Algunos comentarios sobre las
recientes elecciones universitarias
por Alvaro Rico
Docente y Consejero (suplente)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Un primer comentario general que se desprende de las elecciones universitarias del 24 de octubre pasado, podría ser la relativa incidencia de las mismas en la opinión pública, a la vez que su escasa repercusión como "noticia" en los medios de difusión, acotada la información a prácticamente el día del comicio. Ello, a diferencia de otros tiempos pasados, en donde se podía constatar que el seguimiento previo, las polémicas, las coberturas que superaran el umbral del mero dato informativo, las entrevistas a universitarios de los distintos órdenes, etc., iban generando un clima de opinión generalizada y de discusión interna sobre lo que podríamos considerar la instancia electoral regular más importante en el país, después de las elecciones nacionales.

Sin exagerar, quizás ello tenga que ver con las propias características de la pasada elección donde se renovaban los organismos colegiados del gobierno universitario sin estar planteada aún la elección más personalizada a decano o con otros hechos más de fondo, como la falta de oposición interna en los distintos servicios y la inexistencia de corrientes organizadas, salvo los "clásicos" ejemplos principalmente referidos al orden estudiantil. También podría señalarse que, efectivamente, el reordenamiento del significado público de "lo político", procesado en el país en el período de la pos-transición a la dictadura, en dirección a su delimitación estricta a las expresiones que emergen de los ámbitos gubernamentales, parlamentarios y partidarios, a través de sus sujetos legitimados: gobernantes, políticos profesionales y técnicos y referidas a la "agenda" política consensuada, deja cada vez menos espacio a resaltar la relación y el significado general de las expresiones procesadas en otros ámbitos, sujetos y temas, reducidas así a cumplimientos rutinarios de fechas fijadas y ritos democráticos con resultantes "inofensivas" a los efectos de incidir o generar otras dinámicas generales. Así, parecería que a mayor legitimación de la Universidad en el medio y entre el establishment político en base a sus funciones, principalmente, de investigación y docencia, menor significado político nacional alcanzan sus pronunciamientos en instancias democráticas, más allá del significado en sí de los mismos y de sus efectos positivos para los directamente involucrados.

Sin embargo, -y este es nuestro segundo comentario- las elecciones universitarias pasadas renovaban la integración de los órganos de co-gobierno. Y esto, no sólo por la masividad del número de electores y elegibles involucrados, no sólo por la combinación de situaciones, experiencias y edades resultantes de las voluntades y el pronunciamiento de tres órdenes, no sólo por la normalidad en que transcurrieron los comicios fiscalizados por la Corte Electoral y la alta participación registrada sino, además, y principalmente, porque el co-gobierno es una forma original de organización y funcionamiento de la democracia en el país, asentada en una tradición universitaria de larga data y legitimada por la práctica activa de miles y miles de ciudadanos universitarios que se renueva en elecciones parciales cada dos años y generales cada cuatro.

A pesar de ese significado -que, entre otros, diferencia a la Universidad de la República de las formas gerenciales de selección y estilo de dirección de las autoridades en otros ámbitos universitarios privados-, pocas veces se estudia y relaciona comparativamente al cogobierno con las "reglas de juego" de la democracia política institucionalizada en el país o con experiencias de democracia local y descentralizada ensayadas, por ejemplo, por la Intendencia Municipal de Montevideo y otros. Es decir, no sólo se trata de opinar o discutir el co-gobierno, como generalmente se hace, a partir de imposiciones coyunturales o de constatar ciertas insuficiencias internas para resolver nuevas situaciones o la necesidad de actualizar ciertos mecanismos y procedimientos que agilicen las discusiones y tomas de decisión. Además, queremos enfatizarlo, dicha forma es ilustrativa de otros ejercicios consolidados de la democracia en el país y de construcción de ciudadanías, no sólo "complementarias" de la democracia y ciudadanía políticas, sino también "críticos" de las mismas, por cuanto han elitizado sus prácticas en la realidad nacional. Por tanto, la organización y resultados de las elecciones universitarias últimas, puede proyectarse también como ejemplo concreto que aporta al necesario debate sobre el perfeccionamiento y desarrollos futuros de la democracia en el Uruguay.

