El contrasentido de Washington y
la crisis en América del Sur
por Luiz Alberto Moniz Bandeira *

Al final de los años 80, considerada la "década perdida" para el desarrollo, la situación no sólo del Brasil sino de toda América Latina, se presentaba muy difícil y sombría. No se percibía una solución viable para el problema de la deuda externa, por lo que la falta de inversión debida a la creciente fuga de capitales tanto extranjeros como nacionales, se conjugaban ocasionando un estancamiento económico, en medio de un incontrolable proceso inflacionario. Esta crisis, que comenzaba a afectar seriamente los intereses de EE.UU. al reducir en América Latina la capacidad de importar y atender el servicio de la deuda externa, llevó al Institute for International Economics1, a promover una conferencia para la cual fueron invitados los economistas de ocho países latinoamericanos - Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia - con la finalidad de formular un diagnóstico y sugerir medidas de ajuste para su superación. En aquella oportunidad, el economista norteamericano John Williamson presentó un documento que contenía diez propuestas de reforma económica, sobre las cuales había un amplio consenso en Washington, tanto entre los miembros del Congreso y de la Administración, como entre los tecnócratas de las instituciones financieras internacionales, agencias económicas del Gobierno norteamericano, Federal Reserve Board y think tanks² . Las propuestas, tendientes a la estabilidad monetaria y al pleno restablecimiento de las leyes de mercado, consistían en:

1. Disciplina fiscal 2. Alteraciones en las prioridades del gasto público 3. Reforma tributaria 4. Tasas de interés positivas 5. Tasas de cambio de acuerdo con las leyes del mercado 6. Liberalización del comercio 7. Fin de las restricciones a las inversiones extranjeras 8. Privatización de las empresas estatales 9. Desregulación de las actividades económicas 10. Garantía de los derechos de propiedad³.

La adopción de tales medidas, como la privatización de las empresas estatales, la desregulación de la economía y la liberalización unilateral del comercio exterior, constituiría para los países de América Latina la condición fundamental para que pudiesen renegociar la deuda externa y recibir cualquier recurso de las agencias financieras internacionales. De este modo pasarían a depender siempre de financiamientos del BID o del BIRD para la ejecución de obras públicas teniendo que sujetar sus propias políticas económicas y decisiones de inversión a la fiscalización internacional, a través de condicionantes que amenazaban alcanzar por igual la política de defensa como la fijación de límites para los gastos militares. Al mismo tiempo, la liberalización del comercio exterior, promovida unilateralmente por los países latinoamericanos, permitiría que los EE.UU., sin privilegiar más los intereses del sector bancario en la cuestión de la deuda externa, atendiesen la presión de los exportadores norteamericanos y transformasen en superávit su déficit comercial con la región.

El recetario, celebrado como el Washington Consensus, se resumía en la recomendación de que el Estado se retirase de la economía, ya sea como empresario o como regulador de las transacciones domésticas e internacionales, con el fin de que toda América Latina se sometiese a las fuerzas del mercado, lo que viabilizaría a ultranza la formación del Area de Libre Comercio de las Américas (A.L.C.A.), de Canadá a Tierra de Fuego, tal como lo propuso el Presidente George Bush, con el lanzamiento en 1990 de The Enterprise for the Americas Initiative. Esta iniciativa, en el contexto de las dificultades para reducir el desequilibrio de su balanza comercial por medio de la apertura de otros mercados, posibilitaría a los EE.UU. a aumentar aún más las exportaciones de mercaderías para los países de América Latina sin la necesidad de negociar con sus gobiernos y hacer otras concesiones, dado que con la hegemonía sobre el ALCA obtendrían el máximo de libertad para la movilización de bienes y factores de producción (excepto fuerza laboral), restringiendo el acceso a su propio mercado interno, cuando le conviniera, bajo los más variados pretextos, como competencia desleal, riesgos sanitarios, seguridad nacional, etc4. También podrían con mayor facilidad enfrentar a la Unión Europea, cuyo mercado común se cerrara, de la misma forma que con Japón, y también compensar su déficit comercial con otras regiones. La estabilización monetaria y la retomada del crecimiento económico en América Latina, se tornaban sin duda necesarias como consecuencia de tales objetivos.

