Bush, Europa y la ley de la fuerza
por Mario Soares

La peregrinación de George W. Bush por cuatro países europeos, significativamente no fue a Madrid, donde hubiera sido recibido por el presidente en ejercicio de la Unión Europea, José María Aznar- pone en evidencia la ambigüedad de las relaciones entre América y la Unión Europea, como se pone de manifiesto en el caso de un socio que aparece como figura privilegiada, el ruso Vladimir Putin.

El objetivo americano es claro: hacer olvidar la guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos -el acero y los generosos subsidios a la agricultura americana (una política aún más proteccionista que la tan injusta PAC comunitaria)-, insistir en la "guerra contra el terrorismo" sin discutir no obstante sus métodos y finalidades, unilateralmente definidos por Estados Unidos; y dirigirse a los "grandes" de la UE, Alemania y Francia, por separado como de costumbre pasando por alto a la Unión y a sus órganos representativos. Todo ello subraya el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia con el intento de hacer de ésta un satélite y, por último, dando un salto a Italia, dar un empujoncito a esa organización de otros tiempos -la OTAN- a fin de transformarla en un brazo armado contra el terrorismo asociado y (¿quién lo diría?) para ayudar a los rusos...

Jacques Chirac habrá hecho bien en recordar en Sainte-Mère-Eglise la "necesidad de erradicar los flagelos que son terreno propicio para el desencadenamiento de las guerras y los odios". Y citó en tal ocasión, a continuación, algunos de estos flagelos que son, también, "la miseria, la opresión, los conflictos enquistados, el escándalo del sida, los atentados contra el patrimonio ecológico". Para concluir: "He aquí la razón por la cual, actualmente, nuestras armas se llaman también el progreso económico y la solidaridad internacional, la educación y la salud para todos, la afirmación del derecho internacional en todas partes y la elección en favor del diálogo" ("Le Monde", 29/V/2002).

A la retórica chiraquiana fue a sumarse posteriormente, aunque un tanto rebajada, la de su actual ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, al parecer más alineado según las tesis de Bush. Tuvo, sin embargo, un efecto similar al de las cuestiones suscitadas, días antes, por Gerhard Schröder en Berlín: el silencio imperturbable del presidente Bush cuya principal preocupación como sabemos reside en la guerra por todos los medios contra el terrorismo. Su preocupación resulta comprensible: el terrorismo -toda clase de terrorismo, incluido el de Estado- es intolerable, tratándose de sociedades abiertas y democráticas como son las occidentales. Sin embargo, de ahí no puede concluirse que todo, en esta "guerra", está permitido. Las represalias no pueden confundirse con la justicia. Ahora, además de las exigencias de la "guerra" figuran: la justicia, el derecho internacional y el derecho humanitario si queremos respetar los fundamentos del orden internacional que las Naciones Unidas y el sistema jurídico mundial han llegado, esforzadamente, a edificar desde 1945.

Ocurre que, al propio tiempo que se manifestaba esta ambigüedad en las relaciones entre América y Europa, Amnistía Internacional, que ha celebrado sus 41 años de existencia al servicio de la defensa de los derechos humanos, de los perseguidos y de los maltratados, dio a conocer su informe anual relativo al año 2001, que ya incorpora las reacciones en algunos países frente a los atentados terroristas sucedidos ese año. Irene Khan, actual secretaria general de Amnistía y que desempeñó una brillante trayectoria en el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señala en el prefacio del informe: "los derechos humanos no pueden ni deben sacrificarse en el altar de las exigencias de la seguridad". Y añade: "los derechos humanos avanzan a la par con la seguridad. Son, incluso, su fundamento. El mejor modo de proteger a las personas consiste en aplicar plenamente la ley". Porque los crímenes contra la humanidad (como califica a los atentados terroristas del 11 de septiembre) reclaman "justicia y no venganza".

Actualmente, lo cierto es que muchas dictaduras, y no sólo dictaduras (no vale la pena decir cuáles) intentan ahora utilizar el terrorismo para aplastar la oposición interna y los derechos de quienes se les oponen. Aún peor: algunas democracias respetadas -y Estados Unidos así como Gran Bretaña constituyen muestras de ello- intentarán recurrir a legislaciones excepcionales (por ejemplo, permitiendo detenciones sin acusación previa ni juicio, en el caso de extranjeros), lo cual crea un sistema penal paralelo, desprovisto de las garantías y derechos que poseen todos los acusados antes y después del juicio en su propio ordenamiento jurídico para sus ciudadanos. Esto significa que, incluso desde una perspectiva humanitaria y con relación a prisioneros presuntos terroristas, hay derechos y garantías procesales -cuya consecución representó más de un siglo- que se hallan en vías de ser postergados. Lo cual resulta muy preocupante y, por tanto, no debe ser ocultado.

En un mundo tan falto de normas, tan injusto y tan inseguro como el nuestro nos encontramos en vías de volver o de entrar por diversas razones -y sin prestar la atención debida a los principios éticos y jurídicos- en una senda que no augura nada bueno para toda aquella persona que desee un futuro de paz, de desarrollo sostenible y de diálogo intercultural, basado en la justicia y el derecho internacional. ¿Nos veremos condenados a regresar a la ley de la fuerza?

* MARIO SOARES, presidente de Portugal entre 1986 y 1996
Traducción: José María Puig de la Bellacasa

Publicado inicialmente en LA VANGUARDIA digital - 02/06/2002

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