"Defiendo el derecho a la propiedad privada y a gozar de sus frutos, aun frente a situaciones de desamparo social"
Cont. Alberto Besión

Ante la ejecución judicial de productores agropecuarios la comisión de GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA del Senado, invito al ministro de Economía Alberto Bensión, a su reunión del 13 de noviembre pasado. Allí como en pocas oportunidades en el ámbito de las comisiones parlamentarias un ministro, en este caso el encargado de la economía uruguaya realiza consideraciones, que como el mismo las define son: de orden filosófico, económico y social.

A continuación La ONDA digital publica la versión taquigráfica. Estaban presentes los Senadores José Mújica, José Jorge de Boismenu, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Julio Pereyra, Walter Riesgo, Wilson Sanabria y Albérico C. Segovia, y el Presidente del Senado, Senador Alejandro Atchugarry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 8 y 15 minutos)

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene el gusto de recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas a esta hora tan inusual, quien ha venido a requerimiento de los señores Senadores de la Bancada del Partido Colorado para considerar el proyecto de ley presentado por el señor Senador Pereyra que tenemos a estudio. Nos pareció poco menos que imprescindible contar con el punto de vista de quien tiene la responsabilidad de esa Cartera, incluso por la coyuntura que estamos viviendo.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero comenzar con un reconocimiento muy sincero a la tarea de esta Comisión, que comienza su jornada a horas tan tempranas, como una muestra evidente de la dedicación a su tarea.

Agradezco al señor Presidente y a la Comisión la invitación de que he sido objeto. Más allá de mi persona, creo que el tema que está hoy a consideración de la Comisión está íntimamente relacionado con el funcionamiento y la evolución de la economía y, por lo tanto, es un aspecto central para el Ministerio cuya titularidad ejerzo.

Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Alguna de las afirmaciones que haga pueden ser -como sin duda los señores Senadores saben- controvertibles, ya que es un tema en el que están en juego consideraciones de orden filosófico, económico y social, y yo no sería leal conmigo mismo, con el cargo que ejerzo ni con ustedes, si diera una visión ligera y superficial de un tema que creo que es fundamental para la vida del país.

Quiero comenzar mi exposición -sin el ánimo de polemizar ni de generar debate- diciendo que mi función en el Ministerio de Economía y Finanzas debe limitarse, en lo posible, a tratar de llevar adelante de la mejor manera posible los complejos asuntos que tengo a mi cargo, y no me corresponde venir a debatir aquí con los señores Senadores sobre temas de alta sensibilidad política o de otro punto de vista. De todas maneras, creo que es mi obligación dar mi visión más franca y abierta sobre el tema que nos convoca.

Voy a dividir mi exposición en cinco capítulos principales, a los que me voy a referir en forma muy breve, pero sin dejar pasar ninguno de estos temas que me parecen centrales a la hora de emitir un pronunciamiento sobre este proyecto que está hoy a estudio de la Comisión.

En primer lugar, y sobre lo que podríamos denominar un concepto general de la relación entre los derechos de propiedad y la evolución económica de un país, debo decir que todos quienes estamos aquí tenemos muy claro que, sin duda, hay una relación muy definida y estrecha entre el derecho de propiedad y la evolución económica de un país. La estabilidad y seguridad de los derechos de propiedad es uno de los aspectos fundamentales para la disposición a invertir, a consumir y a trabajar en la economía. Está claro que la formulación de programas, planes, expectativas, por parte de los agentes económicos -me refiero tanto a los empresarios como a los otros sectores de la sociedad- parte de la base de una regla de juego bien definida en cuanto a la estabilidad de los derechos de propiedad. De no ser así, de existir dudas sobre este presupuesto, está claro que las conductas de los agentes económicos serían radicalmente distintas. Si quien invierte en un país no tiene seguridad sobre el marco en el que habrá de desarrollar esa inversión y el derecho de propiedad que ella conlleva, está claro que esa inversión no se hará o pedirá una alta tasa de rentabilidad, que no siempre es posible en actividades o circunstancias normales de la economía.

Siempre me he acercado a estos proyectos de suspensión de ejecución y de refinanciación de adeudos, en primer lugar, basado en el pensamiento que estoy exponiendo. En términos generales se trata de -y no quiero hacer referencia, concretamente, a este proyecto, sino a la corriente de pensamiento en la que se han inspirado- proyectos que ponen en duda la vigencia de los derechos de propiedad en un país.

Me apresuro a señalar que, al igual que los señores Senadores, conozco que en determinados momentos, casos y circunstancias, el derecho de propiedad debe ceder a los imperativos o dictados que marcan el interés general. Pero, en ese caso, creo que las sociedades modernas, desde hace mucho tiempo, han buscado una forma perfectamente clara de conciliar ambos extremos que consiste, obviamente, en que cuando se limita el derecho de propiedad, o cuando de alguna manera se lo afecta es, en primer lugar, hacia el futuro y nunca con retroactividad, y en segundo término, cuando se legisla aun con retroactividad, se paga una compensación por ese derecho de propiedad que se afecta. En definitiva, se trata más o menos -aclaro que no soy abogado- del concepto de una expropiación en la que, por determinadas razones, la sociedad entiende del caso hacerse de una propiedad privada y, en consecuencia, a través de los procedimientos que correspondan, indemniza al propietario de ese derecho o bien.

Debido a mi actividad anterior, me consta que en el país hay un debate de orden jurídico -por llamarlo de alguna manera- acerca de en qué medida los derechos de créditos son o no constitutivos o asimilables a un derecho de propiedad. Obviamente, como recién mencioné, no soy abogado, pero como economista afirmo con total convicción que sí lo son y que desde mi punto de vista profesional tanto vale para el derecho de propiedad un campo, una casa, una heladera o un crédito. En consecuencia, este tipo de proyectos que afecta la vigencia del derecho de propiedad y crean dudas sobre su aplicación en el tiempo, son para mí un obstáculo de fundamental importancia en la evolución económica de un país.

Desde otro punto de vista, y siempre sobre el mismo tema, quisiera hacer otra reflexión que, a mi juicio, no es menos importante. El Uruguay es un país capitalista imperfecto -sobre esto todos vamos a coincidir aunque, seguramente, las valoraciones serán distintas- en el sentido de que tiene predominio de la actividad privada y una fuerte intervención del Estado. Si bien el grado, las bondades y los defectos es un tema que podemos discutir -aunque seguramente este no es el momento más adecuado para hacerlo- quiero señalar que no es un país capitalista por excelencia, en el sentido de que únicamente predomine la actividad y la propiedad privada.

Me acerco al problema de la organización de la sociedad uruguaya y al de la ubicación de la propiedad privada con una aproximación muy firme, ya que estoy convencido de la importancia de la propiedad privada y de la utilidad de la función que ésta cumple en el desarrollo económico de un país. Más aún, estoy convencido de que hay una íntima vinculación entre la propiedad privada y la libertad, en el sentido democrático pero, sobre todo, lo que quiero decir ahora, con relación a la idea que hoy nos convoca, es que estoy profundamente convencido y que defiendo el derecho a la propiedad privada y a gozar de sus frutos -que en el caso de la inversión privada obviamente es la ganancia y la rentabilidad- aun frente a situaciones de desamparo social o a aquellas que puedan significar un fuerte contraste entre un asalariado de bajos recursos enfrentado a esta cuestión básica de la defensa de la propiedad privada, siempre en el entendido de que justamente defiendo a la propiedad privada, entre otras cosas, porque quien la ejerce, quien va a hacer uso de sus frutos, corre un riesgo y es el de fracasar y perderla, en el caso de que sus negocios no marchen bien. Para mí está claro que la vigencia de la propiedad privada en una sociedad moderna está íntimamente asociada a esta posibilidad, a esta eventualidad. Sin una no se justifica la otra, al menos desde mi punto de vista. Personalmente, no tendría la misma convicción de carácter e ideológica para defender la vigencia de la propiedad privada si al mismo tiempo no existiera la contrapartida de riesgo inherente al ejercicio de una actividad privada, que es la del eventual fracaso de ese emprendimiento.

El segundo capítulo al que quería referirme tiene que ver con algunas características y detalles de lo que ha sido la discusión sobre el endeudamiento del sector agropecuario en el país, que se ha dado desde hace tiempo y ahora surge nuevamente como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo. A mi juicio, desde hace un largo tiempo hay en el país una visión profundamente equivocada de una parte de la dirigencia rural con esa insistencia permanente en las refinanciaciones y en la atención a la deuda del sector agropecuario como una obligación poco menos que ineludible de los poderes políticos que, en definitiva, conformamos el Poder Ejecutivo, por un lado, y el Parlamento, por otro.

En apoyo de esta concepción que estoy exponiendo se pueden decir al menos dos cosas. La primera de ellas es que la insistencia, continuidad y persistencia de este mensaje, de esta prédica, de esta bandera que ha levantado una parte de la dirigencia rural desde hace tiempo, ha ido condenando progresivamente al aislamiento del sector agropecuario de las fuentes naturales de crédito, como lo es la banca privada entendida como un negocio moderno en el que se presta de acuerdo con el riesgo de cada deudor y con el negocio que éste emprende. Esta especie de discusión colectiva sobre la situación de los deudores agropecuarios ha ido retrayendo claramente al banquero profesional de una relación crediticia normal, con dos consecuencias que me parece importante compartir con los señores Senadores. La primera de ellas es que aquellos productores progresistas, los que aplican los principios básicos de cualquier empresa privada en cuanto a afrontar un proyecto -es decir, disponer de un cierto capital propio, complementarlo eventualmente con fondos de terceros a través de un crédito bancario y encarar un proceso de modernización, de cambio tecnológico, de conquista de nuevos mercados, etcétera- obviamente cada vez tienen menos entrada en el sistema bancario. De hecho, por medio de toda esta prédica equivocada, a mi juicio, de una parte de la dirigencia rural, lo que se está haciendo es frustrar y abortar las posibilidades de la afirmación definitiva de un sector empresarial rural moderno, eficiente, con un concepto actualizado de lo que es la actividad económica en las épocas que nos ha tocado vivir.

La segunda consecuencia, no menos importante, es que, deliberadamente o no, el sistema político uruguayo -obviamente, formo parte de él y me siento muy honrado de ello en el ejercicio de este cargo- ha ido empujando cada vez más al sector agropecuario a una relación inexorable, no del todo normal, diría, con el Banco de la República. Con esta especie de barrera invisible que hemos ido conformando entre el sector agropecuario y la banca privada, hemos empujado a dicha institución, por un lado, y al sector agropecuario, por otro, a una especie de relación casi encerrada en la que cada uno necesita y apoya al otro, pero al mismo tiempo con condicionantes tan fuertes en la relación económica que unos y otros no cumplen a cabalidad sus funciones. Esto genera el riesgo cierto en la sociedad uruguaya de exponer al Banco de la República a un futuro por lo menos dudoso, en el que lo empujamos, consciente o inconscientemente, a ser el único instrumento de financiamiento del sector agropecuario y, a la vez, lo ponemos periódicamente en el compromiso de refinanciar en condiciones de cierto riesgo las obligaciones del sector agropecuario.

Hay otra consideración que también me parece importante destacar con relación a este tema de la prédica, de las banderas de una parte menor de la dirigencia rural, que tiene que ver con lo que actualmente, en la literatura económica y en el debate cotidiano sobre estos temas, se conoce como "riesgo moral", es decir, esta idea de que da lo mismo pagar que no pagar ya que, en definitiva, aquellos que no pagan van a tener la protección del sistema político que, de una forma u otra, va a intervenir para postergar, refinanciar y eventualmente subsidiar las obligaciones de quienes no están al día en el pago de sus compromisos. Sin ninguna duda, esto alimenta un círculo vicioso, pues todos aquellos que están al día o están haciendo los esfuerzos para estarlo, empiezan a abandonar esa actitud y a plegarse a la situación más cómoda de tomar distancia con el cumplimiento de sus obligaciones, agravando y ampliando no sólo el problema en sí, sino también el que enfrenta el sistema político, y agravando, inclusive, su propia situación individual al extremo de que luego, aun en la hipótesis de tener la intención de volver a la normalidad económica, ello ya no es posible por el abandono y por la demora en el pago de sus obligaciones.

Estos dos capítulos quieren ser una especie de testimonio personal, de reflexión sobre un tema que desde hace mucho tiempo me preocupa, no sólo en lo que pudo haber sido mi contacto profesional, sino como una de mis reflexiones más de fondo -y pueden creer que lo digo con la mayor autenticidad- sobre la situación económica, política y social del país, sobre las señales que el sistema político emite al conjunto de la sociedad uruguaya y sobre los sistemas de incentivos y desincentivos que pone a disposición de los uruguayos para que éstos conformen sus decisiones cotidianas. Si me lo permiten los señores Senadores, diré que ésta no es sólo la reflexión de un Ministro de Economía y Finanzas sino, ante todo, la de un uruguayo comprometido con su tiempo, en el error o en el acierto.