Esas medidas, consolidadas en el Washington Consensus, no eran nuevas. Eran liberales, ortodoxas, similares a las que fueron emprendidas por los gobiernos militares, sobretodo en Argentina, Uruguay y Chile. Pero, a fines de la década de los 90', la situación en América del Sur parecía aún más difícil y sombría que a fines de los años 80. En la Argentina, durante su primer mandato como presidente, Carlos Menem (1989 - 2000), consiguió controlar la inflación y promover cierto crecimiento económico, gracias al cambio ligado al dólar (currency board) y al ingreso de recursos externos, posibilitado por la privatización de las empresas estatales y la brutal desnacionalización de la economía. Al final de su gobierno, sin embargo, la situación financiera de la Argentina ya se tornaba extremadamente crítica. Con una deuda externa del orden de u$s144,6 billones que equivalía aproximadamente a un 50% de su PBI, estimado en u$s271,9 billones5 (1998), llegó en el año 1999 con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, del orden de u$s12,5 billones, y un déficit en la balanza comercial del orden de los u$s2,17 billones, mientras que el superávit en el comercio intraregional fue del orden de los u$s2,45 billones6. El rápido y progresivo agravamiento de los "déficits gemelos" - el déficit en las cuentas externas (balanza comercial y de servicios) y el déficit en las cuentas internas del gobierno - que tenían que ser obligatoriamente cubiertos por importaciones de capital, comenzó a generar desconfianza en los inversores, tanto argentinos como extranjeros, llevándolos a suspender las inversiones directas, en portafolio o préstamos.

Y, en tales circunstancias, la expectativa de un default en los pagos externos, o sea, que la Argentina dejase de cumplir sus compromisos (deuda: amortización y/o intereses) - se tornó real, desde 1998, lo que profundizó la desconfianza y estableció un círculo vicioso de la especulación internacional, sobretodo después de la crisis que alcanzó al Brasil a comienzos de 1999. En 1998, Argentina negoció un acuerdo con el FMI, de modo que le permitiese reducir el déficit fiscal, pero la prolongada recesión en 1999 impidió el cumplimiento de la meta establecida. De esta manera, al suceder a Menem en la jefatura de gobierno, Fernando de la Rúa tuvo que promover un aumento de impuestos y cortes presupuestarios, tendiendo a reducir el déficit fiscal, que alcanzó el 2,5% del PBI en 1999, y recibió del FMI un préstamo stand by del orden de los u$s7,4 billones para evitar el agravamiento de la crisis.

Pero la sobrevalorización del peso, anclado al dólar por la Ley de Convertibilidad, tornó muy caras las exportaciones de la Argentina, dificultando el equilibrio y, aún más, un superávit en la balanza comercial, a pesar de que fuese el país que más se había beneficiado hasta entonces con la implantación del Mercosur, el único que pudo obtener un saldo positivo en la balanza comercial con todos los socios, desde el establecimiento de la unión aduanera. Entre 1995 y 2000 (9 meses) la Argentina acumuló en su balanza comercial un superávit de u$s5,1 billones con el Brasil, de u$s1,7 billones con Paraguay y de u$s2,2 billones con Uruguay, totalizando un saldo positivo acumulado de cerca de u$s10 billones en el período de esos cinco años7, mientras el déficit en el intercambio con los EE.UU. totalizó u$s16,6 billones, mayor que el total del saldo negativo de balanza comercial acumulado en el mismo período, del orden de u$s11,1 billones8. La crisis financiera internacional, que comenzó en Asia en 1997, alcanzó a Rusia en 1998, al Brasil en 1999, agravó los problemas estructurales de la Argentina, detonando las luchas sociales y acarreando la inestabilidad política, con la caída del gobierno del presidente Fernando de la Rúa el 22 de diciembre de 2002. A la Argentina alternativa no le quedó sino el default, ej: la suspensión del pago de la deuda externa que trepó de u$s132 billones a u$s141 billones a comienzos de 2002.

