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Colombia
(I):
En
1964-1965, el gobierno colombiano, con el apoyo de los EE.UU. a
través de la Operation for
Security of Latin America (OSAL), desencadenó la Operación
Marquetalia, involucrando a 16.000 soldados, helicópteros,
aviones de ataque y asesores norteamericanos, y consiguió
derrotar las guerrillas y reconquistar las áreas donde éstas habían
implantado las repúblicas campesinas, durante la represión,
conocida como La Violencia, en la que murieron cerca de 200 mil
personas entre 1948 y 1953. Con
el respaldo de Cuba y China, los remanentes se reagruparon y
formaron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así
como el Ejército Popular de Liberación, de tendencia maoísta.
Y, con el correr del tiempo, la insurgencia política –
promovida fundamentalmente por las FARC – se expandió y ocupó
territorios dominados por los negocios de la droga, cuya producción
y comercialización los guerrilleros pasaron a proteger por
convertirse en una importante fuente de financiamiento.
Así, mediante la cobranza de un “impuesto” a los
traficantes en territorios controlados por las FARC y por el ELN,
los objetivos políticos de la guerrilla se entrelazaron con los
intereses del narcotráfico, y, en muchos aspectos éstas,
tuvieron mejor financiación que el gobierno colombiano. Por
otro lado, en 1965, el gobierno confirió al ejército la
autoridad de armar a los civiles con el objetivo de detener el
avance de las guerrillas y los estancieros y otros propietarios,
comenzaron a organizar unidades paramilitares que también se
asociaron al narcotráfico, dándole protección y también
cobrando impuestos como contrapartida.
Gracias a la intervención del ejército, esas unidades,
conocidas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
, se fortalecieron militarmente y, desde 1998, se
instalaron al oeste de Caquetá (zona de Sabaneta), así como en
Putumayo (Puerto Asís, La Hormiga y a lo largo del río Caquetá,
frontera natural entre ambos departamentos).
Después, las AUC, bajo el comando de Carlos Castaño,
conquistaron territorios bajo el control de la ENL,
particularmente en la región de San Pablo, zona que fue
bombardeada durante varias semanas a principios de 1999 y atacaron
regiones dominadas por las FARC, en el Urubá chocoano, cerca de
la frontera con Panamá y en el norte de Santander, cerca de
Venezuela, amenazando con represalias al presidente Hugo Chávez y
su ejército, así como a la Guardia Nacional de Panamá, alegando
que protegían y colaboraban con la guerrilla. Un
triángulo de violencia, con las fuerzas de seguridad en una de
las puntas y los guerrilleros y paramilitares en las otras dos, se
formó en Colombia, donde la lucha armada se convirtió en un
problema crónico, pues, si ningún gobierno consiguió
extirparla, las FARC y el ELN tampoco nunca estuvieron en
condiciones de derribarlo y asumir el poder.
Sin embargo, con la caída del Muro de Berlín, la disolución
del Bloque Socialista y de la propia URSS, en 1991, el comunismo
dejó de representar el gran enemigo, que amenazaba el orden económico,
social y político de las democracias capitalistas de Occidente.
Cuba perdió su importancia estratégica y la legitimidad
para una intervención en América Latina se desvaneció.
Y, sin un enemigo visible, con capacidad para confrontar su
poderío militar, los EE.UU. trataron de descubrir nuevas
amenazas, de modo de justificar la permanencia de los sistemas
nacionales e internacionales de defensa, así como los
presupuestos destinados a sustentar el complejo
industrial-militar, cuya influencia denunciara el presidente
Dwight D. Eisenhower, al despedirse del gobierno el 17 de enero de
19612. Esas
nuevas amenazas identificadas en los documentos sobre la
estrategia de defensa de los EE.UU., eran, por orden de
importancia y capacidad de afectar el sistema capitalista: el
fundamentalismo islámico, el terrorismo y el narcotráfico.