Nuestro tercer comentario deriva de la siguiente situación, quizás a resolver a mediano plazo y previa voluntad de las partes. La Universidad posee una Ordenanza de Elecciones Universitarias aprobadas por el Consejo Directivo Central en donde se establecen, entre otras disposiciones, los requisitos que deben considerarse para determinar la calidad del elector-docente como, por ejemplo, la antigüedad, su ingreso por concurso, etc. Le corresponde a la Universidad, en ejercicio de su autonomía, por tanto, confeccionar los padrones electorales en base a las disposiciones de dicha ordenanza. Al mismo tiempo, la Corte Electoral, en calidad de órgano máximo de fiscalización de las elecciones universitarias posee sus propias interpretaciones de la normativa electoral universitaria, en algunos casos resoluciones (sobre todo cuando median consultas o recursos puntuales que obligan al pronunciamiento de los ministros), basadas, principalmente, en la ley N° 12.549 Orgánica de la Universidad y en la Ley N° 15.739 de 28 de marzo de 1985. Esta última, por ejemplo, establece la sola condición del año mínimo de antigüedad en el cargo para considerar elector a un docente en su orden respectivo. Es decir, pueden darse de hecho, y en la última elección así ha acontecido, diferentes interpretaciones (totales o parciales) sobre un mismo problema por la Universidad y la Corte con disposiciones finales contradictorias entre ambas. Y si bien priman las resoluciones con carácter general de la Corte, por otra parte inapelables, algunas de ellas pueden dejar sin efecto, total o parcialmente, la aplicación de lo que la Ordenanza de elecciones universitarias o, incluso, la Ley Orgánica establecen como expresión de la autonomía de la Universidad. Y ello, como dijimos, debe aclararse entre las partes previo a próximas instancias electorales.

El comentario final que realizamos tiene que ver con lo señalado líneas arriba y con la situación y resultados electorales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La resolución general, quizás más polémica o conflictiva, adoptada por la Corte en las últimas elecciones universitarias trajo como resultado concreto la inhabilitación como candidato al Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración del ex-Decano, Prof. Juan Carlos Dean, que también aspiraba a una reelección en el cargo de consejero. Los Ministros interpretaron que un consejero electo y proclamado por la Corte en dos elecciones consecutivas pasadas quedaba inhabilitado como candidato para su renovación por un tercer mandato, independientemente de si "ocupó" o "ejerció" dicho cargo o si, como detalla también la Ley Orgánica, pasaron "dos años" desde su cese como consejero. En el espíritu de la resolución de la Corte, seguramente está el pretender limitar el poder de quienes actuando en órganos de decisión política (como el Consejo de Facultad) se eternizan en el cargo mediante el mecanismo de su reelección permanente.

Ahora bien, otro de los efectos de la resolución general de la Corte del 8 de octubre pasado, fue también la invalidación de la candidatura a una nueva reelección como consejero del ex Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Prof. Carlos Zubillaga, comprendido dentro de la disposición de la Corte por haber sido electo y proclamado consejero por cuatro períodos consecutivos (1985-1989, 1989-1993, 1993-1997, 1997-2001), aspirando a una nueva reelección (período 2001-2005). Si bien, en este caso particular, la función de consejero se ejerció realmente en dos períodos discontinuados (1985-1989 y 1997-2001), por cuanto en los demás, asumió como Decano por un período complementario y dos completos (1989-1997), igualmente dichos datos no hicieron variar la resolución de la Corte que mantuvo firme la misma a pesar de los recursos presentados, seguramente, siendo fiel al espíritu de su pronunciamiento, es decir, limitar el poder y la eternización en los cargos de decisión política por las mismas personas. Respecto a esto último, en el caso concreto del Profesor Zubillaga, su reelección en las últimas elecciones habría tenido como consecuencia su permanencia ininterrumpida en el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tanto en calidad de consejero como de decano, por un total de 20 años.

No obstante dicha situación, definida por los interesados en contra de la resolución de la Corte, máximo órgano fiscalizador de las elecciones, en términos de: "proscripción", "resolución extemporánea", "violentamiento de las reglas de juego democrático", "desconocimiento de derechos del cuerpo docente", "camino de exclusión" que "evoca tiempos que se consideraban definitivamente concluidos en el país", etc., la expresión democrática de todo el cuerpo docente de la Facultad a través de las urnas y mediante voto secreto, consolida la tendencia mayoritaria esbozada hace cuatro años atrás a favor de las listas presentadas bajo el lema: "ADUR Humanidades. Participación, Igualdad y Cambio", y nucleadas en torno a los Prof. Juan Fló como primer candidato al Consejo, Alcides Beretta al Claustro de Facultad y Rodolfo Porrini a la Asamblea General del Claustro de la Universidad. Así, la diferencia de 8 y 9 votos obtenida en las elecciones de 1997 (53,5 %) se incrementó a 33 y 35 votos (poco más eel 60%), según los órganos, en la reciente elección de octubre.

Dentro de un padrón electoral pequeño, ello resulta una expresión inequívoca de la consolidación de una voluntad en torno al programa que propone una mayor participación de los docentes en los asuntos universitarios, la igualdad en el tratamiento de los docentes a la hora de juzgar méritos y demandas y un cambio que acelere los ritmos y la mayor visibilidad de la Facultad, tanto en el medio como a nivel de la Universidad y en el Área Social, proyectando el conocimiento humanístico y sus aportes en la resolución de los nuevos desafíos culturales de la época y los problemas de nuestra sociedad.

Esta tendencia transformadora en el orden docente si, además, se tienen en cuenta los resultados electorales obtenidos en la competencia entre listas en el orden Estudiantil y de Egresados, se consolida aún más claramente para el próximo período que se inaugura, y tendrá un nuevo desafío concreto para su ratificación plena, en los primeros meses del año entrante, cuando el Claustro deba pronunciarse en la elección del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para el 2001-2005. LA ONDA® DIGITAL

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