La situación económica y financiera, a fines de los años 90, se tornó igualmente crítica en Brasil, a pesar de haber construido uno de los diez parques industriales más grandes del mundo, eficiente en promedio, y diversificado sus exportaciones compuestas en más de un 50% en manufacturas, productos de tecnología avanzada que suplantaron el azúcar, café, cacao y otras commodities, con escasa elaboración. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, mediante el Plan Real, consiguió bajar la inflación a un dígito anual, pero no de forma rápida para evitar una sustancial suba de la tasa de cambio real durante la etapa de transición, lo que tornó más caros los productos brasileños en términos internacionales, contribuyendo a la formación, junto con la rebaja de sus tarifas aduaneras y las barreras no arancelarias mantenidas por los EE.UU., de enormes saldos negativos. El Brasil, cuyo superávit comercial fue el tercero del mundo en los años 80 (aunque estaba muy por debajo de Japón y de Alemania), pasó a acumular en la balanza comercial saldos negativos que, entre 1996 y 2000, alcanzaron el monto de u$s 38,1 billones, al tiempo que su deuda externa aumentó cerca del 100%, saltando de u$s123,4 billones en 1990 a u$s236 billones en 2000. Y ese endeudamiento sumado a la pérdida de competitividad y al desequilibrio de la balanza comercial, produjeron un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que, en 1999, representó cerca del 60% de las exportaciones, debilitando la confianza de los inversores, después de la crisis asiática en 1997 y de la moratoria de Rusia en 1998. El ataque especulativo que, en enero de 1999 desvalorizó el real y acarreó la pérdida de 2/3 de las reservas internacionales en el transcurso de pocos meses, desgastó profundamente el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, enseguida del inicio de su segundo mandato (1999 - 2003), aunque el hubiese promovido un ajuste económico que redujese el déficit fiscal de mas del 10% del PBI en 1999, para el 4% en 2000. Con un PBI del orden de u$s1 trillón (calculado por la paridad del poder de compra9), superior al de Méjico (u$s865,5 billones en 199910) y de Canadá (u$s72,3 billones), casi dos veces mayor que el de Rusia (u$s620,3 billones) y casi tan grande como el de Francia (u$s1,3 trillones), Gran Bretaña (u$s1,3 trillones) e Italia (u$s1,2 trillones)11, continuaba, no obstante, siendo uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la renta, en el que la indigencia y la pobreza de amplias capas sociales coexistían con la ostentación de la riqueza y el consumo superfluo de algunos pocos.

Todos los demás países de América del Sur se enfrentaban igualmente, en mayor o menor grado, a una situación similar en la misma época. Con una población de 3,3 millones, el Uruguay prácticamente no se desarrolló.

El PBI, que subiera de u$s 1,9 billones en 1997 a u$s 2,0 billones en 1998, cayó a u$s 1,9 billones en 1999. El déficit de la balanza de pagos del orden de los u$s 580 millones subió a u$s 605 millones en 2000, por debajo del saldo negativo acumulado en el intercambio con los EE.UU. que alcanzó u$s1,4 billones entre 1995 y 200012. En el Paraguay la economía estancada desde el término de la construcción de Itaipu (1982), entró en franca recesión.

A partir de 1996, el PBI cayó 0,6% en 1998 y 0,1 en 1999 y los problemas sociales se agravaron. El agudizamiento de la exclusión social, la extrema pobreza alcanzando por lo menos 1/3 de los campesinos, el aumento del desempleo, saltando de 6% en 1995 a 15% en 1999 y el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias, contribuían cada vez más a una convulsión social. Y el 5 de junio de 2002, cuando cerca de 3000 campesinos marcharon sobre Asunción, el presidente Luis González Macchi, sometido a proceso frente a la amenaza de huelga general por 30 días, cedió y derogó la ley 1615 que autorizaba la privatización de la compañía telefónica Copasco, la empresa de agua potable Essap y la ferroviaria estatal. Ocho días después, el 14 de junio, la agitación recrudeció en el Perú, donde el pueblo se levantó contra las privatizaciones de las empresas eléctricas Egasa y Egesur, programadas por el presidente Alejandro Toledo, y la protesta paralizó varios departamentos, sobretodo las ciudades de Arequipa (la segunda del país) y Cuzco, extendiéndose hasta la Puna, frontera con Bolivia y Tacna, vecina de Chile.