Iré concretamente al problema. Los señores Senadores están enterados -y por ello pasaré rápidamente por el tema- de que en mayo de este año el Gobierno tomó una serie de medidas vinculadas al endeudamiento agropecuario en la órbita del Banco de la República y, al mismo tiempo, las hizo extensivas a los dos bancos en los que el Gobierno tiene la mayoría del capital accionario, que son el Banco La Caja Obrera y el Banco de Crédito. No voy a entrar en detalles porque creo que ya han sido suficientemente difundidos y debatidos por el conjunto de la opinión pública y, en particular, por esta Comisión. Se podrán hacer distintas consideraciones sobre la solución a la que se llegó y, obviamente, hay quienes consideran que es insuficiente; se ha debatido mucho sobre la celeridad administrativa con que ella se ha aplicado, pero en todo caso está claro que el Gobierno no ha estado ausente frente al problema del endeudamiento del sector agropecuario, en el entendido de que había una coyuntura particularmente delicada por la que éste atravesaba. Por tanto, procedimos en consecuencia.

En ese contexto, debo enfatizar que en ocasión del debate de la ley de creación del COFIS y de la distribución de la recaudación correspondiente entre distintos destinos -los señores Senadores lo recordarán, aunque no se hizo en este ámbito sino en el Plenario- uno de los destinos a los cuales se aplicó la recaudación de dicho impuesto, por la cantidad de hasta U$S 20:000.000, fue el de apoyar el costo que la refinanciación del sector agropecuario estaba insumiendo o podía insumir al Banco de la República. Me permito hacer esta precisión porque, justamente, el Poder Ejecutivo -y en particular quien habla, que tuvo que tomar buena parte de la responsabilidad de dar forma a este acuerdo político en el que se basó la refinanciación del sector agropecuario en el Banco de la República- mediante esta contribución de todos los uruguayos a las finanzas del Banco de la República por medio del pago de este impuesto, dio un cumplimiento, por lo menos satisfactorio, a esa eventual contradicción que, como inicialmente señalé, a veces ocurre entre el interés público y el privado.

De modo que está claro que el tema del endeudamiento agropecuario hoy no está vigente para una parte importante de la deuda que el sector tiene con el Banco de la República y los bancos cuyo capital accionario detenta en mayoría el sector público. Por lo menos en mi concepción, y en la del Gobierno, este problema quedó solucionado en buena medida, pues hemos atendido a todos los deudores de estos bancos públicos y semipúblicos -por llamarlos de alguna manera- con deudas de hasta U$S 200.000.

En consecuencia, lo que puede quedar en duda, y lo que seguramente motiva la inquietud de esta Comisión, es la situación de los deudores de la banca privada, o de una parte de éstos, en forma más o menos correspondiente con los deudores del Banco de la República. Al respecto, creo que en mi segunda concurrencia a una Comisión del Senado, ante una pregunta concreta del señor Senador Astori sobre la idea del Gobierno con relación al endeudamiento agropecuario, desde un principio, en nombre del Poder Ejecutivo señalé con toda claridad que nuestra concepción del endeudamiento del sector agropecuario iba a tener un principio de solución a través del Banco de la República en la medida en que era una institución del Estado con recursos públicos, pero que no nos íbamos a inmiscuir en el problema que se podía suscitar con los deudores de la banca privada, porque entendíamos que eran contratos entre privados, cuyo ámbito de decisión excedía las posibilidades de intervención del Gobierno, de las autoridades políticas. Por tanto, este pensamiento que ahora estoy reiterando no es nuevo en la discusión política del país; como dije, lo señalamos desde un primer momento, y estoy hablando de marzo o abril del año pasado.

Más allá de esta reflexión, puedo decir que hemos pedido información al Banco Central sobre la importancia cuantitativa del problema del sector agropecuario con relación a la banca privada. Con un criterio amplio podemos afirmar -obviamente, estas cifras están a disposición de los miembros de la Comisión en caso de que deseen disponer de ellas- que los deudores en situación de mora y con una deuda inferior a U$S 200.000 con la banca privada -excluyendo a los del Banco La Caja Obrera y a los del Banco de Crédito, pues están incluidos en la solución de orden general- son aproximadamente mil, por un monto total de U$S 25:000.000. Puedo decir, también, que hay dos bancos y una cooperativa que, aproximadamente, concentran el 80% de esta deuda.

Quiero dar testimonio ante la Comisión de algo que varios de los señores Senadores aquí presentes conocen, porque lo hemos conversado más de una vez. Desde el momento en que concebimos, diseñamos y aplicamos la solución para el Banco de la República y los dos bancos gestionados, todos tuvimos en mente el problema que, desde cierto punto de vista, se podía plantear con los deudores de la banca privada. Varios de los señores Senadores aquí presentes y yo mismo asumimos el compromiso de hacer gestiones ante la banca privada para lograr su colaboración voluntaria en la atención de un problema tan importante desde el punto de vista social más que económico, habida cuenta de la significación de las cifras que están en juego. Concretamente, he tenido más de un contacto con los tres bancos -o los dos bancos y la cooperativa- a que hacía referencia recién, que concentran aproximadamente un 80% del problema de los deudores morosos en las condiciones recién definidas. En todos los casos, se me reiteró la mejor disposición de estas instituciones para atender los problemas de los deudores en dificultades. Vamos a encontrar fórmulas de solución. Dicho de otra forma, encontré en estas tres instituciones -y por extensión en otras, pero me concentro en estas tres porque son las más importantes desde el punto de vista cuantitativo- la mejor disposición para atender la situación de dificultad de estos deudores.

Con la misma franqueza con que estoy compartiendo con los señores Senadores este testimonio, debo decir que encontré resistencia y reparos a una actitud corporativa por parte del sistema bancario privado, entendida como una actitud o respuesta de orden colectivo en el que todas las instituciones, de consumo, adoptarían una solución común y general para el conjunto de los deudores.

Al respecto, debo hacer, por lo menos, dos consideraciones que creo los señores Senadores conocen tan bien como yo. En primer lugar, hoy no existe un organismo gremial que nuclee a toda la banca privada; existe, obviamente, la Asociación de Bancos, que nuclea a la mayoría de los bancos privados que funcionan en el país, pero hay una cantidad importante de ellos que no pertenecen a aquélla. De modo que la posibilidad de formar una posición corporativa sobre este tema es bastante difícil.

La segunda dificultad es la siguiente. Como los señores Senadores saben, hay muchos bancos en el país -la mayoría- que son extranjeros y una parte de sus orientaciones en materia de política bancaria se determinan en el país, pero respecto de temas de cierta entidad, se toman en contacto con sus jerarquías correspondientes, en el exterior.

En consecuencia, he encontrado una muy buena disposición por parte de los bancos a nivel individual para atender este problema, pero no en forma corporativa. Este dato lo voy a retomar posteriormente, en la sugerencia de un camino intermedio para buscar fórmulas de aproximación a un tema tan delicado como el que nos concita.

Antes de entrar en este terreno de las propuestas de solución -o por lo menos, de aproximación al tema que nos convoca- quisiera hacer alguna breve referencia a lo que desde mi punto de vista podría ocurrir en caso de aprobarse el proyecto de ley que está hoy a consideración de esta Comisión.

Como es de conocimiento de los señores Senadores -porque ha sido uno de los temas centrales de debate de la política económica desde hace años, pero particularmente desde que nos ha tocado asumir el cargo de Ministro de Economía y Finanzas- hoy el país está inserto en una determinada realidad internacional sobre la que hay varios aspectos de interés que podríamos debatir con todo detalle, pero que fundamentalmente se caracteriza por dos hechos que me parecen particularmente relevantes. El país tiene un déficit fiscal importante, que tanto en 1999 como en 2000 fue del orden de los U$S 800:000.000, aproximadamente el 4% del Producto Bruto Interno, en un nivel que francamente, señores Senadores, no es tolerable, porque lleva al país a una senda de endeudamiento que, de persistir en esta tendencia, lo pondría al borde de una situación como la Argentina. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, dentro de un marco económico muy delicado, por reducir estos niveles de déficit y pensamos que lo vamos a lograr en el correr de este año. Si tenemos la fortuna de poder cumplir con nuestras previsiones -que ya hemos debido revisar en función de la situación tan delicada de la región- esperamos terminar con un déficit fiscal del orden de los U$S 650:000.000 o quizás U$S 700:000.000. Con toda convicción vamos a plantear un nivel de déficit todavía inferior para el año próximo, en ocasión de los anuncios que haremos oportunamente y que con mucho gusto vamos a venir a discutir -si es el caso- y a compartir con ustedes y con el resto de los Legisladores, tanto aquí, en el Senado, como en la Cámara de Representantes.

En todo caso, el hecho central es que el Uruguay tiene déficit fiscal y lo va a seguir teniendo en el futuro próximo, aunque con toda decisión afirmo que va a ser muy inferior al que hemos experimentado en 1999 y en 2000.

En estas circunstancias, el Uruguay es un país que tiene que salir a buscar recursos en el exterior para financiar el déficit fiscal. Obviamente, hay aquí una decisión que puede ser controvertida; voy a anunciar únicamente la conclusión del razonamiento, que es mucho más detallado y que con gusto puedo compartir con los señores Senadores, si fuera del caso. Intentar una baja drástica del déficit fiscal para llegar al equilibrio en lo inmediato, podría poner al país al borde de una recesión mucho mayor aún de la que hemos estado viviendo en estos últimos dos o tres años. De modo que la difícil tarea que hemos debido afrontar desde el Ministerio de Economía y Finanzas en estos años ha sido la de convivir simultáneamente con un proceso recesivo y un déficit fiscal importante, tratando de contemplar, en la forma más ponderada posible, ambos extremos, pero sabiendo y corriendo un riesgo deliberado, firme y cierto de que si buscábamos un descenso brusco, repentino, de choque, en el déficit fiscal, podíamos introducir un factor recesivo de mucha mayor fuerza que los que hemos estado soportando en estos últimos dos o tres años. De modo que, de nuevo e inevitablemente, el país tiene déficit fiscal y lo va a seguir teniendo en los próximos años. Por lo tanto, para convivir con esta situación necesitamos financiamiento externo, es decir, necesitamos endeudarnos en el interior del país y también en el exterior. ¿Por qué tanto en el interior como en el exterior? Por dos razones: una cuantitativa y otra cualitativa. Cuantitativamente, porque no creemos que el flujo de ahorros disponible en el país pueda cubrir la necesidad de financiamiento que tenemos, en los términos que hemos venido describiendo, por lo menos en los últimos dos o tres años, y cualitativamente, porque desde nuestro punto de vista -y hablo en nombre del Poder Ejecutivo- es de fundamental importancia insertar a la economía uruguaya en los mercados financieros internacionales, poner a prueba la bondad, los aciertos o los desaciertos que la política económica del país pueda estar cometiendo o aplicando en el contacto diario y permanente con los organismos financieros internacionales y con las agencias calificadoras de riesgo, que son quienes conforman hoy lo que podríamos denominar la opinión de los mercados internacionales.

En este marco, el Uruguay tiene una determinada forma de valoración, por parte de los mercados financieros internacionales, que se expresa a través de una forma que hoy es común a todos los países, y que es la cuantificación del llamado riesgo país. Esto, cuantitativamente, se expresa a través del diferencial de tasa de interés que pagamos por nuestra deuda pública emitida en el exterior, con respecto a la deuda pública que emiten los Estados Unidos. Debemos decir que, junto con Chile, somos los dos únicos países de la región que gozan de grado de inversión, apreciación conferida por parte de las calificadoras internacionales. Ese riesgo país estuvo, a mediados de este año, en el entorno de los 260 puntos básicos por sobre la tasa de interés de la deuda pública comparable de los Estados Unidos. En términos aproximados, esta tasa de interés de los Estados Unidos estaba, en esa fecha, en el orden de los 5 o de los 5,5 puntos. El Uruguay estaba pagando por la deuda una tasa de interés del orden del 8%. Estoy dando cifras aproximadas, porque no quiero entrar en detalles en este momento.

Esto es consecuencia, repito, del grado de inversión que ostenta nuestro país. Las principales calificadoras de riesgo nos han otorgado, desde hace 5 años, esta condición que significa, de hecho, la confianza que las agencias calificadoras trasmiten al mundo financiero internacional sobre la capacidad de repago del Uruguay por las obligaciones que toma en el mercado internacional. Sobre esta condición, los señores Senadores y la opinión pública saben que hemos tenido algún grado de dificultad en el correr de este año.

