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Con
respecto a profecías no escuchadas: el caso dramático de
Argentina
“Una estructura
económica, por más racional que sea, si se 1.
Introducción y motivación.
¿Qué explicación dar al hecho, seguramente desconcertante, de que Argentina –un país que hasta hace pocos decenios conoció uno de los niveles de vida mas elevados del mundo y que por su dotación de recursos, además de por su posición geográfica, parecía destinado a encaminarse en la dirección de un progreso imparable– haya precipitado en la situación que cotidianamente nos muestran los medios en estos últimos meses? Hace dos siglos y medio, en su Discurso sobre la verdadera finalidad de las letras y de las ciencias (1754), un manifiesto del iluminismo napolitano, Antonio Genovesi, a quién le habían asignado un año antes la cátedra universitaria (¡la primera en el mundo!) de economía, se preguntaba por qué Nápoles, no obstante estar bien poblada, bien ubicada respecto a las exigencias de los tráficos comerciales, bien dotada de intelectos y talentos, no fuera una “nación” desarrollada como las demás naciones del Norte de Europa. La respuesta que daba este economista notable, del cual se han perdido los rastros en nuestro país, era que Nápoles adolecía de un recurso particular: “el amor por el bien público”. Escribía: “El primer sostén, y el más grande, de las sociedades civilizadas, es el amor por el bien público, que puede preservar a las sociedades de la misma manera que las ha construido. Las sociedades donde el bien privado domina y predomina, donde ninguno de sus miembros se interesa por el amor del bien público, non sólo no pueden alcanzar riqueza y poder, sino que aunque logren alcanzarlos, son incapaces de mantener esa posición”. Y bien, la tesis que quiero defender en esta nota es que la decadencia de Argentina es explicable exactamente en esos mismos términos, o sea, por una falta realmente desproporcionada de acumulación de ese recurso inmaterial, que hoy se suele llamar capital social, y que corresponde justamente a la noción de “fe pública” de la que hablaba Genovesi. Además, no son seguramente ni el capital natural –Argentina tiene de todo: petróleo, mar rico, tierra fértil, recursos minerales– ni el capital humano –la población argentina es culturalmente homogénea, y sus niveles medios de instrucción son más bien avanzados– los que hablan de carencia. Lo que falta a este gran país son la confianza y la reciprocidad, sin las cuales ninguna economía de mercado puede funcionar y menos prosperar.
Lógicamente,
aceptar una tesis de este tipo genera consecuencias importantes en
el plano del actuar político y económico. Mostraré, por lo
tanto, que la gran parte de los análisis actuales del caso
argentino, a cargo de calificados estudiosos y de competentes
organismos financieros internacionales, dado que no logran
individualizar justamente el origen de los problemas de este país,
conducen a recetas que empeoran la enfermedad o bien a una
resignada aceptación de impotencia. Con respecto a esto, Rudi
Dornbusch ha admitido cándidamente: “Los economistas no saben
qué hacer para salir de esta situación. Es un círculo vicioso:
sin una consolidación no puede haber gobiernos estables; y sin un
gobierno estable no se puede obtener crédito exterior” (Il
Sole-24Ore, 9 de enero 2002, p.5). Haré alusión, al
concluir, a la circunstancia de que si la ciencia económica
quiere incidir en los
nuevos problemas que atormentan nuestras sociedades actuales, debe
superar el carácter fuertemente reduccionista, característica
que proviene de una concepción muy limitada, tanto del bienestar
personal como del bien público, y que es incapaz de admitir que
en el hombre haya sentimientos morales que van mas allá del
estrecho cálculo de los intereses personales. 2.
Sobre los factores causales de la crisis argentina.