La defensa de la seguridad nacional constituyó la
rationale para la militarización del combate al narcotráfico,
que comenzara en la administración del presidente Richard Nixon
(1969-1973) y se evidenció el 20 de diciembre de 1989, cuando el
presidente de los EE.UU. George Bush (1989-1993), ordenó la
invasión de Panamá (Just
Cause Operation), violando las leyes internacionales como
pretexto de apresar al presidente Manuel Antonio Noriega y
someterlo a la justicia norteamericana por tráfico de droga, pero
con el objetivo de testar, en un escenario contemporáneo, el
planeamiento y la ejecución conjunta de operaciones de
contingencia en países menos desarrollados.
Y la justificativa de proteger la seguridad nacional
permitió proveer más recursos y armamentos para el combate al
narcotráfico, elevando el presupuesto de menos de US$ 1 billón
en 1970, a más de US$ 16 billones en 1999, y fue reforzada
mediante la vinculación de los movimientos de guerrilla al
negocio de drogas. De ahí la expresión “narcoguerrilla”, acuñada en los
EE.UU., que sustituyeran la lucha contra el comunismo por el
combate al narcotráfico, como pretexto para tutelar e intervenir
en América del Sur, destinando, en 1999, cerca del 90% de sus
costos en asistencia militar y policial, y 50% del entrenamiento,
a apenas cuatro países de los Andes: Bolivia, Ecuador, Perú y,
especialmente, Colombia. La
arquitectura militar de los EE.UU. La
concentración de la asistencia militar y policial en los cuatro
países andinos, reflejando aparentemente, el recelo de que el
conflicto en Colombia se expandiese y desestabilizase a América
del Sur, ocurrió en el mismo año de 1999 en que los EE.UU. se
preparaban para devolver a Panamá el control del canal, el 31 de
diciembre, y redistribuían por la Florida, Puerto Rico (isla de
Vieques), Cuba (Guantánamo), Ecuador (Manta), Honduras, así como
las islas de Curaçao y Aruba (gobierno holandés), las
instalaciones militares que, desde la primera década del siglo XX,
conformaran sus sistemas de defensa y seguridad, con respecto a América
Latina. Los EE.UU. aún
esperaban mantener una presencia militar en el istmo, mediante la
creación del Centro Multilateral Antidrogas – CMA – cuya sede
probablemente quedaría en la base de Howard, en el lado del Océano
Pacífico del Canal ya ocupado por los militares norteamericanos. Las
negociaciones secretas con Ernesto Pérez Balladares, presidente
de Panamá (1994-1999), fueron abandonadas, sin embargo, cuando se
tornaron públicas y Mireya Moscoso, su sucesora en la
presidencia, rechazó la implantación de CMA, porque violaba el
Tratado de 1977, firmado por los presidentes Jimmy Carter y Omar
Torrijos. Así, el 30
de julio de 1999, el Southern Command de los EE.UU. arrió la
bandera y se retiró de Panamá, a cuyo gobierno debería entregar
el control del estratégico canal inter-océanico el 31 de
diciembre. Este
acontecimiento constituyó un motivo de preocupación para el
general Charles E. Wilhelm, comandante-en-jefe del Southern
Command (USSOUTHCOM), que consideraba las instalaciones de la
Forward Operating Locations, o FOLs3, el elemento más
crítico de la nueva arquitectura militar, en la perspectiva del
combate al narcotráfico, pues entendía que eran necesarias tres
bases para compensar la pérdida de Howard.
Por eso, desde que la retirada de Panamá, en 1999, se
volvió inevitable, los EE.UU. buscaron inmediatamente una
alternativa, negociando acuerdos de modo que pudiesen usar como
plataformas los aeropuertos existentes en América Central, Caribe
y el norte de América del Sur, como Forward Operation Locations (FOLs),
para conducir esencialmente operaciones aéreas multinacionales en
el combate a las drogas. Las
FOLs fueron entonces establecidas en Manta (Ecuador), en Beatrix (Aruba)
y Hato (Curaçao), en el Caribe y en el Aeropuerto Internacional
de El Salvador, Comalapa, en América Central.
