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Una nueva
parálisis en el proceso de paz en Chiapas
por Luis H.
Alvarez (*)
Como es de
conocimiento público, después de la aprobación por el
Congreso de la Unión de la reforma constitucional en materia de
derechos y cultura indígena, el pasado 30 de abril el EZLN
rompió sus incipientes contactos con el gobierno federal, lo
que ha derivado en una nueva parálisis del proceso de paz.
En diciembre del
año pasado, el EZLN solicitó a un nuevo gobierno, un gobierno
electo democráticamente, el cumplimiento de tres señales para
reanudar el diálogo que fue interrumpido con los Poderes
Federales desde 1996. El Presidente Fox consideró que esto era
atendible porque a través de su instrumentación quedaría
demostrado plenamente su compromiso para trabajar con hechos en
la creación de condiciones para una paz justa, digna y
verdadera para el estado de Chiapas.
En primer lugar,
fueron replegadas las siete posiciones militares solicitadas,
tal como lo reconoció el EZLN y certificó su representante,
Arq. Fernando Yáñez. Igualmente, se retiraron más de
cincuenta retenes y se suspendieron patrullajes y sobrevuelos en
la zona del conflicto.
En segundo lugar,
de los más de cien presos cuya liberación solicitó el EZL no
solamente nueve permanecen en prisión. De estos, cuatro están
recluidos por delitos federales, tres son orden y común y
dos de carácter mixta. En su momento se hizo saber al
arquitecto Yáñez de la situación jurídica de estos reos y de
común acuerdo se formó un grupo de trabajo, integrado por
funcionarios del gobierno federal y asesores zapatistas, para
analizar exhaustivamente caso por caso y, donde hubiera razones
objetivas para ello y el Ejecutivo tuviera facultades, proceder
a su liberación. El gobierno federal continúa analizando cada
caso y trabaja en el proceso jurídico para determinar con
certeza si quienes continúan encarcelados lo están sólo por
sus simpatías con el EZLN o por razones distintas a los delitos
imputados.
Por otra parte,
el gobierno federal cumplió su compromiso de enviar a las
instancias de deliberación nacional el documento de la Cocopa,
convertido en iniciativa por el propio presidente Fox, e impulsó
activamente su aprobación en el Congreso. Evidentemente el
gobierno federal no asumió la responsabilidad de garantizar que
el resultado fuera el que propuso el propio Presidente y que
esperaba el EZLN, por no depender ello exclusivamente de las
facultades del Ejecutivo. Con la aprobación de la reforma, el
Poder Legislativo Federal ha definido su posición sobre la
materia; en estos momentos los congresos locales hacen lo
propio. Esto refleja la real división de poderes que opera hoy
en el país y demuestra que las decisiones democráticas son
consecuencia del debate plural y no de la imposición, lo cual
confirma que las prácticas antidemocráticas y verticales del
pasado han quedado superadas. El EZLN no puede ignorar las
transformaciones que en lo político ha vivido nuestro país y
por ello no debe seguir manteniendo la misma actitud que sostuvo
con gobiernos anteriores.
Es por supuesto
legítimo que tanto el EZLN como diferentes organizaciones
manifiesten públicamente sus diferencias con el texto aprobado
por el Congreso de la Unión y sujeto ahora a discusión por los
congresos estatales. La libertad de expresión implica
convergencias y divergencias. Una vez que sea de conocimiento público
lo que decidan las entidades federativas y en caso de que el
resultado sea la aprobación de la reforma, será necesario
abrir un espacio para reflexionar cuál será su impacto, para
analizar las razones de aquellos que hayan decidido rechazarla,
así como para discutir a fondo la conveniencia de profundizar
en lo alcanzado y definir qué es lo que debe ser revisado.
Lo que no es válido
es descalificar el trabajo de instituciones públicas
sustentadas en el voto de millones de ciudadanos, cuando sus
resoluciones no coinciden con las de algún sector específico
de la población. El gobierno federal, el Congreso de la Unión,
los poderes ejecutivos locales y los congresos estatales, a
pesar de tener en diversos casos posiciones diferentes, han
asumido la responsabilidad de impulsar el debate a través de
los cauces democráticos.
El EZLN
renunció voluntariamente a participar en esta discusión,
cuando pudo y debió hacerlo, y desapareció en la escena política
en un momento fundamental del debate aún cuando se le abrió la
tribuna del Congreso.
Por cierto, esto
sucedió después de que el EZLN recorrió más de 3 mil kilómetros
en una marcha inédito para nuestro país e incluso para
cualquier proceso de pacificación en el mundo. La marcha, además
de que se realizó dentro del marco de libertades del que goza
cualquier organización y movimiento social en nuestro país,
contó con un dispositivo de seguridad, desde su salida hacia la
ciudad de México como en el retorno hacia sus comunidades de
origen, brindado por el Ejecutivo Federal para garantizar la
seguridad de los miembros de la caravana.