Proponemos, sin pretensiones de que sean completos, algunos datos esquemáticos de la situación argentina, con la finalidad de encontrar los factores más significativos que son causa de la actual situación. Ilustraré sólo cuatro, por razones de brevedad. Con 37 millones de habitantes, un rédito pro-capite de 8.000 u$s por año, a tasas de cambio corrientes y de 12.000 u$s (casi igual a los 2/3 del rédito medio portugués) a tasas que reflejen paridad de poder adquisitivo; un sector de los servicios igual al 68% del PBN (o sea, en linea con los paises OCSE), Argentina no puede seguramente definirse, hoy, un país “pobre” en sentido técnico. No obstante, a partir de la última guerra mundial –cuando Argentina pertenecía todavía a los primeros siete países del mundo– hasta hoy, la tasa de inversión en este país ha sido demasiado baja, o de todas maneras más baja de lo que era necesario a las exigencias de acumulación del país. Todavía más baja la tasa de ahorro. De aquí surge la estrechez del capital accionario, por un lado; y por el otro, una deuda, primero interna y luego poco a poco externa, excesivamente amplia. Hoy (datos de septiembre de 2001), junto con una deuda pública de 164.000 millones de u$s (de la cual 141.000 millones son del Estado y 23.000 millones de las Provincias) se registra un endeudamiento privado que llega a 90.000 millones del u$s. Pero lo que más impresiona es la alta propensión del pueblo argentino a exportar sus capitales al exterior: se calcula que estos fondos lleguen a 130.000 millones de u$s, un nivel poco inferior al stock de la deuda pública. Esto es un signo tangible de la falta de confianza de los argentinos en sus posibilidades, que bien podrían ser notables. Es interesante al respecto la toma de posición del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Estanislao Karlic, cuando en la homilía pronunciada en Buenos Aires, el 6 de enero de 2002 afirmaba: “Hemos pecado mucho, robado mucho, mentido mucho. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos ayude a cambiar”. Un segundo elemento estructural de la situación argentina está representado por un vicio endémico de la clase política de este país: la insolvencia fiscal. No es verdad que, como muchos comentaristas han dicho en estos días, la introducción en 1991 del currency board, o sea la paridad del peso-dólar, ha provocado la inversión de la tendencia hacia la proliferación del deficit del balance. El hecho está en que, mientras antes del 91, la insolvencia fiscal era financiada por el Banco Central –lo que llevó a la hiperinflación y a la reforma cambiaria sucesiva–, después ha sido cubierta por préstamos externos en dólares, lo que posibilitó a los argentinos, por casi 10 años, vivir por encima de sus posibilidades reales y sin que ninguno de los grupos dirigentes demostrara la más mínima preocupación u objeción. Basta pensar en las consecuencias sobre el gasto público de las campañas electorales de Menem y De la Rua. En el transcurso de la segunda campaña electoral Menem prometía a la gente “el paraíso del pueblo”, ¡logrando incluso convencerlo! Una evidencia importante de esta especie de cupio dissolvi de la leadership argentina nos resulta de la consideración que sigue. Como todos saben, en régimen de currency board, la política monetaria puede limitarse a alcanzar el propio objetivo, o sea la defensa de la paridad, solamente si la política fiscal está orientada al mantenimiento del equilibrio del balance. En cambio en Argentina esto no ha sucedido: se conservó con testarudez la paridad, aún estando en presencia de un real descarrilamiento de la política fiscal por las razones ya mencionadas. Ahora bien, que los políticos, con fines exclusivamente electorales, puedan desafiar los cánones de la cordura económica más elemental, puede ser comprendido, pero no justificado. Pero que a una postura tal lleguen también estudiosos de economía, académicos o no, y sobre todo las instituciones internacionales encargadas del control, resulta todavía menos comprensible, a menos que se argumente una concepción cínica del trabajo técnico en economía, hoy desgraciadamente preponderante en no pocos ambientes. Un tercer rasgo característico de la cultura económica predominante en Argentina está representado por una excesiva obsesión por las alquimias financieras y una admiración exagerada por los magos de la ingeniería financiera. Alquimias y magos que, como todos debieran saber por la historia económica, nunca han hecho grande y próspero a un país. Al respecto, el caso del superministro de economía Domingo Cavallo es ejemplar. El 27 de marzo de 1991 hizo aprobar la famosa “ley de convertibilidad” que en poco tiempo puso término a una hiperinflación insostenible. Hasta 1998 siguieron llegando al país cuantiosas inversiones extranjeras, pero nadie se preocupó de que estas se usaran efectivamente para modificar la estructura productiva. El freno que se produjo a fin de 1998 es juzgado