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El
FMI y el colapso de la Argentina
La
Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955),
nunca ratificó la Carta de la OEA y el Tratado de Bretton Woods,
ni adhirió al Fondo Monetario Internacional ni ratificó el
Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio. Fue el
Gobierno Provisorio, encabezado por el general Pedro
Aramburu, que, en 1956, tomó todas esas y otras iniciativas,
inclusive la de firmar una serie de acuerdos militares con los
EE.UU., mediante los cuales la Argentina aceptó el funcionamiento
permanente de una misión militar norteamericana, en el ámbito
del Ministerio de Defensa, con el objetivo de coordinar la
uniformización de los armamentos que serían utilizados en la
defensa del hemisferio, y las escuadras de ambos países pasaron a
realizar maniobras conjuntas en el Atlántico Sur. El
general Pedro Aramburu, jefe del gobierno provisorio (1955-1958),
recibió inmediatamente después un crédito de U$S 100 millones
del Eximbank, U$S 75 millones del FMI, U$S 50 millones de bancos
americanos y U$S 30 millones más de la Standard Oil Co.1. Y
llevó a cabo una serie de medidas liberales, a fin de contener la
inflación, restaurar la agricultura y garantizar el ingreso de
capitales extranjeros. Desde
entonces, después de la caída de Perón en 1955, la Argentina
también estuvo siempre sometida, con breves intervalos, a políticas
económicas liberales y planes de estabilización, recomendados
por el FMI y por los gobiernos de los EE.UU. Electo
presidente en 1958, Arturo Frondizi, en vista del deterioro de la
balanza de pagos, terminó por ceder a las exigencias del FMI,
para obtener nuevos préstamos, así como de los militares,
colocando al liberal Álvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía,
y sometió a la Argentina a un drástico plan de estabilización
monetaria, que implicaba por fin restricciones a las importaciones
y ejecutar un programa de austeridad. En aquella ocasión,
en el Brasil, el presidente Juscelino Kubitschek se rebeló y
rompió los acuerdos cuando el FMI (10.06.1959) exigió la reducción
de los gastos públicos (inversiones públicas, especialmente en
el Petrobrás), acusándolo de intentar forzar al Brasil a una
“capitulación nacional”, a fin de que su “industria cayese
en manos extranjeras”2. “Los americanos” – dijo
Kubitschek – “no sólo no ayudaron sino que entorpecieron las
negociaciones con el FMI”3. El
plan de estabilización, que Kubitschek se rehusó a aplicar en el
Brasil, Frondizi lo llevó a cabo, reprimiendo el desarrollo económico
de la Argentina y profundizando la crisis social. Las
Fuerzas Armadas lo derrocaron en 1962. Y, no obstante la
experiencia negativa del plan de estabilización monetaria
aplicado por Frondizi, José María Guido, que lo sucedió, se
dispuso aún a ejecutar, con el aval del FMI, otros dos shocks
económicos, que afectaron seriamente a la industria,
transfiriendo renta para el sector agropecuario, esto es, para la
oligarquía rural, solidaria con los intereses del capital
financiero. La instrumentación de medidas restrictivas del
crédito perjudicaron, principalmente, a las pequeñas y medianas
empresas, sobre las cuales se asentaba el importante núcleo
manufacturero de la Argentina, al imposibilitarles el acceso a los
financiamientos bancarios, una vez que los grupos oligopólicos no
sólo disponían de mayores recursos propios para el capital de
giro, sino que conseguían mayor capitalización del excedente
económico, mediante el incremento de la productividad. La
antinomia entre los intereses del sector agroexportador y las
necesidades de la industria, que no se resolviera, más bien se
agudizara, durante el Gobierno Perón, recrudecieron, entonces,
con la disputa por los escasos recursos disponibles, dentro de un
marco de estancamiento económico, en que los sindicatos,
fuertemente organizados y conducidos por la CGT, reaccionaban, por
su lado, y estorbaban la eficacia del congelamiento salarial.