En nuestro mercado operan, básicamente, tres calificadoras internacionales, ya que las demás han desaparecido o tienen una importancia marginal. Una de ellas, Fitchlbca, nos ha mantenido el grado de inversión, pero introdujo un cambio dentro de este mismo grado de inversión, al calificar a la llamada perspectiva "out look" del país con signo negativo. Esto anticipa una posible revisión del grado de inversión en un plazo de entre 12 y 18 meses y hay que aclarar que esto sucedió hace tres meses.

La razón básica por la que esta calificadora introdujo esta variante en su calificación del Uruguay se debe a nuestra ubicación en una región que, como todos sabemos, no está pasando por un momento estable, para expresarlo de la forma más delicada posible.

Otra calificadora -Standard & Poor’s- estuvo a punto de tomar la misma decisión de Fitchlbca, quizás con anticipación. Puedo compartir con ustedes la convicción acerca de la importancia que tuvo una visita que hicimos a Nueva York en el mes de abril, donde fuimos sometidos a un examen exhaustivo -junto con el resto del equipo económico- por parte de los principales funcionarios de esta calificadora. Digo exhaustivo en todo el sentido de la palabra, ya que nos preguntaron sobre todos los aspectos de nuestra política económica, así como de la política en general del sistema uruguayo. Creo que respondimos con solvencia y quiero decir que estoy orgulloso de haber participado de esa misión. De no haber sido por esta gestión de nuestro equipo económico, esta calificadora nos hubiera puesto en la misma categoría que nos puso Fitchlbca.

En el contacto frecuente que mantenemos con estas calificadoras, percibimos la duda permanente que tienen respecto de la posibilidad de que el Uruguay pueda superar con cierto éxito la situación tan difícil de la región.

La tercera calificadora es Moody´s. Hasta ahora, ha mantenido el grado de inversión y su confianza, básicamente, en la perspectiva de la economía uruguaya. Hace poco más de una semana, en un suplemento del diario "El País", salió un reportaje inusualmente explícito al principal analista para la región de esta calificadora, el señor Martínez Alas, quien habló del análisis que hacían sobre la economía y la política uruguayas. Además de detenerse en los aspectos económicos, reiteró la seriedad, el acierto y la ponderación con que la política económica de este Gobierno está manejando una situación tan difícil, consecuencia de la situación de la región. Me interesa señalar la referencia reiterada que hizo el señor Martínez Alas respecto de lo que Moody´s considera como la madurez del sistema político uruguayo en su conjunto, es decir, en el conjunto de todos los partidos políticos que lo integran, tanto los dos pertenecientes a la coalición, como los de la oposición. En particular, hizo una referencia -seguramente los señores Senadores lo deben de haber leído- muy elogiosa a la conducción del Encuentro Progresista en el departamento de Montevideo. Más allá de la valoración que se pueda hacer sobre estos temas, lo que señalo es que para esta calificadora uno de los activos fundamentales que tiene el país es la madurez del sistema político, en tanto es capaz de entender adecuadamente las prioridades a las que necesariamente hay que atender en una tarea de gobierno, teniendo en cuenta los mejores y más importantes intereses nacionales con abstracción, muchas veces, de los intereses particulares, que si bien son muy respetables, sólo responden a necesidades de orden sectorial y nunca a las del país en su conjunto.

En estas circunstancias es mi obligación compartir con los señores Senadores la preocupación por el mantenimiento de este grado de inversión que el país ha logrado en momentos tan difíciles para la región, no por el temor de un juicio negativo sobre la política que estamos llevando adelante -en ese sentido nos tenemos amplia confianza, pues estamos convencidos de que estamos haciendo lo mejor en defensa de los intereses del país y de sus grandes mayorías- sino por la posibilidad de ser arrastrados a una calificación negativa como consecuencia, repito, del entorno regional tan complicado que estamos viviendo.

Asimismo -y esta es una reflexión que hago por primera vez con carácter público, porque los acontecimientos se han ido precipitando en las últimas semanas- tengo la impresión, alimentada por información que me llega de los Estados Unidos y de otros mercados internacionales, de que en el mundo financiero internacional, para países como el nuestro, va a haber un antes y un después como consecuencia de esta "quiebra selectiva" -para decirlo en términos castellanos- que ha hecho la República Argentina. La experiencia de Rusia en 1998, cuando dejó de pagar sus obligaciones externas, demostró al sistema financiero internacional, y al mundo en general, que había países -a diferencia de lo que muchos decían en el pasado- que efectivamente daban quiebra en el sentido de que dejaban de pagar sus obligaciones. Lo que está pasando con la Argentina es una reestructura ordenada de su deuda, que algunas agencias calificadoras han denominado "quiebra selectiva".

En todo caso, insisto, en lo que tiene que ver con el financiamiento internacional, el mundo no va a ser el mismo para países como el nuestro luego de estos acontecimientos. Esta decisión de la Argentina pondrá sobre la mesa de las decisiones de los principales centros financieros internacionales, una evidencia reiterada de que en determinadas circunstancias los países pueden quebrar, pueden dejar de cumplir con sus obligaciones en los términos en que estaban establecidas. Eso, de un modo u otro, se va a trasladar al financiamiento que pueden requerir países como el nuestro, casi seguramente en un mayor precio para prestar. Esta es una realidad que me temo vamos a afrontar en los próximos meses y años.

Con el mismo tono con que acabo de afirmar esto, digo que tengo confianza en que el país podrá sobreponerse a este marco adverso en la medida en que siga haciendo las cosas con seriedad, ponderación y equilibrio. De alguna forma, en este mar de dificultades que se avecina como consecuencia de la decisión argentina y de la manera en que está empezando a ser asimilada en los mercados internacionales, ellos van a saber distinguir entre los países serios y aquellos que conducen políticas económicas equivocadas. Aun en el marco de una preocupación importante por esta situación, reafirmo con énfasis mi confianza en que el Uruguay, en la medida en que mantenga las grandes líneas de política económica -que a nuestro juicio son las adecuadas- podrá acomodarse relativamente bien en este mar tormentoso que estamos prediciendo.

Hechas estas precisiones -que de un modo u otro son conocidas por los señores Senadores- no tengo ninguna duda -y lo afirmo con total convicción- de que la aprobación de un proyecto de ley como el que se está planteando, de suspensión de ejecuciones, que en definitiva es un desconocimiento al derecho de propiedad, va a ser valorada negativamente por el mundo financiero internacional y casi seguramente nos va a cortar la posibilidad de la continuidad con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, va a precipitar una rebaja en el grado de inversión del Uruguay, con los costos consiguientes.

Como decía recién, hasta antes de los últimos acontecimientos argentinos, el Uruguay pagaba una tasa de riesgo del orden de los 260 puntos básicos, y hoy es probable que ella supere los 300 puntos básicos. Un descenso en el grado de inversión seguramente elevará aún más este diferencial. Quiero reiterar con especial énfasis ante los señores Senadores que cada punto que nos aumente la prima por riesgo para obtener recursos en el exterior significa -no en forma inmediata, pero sí en su incidencia en el tiempo- aproximadamente un punto de IVA, esto es, U$S 80:000.000 o U$S 90:000.000 anuales. Como es obvio, un acontecimiento por el cual el Uruguay perdiera o disminuyera su grado de inversión -para ser enteramente consistente con los señores Senadores, debo decir que nuestro país tiene un grado de inversión en el último grado de la escala, razón por la cual si perdemos esta calificación pasaremos a ser un país con un cierto riesgo especulativo en el lenguaje de los organismos internacionales y de las agencias calificadoras de riesgo- llevaría a que el país entero afronte un costo económico que deberá ser trasladado a los uruguayos a través del cobro de un impuesto explícito, porque no es política de este Gobierno afrontar gastos sin el financiamiento correspondiente. En adición, diría que la pérdida del grado de inversión significaría un fuerte y muy severo golpe a las expectativas de los uruguayos, tan golpeadas en el correr de estos dos o tres años tan desfavorables que hemos vivido, tan disminuidas y tan alicaídas. Por suerte, hay un grado de esperanza que creo se ha venido consolidando en estos últimos tiempos tan adversos, justamente, en la evidencia de que en el medio de este mar de dificultades que nos rodea, hemos podido mantener una economía razonablemente ordenada.

A título de ejemplo, señores Senadores, puedo decir que el mercado cambiario uruguayo ha sido el menos afectado de la región por todos estos acontecimientos. Incluso, nuestro sistema bancario ha continuado aumentando los depósitos que recibe, tanto de residentes como de aquellos que no lo son. Estas son dos muestras de normalidad económica que -me atrevo a decir con toda fuerza- no se dan en los países de la región.

En consecuencia, sobre esta evidencia y sobre los primeros signos de recuperación que, según entiendo, el país está viviendo, en parte, como consecuencia de la superación de los problemas en el sector ganadero, me parece que hay un sentimiento generalizado de una cierta expectativa favorable sobre el futuro del Uruguay, después de tantos acontecimientos adversos que hemos vivido. Creo que en ese marco de conformación de expectativas, una descalificación, una baja en la calificación o una calificación negativa sobre el país, sería un golpe adverso sobre la conformación de expectativas, quizá aún más importante que el mayor costo económico que señalaba anteriormente, por el eventual aumento de la prima por riesgo del Uruguay y su relación con el endeudamiento externo.

Voy a hacer ahora dos referencias finales. En aras de buscar formas de superar esta situación que, entiendo, es de preocupación de todos, en función de los contactos que he mantenido con el sistema bancario privado, me parece que a nivel de cada Banco considerado en forma individual, existe la mejor de las disposiciones para atender los planteamientos que se les puedan formular con respecto a los deudores en dificultades, más concretamente en lo que tiene que ver con los deudores morosos con deudas de hasta U$S 200.000. Podemos imaginar alguna forma de aproximación sistemática a estas instituciones bancarias, a través de distintas formas en las que el Gobierno no tome un papel protagónico, pero de alguna manera impulse ese proceso de negociación.

Por otro lado, me parece que bien vale la pena intentar ese camino de entendimiento, que estoy seguro que va a dar solución a una parte sustantiva del problema que, como vemos, tampoco es tan importante como para dar satisfacción a las inquietudes que seguramente han motivado este proyecto de ley y estas sesiones de la Comisión.

Para terminar, quisiera hacer un llamado a la Comisión en nombre del Presidente de la República, con quien estuve dialogando en la noche de ayer por vía telefónica. En su viaje al exterior, concretamente, a los Estados Unidos, él ha estado en contacto con varias de las principales jerarquías del mundo financiero internacional y ha tomado conocimiento en forma directa de esta realidad, que de manera imperfecta estoy compartiendo hoy con ustedes. El señor Presidente considera que este proyecto tiene extrema importancia para el desenvolvimiento de nuestro Gobierno y del país y aspira, tanto desde el punto de vista institucional como personal, a que esta Comisión postergue todo pronunciamiento -si es que efectivamente estuviera en disposición de hacerlo- hasta su regreso al país, para poder entablar el diálogo y la relación personal que siempre ha mantenido con los principales dirigentes políticos del país en busca de soluciones, acuerdos y conciliación en la línea que he señalado, o en otras posibles. El señor Presidente me ha pedido que sea muy enfático en este planteo, en atención, repito a su investidura institucional y a la relación de orden personal que tiene con la mayoría, si no con todos, de los señores Senadores que forman parte de esta Comisión. 

SEÑOR PEREYRA.- Me siento en la obligación de hablar, no sólo por ser el autor del proyecto, sino para referirme, fundamentalmente, a la primera parte de la exposición del señor Ministro.

Tengo que suponer que no ha sido la intención del señor Ministro, pero para quien lea esta versión taquigráfica en el futuro, la actitud o, mejor dicho, el juicio que tendrá sobre el autor del proyecto, sería que cometió un acto de irresponsabilidad. Si algo he cuidado a lo largo de mis casi cuarenta años de vida parlamentaria, en la verdad o en el error, es el hecho de actuar con responsabilidad. Entonces, a pesar de todos los respetos que tengo por el señor Ministro y por su capacidad en la ciencia que domina y en la profesión que ejerce, tengo la obligación de defenderme. En razón de ello es que he pedido la palabra.

Este proyecto de ley responde a una vieja posición que he sostenido a lo largo de esa extensa y, tal vez, pobre -si así se juzga- actuación parlamentaria. Desde hace muchos años en el país, a mi juicio, las políticas de gobierno son un error -naturalmente, para el Gobierno serán un acierto- porque se ha dado prioridad al sistema financiero sobre el productivo. Hace años que sostenemos que el país necesita un sistema financiero fuerte, pero para ponerlo al servicio del sector productivo, que es el que genera las divisas que el país precisa, por medio de las exportaciones.