como temporáneo y por lo tanto, que no merecía ser tenido en cuenta. Los primeros meses de 1999 conocen el efecto dominó generado por las crisis internacionales que estallaron en Extremo Oriente. Como se sabe, Rusia y Brasil son los países más contagiados. Muy sabiamente, en febrero de 1999, Brasil devalúa el real pero Argentina, haciendo honor más a la primacía de la dimensión financiera de la economía, que al credo liberal, no desiste de la paridad. Esta decisión miope –que parece dar crédito a la “profecía” de Goethe, según en la cual, el dinero no circula porque tiene valor, sino que tiene valor porque circula– marca el comienzo de la ruina. Las fuertes interdependencias estructurales entre las economías brasileña y argentina son tales que los productos argentinos ya no logran entrar en los mercados brasileños. Al mismo tiempo, para agravar aún más la situación, el dólar es empujado hacia arriba, de manera que Argentina se encuentra importando de los Estados Unidos las consecuencias negativas de un dólar sobrevaluado, pero sin gozar de los beneficios. El derrumbe de la demanda interna, sobre todo en la componente de bienes duraderos, que se registra en todo el 2000, prepara el camino para el 2001 que es el año de la ruina verdadera. En marzo de 2001, es llamado de nuevo al Ministerio de Economía el mismo Cavallo, que hace aprobar el “plan de competitividad”. La cosa realmente paradójica es que, después de 3 años de recesión que habían conducido a la economía argentina a una real depresión, Cavallo no encuentra nada mejor que ocuparse de artilugios financieros (pueden verse las distintas propuestas de swap amigables para no tocar la confianza de los acreedores), para no tocar el tabú de la paridad, no obstante la haya reconocido insostenible. No obstante, desde la crisis de 1929 en adelante, ningún economista y ningún policy-maker había pensado jamás salir de una crisis seria aumentando los impuestos y reduciendo el gasto público. Sobre esto conviene dar la palabra a P.A.Samuelson, que hace poco ha declarado: “la decisión (paridad dólar-peso) dio a la Argentina un período de estabilidad bastante largo. Pero, mientras en los Estados Unidos la productividad aumentaba y el dólar se robustecía, la paridad con la moneda norteamericana hacía a los productos argentinos para nada competitivos. Habría sido ese el momento de retirarse y actuar en consecuencia, emulando la decisión tomada por Brasil. El ministro Cavallo ha llevado a su país a la terrible situación actual, aún dándose cuenta de la situación de crisis creciente y de corrupción difusa” (Avvenire, 5 de enero de 2002, p.6). Lógicamente sería demasiado superficial y consolador adosar todas las responsabilidades a un solo personaje, aunque sea muy influyente. El hecho está en que, como dijimos al comienzo, Argentina es un país en el que la carencia está sobre todo en la sociedad civil organizada. Cito una sola comparación empírica de las muchas que se podrían enumerar. En octubre de 2001, el Instituto demoscópico Gallup desarrolla una encuesta sobre la democracia, hecha pública en diciembre del mismo año. De aquí se deduce que: para el 63% de los argentinos, los derechos sociales (trabajo, educación, salud, asistencia) están antes de los derechos políticos; para el 57% la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; pero el 46% aceptaría un gobierno autoritario si éste fuera capaz de resolver el problema de la seguridad y el 49% incluso lo toleraría si demostrara que es capaz de resolver los problemas políticos del país! Cuando la libertad es puesta como una alternativa al bienestar material, esto significa que en ese país no existe la sociedad civil. Finalmente, hay que decir algo sobre el comportamiento de los organismos internacionales y en primer lugar del Fondo Monetario Internacional. Como se ha escrito a menudo en estos tiempos, el Fondo, luego del éxito sobre el frente de la estabilidad monetaria, obtenido gracias a la ley de convertibilidad del 1991, debería haber alentado a la Argentina a salir de esa regla férrea, como hicieron otros países en condiciones similares. Se hizo todo lo contrario: el Fondo siguió en todo el decenio de los ’90 alentando a la Argentina a seguir enganchada con el dólar, llegando a usar palabras aduladoras como: “el Gobierno de Buenos Aires es el mejor alumno del Fondo”. Los resultados se han visto: los recursos depositados en distintas cuotas por el FMI, hasta préstamos de 19.000 millones de dólares sólo en el 2001, han sido literalmente pulverizados y terminaron aumentando la deuda argentina. Para que no haya equívocos, conviene precisar que no estoy diciendo que la paridad no debería haberse lanzado en el 1991 para interrumpir el ciclo de déficit, populismo, inflación, dictaduras militares; ni se quiere desconocer el efecto positivo inicial de esta decisión sobre el crecimiento –que produjo un aumento medio del 5% en términos reales en el período 1991-99–. Lo que