La consecuencia fue el prolongamiento de las tensiones sociales,
que debilitaron al estado e impidieron la formulación de una
voluntad nacional, en la medida que ningún sector de las clases
dominantes tenía fuerza suficiente para firmar su hegemonía,
sino por la violencia, y establecer un consenso, a fin de
implementar un proyecto consecuente de desarrollo económico, a
largo plazo. La turbulencia de las Fuerzas Armadas, cuyas
facciones siempre estaban en disputa, reflejaba, sobre un telón
de fondo de la resistencia sindical y de la oposición
peronista, el estancamiento económico y o impase social que
producían la inestabilidad político-institucional en la
Argentina. Y la baja de su PBI per cápita continuó, con un
índice de 0,3%, entre 1961 y 1963, mientras azules (legalistas) y
colorados del Ejército, se batían a duelo en los cuarteles y en
las calles de Buenos Aires. Arturo
Illia, un moderado de centro-izquierda, cuya campaña, con énfasis
en las críticas a las imposiciones del FMI y a los contratos
petrolíferos firmados por la administración Frondizi, asumiera
un carácter nacionalista, ganó las elecciones, en 1964, como
candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP),
curiosamente el único aliado civil con el que los militares de la
línea dura, los colorados, habían contado. Y a los azules,
que dominaban el Ejército, no les quedó alternativa, en aquellas
condiciones internas y externas, sino de asegurarle la asunción
al gobierno de la Argentina. Sin embargo, en 1966, Arturo
Illia fue derrocado y los militares asumieron directamente el
poder. La consecuencia fue el prolongamiento de las
tensiones sociales y el país no superó el círculo vicioso en el
que el estancamiento económico y la inestabilidad político-institucional
recíprocamente se realimentaban. La tendencia estructural
al estancamiento no se revirtió. Por el contrario, se agravó,
como resultado de la política económica del gobierno encabezado
por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), cuyo ministro de
Economía, Adalberto Krieger Vasena, suspendió casi todas las
trabas a las importaciones de manufacturados, llevando a centenas
de empresas argentinas a la bancarrota y agudizando los conflictos
sociales, cuyo punto culminante fue en 1969, con la eclosión del
Cordobazo, el primero de una serie de levantamientos obreros en
varias ciudades, y de la guerrilla urbana. La deuda externa de la
Argentina ya alcanzaba entonces un monto aproximado de U$S 4
billones4. Frente
a tal situación, las Fuerzas Armadas, en 1970, destituyeron al
general Onganía. En marzo de 1971, el comandante en jefe
del Ejército, general Alejandro Lanusse, asumió el gobierno y
procuró superar el impase político, mediante la restauración de
las instituciones democráticas, permitiendo que Perón retornara
al poder, a través de elecciones, en setiembre de 1973, con el
62% de los sufragios. En aquella época, el propio Perón
denunció que “el imperialismo y sus agentes vernáculos siguen
sosteniendo la necesidad de que nos reduzcamos a continuar siendo
un país de pastores y de agricultores”, aclarando que “no
obedece a otra cosa la verdadera destrucción que sobre nuestra
industria se viene realizando desde 1955 (...)”. Y, luego
subrayó que “los Estados Unidos no sólo no nos ayudaron sino
que nos sabotearon sin solución de continuidad e hicieron todo lo
posible por impedir nuestro progreso”, declaró: “Si
consideramos que el mal de nuestros países radica expresamente en
su descapitalización y su endeudamiento del que jamás se logra
salir, podemos apreciar las ventajas que pueden acarrearnos las
ayudas prometidas que, además, nos obligan a menudo a someternos
a exigencias sociales y políticas que, por intermedio del Fondo
Monetario Internacional, llegan por el conducto económico, que en
manera alguna, puede justificar una entrega ignominiosa o una
subordinación que raya en la infamia”5. Perón,