Mientras tanto, a pesar de que la base militar en Manta,
sustituyendo a la de Howard, permitiese que los EE.UU. pudiesen
dominar el bloque andino, controlando no sólo las guerrillas en
Colombia, sino a largo plazo, los corredores inter-océanicos de
toda América, la posición de Panamá comenzó a preocupar a los
EE.UU. El General
Charles E. Wilhelm, comandante-en-jefe del Southern Command, la
juzgaba como “more complicated”4, debido al
hecho de que las fuerzas militares y las Fuerzas Públicas Panameñas,
no eran manejadas y entrenadas ni equipadas para impedir las
repetidas incursiones de las guerrillas o de las unidades
paramilitares en el sur de Panamá, en la provincia de Darién,
fronteriza de Colombia. Según
el general Charles E. Wilhelm, las FARC entraban en Panamá para
descansar y rearmarse y las unidades paramilitares igualmente
violaban el mismo territorio para destruir a los guerrilleros.
También varios miembros del Congreso norteamericano,
principalmente del Sub-Committee on Criminal Justice, Drug Policy,
and Human Resources, manifestaron preocupación con el hecho de
que la frontera de Panamá con Colombia propiciaba refugio a los
guerrilleros, para evitar la persecución de las fuerzas militares
y policiales colombianas5.
Y oficiales del Pentágono y otros sectores de la
administración norteamericana comenzaron a percibir como una gran
amenaza a sus intereses económicos y estratégicos, representados
por el Canal de Panamá, el incontenible avance de las FARC, que
con 17.000 efectivos controlaban grandes zonas del sur de Colombia
y una zona en torno de Bogotá, mientras que el ELN, con 5.000
efectivos, dominaban el territorio al norte, o sea, un total de
aproximadamente 40% del país6. El
general Charles E. Wilhelm no ocultó ese temor y, durante una
audiencia en el Senado norteamericano, advirtió que el
enfrentamiento con los guerrilleros en Colombia ponía en peligro
la seguridad del Canal de Panamá, agregando que las incursiones
en el área fronteriza representaban un impulso más vigoroso por
parte de los traficantes, que utilizaban la ruta del istmo, y ese
hecho podría requerir una intervención militar unilateral de
tropas norteamericanas. Esa
declaración provocó la protesta de gobiernos tanto de Panamá
como de Colombia, llevando a que el secretario de Estado adjunto,
Peter Romero, se reuniese en Washington con el embajador de Panamá,
Eloy Alfaro, y le entregase una nota aclaratoria en la que
desautorizaba al general Charles E. Wilhelm. No obstante ese desmentido, la hipótesis de intervención
unilateral de los EE.UU. en Colombia seguramente fue aventada.
Cuando el proceso de negociaciones de paz comenzó, a fines
de 1998, el presidente Bill Clinton declaraba que los EE.UU. darían
dos años al presidente Andrés Pastrana para alcanzar un acuerdo
de paz con las FARC, pues, en caso contrario, resolvería el
problema a su manera. Esta
disposición era consistente con el principio estratégico de los
EE.UU., según el cual la decisión de usar la fuerza sería
dictada primero y por encima de todo, por los intereses nacionales
de los EE.UU. en áreas específicas, y donde sus “vital interests are at stake, our use of force will be decisive and,
if necessary, unilateral”7. Mientras
tanto, la alternativa excogitada para evitar la acción unilateral
de los EE.UU., fue la creación de una fuerza multilateral de
intervención, lo que implicaba la regionalización del conflicto
colombiano y, desde 1998, la política de Washington se orientó
en ese sentido. El
propio general Charles E. Wilhelm, frente al Senado, resaltó que
el conflicto en Colombia por él estigmatizado como “malignant
cancer”, tenía dimensión internacional, inclusive porque
los insurgentes y narcotraficantes encontraban santuarios en la
provincia de Darién, frontera de Panamá con Colombia, en
Venezuela y en Ecuador, así como, en menor escala, en Perú y en
el Brasil, cuyo gobierno continuaría desarrollando el Sistema de
Vigilancia de la Amazonia (SIVAM), presupuestado en US$ 1,4
billones, reestructurando su organización nacional contra los
negocios de droga e intensificando las operaciones militares en el
vasto estado de Amazonas8. Los
EE.UU. se alarmaron, mientras tanto, con el hecho de que las FARC
fuesen capaces de coordinar, a comienzos de julio de 1999, una
amplia ofensiva en casi todo el territorio de Colombia, “in
the second most populace nation of South America”, sin que
los servicios de inteligencia norteamericanos detectasen algún
indicio concreto de sus intenciones9.