se cuestiona es por qué se siguió manteniendo la paridad en un contexto que daba signos evidentes de la perversidad de los efectos que derivaban de ella. Es sorprendente que tantos expertos, bien preparados, que ocupan sillones en oficinas de counselling del Fondo y del Gobierno de Buenos Aires, no se hayan dado cuenta nunca de que las disposiciones de política económica, como las de la paridad, son context-dependent: la misma receta puede dar efectos diametralmente opuestos según el contexto social e institucional al cual se aplican. ¿Puede un economista, en buena fe, decir que la validez de su propuesta es independiente del tipo de sociedad civil y del orden institucional del país donde va “a venderla” y creer luego que los resultados reales confirman los resultados de su modelo teórico? Creo realmente que no. Hay otro aspecto que conviene poner en evidencia. En noviembre de 2001, Anne Krueger, Vice directora del FMI y autorizada economista, ilustró públicamente su propuesta de instituir un procedimiento de quiebra internacional para los países en crisis financiera. Cito los puntos de la propuesta. Primero, los acreedores no deben obstaculizar las tratativas en curso promoviendo acciones judiciales en los países a los que pertenecen (célebre el caso del grupo Elliot contra Perú en 1997). Además los acreedores son alentados a ofrecer dinero fresco en cambio de un reconocimiento de un status privilegiado en relación con los viejos créditos. Segundo, los países deudores, aparte de comprometerse a poner en marcha políticas económicas apropiadas, deben negociar de buena fe, sin favorecer a ningún tipo de acreedor en especial. Tercero, los acuerdos de reestructuración de la deuda con los acreedores podrán ser alcanzados siguiendo la regla de la mayoría, sin necesidad por lo tanto de aplicar la regla, de por sí conservadora, de la unanimidad. Cuarto, el FMI es el sujeto llamado a juzgar si el país que se encuentra en dificultades merece o no la protección temporánea de los acreedores. Al mismo tiempo el Fondo se compromete e no intervenir en maxi-salvatajes, cuya única finalidad es recompensar a los acreedores internacionales que no merecen seguramente la ayuda de los organismos internacionales. (Hay que recordar que las elevadas tasas de interés en dólares que los acreedores recaudan antes del estallido de una crisis son siempre justificadas como formas de compensación del llamado riesgo país). Finalmente a los países que adopten ese procedimiento, el Fondo consentiría introducir controles cambiarios temporáneos –una novedad de no poco relieve si se considera la insistencia con la que el Fondo desde hace tiempo recomienda la liberalización total de los movimientos de capital. Como se puede ver, se trata de una propuesta dictada por el sentido común que, en ausencia de un legislador internacional, se propone como objetivo el evitar que, bajo la apariencia del llamado “respeto de los pactos”, se desconozcan a la parte débil de las partes que negocian los elementales derechos del hombre y de los pueblos, para favorecer intereses especulativos de los que detentan posiciones de hegemonía (ver al respecto el conocido documento de la Comisión Pontificia de Iustizia et Pax de 1986). Y bien, si un mecanismo de ese tipo hubiera estado funcionando sólo desde marzo de 2001, seguramente Argentina no se encontraría hoy afrontando una crisis de la cual para salir tendrá que pagar un precio muy elevado en términos de ocupación y sobre todo en calidad de vida. En cambio, como sabemos, la propuesta de Anne Krueger es todavía ferozmente cuestionada por los grandes acreedores privados, quienes tienen todo el interés de defender su moral hazard, es decir, no quedar involucrados por las soluciones de la crisis. Pero una institución como el Fondo no puede aceptar condicionamientos de ese tipo cuando está en juego el bien común global. El Fondo no puede auto-absolverse de toda responsabilidad invocando simplemente el hecho de que está obligado a moverse dentro de determinadas reglas de juego. Esas reglas, justamente, en buena parte son fijadas por el mismo Fondo, o mejor dicho, por los sujetos que ejercen sobre él el control político más influyente: los países del G7. E incluso, lo que el Fondo debiera haber aconsejado a la Argentina es que el camino del desarrollo pasa por el regionalismo y la integración de América Latina (Mercosur). Como la experiencia europea enseña, el camino del regionalismo permite a un grupo de países de “comunitarizar” la soberanía económica, que es algo muy distinto a abdicar la propia soberanía, como trajo por consecuencia la ley de convertibilidad. Atar la moneda de un país a la de otro tiene sentido, como justamente se ha verificado en el caso europeo, cuando las economías de los países están muy integradas entre si, o bien, son muy fácilmente integrables. Pero todos saben que las economías argentina y estadounidense tienen muy poco en común y, sobre todo, que el