Naturalmente, no soy economista ni jurista sino, simplemente, un hombre que ha sentido el llamado a la responsabilidad a través de la vocación y de la actividad política. Es obvio, entonces, que a través de este proyecto de ley, hemos querido atender lo que a nuestro juicio, en la verdad o en el error, constituye el sector vital que se proyecta con más fuerza en la economía de la República, que es el de la producción agropecuaria, y para ello basta señalar el porcentaje que ésta representa en las exportaciones.

Hace dos o tres días leí con asombro que un señor que realizó cursos en el exterior -por lo que, naturalmente, debe estar muy bien preparado y saber mucho, aunque me da la impresión de que no conoce su propio país- decía, al referirse a los reclamos del sector rural, que los estancieros querían soluciones. Verdaderamente, quedan muy pocos estancieros en el país. La propiedad se ha venido subdividiendo, y salvo alguna porción de tierra muy grande comprada por empresas provenientes del exterior -que probablemente den su utilidad al país- el Uruguay tiene hoy, reitero, muy pocos estancieros.

Observemos, ya ingresando al tema del endeudamiento, las cifras que el Banco de la República brindó a esta Comisión. De acuerdo con ellas, la mayor parte de los endeudados son pequeños y medianos productores. Los que están en una situación de no cumplimiento de sus obligaciones son, precisamente, esos pequeños y medianos productores. Estoy hablando de familias que viven y trabajan en el medio rural, que tienen una cultura distinta, quizá, de la que existe en el medio ciudadano, pero igualmente respetable y muy enraizada en las mejores tradiciones nacionales.

Debo decir que he visto todo esto de cerca, señor Presidente, pues dediqué la primera parte de mi vida al ejercicio de la modesta actividad -aunque en general trascendente, no por lo que yo pude haber hecho, sino por la tarea que desarrolla la colectividad de docentes- de maestro rural en medio de minifundios. Por eso, he visto de cerca el sufrimiento de esa gente. Es mi gente; es la gente que conozco. Esas personas trabajaban de sol a sol y procuraban, simplemente, alcanzar el sustento diario.

Este proyecto, pues, no es un acto de irresponsabilidad; está destinado, fundamentalmente, a crear un estado de calma en medio de la agitación que se vive en el sector agropecuario, sector que es vital para la economía del país.

Los Legisladores sabemos de lo que estamos hablando, porque frecuentemente somos invitados a distintos lugares del interior del país, aunque no siempre podemos concurrir, y estoy hablando de mi caso personal. En todos los departamentos se realizan asambleas en las que se pone de manifiesto la situación angustiosa que están viviendo los pequeños y medianos productores.

Por otra parte, estamos asistiendo a algo que nunca se había observado en el país. En el pasado, veíamos un sector social muy tranquilo, cuya presencia no se hacía visible en las calles o en los caminos, en actos de protesta. Sin embargo, hoy podemos ver esto casi a diario. Observamos en este sector un estado de agitación y un estado emocional de conmoción que trasciende a lo público. Hemos creído, entonces, que merced a nuestra iniciativa, fundamentalmente, podíamos llevar, por un tiempo, apenas hasta el mes de junio -obviamente, no en forma definitiva- la tranquilidad necesaria para que fructifique la solución que ha instrumentado el Gobierno. En caso de que ella no fructifique, en la tarea que nos corresponde como Legisladores, en colaboración con el Poder Ejecutivo, buscaríamos algún camino alternativo -tal como se hizo con relación a esa otra solución- para poder superar este momento que se está viviendo.

El señor Ministro ha hecho hincapié en el derecho de propiedad. Todos sabemos que de los derechos consagrados por la Constitución de la República, el más limitado es, precisamente, el de propiedad. Es el más limitado de todos, y esto no lo digo yo, sino Justino Jiménez de Aréchaga, seguramente el constitucionalista más grande que ha tenido el país. Entonces, si es un derecho limitado, cabe preguntarnos cuáles son los elementos que lo limitan. Precisamente, son aquellos de interés general, y me parece que estamos todos de acuerdo con eso. ¿Y acaso este no es un tema de interés general? En la verdad o en el error, estoy convencido de que lo es, por cuanto afecta al sector que constituye, reitero, el puntal más fuerte de la economía del país.

El Uruguay es una nación de economía agropecuaria; lo ha sido a través de su historia. Ha superado todos los momentos difíciles, fundamentalmente a través del trabajo agropecuario, del trabajo de su tierra. Si observamos los acontecimientos relacionados con la independencia nacional, por cuya vigencia nadie daba nada o casi nada en 1828 ó 1830, veremos que después de la Convención de Paz, a través de la cual se creó el Estado Uruguayo, se dio un mentís a todos los argumentos pesimistas con la virtud que generosamente había puesto en nuestras manos la naturaleza: la fecundidad de la tierra, aunque también, naturalmente, la posición geográfica de su puerto que, sin duda, gravitó mucho en lo que a afirmar esa independencia se refiere, aunque sobre la base de la exportación de las materias primas que generaba el agro.

Declaro que no soy contrario al derecho de propiedad, pero creo en el ejercicio que el Estado debe hacer de las limitaciones que por razones de interés general se determinen por ley.

Asimismo, el señor Ministro ha señalado que el derecho de propiedad se pierde cuando los negocios no marchan bien. Ante esto, planteo lo siguiente: ¿por qué no marcha bien el negocio agropecuario? ¿Es porque nuestros productores son ineficientes? ¿Es porque detrás de su trabajo y de lo que recogen de él, dilapidan en actividades no productivas el dinero que han ganado? Los negocios del agro no marchan bien desde hace mucho tiempo, y en otra oportunidad, cuando terminó el período de la dictadura, nosotros, en esta línea de pensamiento que hemos definido para nuestra acción, propiciamos una ley de refinanciación del endeudamiento, porque creíamos que éste no era culpa del productor, sino de la ruptura de la "tablita" en el año 1982. El Estado había asegurado en forma adelantada un tipo de cambio y sobre él había operado la gente, llegando a endeudarse. Al romperse la "tablita" y dispararse el dólar, naturalmente se generó esa situación. Frente al Estado, representante de la sociedad, culpable del endeudamiento, buscamos esa solución. Y hoy se puede decir: "El Estado no es culpable", pero lo es en gran parte por el atraso cambiario vigente en el país desde hace años, lo cual hace que a los productores llegue mucho menos dinero del que debería por el valor de su producción. Cuando se hace referencia a los créditos bancarios, se habla de los errores propios y de los riesgos por actos ajenos a la voluntad, y creo, señor Presidente, que aquí no se debe hablar de errores propios sino de errores de la política de varios gobiernos y no sólo de éste. Indudablemente, el productor rural necesita del crédito, y con respecto a esto se habla de créditos adecuados y de otros.

Una vez terminada la dictadura, las autoridades de la época del Banco Central del Uruguay anulan los créditos adecuados para el agro; lo hacen impidiendo que se perciba diariamente el dinero de la Tesorería y que el Banco de la República disponga de una masa de dinero para dar préstamos adecuados. Estos préstamos eran adecuados en los intereses y en otros aspectos, pero no siempre en lo que tenía que ver con los plazos. Con respecto a esto, no voy a dar mi opinión sino que citaré la del doctor Gelsi Bidart, de cuya jerarquía intelectual nadie podrá dudar. Este hombre de Derecho, fundamentalmente especializado en el Derecho Rural, señaló en sus trabajos que el crédito para el agro no puede tener las mismas características que el que se brinda para otras actividades, porque el crédito para la producción en el agro debe tener un largo proceso a fin de adecuarlo a su evolución. Esto debe ser así porque la empresa agropecuaria no se maneja en un año como lo hacen otras actividades que utilizan casi el 100% de su capital en ese período; la actividad del productor rural es zafral. La extracción en el sector ganadero del país representa alrededor del 18% del valor de la riqueza. Entonces, se da un largo proceso en la producción agropecuaria, al que no se ajustan los términos breves con que se manejan los créditos en nuestro país.

Este proyecto, entonces, no está destinado a una discriminación injusta, sino a la separación de las obligaciones, estableciendo una atenuante para aquello que constituye, reitero, la base de nuestra economía. Además, los representantes del Banco de la República, que pertenece al Estado uruguayo y lo representa, nos han dicho en esta Comisión que no realizarán ejecuciones a los productores. Entonces, las ejecuciones pueden hacerse por parte de la banca privada que, naturalmente, puede hacerlo porque no está obligada a respetar el compromiso que el Banco de la República tiene con nosotros.

Hace unos momentos, el señor Ministro dijo que el productor rural puede pensar que es lo mismo pagar que no pagar. Yo afirmo terminantemente que este proyecto no está destinado a perdonar las deudas o a que los productores no paguen sino que, simplemente, pretende darles un respiro de seis meses para que puedan ajustar su situación. A través de este proyecto no estamos perdonando nada; no estamos impidiendo que paguen, sino que buscamos darles tiempo para que se instrumenten las soluciones necesarias para un endeudamiento que importa tanto al país.

El agro no solamente es el puntal de las exportaciones. Cuando hablamos del pequeño y mediano productor estamos haciendo referencia al hogar rural. Cabe destacar que la Constitución de la República señala como uno de los derechos fundamentales -que no tiene muchas limitaciones, salvo la capacidad económica de cada uno y las posibilidades que el Estado pueda ofrecer a través de determinada política- el de tener una vivienda propia. Cuando el ejecutado es un pequeño productor, éste pierde la vivienda porque, por lo general, se encuentra dentro de las pocas hectáreas que posee.

Debo decir que hay un aspecto que no comprendemos porque no somos técnicos, aunque quizás tenga su explicación. ¿Por qué no implica un riesgo que el Banco de la República refinancie las deudas, y sí lo es que lo haga la banca privada? Para quienes no somos doctos en la ciencia de la economía, surge la pregunta de por qué si las medidas generosas o adecuadas que puede tomar el Banco de la República -que pertenece al Estado- frente al endeudamiento -las que seguramente lo afectan- no ponen en riesgo al país, sí lo dejaría en esta situación el endeudamiento con la banca privada.

Si nos remitimos a las cifras, veremos que en la banca privada -que es la que puede ejecutar porque el Banco de la República, a través de sus Directores, ha asumido un compromiso de no hacerlo y nosotros creemos en él- existen alrededor de mil deudores -según los datos aportados por el señor Ministro- que representan un monto de deuda de U$S 25:000.000. Entonces, con todo el respeto técnico que el señor Ministro me merece, uno se pregunta si acaso por U$S 25:000.000 se compromete el riesgo país. Puede ser que esto tenga una explicación, pero como no soy docto en la materia no lo comprendo.

El señor Ministro ha dicho que ha pedido la colaboración de la banca privada, y sé que es así porque lo pudieron constatar los delegados que el Directorio del Partido Nacional envió al Ministerio para dialogar con el Gobierno a fin de encontrar una solución más ágil que la ley. Debo decir que, personalmente, en ese momento, tenía un proyecto de ley para presentar, pero no lo hice por respeto a la voluntad de mi Partido y a la intención del Gobierno de encontrar una solución más ágil por la vía administrativa. Desde entonces he esperado que esas soluciones fructifiquen y tengan un alcance universal, llegando no solamente a la banca oficial sino también a la privada.

Desde hace unos años han proliferado los bancos extranjeros que han llegado al país; seguramente hacen su buen negocio. Hace pocos días en un diario se publicaron expresiones de un Director que dijo que ya no sabían dónde colocar todo el dinero que tenían.

En una segunda parte de su exposición, con carácter más técnico, el señor Ministro se refiere a ciertos aspectos que no voy a discutir porque no tengo los elementos para hacerlo. Entiendo que no corresponde esta especie de llamado al patriotismo, porque cuando actuamos, todos lo hacemos inspirados en razones patrióticas. Podemos equivocarnos y quizás yo sea el más equivocado, pero tengo sentimientos con respecto al servicio a mi patria como los puede tener cualquier otro ciudadano.

Estos bancos extranjeros han venido a este país no con un criterio de beneficencia, sino a hacer su negocio -lo cual es respetable, naturalmente- al amparo de las leyes y de la protección que ofrece la seguridad del país. Entonces, lo que les estamos pidiendo es una pequeña contribución al país con un régimen de alguna tolerancia, que el Ministro no descarta; quizás para mí la parte más importante de su exposición es la última, cuando dice que cree que pueden haber soluciones. Incluso, hace pocos días realicé este planteamiento en el seno de la Federación Rural, donde había Legisladores del Gobierno y de la oposición, y nadie me dijo que este proyecto no se pudiera aprobar por razones de costo país. Sí se dijo que es un parche, porque no es la solución definitiva, y yo admití que es así; no es la solución para el endeudamiento. Y, por supuesto, me gustaría que cristalizara no el parche, sino la solución. En ese sentido, esperaría que en esta sesión, si es posible, el señor Ministro, que ha conversado con la banca privada, nos trasmita si existe alguna posibilidad de un camino más o menos rápido para poder salir de esta situación. Si en lugar del parche se nos ofrece la solución definitiva, vamos a optar por esta última, pero quiero tener alguna seguridad al respecto.