La situación económico-social de Chile, presentado como ejemplo del neoliberalismo que implantó el dictador Augusto Pinochet (1973 - 1989), en medio de una brutal y sangrienta dictadura, no era muy diferente de la que se configuraba en los demás países de la región. Con una población de 15,3 millones de habitantes y un PBI del orden de $153.1 billones (2000 estimados por la paridad del poder de compra) o u$s77,0 billones (1999, según el método usado en la ALADI), su deuda externa se duplicó en los años 90, saltando de u$s18,5 billones (1990) a u$s39 billones (2000), 9% de su fuerza laboral estaba desempleada en diciembre de 2000, casi un millón de personas vivían por debajo del límite de pobreza y cerca de 700.000 familias estaban endeudadas, como casi toda la clase media13. También en Bolivia, a pesar de que su economía creció a una tasa media de 3,9% entre 1990 y 1998 y la inflación de 7.000% en 1985 a 3% en 1999, la estabilidad económica a lo largo de 15 años no contribuyó para disminuir los índices de pobreza en la que vivía más de la mitad de la población boliviana (63%), especialmente de origen indígena, conforme el propio presidente Hugo Banzer se lamentó, en el inicio de 2000,. El deterioro de las condiciones de vida se aceleró desde 1985 y, durante los 15 años en que Bolivia se presentó como modelo de libre mercado, afectó principalmente a los campesinos y redujo la miseria más del 80% de la población del área rural. La cuestión agraria, que la revolución de 1952 buscó equilibrar mediante la repartición de los latifundios y la distribución de tierras para los trabajadores rurales14, se tornó de nuevo un factor grave de tensiones sociales y de que irrumpieran los conflictos sociales.

El aumento de las tarifas de agua en la ciudad de Cochabamba, como consecuencia del contrato con una empresa extranjera, desencadenó el 7 y 8 de abril de 2000 en un levantamiento popular que se extendió a los productores de coca, en la región de Chapare y a otros campesinos y trabajadores en diferentes ciudades. La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) inició entonces el bloqueo de las rutas y, ante la amenaza de convulsión social (donde no sólo los campesinos, sino hasta estudiantes y policías reclamaban mejora en las condiciones de vida15), el presidente Hugo Banzer decretó el estado de sitio por 90 días, intensificando la represión que tuvo como resultado la muerte de seis personas, 74 heridos y 92 presos. La agitación prosiguió por varios días y, el 20 de abril, Banzer levantó el estado de sitio, luego de firmar convenios con los campesinos, con la intermediación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, además de prometer la reactivación de la economía y pedir perdón por los pobres que un sistema social excluyente y discriminatorio producía. Las tensiones, sin embargo, volvieron a agravarse meses después, cuando se anunció la construcción de tres bases militares en la región de Chapare, con el apoyo de los EE.UU. en el marco de la lucha antidrogas y otras manifestaciones de protesta eclosionaron, ocasionando el bloqueo de rutas y violentos choques entre tropas del ejército y campesinos que se oponían a la erradicación de los cultivos de coca y a la Ley de Aguas por impedir el funcionamiento de las redes a su cargo. La renuncia de Banzer apareció como la única salida para apaciguar el país16.

Ecuador, otro laboratorio para la experiencia de políticas neoliberales, se tornó aún más difícil que el de Bolivia. En marzo de 1999, al profundizarse la crisis económica y social, el presidente Jamil Mahuad pretendió la clausura del Congreso (como lo hiciera el presidente Alberto Fujimori en Perú) y sólo no consumó su intención, por que el embajador norteamericano Leslie Alexander le advirtió que Washington se opondría a cualquier ruptura del orden democrático17. El propio Bill Clinton lo exhortó, vía carta, a "mantener el compromiso inquebrantable de Ecuador con la democracia", prometiendo apoyar al Ecuador en sus negociaciones con el FMI. Sin embargo, cuatro meses después el 5 de julio de 1999, Mahuad decretó el estado de emergencia y movilizó a las fuerzas armadas para reprimir la agitación social (huelgas, bloqueos de las principales rutas) desencadenada por el aumento del 13% en el precio de los combustibles. Esa ola de protestas, promovida inicialmente por los sindicatos de transporte público, incrementó su volumen con la adhesión de los productores de banana, principal producto de exportación del país, y el cierre de rutas, acompañado por la paralización de las emisoras de radio y televisión, ocasionó la paralización del comercio y la industria, así como el desabastecimiento de las ciudades. Al presidente Jamil Mahuad no le quedó alternativa sino derogar el aumento de precios de los combustibles18.