ciclo económico argentino es asincrónico en relación con los Estados Unidos. En cambio, como se lee en todos los diarios, es actitud constante del Fondo el alentar, bajo sugerencias del Tesoro norteamericano, un cierto enfriamiento de las relaciones entre la Argentina y el Mercosur. El efecto conjunto de los cuatro factores causales a que me he referido brevemente se puede resumir en pocas, pero dramáticas, cifras. Desde el 3 de enero de 2002, la Argentina se encuentra prácticamente en default, no habiendo pagado la cedula de 28 millones de u$s al 10% de un préstamo contraído con vencimiento en el 2007 y colocado en Italia en diciembre de 1996, por un importe de 600.000 millones de liras. Esto sucede después que K. Rogoff, jefe economista del FMI, decidió, al comienzo del año nuevo, negarle la cuota de 1.300 millones de u$s de un préstamo ya concedido. (La opinión con respecto a la escasa posibilidad de contagio de Argentina y, por lo tanto, la ausencia de una amenaza para la prosperidad de Estados Unidos y la Unión Europea había sido expresada en diciembre de 2001). Argentina se encuentra hoy con una deuda pública global de 164.000 millones de u$s, con 3.400.000 de jubilados, con 2.500.000 de desocupados sin subsidio alguno, con 8.000.000 de trabajadores con bajísimo poder adquisitivo a los que se agregan 3.000.000 de trabajadores precarios. El 44,2% de la población urbana vive bajo el umbral de la pobreza: el 9% más que el año pasado. En valores absolutos, esto significa que los pobres en sentido absoluto han pasado de 11.200.000, en el 2000, a 14.800.000 en el 2001. Creo que no hace falta recordar aquí lo que dichas cifras implican. Me urge hacer sólo una advertencia. Como está demostrado ampliamente, la mala nutrición, la subnutrición de los niños de edad inferior a los 12 años es la causa principal que obstaculiza la capacidad de aprendizaje (prescindiendo del tipo de educación escolar recibida) por lo que será la principal causa que determine la productividad del trabajo para todo el resto de la vida de esos niños. Hoy, el 40% de los niños de las familias pobres se encuentra exactamente en estas condiciones: se trata de la hipoteca más seria para el proceso de desarrollo futuro del país.
En el momento en que escribimos, no estamos en condiciones
de conocer ni de hacer conjeturas sobre los pasos que se darán
para reestructurar la deuda –la primera respuesta a la situación
argentina surgirá de la reunión de los ministros de finanzas del
G7 en Canadá los primeros días de febrero. Tampoco es posible
anticipar cómo será resuelto por las nuevas autoridades del
gobierno el principal problema de hoy, que es el de la distribución
de los costos de la devaluación en un contexto de fuertes
contrastes de intereses. De hecho, la “pesificación” del los
créditos bancarios hasta 100.000 u$s –la primera disposición
tomada hasta ahora– si bien ha ayudado a reducir el impacto
brutal de la devaluación del 96% de los deudores del sistema
financiero (familias y pequeñas empresas), ha agravado la situación
del 4% restante que, sin embargo, representan el 75% de los créditos
totales concedidos por los bancos a las empresas medianas y
grandes, entre las que se encuentran incluso multinacionales que
operan en el sector de utilities. Hay que tener presente que, después de la devaluación
(oficial del peso con respecto al dólar) del 40%, la deuda pública
ha aumentado del 53% del PBN al 76%, mientras el endeudamiento
privado pasó de un 32% a un 45%. Consideremos además el efecto
de desconfianza ligado al bloqueo de los depósitos: el ahorro que
aún en modesta escala se formaba, corre el riesgo de buscar otros
caminos respecto al circuito financiero oficial. Con lo cual el
sistema bancario, además de soportar el costo de la devaluación
(los créditos de los bancos han sido “pesificados”), será
incapaz de desarrollar su función primaria que es la de financiar
el sistema productivo. De la manera en que vengan repartidos los
costos de la devaluación entre asalariados, consumidores,
sociedades petroleras, empresas privadas y Estado, dependerán en
gran parte las posibilidades de reactivación del país. A
mediados de enero de 2002, la Fundación Mediterránea, un
prestigioso instituto de investigación de Buenos Aires, ha
difundido un estudio del que se deduce que el costo de la crisis
del 1994-95 para Méjico fue de 65.000 millones de u$s, igual al
25% del PBN. En Corea, los costos de la devaluación de octubre de
1997, fueron igual al 16% del PBN y en Indonesia fue casi el 40%
del PBN. Con esto quiero decir que el conflicto distributivo en
Argentina no estará exento de dolor y por lo tanto que el modo
con el que se resuelva la crisis dejará huellas profundas en el
