En Diputados se presentó un proyecto de ley, que ampara a los emigrados

El pasado 15 de octubre el diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista, EP-FA) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que atiende a todo el fenómeno migratorio y a la protección de los uruguayos que se radican fuera de fronteras, así como su posible reinserción futura en nuestro país. En la exposición de motivos se cita a la doctora Adela Pellegrino y a sus recientes declaraciones de esta investigadora a La ONDA digital. Rossi tendría, en las próximos días, contactos con organizaciones de emigrados uruguayos, así como con aquellas personas que se aprestan a salir del Uruguay.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia uruguaya está pasando por uno de sus momentos más críticos, en tanto ha aumentado la emigración desatada a causa de la crisis económica. Las largas colas de los últimos días ante los consulados de Italia y España, son sólo una muestra de agravamiento del problema.

Según la doctora Adela Pellegrino, coordinadora del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y doctorada en Demografía Histórica, entre 1963 y 1985 el número de personas emigradas se ubicó en 310 mil, abarcando el 20% de las personas económicamente activas (El País, 08/07/2002).

A la vez la comparación de entradas y salidas por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, mostró un saldo negativo anual de 20 mil personas en el bienio 1999-2000.

Los últimos datos manejados por la prensa uruguaya sobre el pasado mes de setiembre, indican que se fueron vía Aeropuerto de Carrasco, 2.802 personas más que las que ingresaron y la diferencia que se presenta desde enero, entre ingresos y egresos es de 34. 619 personas (La República, 13/10/02).

Entendemos que este fenómeno hay que atenderlo dentro de una nueva propuesta de refundación nacional que cambie la actual orientación económica, pero al mismo tiempo hay que abordarlo, también, como fenómeno con características y dinámicas propias.

En recientes declaraciones la doctora Pellegrino ha sostenido que "Uruguay no cuenta con un registro de emigrantes. La dirección de migraciones lleva un registro de los movimientos fronterizos que no son emigración, son movimientos, porque una persona puede cruzar la frontera varias veces al día y se registra cada vez que cruza". Y agrega en la misma entrevista "que este déficit sobre la información de la emigración debería subsanarse" (La ONDA digital, Nº 106, del 01/10/02).

Lo primero y urgente es atender a quienes quieren irse del país, facilitando la información sobre el nuevo lugar de residencia. Hay que establecer que la Dirección de Migración Uruguaya se encargue de instrumentar un centro de información que contenga datos sobre el costo de vida, formas y posibilidades de acceder a la salud, enseñanza y vivienda, características del mercado laboral y posibilidades de acceso al mismo según la edad, sexo y nivel de estudios, entre otros ítems, de cada país y/o ciudad.

A la vez debemos instalar mecanismos que construyan lazos entre el emigrante y el país que obligado abandona, facilitando su relacionamiento con nuestras  embajadas, consulados y centros de uruguayos, así como con las distintas dependencias del Estado.

Parece también imprescindible que el país encare con audacia e imaginación un inmediato relevamiento, registro o censo de los uruguayos radicados fuera del país, con el fin de trazar políticas objetivas con y hacia ellos.

Es de particular importancia que nuestras embajadas y consulados den todo el apoyo a los uruguayos que emigraron, defendiéndoles en sus más elementales derechos humanos, por encima de cual sea su situación, del punto de vista legal, en el país residente. Recientes hechos ocurridos en Estados Unidos, España y Ecuador, así lo recomiendan.

Asimismo se debe desarrollar una particular política para aquellos uruguayos exitosos o calificados del punto de vista profesional dispuestos a regresar al país en forma definitiva o temporal, aprovechando su experiencia, su conocimiento y sus posibilidades económicas. 

En este sentido es de conocimiento público que el 8% de los 18.211 uruguayos censados en Estados Unidos tiene títulos de posgrado y que el 78,2% de los residentes en Chile tiene más de 10 años de estudio. Según el censo de 1990, en Estados Unidos había 80 uruguayos con título de doctorado, cuando en Uruguay no alcanzaban a 400. Datos proporcionados por el programa oficial "Vinculación" que busca contactar al exilio uruguayo, habla de 400 uruguayos en la diáspora.

Por todo esto también llegará el tiempo en que se tendrán que establecer formas que faciliten el retorno al país, eliminando barreras burocráticas. Todo lo que tiene que ver con jubilaciones, estudios, vivienda, inversiones, deberán de ser de rápido y fácil acceso para quien lo solicite, estando fuera o ya en territorio nacional.

Es conveniente establecer políticas de asistencia social y seguimiento con el fin de facilitar la reinserción del compatriota y su familia en Uruguay, muchas veces muy influidos por otras culturas.

Montevideo, 15 de octubre de2002

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
DERECHOS DE LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR

Artículo 1º.- Todo ciudadano uruguayo legal o natural, así como los hijos de padre o madre oriental que aún no se hayan avecinado al territorio nacional, y las personas comprendidas en el artículo 78 de la Constitución de la República, residentes en forma permanente o transitoria en el exterior, tienen derecho a contar con el auxilio o protección de los agentes consulares de la República Oriental del Uruguay y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, sin necesidad de estar inscriptos en el registro de nacionalidad  o registro consular alguno.