Pero la inquietud social no cesó. Cerca de 10.000 indígenas descendieron de la sierra y marcharon sobre la ciudad de Quito, reclamando mayor asistencia a la salud y a la educación para sus comunidades. Y los conflictos sociales recrudecieron, en la medida en que la economía de ecuador (donde también cerca del 70% de la población vivía en la pobreza extrema19) cada vez de deterioraba más, habiendo caído su PBI desde el orden de los u$s192 billones en 1998 a cerca del 12% en 1999, en medio de una inflación del 60,7%,la más alta de los años 9020. El 6 de enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad, que pretendía promover la dolarización de la economía asesorado por economistas argentinos (entre los cuales estaba Domingo Cavallo21), decretó otra vez el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales, y movilizó al ejército para controlar el orden frente a las sucesivas manifestaciones de protesta en las que los sindicatos, los partidos políticos de oposición y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), bajo la dirección de Antonio Vargas, exigían su renuncia. Pocos días después, el 10 de enero, el Banco Central de Ecuador aprobó el plan de dolarización y el día 15 Mahuad se presentó al Congreso para defender las leyes necesarias para su implementación y vigencia. Pero el estado de emergencia no puede impedir que la insurrección de los indígenas (4,2 millones en una población de 12 millones) recrudeciese, con la adhesión de los sindicatos y partidos políticos, que exigían la renuncia de Mahuad, de los diputados y miembros del Poder Judicial. Y, el 21 de enero, un grupo de coroneles levantó al ejército en apoyo a las comunidades indígenas y Mahuad, informado de que no tenía más condiciones de seguridad en el Palacio de Carondelet, se refugió en una base militar luego de declarar que no renunciaría. Los indígenas y los militares ocuparon los edificios públicos, las sedes de los tres poderes en Quito y Antonio Vargas proclamó la disolución del Congreso, así como de la Suprema Corte, anunció la remoción de Mahuad de la presidencia del Ecuador y la formación de un parlamento popular. Poco más tarde, se constituyó una Junta de Salvación Nacional que fue, mientras tanto, disuelta luego de las intensas negociaciones con la intervención de los EE.UU., permitiendo que el Congreso el 22 de enero, se reuniese en Guayaquil y reconociese al vicepresidente Gustavo Noboa, como sucesor constitucional de Mahuad. Noboa, al asumir el gobierno, trató de promover las privatizaciones de la electricidad a los bancos, y, en marzo de 2000, tornó al dólar la moneda nacional de Ecuador, convertido en "nueva Panamá", país que hacía años había adoptado el dólar como moneda corriente y era considerado como de facto el estado norteamericano número 5122.

Con todo, en declaraciones frente al Caucus on International Narcotics Control del senado norteamericano, el general Charles E. Wilhelm comandante en jefe del Southern Command de los EE.UU., reconoció que en el Ecuador como en otras naciones situadas en su área de responsabilidad en América del Sur, "la democracia y las reformas de libre comercio no están dando resultados tangibles para el pueblo". Muchas naciones estaban peor económicamente que antes de la restauración de la democracia, de acuerdo a sus afirmaciones, preguntando: "Puede la democracia sobrevivir sin un sistema económico que produzca servicios y subsistencia adecuada para la mayoría de sus ciudadanos?"23. De hecho, la situación no mejoró en Ecuador, cuyas reservas monetarias continuaron débiles e inestables una vez que las importaciones crecieron sin que hubiese un correspondiente aumento de las exportaciones y la balanza comercial se tornó negativa, agravando el déficit de la balanza de pagos y llevando al país a una anarquía monetaria como consecuencia de la dura problemática de la dolarización y del desorden presupuestario.

La dolarización de la economía no resolvió sino que agravó sus problemas24. Y los indígenas, en febrero de 2002, anunciaron que realizarían nuevas manifestaciones de masa en Quito, contra las privatizaciones promovidas por el gobierno de Gustavo Noboa y a fin de protestar contra el no cumplimiento del acuerdo que puso fin al levantamiento a comienzos de 200125.