destino del país. 3. La lección del caso argentino. ¿Cuáles son los mensajes que el caso argentino nos envía con fuerza y claridad? Hay que subrayar tres en particular. El primero es el que concierne a la necesidad de encontrar un acuerdo sobre la definición de sociedad civil que se quiera poner en el centro de una estrategia de progreso humano para un país como Argentina. En realidad, la sociedad civil de la que tanto se habla hoy, demasiado a menudo de manera retórica, corre el riesgo de ser identificada –reductivamente– con la existencia de un conjunto de asociaciones o de cuerpos sociales a los que se pide equilibrar la intromisión del Estado o la fuerza hegemónica de la cultura del mercado for profit. Pero la sociedad civil no puede ser un mero presupuesto para el correcto funcionamiento del Estado o para el eficiente funcionamiento del mercado. Una semejante concepción neo-funcionalista de la sociedad civil no puede satisfacer las exigencias de quien considera a la libertad –y no la sola eficiencia o la sola justicia distributiva– como el horizonte dentro del cual afrontar el discurso sobre los métodos de salida de la impasse actual de Argentina. Soy de la opinión de que la corriente de pensamiento liberal-democrática, a diferencia de la liberal-individualista, está en condiciones de sugerir el rol exacto que la sociedad civil está llamada a desarrollar. De acuerdo con esta corriente de pensamiento, el espacio de acción de la sociedad civil es el de la esfera pública, pero de una esfera pública netamente distinta de la estatal-política. De hecho, son dos los elementos constitutivos de la sociedad civil en la óptica liberal-democrática: el principio social y la orientación universal. Si actuara sólo el primer elemento, la sociedad civil no iría mas allá de la esfera privada. El principio social es esencialmente un principio de auto-organización que, porque es tal, no tiene la fuerza de traducir en la práctica la orientación hacia el respeto de los criterios universales. Hay que recordar que la socialidad, entendida como tendencia a vivir juntos, no es típica del ser humano, siendo ella característica también del animal. Por lo tanto lo que da validez pública –no estatal, bien entendido– a la sociedad civil, es el segundo elemento, el universalista. En una concepción de este tipo, la sociedad civil, como una de las dos partes constitutivas de la esfera pública –la otra parte está constituida por la sociedad política– contribuye no sólo a enriquecer la dinámica social, sino sobre todo a evitar la ocasión de dos riesgos peligrosos, opuestos entre sí por las consecuencias, pero similares por sus fundamentos. Por un lado el riesgo del esclusivismo social (el bien del individuo es visto en oposición o, al menos, de manera independiente del bien de los demás), y del otro, el del estatismo-totalista, con el estilo históricamente realizado por regímenes paternalistas de marca peronista en el periodo posterior a la segunda guerra mundial. Esta variedad de riesgos puede ser también presentada en términos de respuestas posibles a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de relación entendemos que debe subsistir entre la sociedad civil, el Estado (identificado con la esfera política) y el mercado? Que deba subsistir una cierta relación nos lo sugiere un hecho: si es verdad que la sociedad civil nace antes, en sentido lógico (y no necesariamente cronológico) del Estado y el mercado, es igualmente verdadero que la misma no se sostiene ni puede prosperar aislada, sin la participación de los otros dos pilares. Sabemos, y mucha literatura nos lo indica, que son dos las respuestas conceptualmente posibles. O la sociedad civil se organiza de manera autónoma: con el riesgo del individualismo social, un riesgo que el pensamiento liberal no llega a vislumbrar. O bien, el Estado y el mercado se estructuran de manera tal que anulan de hecho la sociedad civil, amenazando su autonomía: es el riesgo del estatismo-totalista. Como se sabe, en la Argentina es la última respuesta la que ha prevalecido hasta ahora, pero nada impide que para el futuro se pueda pensar que prevalezca una alternativa distinta. El desafío que se presenta es el de diseñar un recorrido de búsqueda y de acción que a su término muestre cómo ambos riesgos son evitados, si se quiere que la cohesión social no quede confinada al “cash nexus”. Desgraciadamente este último no es capaz de generar capital social que –como se ha expuesto– constituye el recurso realmente escaso en la Argentina de hoy. Escribió Arrow en un ensayo ya clásico: “Se puede plausiblemente sostener que gran parte del atraso del mundo pueda ser explicado por la falta de confianza recíproca”, o sea de capital social, básicamente. El segundo mensaje que nos llega es el de la necedad del pensamiento único del “one best way”, según el cual el único juicio de valor que el mercado puede dar es el de la eficiencia, o sea un juicio sobre la adaptación de los medios respecto de los fines de la máxima realización (posible) de los intereses de los que participan del juego del mercado. No es difícil darse cuenta cómo se ha llegado a esto. Si la única motivación que induce a los individuos