Pido disculpas por la extensión de mi intervención, pues no acostumbro, en las Comisiones, hacer estas exposiciones tan largas. Pero realmente me pareció que, aunque no haya sido la intención del señor Ministro, por lo menos de la primera parte de su exposición y, naturalmente, cuando habla del riesgo país, se desprende que el Legislador que habla habría actuado con irresponsabilidad. Por eso sentí que tenía la obligación de defender mi actitud.

SEÑOR MINISTRO.- Por respeto a la trayectoria del señor Senador Pereyra y a lo que él representa en el Partido Nacional, quiero excluir completamente toda posibilidad de que en mis palabras haya habido una acusación de irresponsabilidad por la presentación de este proyecto de ley. Estoy seguro de que no lo dije en ningún momento, y no ha sido mi intención sugerirlo. Aquí obviamente lo que estamos discutiendo son ideas y conceptos sobre la mejor forma de atender a los grandes problemas del país.

SEÑOR RIESGO.- Quiero hacer simplemente una aclaración; más adelante voy a referirme con más tiempo al tema.

Cuando el señor Senador Pereyra realizó su planteamiento en la reunión de la Federación Rural, varios compañeros Senadores tuvieron que retirarse con anticipación -entre ellos el propio señor Senador Pereyra- porque había una sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a la hora 15. Yo fui uno de los que se retiraron más tarde -creo que el último fue el señor Senador de Boismenu- y cuando hice uso de la palabra dije que en lo personal no votaría este proyecto de ley por todo lo que el señor Ministro manifestó ahora, y también pensando que el efecto de lo que podría causar esta ley a los productores en general sería mucho peor que los beneficios que les podría aparejar.

SEÑOR PRESIDENTE.- El tiempo del señor Ministro -y hoy lo hemos hecho madrugar- vale mucho. Solamente quiero agregar, a modo de despedida, dos o tres comentarios.

No vamos a discutir de filosofía, pero el señor Ministro nos ha dicho que aceptemos vivir bajo un hongo no radioactivo; parece que el peligro de que nos clasifiquen mal de afuera es un mal de nuestra época. Si uno prolonga ese discurso, tendría que empezar a decirle a la nación que tenemos que prepararnos para no depender ni deber, y para vivir de la nuestra. Es amargo, pero va a haber que decirlo.

Un Ministro del Gobierno le está diciendo al Senado de la República que aceptemos las leyes del juego, porque de lo contrario nuestro pueblo se puede desangrar, teniendo que pagar mucho más. Es decir que hay una especie de terrorismo financiero, que parece que es un componente de la época contemporánea para los países pequeños. Y esto puede cambiar el signo de nuestra época. Son terribles las conclusiones que se extraen de esto y los desafíos que nos pone por delante como país.

El agro pagará sus cuentas en el largo plazo bajo la vieja ley y el aumento del patrimonio. Y es pésimo negocio rematar cuando todo viene a la baja. El agro ha sido históricamente en este país una profesión de baja rentabilidad y alta capitalización; la capitalización precisa plazo, y necesita pasar de una época bastante dramática. Es el mejor negocio para los bancos. Pero tenemos que entender esa ley en profundidad. Sólo tres veces bajó el precio de la tierra en este país: 1890, 1930 y cuando el quiebre de la "tablita". Esta es la cuarta oportunidad en que esto ocurre, y espero que sea un problema de coyuntura. No quisiera que rematen los campos en un momento de baja, porque es una pérdida para todo el mundo. Pero, en todo caso, es otra historia.

Sólo me queda agradecerle, señor Ministro, por la exposición de su pensamiento; es toda una pieza. Da gusto discrepar con usted, porque enaltece el debate.

SEÑOR DE BOISMENU.- Me está resultando gratificante la discusión de este tema; creo que es de las buenas discusiones que van a existir en el Parlamento. Más adelante voy a hablar más profundamente sobre este asunto, en el cual, por lógica, debemos tener muchas horas trabajadas, o por lo menos pensando de forma directa y discutiendo con los demás. Pero la conclusión que saco, que de pronto no fue bien captada y tal vez es de lo más importante -y pasa también en la selección de las inversiones para la industria de mi país- es que aquí hay una "antiselección" de la inversión en el sistema financiero, y que cuanto más vivamos estas situaciones -que es lógico vivirlas- más hacemos esa "antiselección" para el que viene a colocar dinero en este país.

SEÑOR GARGANO.- Quiero plantear un problema de método. Resolvimos reunirnos a la hora 8 para escuchar al señor Ministro, todas las fuerzas políticas tienen posición tomada con relación al tema, y hemos escuchado con mucha atención la exposición del señor Ministro. Con todo respeto, conocía su pensamiento, y lo que nos ha dicho hoy ha corroborado en un todo lo que sabíamos.

Cuando estudiamos la última Rendición de Cuentas, ante preguntas que yo formulé, el señor Ministro respondió exactamente de la misma forma como lo ha hecho hoy en su exposición. Mi sector político y yo personalmente tenemos una opinión formada, y creo que lo que tenemos que decidir en el día de hoy es si este proyecto es enviado al Pleno del Senado o no. Más que reiterar una discusión, creo que lo que tenemos que hacer es manifestar nuestra opinión votando.

El señor Ministro ha hecho un planteo y ha solicitado un determinado comportamiento de la Comisión, y lo que tenemos que discutir es si eso que ha pedido el señor Ministro, en nombre del Presidente de la República, lo aceptamos o no. Yo creo que hay que decidir sobre ese tema más que avanzar en una discusión. Si bien estoy dispuesto a tener muchas horas de debate sobre el tema de fondo, acerca de la responsabilidad del endeudamiento, de la confianza que organismos internacionales puedan tener en la conducción de la política económica de nuestro país, y de la historia de las relaciones entre los productores agropecuarios y el Estado, lo que me importa es ver si hoy, 13 de noviembre, cuando queda exactamente un mes para terminar el período legislativo, estamos en condiciones o no de decidir sobre este tema.

Simplemente quería plantear, como problema de método, que hay que resolver si este proyecto lo vamos a tratar a nivel del Senado y de la Cámara de Representantes antes de que termine el período legislativo, antes de abordar una discusión de fondo.

SEÑOR DE BOISMENU.- Pido perdón al señor Senador Gargano si lo molesté por algo.

SEÑOR MINISTRO.- Antes de que la Comisión entre a considerar el procedimiento a seguir y la votación correspondiente, quiero hacer dos precisiones en un tono muy modesto y, repito, con el mismo ánimo con el que vine: decir mi verdad pero no incursionar en un debate, más allá de que sea estrictamente indispensable.

Quisiera referirme a dos afirmaciones, una del señor Senador Pereyra y otra del señor Presidente.

Con respecto a mi aclaración sobre la intervención del señor Senador Pereyra, debo decir que entre este proyecto y la solución que hemos adoptado para el Banco de la República, hay una diferencia sustancial, y es que la decisión que hemos tomado en el caso del Banco de la República se financió en forma explícita mediante un impuesto que está pagando el conjunto de los uruguayos. Si buscáramos una solución similar -no importa en qué medida, si igual, mejor o peor- para la banca privada, para hacerla compatible con la concepción que yo he tratado de defender, tendríamos que pensar en una cuyo costo fuera financiado por el conjunto de la sociedad, de la misma manera que cuando se expropia un campo se paga al propietario con cargo a Rentas Generales.

En cuanto a dos afirmaciones del señor Presidente, tal vez la expresión "terrorismo financiero" sea demasiado cruda o fuerte. El primer punto a tener en cuenta es si el Uruguay, en estas condiciones, puede vivir con sus propios recursos. Esto de que tengamos un déficit fiscal tan alto no es casualidad; el país se ha visto enfrentado a distintas circunstancias que explican su nivel y que, en lo inmediato, tengamos que convivir con él, por más que es mi firme propósito que sea inferior al de los años anteriores. En ese caso, usted necesita financiamiento externo y, aunque no le guste, tiene que jugar en una determinada cancha. Además, en esa cancha, si hago las cosas bien, como país, me tengo confianza. Es una cancha muy difícil, hay tribuna adversa y el juez no siempre cobra a favor de uno, pero me tengo confianza en que nuestro país, si hace las cosas correctas, puede jugar bien. Esa es mi concepción.

En cuanto al plazo, creo que es así, pero el señor Presidente sabe tan bien como yo -usted por su conocimiento de las cosas de este país, y yo porque he trabajado profesionalmente en ese sector- que a ningún banquero le gusta ejecutar o cobrar mediante remate. Lo que pasa es que el banquero le tiene que ver la cara al deudor, de lo contrario no puede arreglar. Y si hay que darle plazo, se lo va a dar, ya que los banqueros no son perversos por definición; tienen que cuidar el dinero de otros.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer dos comentarios, que creo que son importantes y van en la misma dirección que lo expresado por el señor Senador Gargano. Nosotros hemos escuchado una exposición del señor Ministro en la que nos narra con dramática opinión sobre la situación que vive el país, la región y el mundo. Será de aceptación o de recibo por parte de los señores Senadores, o no, pero creo que merecíamos tener ...

SEÑOR PRESIDENTE.- Sinceramente, quiero decir que en el Parlamento nunca sentí tanta presión intelectual.

SEÑOR HEBER.- Como he dicho en esta Comisión y en una reunión en la Federación Rural en la que hace poco estuvimos varios de nosotros, en dos oportunidades recibí a una de las calificadoras. Seguramente podremos hacer toda una serie de comentarios que quizás no sean de recibo en la Comisión, ya que más allá de escuchar al señor Ministro, si se decide tratar este proyecto, tendremos una discusión en el Plenario.

Creo que el mundo no es como a uno le gusta, y me quedo con la frase -que he repetido en varios Plenarios- que escuché decir al señor Senador Mujica: "Yo antes tenía interés en cambiar el mundo; ahora me alcanza con cambiar la vereda de enfrente de mi casa". No sé si podemos cambiar el mundo desde aquí; el mundo es como es.

En función de eso, señor Presidente, quiero decir dos cosas. En primer lugar, hemos recibido una información muy importante del señor Ministro y creo que no debe pasar inadvertido de sus manifestaciones el hecho de que hay voluntad de resolver el tema. El nos ha dicho que ve en el sector de la banca privada buena disposición a resolver el tema. Quizás sería importante escuchar al señor Ministro respecto a si el tema del endeudamiento en la banca gestionada se puede terminar de resolver de la misma manera que se viene haciendo en el Banco de la República, y me gustaría acelerar estos puntos porque, como he dicho aquí, soy partidario de una solución negociada y no de una ley que resuelva el problema, porque a mi juicio no lo resuelve. Aclaro que no estoy hablando de este proyecto de ley, sino del que presentó el Encuentro Progresista.

¿Por qué creo que es importante una solución negociada? En primer lugar, simplemente porque no arriesga ni pone en riesgo al país y, en segundo término, porque creemos que evita lo que a nuestro juicio puede ser una dramática realidad, en función de la intervención que el sistema político, el Gobierno o el Estado -tal como se le quiera llamar- pueda hacer en lo que son los acuerdos de partes, que es la posibilidad de que un sector importantísimo -o fundamental, como señaló el señor Senador Pereyra- no tenga más crédito. Este tema tiene que estar arriba de la mesa, ya que no sólo tenemos que resolver el problema del endeudamiento de la gente a la que le ha ido mal en este sector, sino que es preciso no arriesgar lo que puede ser el crédito futuro que debe tener, y no hay ley que pueda establecer, en el día de mañana, que deba dársele crédito a un sector, por más voluntad que exista en la mayoría de este Cuerpo.

Hemos recibido un planteo del señor Ministro en cuanto a postergar el tema, pero yo digo: "postergarlo sin postergarlo". Voy a tratar de explicar mi posición: postergar la decisión de la Comisión en lo que tiene que ver con la suspensión, pero con la salvedad de que si nosotros tenemos una negociación con el sector de la banca privada, podemos llevar a los hechos lo que indica el proyecto. Es más, no necesitamos un proyecto de ley, ni tampoco una ley, para suspender las ejecuciones, sino que alcanza con una mesa de diálogo con el sector y con la banca privada para que no haya más ejecuciones; al fin de cuentas, estamos discutiendo los instrumentos y no el fin.

