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La
ética y los recursos:
los inmuebles del Estado
por Héctor
Acosta Garcia
Que el Estado es
el mayor propietario de Inmuebles del país, es un conocido por
los conductores de la economía.
No en vano, sus
ventas figuran como fuentes de ingresos presupuestales, aunque
generalmente los resultados no se condicen con las expectativas.
Asimismo, han existido planes específicos de generación de
recursos a partir de ellos, como la Activación de Activos del
doctor Luis Alberto Lacalle que promovió la venta de más de
500 propiedades estatales por valores millonarios en dólares.
Sin embargo, la falta de un Inventario actualizado, conspiró
contra la práctica de una política coherente y del mejor uso
de esos recursos.
Es en este
sentido que la Ley 16.736 estableció en sus arts. 732 al 736 la
obligación de todos los incisos de "realizar un inventario
de los bienes inmuebles de propiedad estatal, considerada como
persona pública mayor, indicando expresamente su uso,
ubicación, características, área, situación jurídica y
catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos
de su concreta individualización y valoración." Mediante
el Decreto 192/997, de 10 de junio de 1997, el Ejecutivo
reglamenta la disposición, y crea el Registro Unico de
Inmuebles del Estado - Persona Pública Mayor, a la que los
incisos 02 al 14 del Presupuesto deberían remitir la
información.
Los fundamentos
de la iniciativa figuran en el mensaje del Proyecto de Ley
Presupuestal, que entre otros conceptos, refiere a "la
modernización del Estado, la racionalización de sus inmuebles
y su mejor aprovechamiento para el cumplimiento de la función
pública." "Ese mejor conocimiento de los usos y
características de los inmuebles, permitirá determinar los
imprescindibles para el desenvolvimiento de los cometidos
sustanciales cargo del Estado y aquellos prescindibles que
podrán ser fuente de nuevos recursos genuinos por la vía de su
enajenación a terceros." Asimismo, "podrán
detectarse aquellos inmuebles rurales de dominio privado del
Estado inadecuados, injustificados y aún onerosos para la
función pública, que podrán ser transferidos al Instituto
Nacional de Colonización, conforme a la Ley Nº 15.809,
artículo 324."
Más aún,
"podrán determinarse dentro de los prescindibles, aquellos
que respondiesen a áreas de desarrollo coordinado y que podrán
ser objeto de enajenación parcial, uso compartido o afectación
a áreas verdes, zonas de recreación, reservas naturales y
similares."
Sin dudas, una
iniciativa destacable del Ejecutivo de entonces, en aras de
racionalizar el uso y dar destino adecuado a los inmuebles
estatales. No obstante, han transcurrido 5 años y no existe
información del cumplimiento de la norma. Más aún, el Poder
.Ejecutivo ni siquiera ha contestado a los Pedidos de Informe
del cuerpo legislativo .
En tanto, nos
enteramos de proyectos de construcción de una cárcel en el
norte del país, a partir de la venta de inmuebles del Min. del
Interior; la intención de mudar la Facultad de Veterinaria de
su valioso predio en el Buceo; las iniciativas de trasladar el
Hospital de Clínicas y el Aeropuerto Nacional de Carrasco; y
hasta la intención del Min. de Defensa de construir un Hotel en
el Parque Nacional de Santa Teresa.
El Gobierno a su
vez, continúa autorizando la enajenación de bienes como el
Parador Pororó, el Hotel Casino de Rivera, la Pasiva de
Maldonado, el Parador y Motel Las Cañas, con un destino de los
fondos tan indefinido y elíptico, como es la
"consolidación de una conciencia turística
nacional."
En el otro
extremo, encontramos al I.N.C. - al que esta norma supuestamente
pretendió ayudar - viviendo una precaria situación por falta
de tierras y recursos financieros para sus colonos. De igual
modo, el Min. del Interior, informa que carece de u$s 50 mil
para finalizar un cuartelillo de bomberos en el Bario Borro,
donde recientemente asistimos consternados a la muerte de 3
niños calcinados El Ministerio de Viviendas, a su vez, informa
de la carencia de predios apropiados para implementar un plan de
erradicación de asentamientos.
Situaciones
contrapuestas que reflejan la carencia de una coordinación de
las autoridades y que merecen la urgente respuesta del Gobierno,
a efectos de conocer la realidad del patrimonio inmobiliario de
que disponemos los uruguayos y así establecer las prioridades,
determinar los usos y elaborar propuestas respecto de los
recursos generados a partir de su enajenación. LA
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