Venezuela, por su parte, se precipitó a una crisis económica, social y política desde 1989, cuando apenas unos días después de la asunción de Carlos Andrés Pérez de la Acción Democrática a la presidencia de Venezuela, el pueblo salió a las calles para expresar su repudio al paquete económico, un duro plan de ajuste dentro de los modelos exigidos por el FMI que él pretendió aplicar. La violenta serie de disturbios y saqueos culminó con casi 300 muertos y un ambiente de descontento recrudeció de tal manera que llevó al teniente coronel Hugo Chávez, comandando cerca de 300 efectivos, a intentar un golpe de Estado el 3 de febrero de 1992. El golpe fracasó, pero Chávez se hizo tan popular que fue electo legal y legítimamente presidente de Venezuela en 1998, al frente del Movimiento V República (MVR), con la promesa de promover "una revolución pacífica y democrática". Chávez, sin embargo, no tuvo condiciones de contener la crisis económica y social, a pesar de que Venezuela fuese, junto con Ecuador, uno de los dos únicos países de América del Sur que tenían (en la segunda mitad de los 90') saldo positivo en su balanza comercial debido a las exportaciones de petróleo a los EE.UU. La fuga de capitales y los perjuicios, valorados entre u$s15 y u$s20 billones, causados por las crecientes y derrumbes que ocurrieron a fines de 1999, deterioraron la situación en Venezuela que se tornó bastante inestable a fines de 2001 y contribuyeron a desestabilizar el gobierno. Y, dada la sobrevalorización de la moneda venezolana - el Bolívar, Hugo Chávez no tuvo alternativa sino liberar el cambio a inicios de 2002, abandonando el sistema de bandas a fin de detener la sangría en las reservas internacionales que cayeron de u$s16,1 billones de dólares en enero de 2001 a u$s12,2 billones en diciembre, la mayor caída en una década, lo que redujo las reservas del Banco Central en 23,7%. Cerca de u$s700 millones se evadieron de Venezuela solamente en la primera semana de febrero de 2002. La reducción de las reservas internacionales, acompañada por la caída de los precios del petróleo, le dejó poco espacio de maniobra. Y, en medio de su peor crisis política, Hugo Chávez tuvo que hacer una revisión completa en el presupuesto de u$s34,34 billones, con la reducción de gastos de un 7% y el corte de deudas del gobierno por la mitad, un ajuste económico tan fuerte que derrumbó abruptamente el valor del Bolívar (19% con relación al dólar) y transformó el centro de Caracas en un escenario similar al de Buenos Aires, donde las manifestaciones de masa (cacerolazos) derrumbaron al gobierno de la dupla Fernando de la Rua-Domingo Cavallo (19/21.12.2001). Desde el 11 al 12 de abril, después de esos acontecimientos, los generales José Vicente Rangel (Ministro de Defensa), Manuel Rosendo (Jefe de Seguridad del Palacio Miraflores) y Lucas Rincón Romero (Jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela), prendieron a Chávez y anunciaron que él renunciaría a la presidencia de la República. Pedro Carmona Estanca, presidente de la Fedecámaras, entidad empresarial, asumió el gobierno de Venezuela, pero el golpe de Estado, estimulado por los EE.UU., fracasó en virtud de la oposición popular y del repudio de los demás países de América del Sur.

En Colombia, sumergida en una cruenta guerra civil hace más de 40 años, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y del Ejército del Pueblo (EP), controlaban desde 1997, por lo menos más de 622 de las 1.071 municipalidades, o sea, casi la mitad del territorio nacional. La escalada de violencia en el interior, promovida por los para-militares, las FARC-EP y el ejército, obligó a más de 700.000 personas a abandonar sus hogares en los últimos años, elevando a más de 1,5 millones el total de refugiados, número muy superior al de los albaneses étnicos, que huyeron de Kosovo y el tercero del mundo, después de los refugiados de Sudán y de Angola. Legiones de campesinos - entre los cuales casi 1 millón de mujeres y niños - empobrecidos, formaron cinturones de miseria en torno a Bogotá y otras grandes ciudades, al tiempo que Colombia, en 1998, se debatía en la peor recesión de su historia que redujo su PBI del orden de u$s98,0 billones en 1998 a u$s84,2 en 1999 y u$s84,8 billones en 2001. Su deuda externa, del orden de u$s17,8 billones en 1990, saltó para u$s38,9 billones a comienzos de 2002, lo que representaba casi el 50% de su PBI, aunque hubiese alcanzado (en el mismo año) un monto de u$s89,6 billones. Y la perspectiva era de las más sombrías, debido al fracaso del proceso de paz, a la creciente intervención militar de los EE.UU. y al hecho de que Alvaro Uribe, enseguida de asumir la presidencia, decretó (agosto de 2002) el estado de excepción a fin de detener la violencia y anunció un plan para reclutar un millón de civiles como informantes del ejército, medidas que podían implicar amenaza a los derechos humanos, restricción de la oposición política y el establecimiento de un estado totalitario en Colombia.

