Gota a gota:
De la erosión de las barreras
a la delincuencia empresarial
Russell Mokhiber y Robert Weissman (*)

El hundimiento de Enron es una historia demasiado rica como para reducirla a un único argumento. Un hilo crucial de la trama es cómo una serie de decisiones, aparentemente pequeñas y técnicas, compradas en Washington D.C. se combinaron en última instancia para permitir la implosión de Enron. Y cómo unas decisiones políticas recientes y en evolución están preparando el terreno para futuros desastres como el de Enron.

Consideren si no lo siguiente: En 1995, el poderoso lobby de las auditorías consiguió introducir en el Congreso la Ley de Reforma para Litigios sobre Títulos de Valores Privados. Gracias a esta ley de inmunidad para los auditores, ahora es mucho más difícil demandar a las empresas de auditoría por dar el visto bueno a una mala revisión económica, al haber suprimido un importante control sobre los auditores de Andersen y del resto de la industria.

Cuando las empresas de auditoría decidieron en los años 90 que querían deshacerse de su imagen aburrida y su sólida rentabilidad por la superrentabilidad de la prometedora élite hippy de las finanzas, surgieron conflictos de intereses entre la función de auditoría y el lucrativo negocio de la consultoría. Para obtener y conservar contratos de consultoría, las compañías como Andersen tienen un incentivo para ser indulgentes cuando auditan a empresas como Enron. El ex presidente de la Comisión del Mercado de Valores Arthur Levitt intentó prohibir por ley que una empresa trabajase como auditora y consultora para el mismo cliente. Pero el dinero de la industria de la auditoría se deshizo de su prudente propuesta, y el Congreso dejó claro que esperaba que no se aprobara esa prohibición legal.

Según el New York Times, en 1997, Enron obtuvo de la Comisión del Mercado de Valores una exención para cumplir una ley que habría impedido que las operaciones extranjeras de la compañía eliminaran el pasivo de sus libros y prohibido a sus ejecutivos invertir en sociedades afiliadas a la compañía. Si Enron no se las hubiera arreglado para conseguir esta exención, negociada para Enron por un ex consejero de la división de gestión de inversiones de la Comisión del Mercado de Valores, la empresa no habría podido intervenir en muchos de los chanchullos financieros que han desembocado en su hundimiento.

Gota a gota. Así, una serie de pequeños actos y omisiones reguladores y liberalizadores, de los que esto no es más que una pequeña muestra, han ido erosionando las barreras de orden público que debían impedir que Enron y Andersen cometiesen delitos y abusos.

Las revelaciones de Enron no han detenido este incesante goteo. A finales del pasado mes de diciembre, la Administración Bush derogó una norma que tenía muchas posibilidades de servir de elemento disuasorio para los delitos que cometen las empresas.

En ese minigolpe de Estado navideño, la Administración derogó una norma aplicable a los infractores de la ley que habría dado a las autoridades encargadas de conceder los contratos federales capacidad para negar contratos a las empresas infractoras reincidentes.

La norma de la responsabilidad del contratista se había promulgado tras un tortuoso proceso. El entonces vicepresidente Al Gore lanzó la idea en 1997. Una campaña concertada contra la propuesta hizo que la administración la mantuviera apartada hasta 1999, cuando la Casa Blanca de Clinton dictó formalmente unas normas aclaratorias para que entrara en vigor. Otra protesta de las empresas consiguió que volviera a quedar en suspenso. Por fin, la administración Clinton incluyó la norma contra los infractores en la pila de normas que promulgó en sus últimos días.

La norma entró en vigor el 19 de enero del 2001. La Administración Bush suspendió su aplicación el 20 de enero. El golpe de Estado navideño --su derogación-- fue el último capítulo de la derrota de la norma. La Cámara de Comercio, que había denigrado de forma espectacular la norma calificándola de "chantaje", aplaudió la derogación. En el descabellado panorama expuesto por Randel Johnson, vicepresidente de la Cámara para asuntos laborales y prestaciones para los trabajadores, con la norma antiinfractores, "los agentes del gobierno podían haber ejercido un poder casi ilimitado".

Aunque Johnson y los detractores de la norma antiinfractores dentro del mundo de los negocios exageraron mucho el posible ámbito de aplicación de la norma, lo cierto es que la orientación de sentido común de ésta de que los funcionarios encargados de los contratos gubernamentales debían ser cautos antes de contratar con empresas reincidentes habría tenido cierto efecto disuasorio para las empresas delincuentes.

Y la norma sí era una amenaza para más de una empresa. Multinational Monitor descubrió que nueve de las cien primeras empresas delincuentes de los años 90 estaban entre los 200 mayores contratistas del gobierno federal en 1998, y que de los 50 mayores contratistas de defensa y no defensa, 20 habían recibido más de 10 apercibimientos "graves" de la Administración de Higiene y Seguridad Laboral (OSHA). La Oficina General Contable, organismo de investigación del Congreso, ha descubierto que 261 contratistas federales que recibieron más de 38.000 millones de dólares del gobierno federal en el ejercicio fiscal de 1994, recibieron multas de al menos 15.000 dólares por vulnerar normas de la OSHA, y que 80 contratistas federales que recibieron más de 23.000 millones de dólares del gobierno federal en el ejercicio fiscal de 1993 habían vulnerado la Ley Nacional de Relaciones Laborales (véase ). Para algunas grandes empresas, la posibilidad de perder contratos con el gobierno habría sido suficiente para hacer que respetaran más la ley. Pero la preocupación de la administración por el orden público o la responsabilidad individual no se extiende, obviamente, a las empresas.

En algún momento en el futuro, cuando otra debacle empresarial como la de Enron salte a los titulares de la prensa, podremos volver la vista a diciembre del 2001 y señalar la revocación de la norma sobre la responsabilidad de los contratistas como uno de los factores que permitió la actuación de los delincuentes empresariales. Gota a gota. LA ONDA® DIGITAL

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999). (c) Russell Mokhiber y Robert Weissman (c) de la traducción, Berna Wang, 2002 Focus on the Corporation. EEUU, enero del 2002. Traducción Berna Wang

Contáctenos

Archivo

Números anteriores

Reportajes

Documentos

Recetas de Cocina

Marquesinas