a operar en el mercado es la búsqueda del interés personal, está claro que el único tipo de juicio que se puede dar sobre los resultados del mercado será si éstos son máximos respecto de los recursos disponibles al comienzo. No se puede atribuir al proceso del mercado otros fines, como por ejemplo el de la justicia económica. De este fin, el mercado no puede y, por lo tanto, no debe hacerse cargo. Existen ciertamente otros valores – reconocen los sostenedores de esa línea de pensamiento –con los que el mercado debe confrontarse, pero estos se dan por supuesto para que el mercado logre existir y pueda funcionar correctamente. Se reconoce que se trata de valores necesarios para el buen funcionamiento del mercado. Verdaderamente, sin libertad de crear empresas o sin libertad de entrar en relaciones de intercambio el mercado no podría existir. Al mismo tiempo, si los agentes económicos no respetan los compromisos pactados y las normas legales vigentes y, sobre todo, si no se instaura entre ellos una tupida red de relaciones de confianza, el mercado seguramente no puede operar. En ambos casos, no es del mercado la tarea de procurarlos, sino que es tarea más bien del Estado o de la compasión privada. Argumentando de esta manera, al pensamiento único del “one best way” no le pasa por la cabeza que los resultados que surjan del proceso del mercado puedan llegar a erosionar el cimiento de los valores sobre el cual el mercado mismo se apoya y sin el cual ninguna economía de mercado duraría más que una mañana. Por ejemplo, si los éxitos del mercado no satisfacen algunos criterios de justicia distributiva, ¿se puede pensar que los valores de honestidad y de confianza sigan siendo el soporte del mercado mismo? Con respecto a esto, escribía Agustín: “¿Qué es una comunidad de ciudadanos, sino una multitud de personas unidas por el vínculo de la concordia? En el Estado, lo que los músicos llaman armonía, es la concordia: la concordia cívica no puede existir sin la justicia” (Civ.Dei, 2, 21). En efecto, ¿por qué los agentes económicos deberían confiarse unos de otros y mantener compromisos tomados por contratos si existe la percepción o la conciencia de que el resultado del juego del mercado es manifiestamente injusto? Lo cierto es que la máxima extensión del área del mercado no acrecienta el bienestar para todos. No es verdad la metáfora que dice: “Una marea que sube levanta todos los barcos” –el llamado “trickle-down effect” (efecto de goteo)–. Como se sabe, esta metáfora es la preferida por la más reciente elaboración liberal-individualista según la cual, siendo la función de la prosperidad económica el bienestar de los ciudadanos, y estando dicha prosperidad ligada a la extensión de las relaciones del mercado, la verdadera prioridad de la acción política sería trabajar para que estén aseguradas las condiciones (fiscales, de la administración pública, óptima valuación de los derechos de propiedad, etc.) que favorezcan el pleno desarrollo de los mercados. Según esta óptica, el estado social, en cuanto redistribuidor de riqueza, al quedar fuera del mecanismo de producción de la misma (el estado social opera a través de los impuestos), actúa como gravamen del crecimiento económico, en mayor medida cuánto más voraz sea (generando efectos distorsivos en el mercado) y en cuánto sus instrumentos sean usados con fines políticos (alterando de tal manera la dialéctica democrática). Por eso la recomendación de que el sistema de welfare se ocupe solamente de aquellos que quedan al margen en la carrera del mercado. Los demás, los que logran quedar dentro del círculo virtuoso del crecimiento económico, se ocuparán por sí mismos de su tutela, recurriendo a múltiples sistemas de seguro social privado. Por qué es débil esta línea de argumentación? Por la simple razón de que la igualdad de oportunidades para todos es una condición que debiera valer para toda la vida de los sujetos y no solamente una tantum en el momento en el que entran en el juego económico. Dicho de otro modo, no basta asegurar la igualdad de oportunidades al comienzo de la carrera económica para garantizar a todos los ciudadanos el goce de condiciones efectivas de libertad. De hecho, la carrera del mercado es muy distinta de la carrera deportiva. En esta última, el más dotado o el mejor gana el premio, pero esto de ninguna manera le garantiza o le posibilita de partir en posiciones de ventaja en la competición siguiente: todos parten en las mismas condiciones en todos los momentos del juego. No es así en la carrera del mercado, donde el vencedor de la primera etapa del juego, queda en condiciones de modificar a su favor, por vía endógena, incluso las reglas del juego. (La historia económica es rica de ejemplo que lo demuestran: basta pensar a cómo se han formado a lo largo del tiempo los monopolios, los oligopolios). Y no sólo, la novedad realmente preocupante de la era de la new economy –la economía del conocimiento y de la