Esa crisis, que a fines de los años 90 avasallaba a todos los países de América del Sur, no comenzó, ciertamente, con la ejecución del programa neoliberal del Consenso de Washington. Existía con anterioridad. Pero las condiciones económicas, sociales y políticas que en los años 60 y 70 habían generado los movimientos de insurgencia se agravaron al final de una década de políticas económicas neoliberales, convertidas en condicionantes por parte de las organizaciones multilaterales de crédito (como el FBI y el Banco Mundial).

La deuda externa, cuya crisis eclosionó en los años 80, continuó como un problema para toda América Latina. A fines de 2001, según el informe "América Latina y el Caribe: Cómo Cierra la Economía en 2001", elaborado por la secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la misma alcanzó la "alarmante" cifra de u$s784 billones, o sea, cerca de u$s30 billones más que en 2000 y su tendencia era crecer, acercarse a los u$s800 billones, dependiendo del monto con que cerrara la deuda la Argentina26.

Al mismo tiempo, a lo largo de los años 90, casi todos los países de América del Sur (la Argentina desde 1992 y Brasil a partir de 1994) pasaron a tener déficit en sus balanzas comerciales27, como consecuencia, sobretodo, de la desregulación de la economía y de la apertura unilateral de los mercados, intensificada por los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT, sin que se instituyeran barreras no tarifarias (cuotas, técnicas, sanitarias, etc.), dificultando las importaciones como hacían los EE.UU. y otros integrantes de la OECD (Organizastion for Economic Cooperation and Development). En tales circunstancias, se hizo cada vez más difícil para los países de América del Sur atender el servicio de la deuda externa, lo que hasta ese entonces había hecho en parte con el saldo positivo de la balanza comercial, y las remesas de lucros (royalties) y transferencias clandestinas que recrudecieron como consecuencia de la desnacionalización de las empresas, sobretodo estatales, transferidas al control de capitales extranjeros. La insolvencia que llevó a la Argentina al default, configuró una amenaza real, inclusiva para el Brasil, e establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que los Estados Unidos quieren imponer, solamente va agravar da situación de América del Sur. Traducido por: Cristina Iriarte

· Luis Alberto Moniz Bandeira es doctor en ciencia política y profesor titular de política exterior de Brasil en la Universidad de Brasilia (jubilado)

1 El Institute for International Economics fue creado en 1981 con recursos de la Fundación German Marshall y mantenido con donaciones de la Ford Foundation, Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Alfred P. Sloan.

2 Sobre el tema vea Williamson, John - The Progress of Policy Reform in Latin America, Institute for International Economics, Washington, DC, Enero 1990, pp. 9 y 10

3 Id. Ibid., pp. 10 a 33

4 Pinheiro Guimaraes, Samuel - "Market Access in a ALCA", paper presentado durante la mesa redonda del Fifth Colloquium of the Project IDB/ECLAC, "Support to the Process of Hemispheric Trade Liberalization", realizado el 28/29 de setiembre de 1992 por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (ECLAC). Manuscrito

5 dólares de 1995. De acuerdo al INDEC, el PBI de la Argentina en 1998 era del orden de u$s298,3 billones, calculado a precios de mercado. http://www.indec.mecon.ar/default.htm. Por el método de purchasing power parity, usado por el Banco Mundial, era de u$s374 billones.

6 http://www.aladi.org/inicio.htm. Ver también http://www.indec.mecon.ar/default.htm.

