IRP, transitoriedad
y doble discurso
por Héctor Acosta

La utilización extendida del Impuesto a las Retribuciones Personales a lo largo de veinte años, y el abusivo aumento de sus tasas, lejos de responder a “coyunturas circunstanciales adversas derivadas de la situación externa” como se insiste en justificar, obedece sin duda alguna, a una expresa y consciente estrategia impulsada por los encargados de la conducción económica del país,  avalada por los gobernantes de turno.

Desde su creación por la dictadura en 1992 – y a pesar de su recurrente presentación como una contribución patriótica y transitoria ante procesos de crisis - ha sido específicamente utilizado en su doble función de: fuente de recursos para desequilibrios fiscales, y como variable de recorte salarial y del consumo interno, “responsables de los procesos inflacionarios.”

Tomando el pasado gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, por ejemplo, tenemos que su ajuste fiscal de mayo de 1995, por el que se elevaban a tres las franjas de contribuyentes al impuesto, y se llevaban sus alícuotas hasta el 6%, fue presentado como la solución al “déficit fiscal heredado de la administración anterior” y para “ contrarrestar el efecto de la situación internacional, a partir de la crisis mexicana.”

Su vigencia sería transitoria y el art. 29 de la Ley 16.697 encomendaba al Poder Ejecutivo que “cuando la situación presupuestal lo permita, proponga prioritariamente al Poder Legislativo la disminución de las tasas del IRP.”

Se establecía además, la obligación del Poder Ejecutivo de “informar a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos antes del 31 de marzo de 1996.”

Al respecto, la Ley 17.736 de Presupuesto Nacional, en su art. 693 estableció la obligación del Poder Ejecutivo de incluir en el Proyecto de Rendición de Cuentas del Ejercicio 1995, la información correspondiente y,  “atendiendo a la situación presupuestal”, proponer ”las fechas posibles de reducción del aumento de las tasas del  IRP.”

Esta normativa sellaba el pacto alcanzado entre el Poder Ejecutivo y su socio de la coalición, Manos a la Obra, que votó el impuesto “solamente como una herramienta transitoria”, conforme anunciaba entonces su líder, el Dr. Alberto Volonté.

Pero, al tiempo que  asumía este compromiso de transitoriedad del IRP y en el mismo proyecto presupuestal, el doctor Sanguinetti desnudaba su intención de mantener el adicional creado por todo su período de gobierno, fijando una idéntica recaudación prevista de u$s 259,12 millones para cada año.

Revisando las disposiciones de la Ley 16.904, votada durante su administración,  encontramos además, que el doctor Sanguinetti ya preveía una nueva distribución de las franjas del impuesto, que comprendía una categoría para quienes percibieran más de 12 Salarios Mínimos  mensuales.

Asimismo, por el art.2 de esa ley, se desembarazó de la responsabilidad de “informar a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos” y quedó facultado para determinar por sí mismo la rebaja o supresión de las alícuotas del impuesto.

Al final de su mandato, la recaudación total del IRP, había superado ampliamente las previsiones y se ubicaba en u$s 350,1 para el año  1999, con una recaudación total de u$s 1.620,2 en el quinquenio.

Como puede apreciarse, nunca estuvo en la intención del doctor  Sanguinetti y de su equipo económico, considerar la transitoriedad del impuesto, a pesar de sus compromisos asumidos en tal sentido.

¿Y qué decir del actual gobierno del doctor  Batlle? 

En noviembre de 1999, suscribe un Compromiso de Gobierno con el Partido Nacional – su socio en la instancia del balotaje – comprometiéndose a la “reducción hasta la supresión definitiva de las sobretasas del IRP.” 

En el curso de la campaña electoral, afirmó ante las cámaras de televisión que “el Uruguay no necesita de ningún ajuste fiscal”, y que “el único que habla de ajuste fiscal es Vázquez.”

Se comprometió a rebajar y suprimir impuestos, y cuestionó severamente la propuesta de Impuesto a la Renta del Encuentro Progresista Frente Amplio, porque “representa la LIQUIDACIÓN DE LA CLASE MEDIA URUGUAYA.” “Con este impuesto, paga más el que tiene menos” y “lo pagarán 700.000 personas entre trabajadores, jubilados, profesionales, pequeños ahorristas y pequeños empresarios. Uno de cada tres jubilados se verá obligado a pagarlo.”

Pero mientras esto decía, su pensamiento volaba hacia otros horizontes.

Porque, al igual que su antecesor, desnuda sus reales intenciones en la instancia presupuestal, cuando fija una previsión de recaudación para el I.R.P. – que supuestamente iba a eliminar – de u$s 441,45 millones para el año 2004, con un total de u$s 2.092,9 millones para todo el período, o sea un incremento de más del 30% respecto de la recaudación efectiva del gobierno del doctor Sanguinetti. 

Y es así que, en mayo pasado, descarga su mazazo impositivo sobre trabajadores y jubilados, estableciendo nuevas franjas para el IRP, y elevando sus tasas hasta el 20% para los ingresos superiores. 

Por si alguna duda quedara de sus reales intenciones, su Ministro de Economía nos anuncia ahora que esta realidad habrá de mantenerse más allá del año 2003, expresamente fijado por ley como tope para su vigencia. 

Al igual que su antecesor, y en contradicción con su promocionado discurso electoral, tampoco el doctor Batlle consideró la posibilidad de “reducción hasta la supresión de las sobretasas del I.R.P.” 

¡Cuánta distancia entre lo que se dice y lo que se hace! ¡Cuánto de doble discurso! 

Más que promociones de “cantar la justa”, lo que la reclamada credibilidad política requiere, son actitudes claras y respetuosas, de frente a la ciudadanía.

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