mientras tanto, falleció antes de cumplir un año de asumir el
gobierno (01.07.1974). Su viuda y vice-presidente, Isabel
Perón (María Estela Martínez), lo sucedió. Pero las
condiciones económicas de la Argentina enseguida volvieron a
deteriorarse, al mismo tiempo en que las organizaciones de derecha
y de izquierda (peronistas montoneros y trotskistas) volvieron a
promover actos de terror, secuestros, ataques a cuarteles y osadas
operaciones de guerrillas en Tucumán. El gobierno de
Isabelita Perón, confuso y sin cohesión, fue, en tales
circunstancias, derrocado por las Fuerzas Armadas (1976). El
general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, nombró a
José Alfredo Martínez de Hoz (de la misma corriente doctrinaria
de Alvaro Alsogaray y Krieger Vasena), ministro de Economía y, en
medio de una sangrienta represión política, llevó adelante otro
radical programa de liberalización económica, en los términos
pactados con el FMI, con el objetivo, entre otros, de liquidar la
base social de la CGT y del peronismo, mediante la
desindustrialización de la Argentina, destinada, de acuerdo a la
teoría de las ventajas comparativas, a exportar carne y cereales
que podía producir con eficiencia e importar las manufacturas que
necesitaba. Sus medidas de shock, que contaron con la previa
aprobación del consenso de las Fuerzas Armadas, consistieron en
el congelamiento de salarios, extinción de los subsidios, reducción
de los gastos públicos, privatización de las empresas estatales,
liberación del crédito, de los precios, de los alquileres
urbanos y arrendamientos rurales, así como de una completa
apertura del mercado interno a las importaciones, con la eliminación
de las tarifas aduaneras y la valorización de la tasa de cambio.
No tardaron en darse los resultados de ese programa de
liberalización económica, cuya ejecución el embajador de los
EE.UU., Robert Hill, juzgara propicia a los intereses
norteamericanos y anunciara al Departamento de Estado, cerca de un
mes después del golpe militar de 1976, proponiendo el apoyo del
Eximbak y el respaldo para programar la deuda argentina. En
efecto, la inflación cayó de 386% en 1976, a 150% en 1977,
pero la Argentina creció apenas 1,5% y la participación de los
salarios en la renta nacional, bajó, en el mismo período, a 31%,
el índice más bajo desde 1935. La junta militar, bajo la
orientación de Martínez de Hoz, transfirió al sector privado,
entre 1976 y 1980, cerca de 120 empresas industriales y
comerciales, mientras que el Banco Nacional de Desarrollo y la
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, vendieron las acciones de otras
207 empresas y redujeron su participación en más de 2976.
Y la apertura del mercado devastó, al final, a las industrias
nacionales, que no pudieron competir con las mercaderías
importadas del Japón y de otros países de Asia, así como de
Europa y de los EE.UU., a bajo precio, y la participación de la
industria en el PBI en la Argentina, del orden de casi 30% en
1974, decayó para 25%, en 1980, mientras la deuda externa saltaba
de U$S 7,8 billones en 1975, a cerca de U$S 27,1 billones en 1980.
Ese endeudamiento, sustentando las reservas monetarias que
posibilitaban la apertura de la economía, serviría solamente,
tanto para estimular formas de consumo suntuario (importaciones de
artículos superfluos y de aquéllos que la propia Argentina
producía), así como para financiar viajes turísticos al
exterior. El incremento de acumulación de capital, a través
de la compresión de los salarios, no significó, sin embargo, una
mejora en las inversiones productivas, que alimentaran un nuevo
ciclo de expansión de la economía. Los excedentes, de los
cuales los grandes empresarios y banqueros se apropiaran, se
evadieron del país, en medio de una incontrolable especulación
financiera y de la recesión industrial, dejando al pueblo
argentino con la mayor deuda externa per cápita del mundo.