7 Fuente: ALADI - http://www.aladi.org./inicio.htm

8 Ibid. En el mismo período la Argentina tuvo un déficit comercial que alcanzó el monto de u$s10,6 billones con los países del NAFTA, donde Domingo Cavallo quería que se adhiriese la Argentina. http://www.exante.com.ar/privado/actuales/base/c43.xls

9 Según la paridad del poder de compra, el PBI de Brasil pasaba los u$s1 trillón (est.1999), siendo el de Argentina del orden de u$s377 billones, el de Uruguay de u$s28 billones y el de Paraguay de u$s19,9 billones. CIA - World Factbook (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html). De acuerdo con el método tradicional de ALADI, el PBI del Brasil en 1999 era de u$s711,1 billones, el de Argentina de u$s272,9 billones, el de Uruguay de u$s19,6 billones y el de Paraguay de u$s8,5 billones. http://www.aladi.org/inicio.htm

10 El PBI de Méjico, según el método de ALADI, era de u$s446,2 millones en 1999.

11 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html

12 http://www.aladi.org/inicio.htm. Las cifras correspondientes al año 2000 sólo incluyen 9 meses

13 Vallendar, Benedikt - "Argentinien-Krise belastet Chile", en Die Welt, 27.08.2001

14 Moniz Bandeira, Luiz Alberto. Relações Brasil-EUA no contexto da globalização, vol. II (A Rivalidade Emergente, 2ª. edição), Sao Paulo: Editora SENAC, 1998, pp. 113-115

15 Los sectores de la oposición no olvidaron el saldo del régimen autoritario que Banzer instaló en Bolivia en 1973: 1500 presos políticos, 900 exiliados y más de 200 muertos, entre los cuales cerca de 100 campesinos fueron masacrados en 1974, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

16 Atacado por un grave cáncer de pulmón, Banzer el 6 de agosto de 2001 presentó su renuncia al Congreso Nacional en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y, el vicepresidente Jorge Quiroga asumió el gobierno.

17 Johnson, Tim Blintos - "Clinton: Ecuador must maintain democratic rule", The Miami Herald, marzo 18, 1999.

18 Abdala Bucaram, que tenía su base en Guayaquil, fue electo presidente por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en 1996, prometiendo reformas económicas y sociales para romper el poder de la oligarquía. Lider de personalidad populista y excéntrica (se vanagloriaba de ser llamado El Loco por el pueblo), provocó, sin embargo, un enorme descontento y enfrentó una ola de protestas después de seis meses de gobierno, al anunciar que el 1° de diciembre de 1996, el aumento de los precios del agua, gas, luz y teléfonos. Como consecuencia, el Congreso el 6 de febrero de 1997, aprobó su destitución por "incapacidad mental", de acuerdo con el art. 100 de la Constitución de Ecuador y, el presidente de la Cámara, Fabián Alarcón Rivera, asumió interinamente el gobierno, lo que fue confirmado por un referendum popular en 1997. Bucaram se refugió en Panamá. Con la reforma de la Constitución, Jamil Mahuad, del partido Demócrata Popular y Gustavo Noboa del Partido Social Cristiano, fueron electos por el Congreso en 1998.

19 U.S. Department of State - Background Notes: Ecuador, Junio 2000 Released by the Bureau of Western Hemisphere Affairs - April 2001, http://www.state.gov/r/pa/bgn/index.cfm?docid=2906

20 http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/crp522/ecbo0900.pdf

21 Después que cayó el Ministro de Economía de Argentina en 1996, Domingo Cavallo, fue contratado por Abdalá Bucaram, electo en aquel año presidente de Ecuador, para que implantase un sistema de convertibilidad de la moneda ecuatoriana en dólar. Con la caída de Bucaram, Jamil Mahuad tomó la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, asesorado por un grupo argentino, que incluía la Fundación Mediterránea (vinculada a Domingo Cavallo) y al economista Guillermo Calvo, nombrado con posterioridad director del Banco Interamericano de Desarrollo. 22 Faiola, Anthony - The Washington Post - Thursday, January 25, 2001; Page A01

23 Statement of General Charles E. Wilhelm, commander-in-chief, U.S. Southern Command, Before the Senate Caucus on International Narcotics Control, March 23, 2000

24 "La dolarización no sacó a Ecuador de la crisis - El sistema acumula serios problemas", en La Nación , Buenos Aires - 14.04.2002

25 El Universal, Caracas, 08.2002

26 Secretaría Permanente del SELA (Sistema Económico Latinoamericano). "Informe de Coyuntura América Latina y el Caribe: Cómo Cierra la Economía en 2001"

27 Solamente los EE.UU. acumularon, con casi todos los países de América del Sur, un superávit comercial que alcanzó un total de u$s55 billones entre 1995 y 2001 (seis años)

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