Cerca de 500 guerrilleros llegaron a apenas 50 km al sur de
Bogotá y se trabaron en intensos combates, en una zona montañosa,
contra 2.500 efectivos del Ejército y de las fuerzas policiales,
que contaban con la cobertura de aviones y
helicópteros. Frente
a esa ofensiva nacional, en la que, de acuerdo con las noticias,
cerca de 134 guerrilleros y 17 policiales murieron, el presidente
Andrés Pastrana tuvo que decretar el toque de queda en casi un
tercio del país. Pero
las operaciones de guerrillas no cesaron. Poco tiempo después, en agosto de 1999, las FARC
arremetieron contra Urubá10, en el departamento de
Chocó, zona de interés estratégico, situada en la frontera de
Panamá. Allí había
yacimientos de petróleo, así como importantes reservas de gas
natural, explotadas por compañías norteamericanas y británicas
y, los EE.UU., desde mediados del siglo XX, planeaban aprovechar
el río Atrato, uniéndolo al río San Juan, para abrir un canal
interoceánico, que duplicaría al de Panamá. Ese
ataque aumentó el nerviosismo en el Pentágono y en otros
sectores de Washington, al darle mayor volumen a los informes que
generales norteamericanos decían conocer, sobre un plan para
cortar la vía entre los dos océanos y provocar un colapso del
comercio mundial11.
Esos y otros acontecimientos generaron o fundamentaron en
Washington la percepción de que las negociaciones con las FARC,
iniciadas en 1998 por el presidente de Colombia, Andrés Pastrana,
no iban por buen camino12.
Militares en el Pentágono y otras autoridades en
Washington evaluaban que los esfuerzos de paz fracasarían y
servirían solamente para fortalecer las guerrillas y tornarlas más
definidas, de acuerdo a la opinión expresada por el senador Jeff
Sessions, de Alabama, agregando que no estaba seguro de que se
consiguiese algo antes de que los guerrilleros fuesen derrotados
en el campo de batalla13.
El general Charles Wilhelm también pensaba así e insistió,
frente al comité del Senado norteamericano sobre el control
internacional de tráfico de drogas, que las guerrillas deberían
ser primero derrotadas en el campo de batalla, antes de cualquier
iniciativa de paz14.
Esa opinión reflejaba el ánimo existente en los EE.UU.,
que jamás aceptarían un acuerdo de paz que implicase dejar el
40% de Colombia sobre el control de los comunistas, y temían que
las guerrillas se expandiesen a otros países.
El propio general Wilhelm advirtió que la inestabilidad en
Colombia podría amenazar a América del Sur entera, temor
igualmente manifestado por el senador Mike Dewine, de Ohio15
y otros políticos. Por otro lado, aunque los EE.UU. fuesen a aumentar su
asistencia militar para que el gobierno de Andrés Pastrana
lanzase una ofensiva contra el territorio ocupado por los
guerrilleros, tanto
los militares como los senadores no creían que sus fuerzas de
seguridad – el Ejército con cerca de 122.000 efectivos y la
fuerza de policía con aproximadamente 104.000 – fuesen capaces
de reconquistar Putumayo y Caqueta, fuente de dos tercios de la
coca producida en Colombia, dado que carecían de entrenamiento,
inteligencia, movilidad y buen sistema de comunicación16. Los
norteamericanos se alarmaron aún más con una estimación hecha
por la Defense Intelligence Agency (DIA), servicio de inteligencia
del Ejército norteamericano y revelada por The
Washington Post, previendo que los guerrilleros podrían
derrotar al Ejército colombiano, dentro de los próximos cinco años,
a menos que el gobierno de Bogotá reconquistase la legitimidad
política y reestructurase drásticamente sus Fuerzas Armadas. La
evolución de los acontecimientos apuntaba, por lo tanto, a una
intervención directa de los EE.UU. en Colombia, donde ya habían
200 asesores militares norteamericanos.