Si es factible, me gustaría aprovechar la presencia del señor Ministro para que nos responda dos preguntas. La primera es sobre la banca gestionada; se habla de U$$ 200:000.000 entre dos bancos de nuestro país -me estoy refiriendo a los Bancos de Crédito y La Caja Obrera- y quisiera saber qué solución existe para los productores que se encuentran en esa situación.

La segunda pregunta es si existe oportunidad -en lo posible esta semana- de tener una mesa de diálogo, de modo tal de poder acordar los pasos de entendimiento que entre las partes tiene que haber, sin intromisión de lo que puede ser el Estado -es decir, acuerdo de voluntades de las partes- con el fin de hacer efectivo lo que de alguna manera todos queremos, que es la solución final para el tema del agro.

En síntesis, formulo estas dos interrogantes aprovechando la presencia del señor Ministro y ahorrándome algunos otros comentarios sobre sus reflexiones relativas a los temas de fondo y a lo que significa este proyecto de ley.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, con respecto a la banca gestionada, semipública o cuyo capital accionario está mayoritariamente en poder del Estado, voy a dar una información de orden general que ya conocen los señores Senadores, y es que cuando se dispuso la fórmula que se está aplicando en el Banco de la República, me dirigí al señor Presidente del Banco Central para que pusiera en conocimiento de los Directorios de los dos bancos anteriormente mencionados -me estoy refiriendo a los Bancos La Caja Obrera y de Crédito- la sugerencia de que aplicaran la misma fórmula que el Banco de la República para sus deudores agropecuarios. De modo que en nombre del Poder Ejecutivo reafirmo que eso es así, que así ha funcionado y que en los dos bancos gestionados se han recibido las solicitudes de los deudores agropecuarios que se definieron en esa condición para acogerse a una refinanciación en los términos establecidos por el Banco de la República.

Quiero informar que sólo cuento con las cifras del Banco La Caja Obrera y no con las del Banco de Crédito, pero por similitud de dimensiones no creo que exista mucha diferencia entre uno y otro. En el Banco La Caja Obrera se han presentado solicitudes de refinanciación correspondientes al sector agropecuario por un total de U$S 25:000.000, y estas son las que se estarían firmando ya -supongo que así sea, ya que no estoy al tanto de lo que sucede día a día- o en los próximos días.

Más allá de esta circunstancia, quiero señalar -aunque es de conocimiento público- que estamos muy avanzados en el proceso de venta del Banco La Caja Obrera. Me apresuro a señalar que si finalmente se concreta la venta, se respetarían -esta es una de las condiciones que establecemos- los derechos de estos deudores que se presentaron para solicitar la refinanciación.

Repito que no tengo la cifra del Banco de Crédito, pero me imagino que debe ser más o menos del mismo orden, simplemente teniendo en cuenta la dimensión de los dos bancos.

De modo que están incluidos todos los deudores que así lo desearon y que obviamente reunían las condiciones requeridas para la refinanciación.

En cuanto al procedimiento, que es la segunda pregunta que realizó el señor Senador Heber, considero que debe modelarse a partir de las restricciones que he señalado. Me refiero a que la banca, por distintas circunstancias, no está en situación de adoptar una solución corporativa, de carácter obligatorio y uniforme para todos sus miembros, pero sí se encuentra en disposición individual para atender, en los términos más favorables posibles, los casos que se pongan a su consideración. En consecuencia, creo que el procedimiento debería pasar por alguna forma de identificación de los deudores morosos con la banca privada por un monto de hasta U$S 200.000, para aproximárselos a cada uno de los bancos involucrados en la problemática del sector agropecuario, con el fin de lograr una solución acorde a la situación de estos deudores. No me atrevo a sugerir ese procedimiento con toda precisión, pero he pensado y también he conversado -ya que obviamente no voy a improvisar aquí una sugerencia de este tenor- en el sentido de que una solución podría ser la constitución de una comisión integrada por ex Presidentes de las tres entidades rurales más representativas, que a su cargo tendrían la tarea de recopilación de los datos de los deudores morosos de la banca privada por hasta U$S 200.000, y la misión de hacer los acercamientos correspondientes a cada uno de los bancos privados que correspondan. Naturalmente, esta es una sugerencia, pero puede haber otros procedimientos.

Entiendo cuáles son las urgencias de la Comisión: hay un problema que no podemos desconocer, así como tampoco ignorar el hecho político, pero desde el punto de vista de mis conversaciones con la banca privada, creo que existe el mejor de los ánimos para atender de la forma más rápida posible estos planteos, y supongo que por parte del sector agropecuario y de sus principales agremiaciones existirá la misma urgencia. De modo que se podría caminar muy rápidamente en este intento de solución, y ver al final del camino dónde estamos parados. Puede ocurrir que el problema desaparezca por completo, o en un 80%, o que no desaparezca en absoluto y allí, obviamente, cada sector recobrará su voluntad política para decidir sobre este problema.

SEÑOR SANABRIA.- Las expresiones del señor Ministro han sido claras en cuanto al análisis de la situación puntual que nos convoca. Las manifestaciones del señor Senador Pereyra, quien ha presentado este proyecto de ley, también apuntan a encontrar una solución definitiva. Hay una mesa de trabajo, una propuesta concreta de comprensión y, fundamentalmente, de resolución del problema, porque partíamos de la base de que este proyecto apuntaba a dar tiempo a la eventualidad de una solución.

Como en todos los aspectos de la vida, en política la última palabra nunca se da en el momento que se determina, pero creo que el planteo del Gobierno vinculado a explorar y profundizar en la propuesta concreta, en definitiva se acerca mucho a lo que el país ha hecho con mucho esfuerzo con relación al Banco de la República y la banca gestionada -que representa, aproximadamente, el 50% de la problemática del endeudamiento privado, por lo que estaríamos con el 50% ya resuelto- por lo que considero que ahora corresponde que la Comisión se aboque a analizar los pasos que cada uno de los sectores de los partidos políticos representados en la Comisión entienden conveniente.

Creo que ha sido muy provechoso el análisis y el sinceramiento que el señor Ministro de Economía y Finanzas ha hecho a la Comisión y, precisamente, pienso que en estos momentos de dificultades terribles que está pasando la región y el mundo, las responsabilidades deben asumirse con conocimiento de causa. Celebro que el señor Ministro haya venido con las cartas a la vista -digo esto desde el punto de vista personal y político- porque reitero que, en definitiva, en este y en todos los temas debemos asumir nuestra responsabilidad. Por lo tanto, me da gusto que las cosas se manejen en este tono, ya que ello hace que los caminos que recorramos políticamente, los asumamos con el conocimiento cabal de la situación que está viviendo el país, la región, nuestros vecinos y el mundo, que no son novedad para nadie y que, en definitiva, llevan a que estos sinceramientos le hagan muy bien al país, a las instituciones, a la democracia y al sistema político.

SEÑOR NIN NOVOA.- En concordancia con lo que decía el señor Senador Sanabria, creo que deberíamos liberar al señor Ministro, a los efectos de que podamos analizar qué pasos debemos seguir, y teniendo en cuenta las múltiples tareas que el Ministro seguramente debe tener.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Ministro de Economía y Finanzas su concurrencia a la Comisión.

(Se retira de Sala el señor Ministro de Economía y Finanzas)

SEÑOR SANABRIA.- Retomando un poco el ánimo vinculado a la solución del tema, creo que en esta Comisión todos partimos de la base de que, más allá de la magnitud del problema -que es muy importante, ya se trate de U$S 25:000.000, de U$S 30:000.000 o de mil productores- si existe un productor que arriesgue sus posibilidades de trabajo en una actividad tan sana y tan importante para el país -como aquí se ha señalado- esta Comisión, el Parlamento y el Uruguay tienen que tratar el asunto, por lo que deberá distraer nuestra atención, preocupación y trabajo. Pero como señalaba el señor Senador Pereyra, el proyecto de ley apuntaba a ser instrumento de soluciones definitivas y no la propia suspensión por si no se resuelve el tema de fondo, y en virtud de los matices que podamos tener en cuanto al tema de la solución administrativa del Banco de la República y la banca gestionada -confirmada hoy por el señor Ministro- creemos que estos procesos han sido, lamentablemente, más largos de lo que el sistema político hubiera querido, entre otras cosas por el funcionamiento de las propias instituciones. Evidentemente, hay quejas importantes que se han ido resolviendo a través del reconocimiento de los propios Directorios, tanto del Banco de la República como de la banca gestionada y, a pesar de que a veces las decisiones políticas no llegan a los sectores productivos en los niveles de celeridad y de razonabilidad deseados, creo que estamos en un camino vinculado a dos planteos muy serios y formales. Uno de ellos, del propio Poder Ejecutivo quedando a la espera del pronunciamiento de la Comisión y, el otro, planteando un camino concreto a la problemática de fondo que es, en definitiva, que no haya ejecuciones y sí una solución para los productores endeudados en menos de U$S 200.000.

Dentro de ese ámbito, realizo un planteo político vinculado a la Comisión, en cuanto a que esta conversación se instrumente con la participación de todos los partidos políticos. En definitiva, si los bancos nos dicen que no habrá ejecuciones, habrá quedado sellado el éxito de la propuesta del señor Senador Pereyra, que apunta a que no haya ejecuciones por un plazo prudencial hasta que se instrumenten las medidas, lo que podría insumir un par de semanas. Todos sabemos que se trata de no ejecutar a productores endeudados en la franja de hasta U$S 200.000. A eso apunta el proyecto del señor Senador Pereyra, aunque creo que hoy la negociación tiende a ser más generosa, porque el proyecto del señor Senador -asumiendo éste la responsabilidad política, como siempre lo ha hecho- tiene limitantes importantes vinculadas a las refinanciaciones anteriores, que quedan fuera de esta conversación.

Además, todos sabemos que entre el 60% y el 70% de los productores que hoy estamos analizando quedaría fuera del proyecto, en virtud de que también toca a los refinanciados de 1992. Estamos hablando de hace ocho años y se trata de productores que, en su mayoría, siguen con problemas de endeudamiento. Hoy está planteada una posibilidad de negociación más amplia que la del proyecto, vinculada al tema ejecución. Sin embargo, diría que es mucho más amplia en la medida en que no sólo estamos hablando de lograr paralizar de hecho las ejecuciones, sino además de una solución de fondo que está planteada sobre la mesa. Visto esos dos argumentos, planteo formalmente que la Comisión asuma la responsabilidad, tomando para ello un tiempo prudencial que podría ser de algunos días. No estamos planteando una postergación definitiva del tema, ni frenando ningún pronunciamiento político; simplemente, estamos frente a un planteamiento concreto, frente a la palabra empeñada del Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía y Finanzas en los dos aspectos: el de la solicitud del Gobierno y el del tema de fondo. Realmente, me entusiasma la posibilidad de llegar a los productores con soluciones concretas y mucho más amplias que las que establece el proyecto de ley, a pesar de que éste, de alguna manera -hay que reconocerlo- es el disparador de esta solución.

SEÑOR NIN NOVOA.- Comparto con todos el espíritu altruista con el que se ha discutido e intercambiado algunas opiniones, aunque no puedo dejar de manifestar cierta preocupación, quizás por desconocer cómo operan los mecanismos del poder central. Noto una autolimitación parlamentaria y observo que cuando hay un problema grande para tratar, en reiteradas oportunidades se prefiere la negociación a la ley. Si a eso le sumamos algunas prerrogativas propias del Parlamento que viene cediendo a favor del Poder Ejecutivo y viendo que se hace tanto énfasis en rehuir los caminos de la ley, legítimamente uno tiene el derecho de preguntarse qué estamos haciendo acá. Aprendí aquella frase de nuestro Prócer, en cuanto a que "es muy veleidosa la voluntad de los hombres" y, por lo tanto, prefiero el camino de la ley y no el del acuerdo que siempre queda sometido a la voluntad de interpretación de alguna de las partes. Entonces, más allá de que creo que al Presidente de la República le asiste el legítimo derecho de pedir la postergación del tratamiento de este tema, me parece que también hay una suerte de intromisión de un Poder del Estado sobre otro, para que desde el primero se dicten los tiempos de funcionamiento y resolución que tiene el otro Poder del Estado, es decir, el Legislativo.

Estas son las dos razones centrales que me llevan a pedir que votemos hoy el proyecto presentado por el señor Senador Pereyra para que, de ser posible, el tema pueda ser tratado en el Plenario del día de mañana.

Además, creo que la urgencia de este tema nos está haciendo olvidar que todavía existe otra instancia parlamentaria, que es la de la Cámara de Diputados, y en ese interregno se podrán hacer, o intentar hacer algunas negociaciones. Naturalmente que nos hubiera gustado mucho enriquecernos debatiendo con el señor Ministro, a quien le reconocemos su capacidad técnica.

