia social. Lejos de conseguirlo, el país está
sumido hoy en una profunda crisis, en una situación de
emergencia, que amerita una rápida respuesta del sistema
político.
En ese sentido,
la página editorial del pasado 31 de mayo del Semanario
Búsqueda - vocero oficial del equipo económico - bajo el
título de "Un tiempo que requiere soluciones de
fondo", señala su preocupación porque los indicadores
económicos conocidos en las últimas semanas, muestran la
continuación de la situación depresiva en la que viene
operando la economía uruguaya: "Un déficit fiscal que
sigue en el orden del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), un
nivel de actividad económica que sigue contrayéndose y sobre
todo un nivel de desempleo que, con una tasa de 14,9% para el
primer trimestre del 2001, se constituye en el más alto desde
que se llevan registros de esta variable hace 33 años, son
algunas de las variables que muestran el significativo deterioro
de la situación en los últimos meses."
Agregamos
nosotros: el cierre de las empresas es hoy una constante; al
crecimiento del desempleo a niveles desconocidos históricamente
en el país, debemos agregar la situación de precariedad y
carencia de cobertura social en buena parte de los ocupados; son
30 mil los trabajadores en seguro de paro; aumenta la
segregación social, la marginación y el hacinamiento en
asentamientos precarios; la emigración desgarra sin piedad a la
familia uruguaya.
Es por ello que,
continúa el Editorial, el Uruguay debe "tomar medidas de
fondo" que sienten las bases para una recuperación
duradera y en tal sentido apunta: "Así, los aportes
patronales deben eliminarse totalmente y para todos los
sectores, no como se ha hecho hasta ahora sólo para algunos. El
sobrecosto de las tarifas públicas para los sectores
productivos, también debe eliminarse ya, sin más vueltas, al
igual que los impuestos que afectan el costo del crédito y
aumentan el costo de la inversión. El aumento del Impuesto a
los Sueldos públicos debería aumentar para compensar el costo
de la eliminación de los otros impuestos y bajar el déficit
fiscal. Acelerar el ritmo de las desregulaciones, las
concesiones de obra pública y las privatizaciones es
impostergable."
Como puede
fácilmente apreciarse, soluciones que en su gran mayoría
están vigentes y a las que el vocero económico oficialista
insiste no obstante en acentuar; todas en el mismo sentido del
modelo aplicado desde hace más de 30 años en el país y que
persiste en adjudicar causas estrictamente fiscales a la crisis,
planteando medidas casi exclusivamente tributarias para
solucionar una amplia problemática que abarca temas como la
inserción internacional y regional del país, el déficit de la
balanza comercial, el déficit fiscal, y por supuesto la
desocupación, el desarrollo productivo sostenido y la
competitividad del sector industrial.
Soluciones,
asimismo que recaen sobre el mismo sector social de asalariados
y de recursos fijos a que recurría el Cr. Arismendi como
generadores de los ahorros necesarios para la inversión y la
producción.
El economista
agregaba en junio de 1982, defendiendo su tesis económica que
incluía la creación y puesta en vigencia del I.R.P:
"Ningún gobierno puede tomar medidas que aseguren la
reactivación. Si las medidas de reactivación pudieran tomarse
sin aumentar la inflación y sin poner en riesgo las reservas
del país, cualquier gobierno las tomaría para evitar la
desocupación. Entonces, si hoy la República Federal de
Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos de Norte América
tienen desocupación, ¿por qué no toman medidas de
reactivación?"
Y agregaba:
"En Economía no existen fórmulas milagrosas. Dado
determinado sistema, siempre tiene que haber una variable de
ajuste. ¿Y cuál es la variable de ajuste cuando existe una
unificación cambiaria o monetaria? La ocupación." Esta
descarnada confesión del entonces conductor del Modelo
Económico, nos exime de abundar en mayores comentarios sobre el
mismo.
Como el propio
Presidente de la República ha afirmado, estamos en tiempos de
cambio, en tiempos de discutirlo todo. Coincidentes con esta
visión del Dr. Batlle, - y por que no, también con este tiempo
de tomar medidas de fondo planteado a través del Editorial de
Búsqueda - nosotros creemos igualmente que ha llegado el tiempo
de las revisiones de fondo. Que ha llegado el tiempo de discutir
en profundidad cuál es el modelo que habrá de generar para el
país el desarrollo económico, la justicia social, la
prosperidad, la felicidad y la adecuada distribución de la
riqueza y de las cargas entre los compatriotas. Porque como lo
hemos manifestado en múltiples oportunidades, sentimos y
creemos que tenemos mucho para aportar en el asunto.
Es en ese sentido
que reclamamos la instrumentación de un ámbito de debate,
reflexión y definición, que refleje las distintas soluciones y
consensos a que puede arribar la sociedad uruguaya en el tema
económico y de la política tributaria. Ambito que, por otra
parte, se encuentra previsto dentro de la propia Constitución
de la República, en sus artículos 206 y 207 de creación del Consejo
de Economía Nacional. LA
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