La administración Clinton, sin embargo, estaba
aparentemente dividida en dos tendencias.
Una temía que esa asistencia militar resultase en una
escalada del conflicto, tal como sucediera en Vietnam, tanto que
algunos analistas políticos ya referían el obscurecimiento de
las líneas entre la campaña contra las drogas y el combate a las
guerrillas como posible “Vietnamization”
de la política norteamericana en Colombia. La otra tendencia,
liderada por el general Bary McCaffrey17, director de
la National Drug Policy Control Office de los EE.UU., pretendía
incrementar la asistencia y enviar más asesores militares, a fin
de intensificar el entrenamiento del Ejército en Colombia, o
estimular una intervención militar multinacional en Colombia,
ejecutada por algunos estados de América del Sur, sin un
compromiso directo de los EE.UU., por lo menos en el primer
momento. En una
declaración realizada al Committee on Government Reform,
Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources,
el 6 de agosto de 1999, el general Barry McCaffrey resaltó que
las unidades de guerrilla encontraban santuarios en panamá y
también cruzaban las fronteras de Ecuador, Venezuela y Perú, de
modo que la insurgencia, que era más un problema interno de
Colombia, estaba recibiendo combustible con los negocios de la
droga y ganando significación para la seguridad regional18.
Con tal percepción, pocas semanas después él viajó para América
del Sur y, a partir del 23 de agosto de 1999, visitó Brasil,
Bolivia, Perú y Argentina, donde describió dramáticamente la
situación colombiana, urgió en forma privada a los jefes de
gobierno de los cuatro países a participar de una intervención
multinacional contra las FARC que no tenían interés en el
proceso de paz, según su opinión.
McCaffrey ponderó, mientras tanto, que para los EE.UU. sería
“una locura” intervenir militarmente en Colombia, razón por
la cual era necesario buscar el apoyo de la región para
solucionar el problema. La
alternativa para el proceso de paz, propuesta por él, consistía
en rematar una ofensiva con cinco batallones colombianos, que los
EE.UU. ya estaban entrenando y equipando, y recorrer la intervención
militar multilateral, si ella se malograse.
El plazo para que las negociaciones con las FARC
concluyesen un acuerdo, era enero de 2000, cuando Andrés
Pastrana, al no conseguir establecer la paz, declararía el estado
de guerra interna en Colombia y solicitaría asistencia de los países
vecinos, principalmente Perú, Ecuador y Brasil, cuyas fuerzas se
unirían a los cinco batallones entrenados por asesores
norteamericanos, mientras navíos de guerra de los EE.UU., en la
costa de Colombia, sustentarían la intervención con misiles y
ataques aéreos. La colaboración de Argentina y Perú La
Argentina ya estaba dispuesta a colaborar estrechamente con los
EE.UU. en operaciones conjuntas para el combate al tráfico de
droga y a la insurgencia, quizás, entre otros motivos, con vistas
a una actuación en Colombia.
Miembros de la Gendarmería Nacional y de la DEA habían
ejecutado una operación llamada Operativo Area Frontera Norte,
ocupando una casa alquilada en la calle Santiago del Estero, en la
provincia de Salta, y allí 30 policías argentinos trabajaban,
independientemente de su cadena de comando, bajo la supervisión
de dos norteamericanos. Esa
operación conjunta EE.UU.-Argentina, de la cual el gobernador de
Salta, Juan Carlos Romero, tuviera conocimiento, pero no fuera
oficialmente consultado, podía constituir, según los rumores, el
comienzo del proyecto para el establecimiento de una base
operacional de los EE.UU. en la Argentina.