Los compromisos
del gobierno federal son reales y verificables. La aplicación
del principio de buena fe supone reconocer el valor y las
consecuencias favorables que para el proceso de paz y para múltiples
comunidades han tenido estas acciones; sin embargo, el EZLN ha
roto los contactos con el gobierno federal.
Siguiendo
el principio de reciprocidad que establece la Declaración
Conjunta de San Miguel, el EZLN no ha hecho compromiso alguno
equivalente a los que ha realizado el gobierno federal desde
diciembre; por el contrario, mantiene cerradas las puertas del
diálogo, lo cual —no puede negarse— ha dificultado la
posibilidad de construir acuerdos. Un proceso de paz sólo puede
llegar a buen término si las partes en conflicto asumen
compromisos recíprocos y están dispuestas a cumplirlos
responsablemente.
El Ejecutivo
nunca se ha planteado como posibilidad la resolución del
conflicto a través de las armas. Una paz verdadera sólo puede
derivar de acuerdos alcanzados en las mesas de negociación.
Abrir un nuevo el diálogo y resolver nuestras posibles
diferencias depende ahora exclusivamente del EZLN.
En diciembre del
año pasado el gobierno federal también se comprometió a
construir una nueva relación entre los pueblos indios, la
sociedad y el Estado. Hemos reiterado en diferentes ocasiones
que continuará el impulso al desarrollo integral de los pueblos
y comundades indígenas a través de programas diseñados en
consulta con las propias comunidades, en coordinación con las
autoridades estatales y depurados de los vicios políticos y
clientelares que en el pasado caracterizaron a algunos de ellos.
Cabe destacar que en las últimas semanas algunas comunidades
han manifestado su deseo de no recibir estos programas.
Respetaremos la decisión de aquellas que por voluntad propia
rechacen los apoyos de programas gubernamentales, aunque no
dejamos de advertir de la gravedad que supone arrastrar a nuevas
formas de marginación a comunidades que por décadas han
padecido todo tipo de injusticias y formas de discriminación.
Reiteramos, como
cualquier organización o movimiento ciudadano, el EZLN y las
comunidades simpatizantes, tienen todo el derecho a manifestar
su opinión sobre lo aprobado por el Congreso de la Unión, así
como rechazar los programas gubernamentales. Mas no tienen
derecho a violentar la decisión de otras que sí quieren
participar en el diseño e instrumentación de programas y
coinciden con la necesidad de impulsar medidas de reconciliación.
Este Comisionado
hace un atento llamado al EZLN para que respete las decisiones
de las comunidades, simpaticen o no con su movimiento, y no
obstaculice la instrumentación de programas sociales que buscan
mejorar sus condiciones de vida. Este tipo de actitudes
deteriora aún más la vida de éstas y es incongruente con las
demandas por las cuales el EZLN se manifestó desde la primera
Declaración de la Selva Lacandona y que entre otras peticiones
incluían desarrollo, trabajo, educación, salud, justicia y
democracia.
Asimismo, la
Coordinación a mi cargo reitera una vez más, su total
disposición para que juntos encontremos los caminos necesarios
para abrir el diálogo de acuerdo con las nuevas condiciones que
vive México.
Por otra parte,
hacemos un respetuoso llamado a la Cocopa para que, dentro de
sus funciones de coadyuvancia, siga intentando el
restablecimiento de puentes que nos conduzcan al diálogo y
considere abrir un proceso de reflexión para analizar el status
en que se encuentra el conflicto y revisar a profundidad el
marco que lo regula, en tanto el actual ha demostrado ser
insuficiente para resolverlo.
La sociedad
mexicana demanda una actitud congruente y responsable de todos
para alcanzar la paz. La situación que enfrentan los pueblos
indígenas y la urgencia de construir soluciones reales exige
que los actores involucrados en el conflicto seamos razonables,
flexibles y responsables. No perdamos más oportunidades por no
saber superar nuestras naturales diferencias o por asumir
posiciones intransigentes.
Lo que está
fuera de toda duda es que la infame marginación a la que han
sido arrojados los pueblos indígenas debe llegar a su fin. Es
un asunto de elemental justicia. Así lo exige la paz que
queremos construir. Identifiquémonos todos con estos altos propósitos.
El sufrimiento que por tanto tiempo han padecido millones de
personas nos obliga a ser capaces de superar cualquier
diferencia y así poner sin dilación manos a la obra. LA
ONDA®
DIGITAL
(*) Comisionado
para la Paz del Gobierno de México
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