Debo decir que nos quedaron muchas dudas respecto a la interpretación de este proyecto de ley. Todos los que estamos aquí -o casi todos, aunque yo no lo soy- somos propietaristas, pero creo que esto no afecta en absoluto el derecho de propiedad de los bancos de cobrar sus activos, porque lo único que se haría, sería postergar en el tiempo ese cobro compulsivo y nada más. Como dijo el señor Senador Pereyra, nadie está planteando perdonar esas deudas.

Por otro lado, tampoco logré comprender por qué se hizo tanto énfasis en el déficit fiscal, como si de esa argumentación se desprendiera que va a haber una transferencia de activos públicos para el sector privado que aumentaría nuestro déficit. Me supongo que, como contrariamente ha sucedido en tiempos pretéritos, nadie va a transferir otra vez recursos al sistema financiero. Se habla del riesgo moral y se dice que hay un acostumbramiento de no pagar, pero el Estado ha estado involucrado directamente en ese acrecentamiento del riesgo moral cada vez que se ha fundido un banco y ha salido a poner dinero en el sistema financiero.

Entonces, como desde mi punto de vista las señales no son muy claras, preferiría que esto se siguiera tramitando por el camino de la ley. Soy Legislador, como todos aquí, y creo en la ley. Además, considero que hay una peligrosa tendencia a disminuir competencias del Poder Legislativo en preeminencia del Poder Ejecutivo. Por otra parte, quiero que nos expresemos hoy sobre este tema, tal como había sido acordado la semana pasada, porque esa fue la condición con la que se realizó la sesión de hoy, a los efectos de ver si se puede tratar el tema mañana en el Plenario como una señal para el sector productivo.

También me apresuro a decir que la solución de fondo del sector productivo no es que se paren las ejecuciones, sino que exista una relación adecuada entre insumo y producto que le permita a la familia rural vivir mejor y nada más. Si hay que realizar ejecuciones, algún día habrá que transitar los caminos del acuerdo privado entre las partes. Sin embargo, no es un fin en sí mismo parar las ejecuciones, sino una señal que lleva de la mano que pensemos en soluciones de fondo para el otro gran tema del sector agropecuario, que es el de la rentabilidad.

SEÑOR GARGANO.- Este es uno de los temas, tanto económico como social, graves que tiene el país, aunque hay otros también muy graves que son políticos y en los que no hemos avanzado, consiguiendo solucionarlos, a pesar de que hemos dado plazos y establecido acuerdos, los que luego no se cumplieron y no hubo nuevos plazos ni nuevas negociaciones. Como fuerza política estamos admitiendo una realidad en la cual no hemos avanzado nada. De todos modos, acá se plantea una problemática agregada que es la social. Yo estoy convencido de que efectivamente hay un amplio sector de productores que está verdaderamente viviendo horas de angustia, de enormes dificultades, por problemas a los que no se ha proporcionado una salida o la esperanza de encontrar una salida a no muy largo plazo. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros, en el curso del año pasado, a presentar un proyecto similar a éste, que extendía la suspensión de las ejecuciones hasta el 31 de diciembre. Ni siquiera fue considerado; no se abordó el tema. El problema persistió durante todo este año.

Hemos trabajado en Comisión, en interpelaciones en el Plenario una y mil veces sobre el tema del endeudamiento, de la cantidad de deudores comprometidos, etcétera. Llegamos, entonces, a esta situación en la cual lo que hay es, no una resolución al tema del endeudamiento y de la rentabilidad de la producción agropecuaria, sino simple y sencillamente la búsqueda de un respiro para que, en un tiempo que va de ahora a junio del año que viene, se encuentre una luz de esperanza para el sistema productivo.

Tengo la convicción de que se puede lograr esa solución. Me parece que el camino que se ha planteado es bueno y comparto lo que decía el señor Senador Nin Novoa, porque yo quiero la seguridad de la ley. Si mientras tramitamos en el Parlamento y votamos en el Senado este proyecto de ley aparece un acuerdo entre los productores y el sistema financiero privado para alcanzar una solución, entonces habrá que estar a lo que se resuelva. Mientras tanto, creo que el tema hay que llevarlo a la discusión pública y plantearlo en el Senado de la República, con la correlación de fuerzas que haya. Me parece que si efectivamente esto se hace así, va a ser además la mejor garantía de que se encuentre una solución en otro ámbito. De modo que también estoy de acuerdo en que se pase a votar y que veamos cómo llevamos mañana el tema al Senado.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: desde el momento en que presenté el proyecto, he estado dispuesto a votarlo. Se han pedido los asesoramientos correspondientes, a los que también hemos accedido, porque acceder a ellos es una tradición parlamentaria. Al final de mi exposición dije que si hay una solución definitiva al problema, el proyecto no tiene razón de ser. Pero aquí ya se ha señalado que los plazos están muy avanzados. Entonces, yo podría de alguna manera considerar la posibilidad de hacer un paréntesis muy breve para ver si realmente aparece el espíritu constructivo de lograr una solución mucho mejor que una simple suspensión de ejecuciones, pero en términos sumamente breves.

Yo no estoy, de ninguna manera, dispuesto a ceder en la idea que me inspiró este proyecto, salvo que aparezca una solución. Reitero que la expresión "esto es un parche" que usaron el otro día, no me molesta, porque ésta no es la solución definitiva. La misma, hoy "anda caminando" -por lo menos, por algún plazo importante- por el Banco de la República. ¿Por qué no puede "caminar" por la banca privada? Es algo que no alcanzo a entender.

El señor Ministro nos ha transferido una responsabilidad que yo no puedo medir en todo su alcance: la de comprometer el futuro del país en materia de negociaciones internacionales y la posición en la que internamente se colocaría por no conseguir el apoyo necesario para salir de la difícil situación que está viviendo. La que se nos ha transferido es una responsabilidad grave. Y un pedido del señor Presidente de la República, cuya investidura naturalmente respeto y valoro, y a la que no quiero ser insensible. Si hay una solución, en el sentido de que la banca privada acepte refinanciar a los productores en forma similar a la del Banco de la República, no digo que retiraremos definitivamente nuestra propuesta, pero podríamos hacer un paréntesis.

Hoy es martes. Sé que en dos días esa iniciativa no va a cristalizar. El jueves tenemos sesión. Personalmente, daría plazo hasta el otro jueves para ver si se encuentra una solución. Estaría dispuesto a ello, pero siempre que exista la posibilidad de que para ese momento esté instrumentada esa mesa de diálogo que, por lo menos, nos acerque a una solución. Si no es así, sería un plazo de diez días y el jueves de la semana siguiente, cualesquiera sean las circunstancias, daré mi voto aquí.

SEÑOR GARGANO.- Hay dos propuestas claras: una en el sentido de que se vote hoy, y otra para que la votación se postergue hasta el otro jueves, que es lo que acaba de manifestar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: pido disculpas, con todo respeto, por algún gesto que cometí cuando anteriormente pedí la palabra.

Yo no tengo experiencia parlamentaria -los señores Senadores lo deben saber muy bien; sólo he hecho alguna suplencia- pero he aprendido a apreciarlos. No sé si este sentimiento puede ser mutuo; en todo caso, es un rasgo de mi carácter.

Quiero decirles a todos y especialmente al señor Senador Pereyra -con quien en una época trabajé como Presidente de una institución rural en una refinanciación- que a mí este tema me cuesta mucho, y es normal que así sea. Después de 160 años, hace algo más de un año perdí el campo de mi familia. Fue una salida dura para mí, y no sé si como consecuencia de ello, poco tiempo después tuve mi primer problema cardíaco que terminó en operación. No interesa. Mis hermanos están en el mismo camino. Ayer no pude asistir a la reunión porque estaba trabajando en lo de mi hermana menor, a quien aconsejé la misma salida, ya que me parece que no debe ser la comunidad la que nos pague. Ahora tenemos que arrancar como lo hizo mi abuelo en 1860, pero todo es muy triste.

Pienso que aquí tengo que valorizar, y mucho, la acción del señor Senador Pereyra. Lo hice en su momento; pero también debo pensar si nuestro riesgo no pasa, además, por una cultura del "no pago".

El análisis de este tema me llega muy de cerca, porque por lógica tuvo en mi vida una significación muy directa. Sé que de pronto hago una reflexión que les puede alcanzar, en el sentido de que me resulta muy extraño trabajar en las Comisiones del Senado. Trabajé mensualmente durante veinticinco años en los Grupos CREA, donde tomábamos definiciones en conjunto, aceptábamos posiciones de los demás y llegábamos a hacer ajustes de ideas. Esos trabajos eran muy intensos. Este tema del endeudamiento se discutió por mucho tiempo. Debido a esas casualidades que a veces proporcionan una salida fácil, algún productor nuestro pagó con la grande de fin de año. Sin embargo, aquí cuesta más, porque yo sé que no puedo convencerlos a ustedes, y que a ustedes les va a costar convencerme a mí. Son diálogos muy largos, de los cuales me resulta bastante difícil participar.

En este momento hay en el país -para los que lo conocemos en forma directa- una conciencia, por parte de muchos productores, de no pagar absolutamente nada. Le decía al señor Senador Pereyra que ayer fui -por eso solicité el día lunes- a cobrar cuentas de reproductores, de hace un año. No pude cobrar absolutamente nada, pero me atendieron en camionetas último modelo. Si ese es el camino, se lo marcaré a mis hijos para decirles que esa es la verdad en la que anteriormente no creía.

Digo más, valoro lo expresado por el señor Senador Pereyra. Aquí han conseguido, para bien o para mal -no sé cuál va a ser el resultado final- una suspensión de ejecuciones. Quedan los productores que tienen un endeudamiento más grande, lo que me duele muchísimo, sobre todo los agrícola-ganaderos. Somos muy pocos los que acudimos a la banca privada como saldo final después de haber tenido problemas de endeudamiento, porque después del endeudamiento anterior nosotros morimos en el Banco de la República y en las cooperativas. Esta Comisión recibió, hace pocos días, un proyecto -iniciado por nosotros- que trata de créditos a productores agrupados para, de alguna manera, atrapar a la banca cooperativa. Pero, hace diez minutos me llamaron para decirme que ese proyecto no se pone en marcha. Uno de los problemas que en estos momentos tiene la banca cooperativa no es la discusión de esto, sino el no pago por parte de los productores y de los consignatarios, lo que está creando dificultades y, por lo tanto, el proyecto no se puede poner en marcha.

Este es el mensaje que dejo y pido perdón -especialmente al señor Senador Gargano- por lo extenso de mi exposición.

SEÑOR SANABRIA.- Hago mías las expresiones del señor Senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Existen dos propuestas. Creo que tenemos que definirnos en ese terreno. Una de ellas fue planteada por los señores Senadores Nin Novoa y Gargano, que naturalmente acompaño, en el sentido de que se vote hoy este proyecto y siga su vida parlamentaria, en el bien entendido de que haya caminos de negociación. La otra, fue presentada por el señor Senador Pereyra y apoyada por el señor Senador Sanabria, cuyo contenido era darle un plazo al proyecto hasta el 22 de este mes. Estos son los caminos resolutivos que tenemos por delante. Por lo tanto, creo que a esta altura de la mañana corresponde votar el proyecto.

SEÑOR PEREYRA.- Creo que se debe entender que una prórroga inextendible hasta el día 22 no significa liquidar hoy el problema, sino transferir la votación para ese día. Es decir, esto no se termina acá.

SEÑOR GARGANO.- El señor Senador Pereyra sabe el respeto que tengo por sus opiniones, pero los hechos van a hablar más que las palabras o los compromisos que podamos pronunciar. Vamos a ver si el jueves esto queda solucionado. Creo que el mejor camino es el que hemos propuesto junto con el señor Senador Nin Novoa, porque asegura, de alguna forma, que tratemos el problema en el plano público, no sólo en la Comisión.

SEÑOR PEREYRA.- Si no hay soluciones mejores, entonces, que se vaya al Plenario.

SEÑOR SANABRIA.- Propongo que se vote.

SEÑOR NIN NOVOA.- Ante la afirmación del señor Senador Sanabria, no logro entender cuál es el régimen de exclusión que hay entre las dos propuestas. ¿Por qué una tiene necesariamente que excluir a la otra, si no son excluyentes? El proyecto se puede tratar en el Senado y eso no significa que la ley se sancione, ya que la instancia parlamentaria tiene otra oportunidad en la Cámara de Representantes. Entonces, se pueden hacer las dos cosas a la vez.