De hecho, el 5 de setiembre de 1999, El Clarín, de
Buenos Aires, dio la noticia que Menem había ofrecido a los EE.UU.
para entrenamiento en combate en la selva de sus unidades de
contra-insurgencia, los boinas verdes (Green Berets), la Escuela
de Monte19, que el Ejército poseía en la provincia de
Misiones, con 10.000 hectáreas y en una zona muy próxima de la
frontera con Brasil. Ese
ofrecimiento atendía a la demanda del Pentágono, interesado en
encontrar nuevos lugares de entrenamiento para sustituir al de
Panamá y estacionar los millares de soldados que de allí se
retirarían el 31 de diciembre de 199920 y no retornarían
a los EE.UU., pues el propio Clinton consideraba necesario
fortalecer la presencia militar norteamericana en el continente.
El trasfondo
de ese ofrecimiento fue el pedido para la admisión de Argentina
como miembro pleno de la OTAN, y Menem21 quiso dar una
demostración efectiva de su propósito de colaborar con los
EE.UUU., inclusive en una eventual intervención en Colombia.
McCaffrey, en la charla mantenida con Menem en Buenos
Aires, se refirió al establecimiento del contingente militar de
los EE.UU. en Misiones como “army delegation”, en lugar de “military
base”, porque la constitución de la Argentina prohibía la
presencia de tropas extranjeras en territorio nacional.
Pero, en verdad, el proyecto, de concretarse, transformaría
la Escuela de Monte, cuyos costos asumiría el Pentágono, en una
base norteamericana, permitiendo que los Boinas Verdes (Green
Berets) entrenasen sus comandos y realizasen frecuentes
maniobras conjuntas con los militares argentinos, como ya
anteriormente habían hecho en esa misma región de Misiones,
generando suspicacias en el Ejército brasileño22. En
tales circunstancias, el presidente de Argentina, Carlos Menem,
habiendo ya aceptado las tareas de policía para el combate al
narcotráfico, etc., designadas por el Pentágono para las fuerzas
armadas de América Latina, ofreció enseguida su apoyo a una
eventual intervención en Colombia.
Justo antes de la visita de McCaffrey a Buenos Aires23,
él proclamara públicamente su disposición de ofrecer tropas
para intervenir en Colombia, en caso de que el presidente Andrés
Pastrana solicitase ayuda. Y
al propio McCaffrey manifestó su opinión de que “ya no se debe
negociar” con los grupos guerrilleros, pues era necesario
“recuperar el terreno perdido”, o sea, el enorme territorio de
Colombia, del orden del 30% al 40%, controlado por las FARC24.
A lo que todo indicó, no fue mera casualidad que su pedido
para la admisión de Argentina como miembro pleno de la OTAN
coincidió con la perspectiva de intervención en Colombia,
abierta por los EE.UU. frente a la incapacidad del presidente Andrés
Pastrana de contener el incontenible avance de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas (FARC), que ya controlaban el 40% de
su territorio dominando la situación en cerca de 650 municipios,
casi todos en las fronteras con otros países, aunque no fuesen
los más poblados. El Departamento de Estado calificaría ese avance del narcotráfico
como un problema de seguridad para el resto de la región y el
propio Clinton, en julio de 1999, afirmara que décadas de lucha
armada en Colombia constituían una “national security issue”
para los EE.UU. y que haría todo lo posible para solucionarla. De
la perspectiva militar, sin embargo, la intervención en Colombia,
realizada por una fuerza multinacional, bajo el control
norteamericano, posibilitaría que los EE.UU. desarrollasen nuevas
estrategias y experimentasen su capacidad de coordinar las bases
de Aruba-Curação, El Salvador y Manta, de donde sus aviones DCH-7
partían para sobrevolar el territorio de Colombia, registrando
las imágenes infrarrojas de los guerrilleros colombianos y
realizando la lectura de sus comunicaciones por radio a fin de
trasmitirlas al comando de las Fuerzas Armadas de Bogotá25.
Incluso antes de la visita de McCaffrey, el presidente de
Ecuador, Jamil Mahuad, ya habría ordenado que sus Fuerzas Armadas
aumentasen la vigilancia en la frontera norte.