Artículo 2º.- Son obligaciones de los agentes consulares de la República, respecto de las personas referidas en el artículo 1º de la presente ley:

1. Confeccionar un completo registro de los uruguayos y sus familias residentes en sus jurisdicciones, actualizado en forma permanente y el que será remitido a la Dirección de Migración Uruguaya así como sus actualizaciones. Dicho registro facilitará un fluida y recíproca comunicación entre los residentes en el extranjero y las representaciones de nuestro país.
2. Disponer de un servicio telefónico durante las 24 hs. del día a efectos de evacuar todas las consultas relativas al alcance de las normas migratorias locales vigentes así como para tomar conocimiento de cualquier otro tipo de inconveniente que se le pueda presentar a los uruguayos que se encuentren en ese país extranjero y poder así tomar las medidas que correspondan.
3. Velar por el cumplimiento de aquellas normas que señalan que el país receptor deberá informar a las oficinas consulares extranjeras ante cualquier detención de ciudadanos uruguayos en ese país.
4. Visitar a los detenidos en cárceles u otras dependencias en caso de encontrarse privados de libertad, e informar a los familiares de la situación, a pedido del interesado.
5. Poner a su disposición nómina de médicos y abogados locales.
6. Certificar firmas.
7. Proveer pasaportes de emergencia o documentos de viaje.
8. Suministrar asistencia en caso de accidente, enfermedad grave o muerte así como informar a los parientes de la situación.
9. Brindar asistencia durante emergencias tales como desastres naturales, conflictos bélicos y otras de similar naturaleza.

Artículo 4º.- Las oficinas consulares de la República cursarán todo envío de cartas o documentos a autoridades nacionales o departamentales, que soliciten los uruguayos residentes  en el exterior a fin de ejercer el derecho de petición consagrado en el artículo 30 de la Constitución de la República.

            Dichos documentos no podrán ser objeto de calificación previa  por parte de los agentes consulares. Para dichos envíos se utilizarán los mismos medios que utiliza la oficina consular  para sus comunicaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

CAPITULO II

Artículo 5º.- La efectiva protección y amparo de las personas referidas en el artículo 1º de la presente ley, así como la elaboración de políticas de migración y la ejecución de planes, programas y acciones tendientes a la resolución de aquellas es competencia del Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Migración Uruguaya que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores sin perjuicio de las competencias de los otros poderes del Estado.

Artículo 6º.- El Director de Migración Uruguaya será designado por el Poder Ejecutivo basado en condiciones personales, funcionales y técnicas. Coordinará, en lo  que corresponda, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Universidad de la República, Corte Electoral, pudiendo  formar Equipos Asesores Interdisciplinarios para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

        La Dirección de Migración Uruguaya deberá, a su vez, instrumentar con la Dirección de Asuntos Consulares la puesta en funcionamiento de sus planes, pudiendo, en aquellos Consulados que se considere necesario, designar responsables a tales efectos.

Artículo 7º.- Compete a la Dirección de Migración Uruguaya:

1. Llevar un completo registro de los ciudadanos uruguayos y familiares residentes en el exterior de acuerdo a las informaciones brindadas por las oficinas consulares.
2. Aprobar y evaluar los planes que favorezcan la migración otorgando preferencia a la repatriación de los uruguayos y sus familias.
3. Coordinar las actividades concurrentes  de organismos del Estado en la materia de su especialidad así como la de los centros privados, asistenciales o de investigación, que con él cooperen.
4. Integrar a sus actividades  a representantes de organismos públicos o privados que por su naturaleza le sean afines.
5. Ejecutar proyectos especiales que se le adjudiquen.
6. Elaborar información constante  sobre los uruguayos en el exterior y sobre facilidades que se concedan para el retorno de compatriotas así como formas de colaboración de los emigrados con diferentes de la vida económica, cultural y científica del país.
7. Formular ante organismos públicos recomendaciones para el más eficaz cumplimiento de los fines que le asigna esta ley, dando cuenta al Poder Ejecutivo de las omisiones que verique.
8. Proponer la celebración de convenios de reciprocidad con otros países de asuntos de migraciones.
9. Compendiar y clasificar la normativa vigente en la materia de su especialidad, proponiendo su actualización sistematizada.
10. Propender, a través  de los representantes consulares, la más amplia participación de los emigrantes uruguayos en el desarrollo de las labores de esta Dirección el exterior.
11. Sistematizar a efectos de proporcionar a los interesados toda la información respecto de los convenios, celebrados por nuestro país, sobre  seguridad social, revalidas de estudios y demás aspectos que puedan resultar de interés a estos efectos.

Artículo 8°.- La Dirección de Migración Uruguaya instrumentará un centro de información de fácil acceso que facilite a todos los ciudadanos que opten por irse del país toda aquella información que pueda resultar de interés sobre el lugar en el cual se ha optado por residir.

Este centro deberá contener datos sobre el costo de vida, formas y posibilidades de acceso a la salud, a la enseñanza y a la vivienda, características del mercado laboral y las posibilidades de acceso a él según la edad, el sexo, el nivel de estudios, etc.

Artículo 9°.-  Cada uruguayo recibirá al momento de abandonar el país una hoja conteniendo la dirección y el teléfono de las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país en el país de destino así como datos acerca de los centros de nucleamiento de la colectividad uruguaya.

CAPITULO III
DE LA EXPEDICION DE PASAPORTES EN EL EXTERIOR

Artículo 10º.- Los uruguayos residentes en el exterior, a efectos de probar la identidad para la obtención del pasaporte nacional podrán utilizar todos los medios de prueba disponibles teniendo validez las partidas de nacimiento expedidas en la República o en el exterior y las cédulas de identidad, incluso las vencidas. No se les exigirá, en ningún caso, certificado de antecedentes policiales o similar.

Montevideo, 15 de octubre de 2002

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