La industria se transformó en chatarra, el desempleo aumentó y
los conflictos sociales y políticos se agudizaron. La
crisis de la deuda externa, deflagrada por Méjico en 1982, disipó
la expectativa de la oligarquía rural, alimentada por Martínez
de Hoz, de restaurar la Argentina bucólica e idílica, sin crisis
de energía, sin falta de alimentos, sin exceso de población, sin
agitación social, exportando carne y cereales e importando todo
aquello que necesitaba, como a fines del siglo XIX, en la belle époque
de Buenos Aires. Pero, como bien observó Rogelio Frigelio,
la Argentina fuera “el único país que ha caminado en el
sentido al que sigue la historia de la humanidad: se ha
desindustrializado”7. El general Leopoldo Galtieri,
intentando entonces salvar el régimen militar, invadió el
archipiélago de las Malvinas. Y al desastre económico,
social y político, sumó el desastre militar. La Argentina
perdió la guerra contra Gran Bretaña, que recibió el apoyo de
los EE.UU., no recuperó las Malvinas y el régimen militar se
desmoronó. En tales circunstancias, sin restaurar la
Argentina bucólica e idílica, sin agitación social, como a
fines del siglo XX, (ilusión que la crisis financiera de México
a fines de 1982 terminó por disipar), las Fuerzas Armadas
debieron convocar a elecciones, realizadas en 1983. Raúl
Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, venció la
elección a la presidencia. Pero, sin poder controlar la
hiperinflación, pasó el gobierno al peronista Carlos Menen, en
1989, pocos meses antes de finalizar su mandato. Menen nombró
a Domingo Cavallo ministro de Economía y trató de reestructurar
la economía argentina, según el modelo neoliberal. Su política
económica, contrariando toda la doctrina de Perón, fue
esencialmente la misma defendida por los liberales Álvaro
Alsogaray, Adalberto Krieger Vasena y José Martínez de Hoy.
Y, a pesar del éxito inicial en el control de la inflación, dejó
a la Argentina, al cabo de diez años, con una distribución de la
renta igual o peor que en 1989, cuando la hiperinflación
pulverizaba los salarios de los trabajadores. Los índices
de pobreza, que crecieron durante la hiperinflación de 1989, no
disminuyeron a los niveles mínimos anteriores, a pesar de la
estabilidad monetaria. Y la situación financiera de
Argentina también se tornó extremadamente crítica. Su
deuda externa, del orden de U$S 144,6 billones, a fines de 1999,
equivalía a cerca del 50% de su PBI, estimado en U$S 271,9
billones (1998), y el progresivo y rápido agravamiento de los
“déficits-gemelos” – el déficit en las cuentas externas
(balanza comercial y de servicios) y el déficit en las cuentas
internas del gobierno – comenzó a generar desconfianza en los
inversores, tanto argentinos como extranjeros, llevándolos a
suspender las inversiones directas, en portafolio o préstamos. La
expectativa de un default en las obligaciones externas, o sea, que
la Argentina dejase de cumplir sus compromisos, se volvió cierta,
desde 1998, aunque obtuviese del FMI un préstamo stand-by del
orden de U$S 7.4 billones. El presidente Fernando de la Rúa,
que sucedió a Menen en 1999, mostró, mientras tanto, que nada
había aprendido con la experiencia ni con la historia.