La propuesta para una intervención multinacional también
contaba con la simpatía de Alberto Fujimori, presidente del Perú,
que despachara de 2.000 a 5.000 soldados para la frontera de
Colombia y cuatro navíos de guerra y unidades de fusileros
navales para el litoral, al mismo tiempo en que ordenaba una
revisión de la ley de reclutamiento militar ante la posible
amenaza de las guerrillas colombianas a la seguridad nacional del
Perú. Por esa razón,
el líder del Partido Liberal de Colombia, Horacio Serpa, acusó a
los EE.UU. de estar atrás de la decisión de Perú y otros países
vecinos de militarizar las fronteras con Colombia, por el supuesto
temor de incursiones de guerrilleros y narcotraficantes.
Pero la colaboración
entre los presidentes Mahuad y Fujimori en los preparativos para
una eventual intervención en Colombia sólo fue posible porque el
Perú, Ecuador y los países garantes (Argentina, Brasil, Chile y
EE.UU.), luego de arduas negociaciones, habían firmado el 30 de
mayo de 1998 la Declaración de Brasilia, dando una solución
definitiva al antiguo litigio fronterizo que, en 1995, llevara a
los dos países a otro enfrentamiento armado en las cercanías de
Cenepa, confluencia de los ríos Santiago y Yaupi y en la
Cordillera del Condor26, Según
informaciones que Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de
Inteligencia Nacional en el Gobierno Fujimori, dejó traslucir, el
Perú y el Ecuador serían los protagonistas en una eventual
operación multilateral en Colombia que se realizaría a pedido
del presidente Andrés Pastrana, bajo la forma de incursiones
directas contras los campamentos de las FARC en las fronteras de
los dos países y vigilancia de las zonas de donde el Ejército
colombiano hubiese expulsado la guerrilla.
De la operación participarían 120.000 hombres, en un período
de 45 a 60 días, apoyados por dos divisiones aerotransportadas,
dos fuerzas especiales del Ejército, tres divisiones de marines
y 200 aviones C-5 y C-141. De
acuerdo con el diario El
Espectador, de Bogotá, el desmantelamiento de un bando
peruano que contrabandeaba armas de Jordania para las FARC, de
acuerdo a lo anunciado por el propio presidente Alberto Fujimori
del Perú27, tendió a crear las condiciones para esa
intervención militar en Colombia.
Fue, además, el propio Vladimiro Montesinos, responsable
por la compra de cerca de 10.000 fusiles AKM, lanzados en paracaídas
para las FARC en territorio colombiano28, quien difundió,
al mismo tiempo, el rumor sobre la grave situación en Colombia e
informó al periodista Genaro Delgado Parker y a tres generales,
el 21 de abril de 1999, que la intervención se consumaría el 29
de octubre. No
obstante, a principios de setiembre de 2000, el escándalo del tráfico
de armas, compradas a Jordania y desviadas para las FARC,
estremeció aún más la posición de Fujimori.
Sarkis Soghanalian Kopelian, miembro de una familia armenia
de traficantes de armas, con nacionalidad turca y antiguo
colaborador de la CIA, también conocido como “El Mercader de la
Muerte”, confirmó
públicamente que vendió al gobierno de Perú las armas compradas
en Jordania y de las cuales él fue intermediario.
Ese escándalo comprometió a Fujimori.