SEÑOR SANABRIA.- Con la voluntad política de centrar el tema en su justo término, creo que se está intentando hacer comprender que no sería bueno la señal política de que el proyecto siga avanzando. Esta es la primera decisión política que estamos asumiendo. A cambio de eso, ¿estamos planteando la solución definitiva del tema, la solución de fondo? Me pregunto, y se lo planteo al señor Senador Nin Novoa: ¿acaso no estamos de acuerdo con solucionar el problema definitivamente? ¿Solamente estamos de acuerdo con votar un proyecto de ley que suspende las ejecuciones? ¿O estamos buscando, como todos lo estamos diciendo acá, la solución definitiva? Hoy hay un planteo formal de una solución definitiva que muy bien recogía el propio autor del proyecto.

Desde el punto de vista parlamentario tenemos que decir la verdad: este proyecto podrá tener o no sanción a nivel del Senado o de la Cámara de Representantes y podrá eventualmente también ser vetado. Entonces, si vamos a las cuestiones parlamentarias, me quedo con ellas porque no se cierran. Estamos pidiendo diez días para analizar una solución de fondo del tema. En definitiva, estamos hablando de una solución similar al Banco de la República, similar a la banca gestionada. Si así no fuera, en diez días la Comisión queda en libertad de acción para recorrer los caminos que crea conveniente.

SEÑOR DE BOISMENU.- Creo que si este proyecto va a ser discutido en el Senado, si hace daño, el daño se hace. Y si se pone a votación tiene que aprobarse, así como también en la Cámara de Representantes. Es decir, si hago un negocio con cualquiera de ustedes y tengo dudas sobre su cumplimiento nunca más haré un negocio o arriesgaré uno a los precios que estamos hablando. Es tan sencillo como eso. Como ya dije, valoro la posición del señor Senador Pereyra por poner este tema encima de la mesa y tratar de que salga y no de que se quede en el medio del camino. Por lo tanto, esto en la discusión tiene que salir, si no el daño esta hecho, si es que se hace daño.

SEÑOR GARGANO.- Hubiera querido no hablar en toda la sesión porque vine a escuchar y a votar, pero quiero decir lo siguiente.

Punto número uno: reiteradamente el señor Senador Pereyra ha dicho que esto no es la solución definitiva, sino un parche. Punto número dos: los productores dicen que la otra solución, la del Banco de la República y la que nos está ofreciendo ahora el Ministro para la banca privada, no es tampoco una solución definitiva, o nos olvidamos lo que discutimos ayer o antes de ayer. Punto número tres: me hago cargo, responsablemente, de las repercusiones que pueda tener el tratamiento en el Senado o en otros ámbitos, porque creo que las propuestas que hemos formulado son buenas para el país, para la producción nacional y para la gente. En cambio, creo que los otros caminos son equivocados. Si el proyecto no tiene apoyo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes, saldrá fortalecida la posición del señor Ministro Bensión ante los organismos internacionales, porque el sistema político habrá dado el aval al Ministro. Entonces, para mí las cosas son meridianamente claras, no hay manera de confundirse. Además, creo que acá todos actúan con responsabilidad; no estoy acusando de irresponsable a nadie, sino que tenemos ópticas distintas y vemos las cosas de manera diferente. Así están las cosas en el Uruguay.

SEÑOR DE BOISMENU.- No me interprete mal.

SEÑOR GARGANO.- No, al contrario. Lo que digo es que la actitud de la coalición de Gobierno, desde el punto de vista de su concepción, es perfectamente comprensible.

SEÑOR PEREYRA.- Antes de votar, creo que debemos definir a quién vamos a encomendar la tarea, porque de otro modo dentro de diez días estaremos igual que hoy. Quiero saber cuál va a ser el mecanismo a emplear. Si dentro de diez días no hay atisbo de solución, habrá que votar. Lógicamente, voy a apoyar el proyecto que presenté porque no tendría sentido otra cosa; hasta sería una falta de ética.

SEÑOR SANABRIA.- Había propuesto vincular al Encuentro Progresista a la mesa de negociación. Sin embargo, teniendo en cuenta su posición, retiro la propuesta. De todos modos, los integrantes de la coalición de Gobierno seguramente en el día de mañana tendremos una reunión con el señor Ministro de Economía y Finanzas y con la dirección de los bancos privados. Eso permitirá que a nivel de la coalición -que en definitiva es la que va a postergar el tratamiento de este tema- haya una respuesta para el próximo jueves. En ese encuentro solicitaremos a los bancos el cese de las ejecuciones que, en última instancia, es también de lo que trata este proyecto de ley. Desde mi punto de vista, es más rápida la vía administrativa que la legal. Insisto, hay una voluntad expresada que, de confirmarse, hará que logremos el objetivo. Simultáneamente vendrá el camino de negociación.

Reconozco que por suerte, desde el punto de vista político, este proyecto ha habilitado un camino de tránsito hacia la solución para los productores, que en realidad están más allá de las cuestiones políticas vinculadas a esta Comisión o al mismo Parlamento. Creo, repito -y si me equivoco vendré el próximo jueves a reconocerlo- que estamos ante una posibilidad cierta de solución. Si así fuera, evidentemente la postergación de la votación estaría en la línea de la solicitud del señor Presidente de la República -que no está en el país- que no es poca cosa, como así también en la del señor Ministro de Economía y Finanzas en el sentido de la importancia de la señal que se debe dar al sistema financiero. Nadie desconoce las enormes dificultades que enfrenta la región y fundamentalmente la Argentina.

Sé fehacientemente -porque lo conozco- que la intención del señor Senador Pereyra apunta directamente a los productores. Tampoco olvidemos que como bien se ha dicho, este proyecto no implica una solución definitiva al problema. Entonces, si el jueves próximo podemos venir con un primer paso hacia una solución definitiva, evidentemente habremos tenido éxito en el planteo responsable, serio y sereno de la postergación hasta dentro de diez días de una votación. Si así no fuera, la Comisión, que es soberana, votará y seguirá adelante.

SEÑOR PEREYRA.- Si no entendí mal, se trataría simplemente de una postergación por diez días para tomar la decisión.

Por otro lado, sigo sosteniendo la vigencia de esta medida, salvo que aparezca una solución que contemple a los endeudados en la banca privada.

SEÑOR SANABRIA.- En esa línea estamos trabajando, señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Creo que todos los caminos que podamos agotar para buscar una solución -que sinceramente debo decir sería mejor que una ley- hay que recorrerlos. Recién se decía que esto sería un parche. Pues bien; pienso que sería una mejor solución si lográramos una mesa de diálogo para acercar a las partes y no lanzar directamente una ejecución que puede tener repercusiones mucho peores para los productores y para el país en general, tal como manifestó el señor Ministro. Además, en estos diez días no habrá ninguna ejecución. Insisto, estamos tratando de armar una mesa de diálogo para que las partes se pongan de acuerdo y ver si podemos solucionar el tema sin causar la problemática que evidentemente traería una ley de suspensión de ejecuciones. Si el autor del proyecto de ley acepta que se vote el jueves de la semana que viene, eso dará a algunos Senadores la posibilidad de movernos y, quizás, encontrar una mejor salida para todas las partes.

SEÑOR PRESIDENTE.- He escuchado atentamente todo lo que se ha dicho, y quisiera expresar muy sucintamente mi opinión.

Es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta instancia para encontrar un camino de negociación. ¿Dónde estamos parados? ¿Acaso quiere decir que si no hubiera existido esta instancia no habrían posibilidades de negociación? Sin lugar a dudas, esto no habla muy bien.

Por otro lado, debo decir que nunca he sentido tanta presión en este Parlamento; faltan los tanques en la calle. Se nos da una idea apocalíptica del "investment grade" y de lo que puede acontecer en el funcionamiento futuro del país, y uno lo tiene que aceptar como una realidad amarga, contemporánea, con todas las consecuencias que tiene. También se plantea un pedido del señor Presidente de la República a quien, a pesar de estar en la oposición, le tengo un enorme reconocimiento, más allá de su investidura, como persona, como viejo luchador.

Nosotros querríamos -y creo que debemos expresarnos con el voto- que se decidiera hoy, sin que ello implique cerrar el camino de la negociación, por aquello de "a Dios rogando y con el mazo dando" . En definitiva, la presencia de la picana demuestra que motiva caminos de negociación, que si hoy existen quiere decir que eran posibles. Si no hubiera estado esta picana, no pasaba nada. Personalmente, hubiéramos preferido profundizar la picana.

A esta altura no vale la pena discutir. Votemos hoy y si hay que hacerlo también el jueves, volvamos a votar. Si hay negociación y humo blanco, mejor.

SEÑOR RIESGO.- Deseo aclarar que las negociaciones no empiezan hoy por el hecho de que el Parlamento tenga a consideración este proyecto de ley. Me consta que hay muchos Legisladores que de hace varios meses vienen buscando una solución y dialogando en el tema. Me extraña que su sector, que siempre fue partidario de las mesas de diálogo para la discusión de todos los temas, no acepte la postergación de la votación de un proyecto de ley, a fin de permitirnos buscar una salida que posiblemente sea mejor que esta iniciativa.

Asimismo, debo decir que la presión la sentimos todos y que los tanques no van a venir; quédese tranquilo porque estamos hablando de otras épocas. Acá lo que pedimos es que nos permitan culminar determinados diálogos que algunos señores Legisladores están entablando con la banca privada para encontrar una solución. Al fin y al cabo, ustedes tanto critican que la coalición cuando es mayoría actúa como una aplanadora, y hoy que tienen la mayoría quieren convertirse en aplanadora. Además, si me dijeran que la semana que viene hay una, dos o tres ejecuciones pendientes que se van a realizar, quizás pensaría como el señor Presidente y estaría de acuerdo con que el tema se resolviera en el día de hoy. Pero lo cierto es que no hay ninguna ejecución para la semana que viene, y la espera de los diez días no cambia la cuestión. Al contrario; esta espera podría solucionar la situación de mejor manera que este proyecto de ley. Porque me pregunto: si no lográramos nada, votáramos el proyecto de ley y llegáramos al vencimiento del plazo de la ley -cuando se refiere a las ejecuciones- ¿vamos a establecer otra suspensión de ejecuciones?

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a responder al señor Senador con algo que pasó en este país. Una vez vino un Embajador poderoso, de una potencia, y le pidió a don Luis Batlle que mandara una presencia de soldados a Corea. Luis Batlle, como Presidente de la República, no quería decirle que no; entonces, lo mandó a hablar con el jefe de la oposición, porque sabía que le iba a contestar un disparate que él no quería decir.

Nosotros también tenemos que cumplir nuestro papel de oposición, porque ello es lo que puede determinar, lisa y llanamente que, de pronto, haya una salida. Esto también hay que entenderlo.

SEÑOR RIESGO.- Lo comprendo perfectamente; pero lo que no entiendo es por qué no nos permiten hacer gestiones hasta el jueves de la semana que viene, para ver si podemos encontrar una solución. Si no lo logramos, les diremos que tenían razón, que no era posible una solución, que iremos a Sala y que se hará lo que allí se decida.

SEÑOR PEREYRA.- Quisiera decir algo con respecto a las manifestaciones del señor Senador Gargano, quien sabe el respeto que siento por él.

Aquí siempre han estado los cinco votos; estuvieron el primer día, están hoy y van a estar el jueves. Es decir que mi voto está siempre, ya que sería una actitud demagógica de mi parte presentar el proyecto de ley y luego votar en contra. Pero lo cierto es que no se ha pedido el rechazo, sino una postergación, esgrimiendo argumentos que valoro relativamente, algunos de los cuales contesté en la exposición que realicé luego de que el señor Ministro hiciera uso de la palabra.

Reitero, entonces, que los votos han estado y siguen estando, y si aparece lo que hemos estado buscando, que es que la banca privada contemple la situación y haga un sacrificio menor que el de la banca pública -porque allí la deuda también es menor- estaríamos en un camino más próspero que una simple suspensión de ejecuciones. Quiero aclarar que si este último no es posible, el voto va a estar siempre para la suspensión de ejecuciones.

SEÑOR SANABRIA.- Propongo que se ponga a consideración la propuesta de postergar la votación de este proyecto de ley para el día jueves de la semana próxima.

SEÑOR NIN NOVOA.- Habría que votar las propuestas por su orden.

SEÑOR GARGANO.- Es lo mismo.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción que propone que se decida el tema en el día de hoy.

(Se vota:)

4 en 9. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de que se tome una decisión el jueves de la semana próxima.

(Se vota:)

5 en 9. Afirmativa.

Por lo tanto, la Comisión resolverá el tema el jueves de la semana que viene.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: consideramos que no ha habido presión por parte del Poder Ejecutivo, sino que se ha realizado un análisis objetivo, compartible o no, de la situación económica de la región. Pero realmente nunca había visto en una Comisión -y aclaro que ya llevo tres Legislaturas- una presión de la oposición para generar una votación, como la que pude observar en el día de hoy. Quería dejar esta constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 11 y 14 minutos)

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