información– es el surgimiento de una forma nueva de competencia, la posicional. Se trata de un tipo de competencia cuya característica central es que “quien gana toma todo, quien pierde, pierde todo”: el llamado “efecto superstar”, nombre dado por el economista norteamericano Shermin Rose. No se necesita mucho para comprender que no vale casi nada la igualdad instantánea o puntual de las oportunidades cuando uno se encuentra con fenómenos de competición posicional. Los resultados están a la vista de todos: jamás como en estos últimos 20 años se había registrado una explosión tan grande de desigualdades sociales, tanto horizontales (entre grupos sociales), como verticales (entre individuos), mientras la riqueza a nivel mundial ha ido aumentando con tasas antes nunca vistas. Esta es la gran paradoja del actual modelo de desarrollo: extraordinario crecimiento económico (o sea, sostenido aumento de riqueza) y progreso civil (o sea, ampliación de espacios de libertad de las personas) que no llegan a caminar a la par. Es fácil comprender que, en estas condiciones, al aumento de bienestar económico no corresponde para nada a un aumento de felicidad pública. De hecho, restringir e incluso anular la capacidad de participar del juego económico a quién, por una u otra razón, queda al margen del mercado, mientras no agrega nada a la capacidad de quién ha sido vencedor, produce sin duda un racionamiento de la libertad, lo que se transforma en deterioro de la felicidad. Una vez más la experiencia argentina representa un creíble banco de pruebas. Concluyendo, el tercer mensaje que el caso argentino nos obliga a tomar en seria consideración es lo que cuestiona, podríamos decir, el estatuto axiológico de la ciencia económica. No hay duda de que el reduccionismo de la ciencia económica, aún hoy imperante, carga con una cierta dosis de responsabilidad por los efectos perversos cuyas consecuencias recaen siempre sobre los segmentos débiles y marginados de las poblaciones de los países en vías de desarrollo o en transición, como es el caso de Argentina. Si fuera verdadero que toda búsqueda implica responsabilidades y riesgos, es también verdad que, en las ciencias sociales, éstos son en primer lugar morales y políticos. Ya no es posible creer hoy en la célebre distinción, de ascendencia positivista, entre análisis positivo y análisis normativo. Sabemos que las teorías económicas sobre el comportamiento humano, antes o después, poco o mucho, cambian al hombre; es decir que no son instrumentos neutrales de conocimiento, como algún seguidor del neopositivismo quisiera todavía hacer creer. Es necesario por eso vigilar y buscar caminos, que seguramente existen, para restituir la economía a la sociedad y a la vida. Se trata de comprender que hay una pluralidad de modelos de economía de mercado, cada uno en sintonía con las culturas particulares. Y por lo tanto la elección del modelo de mercado es una cuestión interesante y noble para la ciencia económica, mucho más que la búsqueda de condiciones de eficiencia de un modelo específico de mercado, que a su vez es expresión de una cierta cultura, a veces importada superficialmente del extranjero. Al final, una sugerencia es retomar la tradición de pensamiento típico de la escuela milanesa y napolitana del setecientos y comienzos del ochocientos, dejada de lado en el curso de los últimos dos siglos por la victoriosa tradición anglosajona: una tradición que veía lo económico y en particular al mercado, como un lugar de socialidad y de reciprocidad. Como todos sabemos, para la escuela de pensamiento rival es justamente lo contrario: la expansión continua de las relaciones de mercado conducirá, antes o después, a una situación en la cual los hombres podrán tener a disposición toda la confianza y la solidaridad que necesita. Eso es lo el filósofo de la economía Martin Hollis, en su “paradox of trust”, demostró justamente ser falso: “Cuanto más fuerte es el vínculo de la confianza, más sociedad puede progresar; cuanto más esa sociedad progresa, más sus miembros llegan a ser racionales y por lo tanto más instrumentales en el representarse entre ellos. Más instrumentales son, menos capaces se vuelven de dar y recibir confianza. Así es como el desarrollo erosiona el vínculo que lo hace posible, y del cual necesita continuamente”. La ciencia económica moderna tuvo su parte de responsabilidad contribuyendo a la legitimación de ciertas formas de neocolonialismo, ciertas prácticas de explotación y generando nuevas formas de pobreza. Pues bien, se trata de evitar que, en la actualidad, sean consumados nuevos delitos: que el estudio de la economía termine por destruir la esperanza en un cambio posible de la organización económica. Quizás a esto se refería J. M. Keynes cuando escribió: “los economistas no son los guardianes de la civilización, sino de la posibilidad de la civilización”. LA ONDA® DIGITAL |
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