Convocó a Domingo Cavallo para sacar a la Argentina del pantano
en el que él mismo la hundiera. El aumento de impuestos y
los cortes presupuestarios, exigidos por el FMI, no redujeron, sin
embargo, a cero el déficit fiscal, y la insistencia en la
sobrevaloración del peso, enganchado al dólar por la Ley de
Convertibilidad, provocarían necesariamente la explosión social
y la inestabilidad política. La crisis se agravó dramáticamente
en diciembre de 2001, cuando el FMI negó a la Argentina un nuevo
financiamiento, del orden de los U$S 1.264 millones. En
medio de una violenta explosión social, con las masas en la
calle, Domingo Cavallo, el artífice de la crisis, cayó del
Ministerio de Economía, Fernando de la Rúa renunció a la
presidencia, el poder político implotó y el esperado default
aconteció. “La esencia de este modelo perverso terminó
con la convertibilidad” – declaró Duhalde, considerando
“agotado” el liberalismo que llevó a la Argentina a la
bancarrota, al caos, y tornara inevitable la pesificación, o sea,
el fin del currency board, que vinculara artificialmente el peso
al dólar, dando a los argentinos la ilusión de que estaban
viviendo en el Primer Mundo. En
agosto de 2000, Fernando Henrique Cardoso, presidente del Brasil,
diría a la prensa que no era posible dejar a la Argentina en
crisis sin darle condiciones de supervivencia. Y, haciendo
alusión al FMI y al gobierno de los EE.UU., agregó: “La
Argentina hizo todo lo que pidieron. Ahora será
castigada?”8. Sí. La Argentina fue castigada
exactamente porque casi todos sus gobiernos, desde la caída de
Juan Perón en 1955, hicieron siempre todo lo que el FMI y el
Departamento del Tesoro norteamericano determinaron, aunque la
currency board (vinculación del peso al dólar) fuese una decisión
de la dupla Carlos Menem – Domingo Cavallo, sin embargo
aplaudida en Washington. De
hecho, como escribió el periodista Paul Krugman, el “catastrófico
fracaso” (catastrophic failure) resultó de las políticas económicas
aplicadas en la Argentina con el sello – “made in
Washington”. Y, no sin razón, el economista americano Jeffrey
Sachs, advirtió que el país, que sigue la receta del FMI
ciegamente, corre el riesgo de acabar en un abismo”. “Lo
que quiero decir es que, algunas veces, eso significa no obedecer
totalmente a lo que determina el FBI” – enfatizó Jeffrey
Sachs, destacando: “Basta mirar a la Argentina para ver lo que
sucede”. Al
contrario de la Argentina, sin embargo, el Brasil, nunca cumplió
totalmente las recomendaciones del FMI. Siempre resistió a
las imposiciones del FMI y, por esto mismo, se desarrolló, a
pesar de sus graves problemas. Como honestamente reconoció
el profesor Arthur Schelesinger Jr., que fue uno de los
principales asesores del presidente Kennedy (1961 – 1963), “si
los criterios económicos del FMI hubiesen predominado en los
EE.UU. en el siglo XIX, nuestro desarrollo económico habría sido
más lento”11. Y agregó: “Al empecinarnos en la
ortodoxia fiscal de las naciones en desarrollo, quedábamos en la
posición de la prostituta, que, habiéndose jubilado mediante sus
economías, pasa a creer que la virtud pública exige el cierre de
todos los burdeles”12. *Luiz
Alberto Moniz Bandeira es politólogo, profesor (jubilado) de
historia de la política exterior del Brasil en la UnB y autor de
varias obras, entre las cuales está O expansionismo brasileiro
e a formação dos Estados na Bacia do Prata,
O Governo João
Goulart: las luchas sociales en el Brasil – 1961-1964 y De
Martí a Fidel: la revolución cubana y América Latina. 1
Person, Harold F. La
Argentina y los Estados Unidos – 1810-1960. Buenos
Aires: Editora Universitaria de Buenos Aires, 1970, p. 577. LA ONDA® DIGITAL |
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Hegel
tuvo razón cuando dijo que, aunque se recomiende a los
gobernantes, estadistas y pueblos que aprendan, preferiblemente, a
través de la experiencia de la historia, lo que la experiencia y
la historia enseñan es que los gobernantes y los pueblos nunca
aprendieron nada de la historia ni se comportan de acuerdo con sus
lecciones. Este es el caso de la Argentina, donde la
convulsión social y política era perfectamente previsible y se
presumía inevitable, como consecuencia de la crisis económica y
financiera en la que se sumergió. 