La secretaria de Estado, Madeleine Albright, solicitó
entonces que él convocase a nuevas elecciones y presionó a Panamá
para que diese asilo a Montesinos, bajo el
pretexto de que su salida facilitaría el proceso democrático
en el Perú, donde cerca de 1.100 km al sur de Lima, en la
proximidad de la frontera con Chile y Bolivia, se dio en octubre
de 2000 un levantamiento militar, liderado por un oficial llamado
Ollanta Humala Tasso, que exigió la renuncia de Fujimori y la
prisión y el juicio de Vladimiro Montesinos30. La crisis en el Perú por cierto dificultó la situación con vistas a una eventual intervención en Colombia. Brasil, por su parte, se rehusó firmemente a participar en cualquier tipo de operación multilateral, con el objetivo de combatir a los traficantes y las guerrillas de las FARC y del ELN, aunque intensificase los esfuerzos en la represión al narcotráfico y transfiriese 6.000 soldados para la frontera del Amazonas. Y no sólo se rehusó a colaborar en la intervención sino que no aceptó la expansión de la presencia norteamericana, bajo el pretexto estratégico-militar o de combate al narcotráfico, porque percibía la amenaza de los EE.UU., tendiendo al control de todo el valle del Amazonas, en el alargamiento de sus instalaciones militares en Colombia, mediante el refuerzo de las bases en Caquetá (Florencia), en Putumayo (Tres Esquinas – sede del Batallón Antidrogas, Macao, La Tagua, Puerto Leguizamo), y en el Ecuador (Puerto Manta), puerta de acceso a las fronteras de Perú-Colombia-Ecuador. El Panamá se negó igualmente a apoyar una intervención multinacional en Colombia. La jefe de gobierno, Mireya Moscoso, rechazó el alegato de que el conflicto con las FARC se pudiese desbordar, amenazando la seguridad del canal, no obstante reforzar la guardia nacional en la frontera de Darién, para donde transfirió 2.000 efectivos y aceptar la permanencia en Panamá de 3.300 soldados norteamericanos hasta después del año 2000. También Venezuela se rehusó a colaborar en cualquier operación multinacional en Colombia y el presidente Hugo Chávez no sólo admitió a las guerrillas como parte legítima del conflicto, disponiéndose a intermediar en las negociaciones con las FARC, sino que sustentó la decisión de no permitir que aviones militares de los EE.UU.,procedentes de las bases de Aruba y Curazao, atravesaran el espacio aéreo de Venezuela, con el pretexto del combate al narcotráfico, sin una autorización explícita. Esa objeción reflejó el temor existente en las Fuerzas Armadas venezolanas, dentro de las cuales fuertes sectores se preocupaban con el tema de la soberanía nacional y suponían que los aparatos norteamericanos estacionados en Aruba y Curazao no se limitaban a las misiones de reconocimiento, pues entre ellos había aviones de guerra F-16.
El Plan Colombia Dentro
de ese contexto, Bill Clinton, el 31 de agosto de 2000, viajó a
Cartagena de Indias, donde se encontró con Andrés Pastrana y
anunció el lanzamiento del Plan Colombia31, que preveía
una inversión de US$ 7,5 billones32 en cinco años,
bajo el alegato de combatir el narcotráfico, fomentar el
desarrollo económico del país y financiar culturas alternativas
en sustitución a las plantaciones de coca.
Ese hecho generó una enorme aprehensión en varios países,
sobretodo en el Brasil, que recibió con extrema cautela el
movimiento de los EE.UU. en la región.
El ministro de Relaciones Exteriores, embajador Luiz Felipe
Lampréia, aún reconociendo que Colombia tenía el derecho
soberano de aceptar ayuda externa, manifestó públicamente su
preocupación con el impacto que la ejecución del Plan Colombia
produciría sobre el territorio brasileño, en la medida en que el
conflicto en Colombia se intensificase, a partir de enero de 2001,
fecha prevista para el comienzo del entrenamiento militar y del
uso del material bélico. El
gobierno brasileño temía que el narcotráfico se desplazase para
su territorio y guerrilleros o militares colombianos lo
invadiesen, o que hongos (Fusarium orysporum) u otras armas
químicas y biológicas, eventualmente empleadas por los EE.UU.
para destruir las plantaciones de coca, contaminasen los ríos de
la Amazonia. Por
otro lado, a su entender, no se podía vincular la necesidad de
combatir el negocio de las drogas con el problema de la
insurgencia, que era de competencia interna de Colombia y debía
ser políticamente resuelto, aunque esta posición no significase
simpatía por ninguna solución tendiente a ceder a las FARC y al
ELN las zonas conquistadas, por implicar una renuncia del estado
colombiano a la soberanía sobre su territorio. Mientras
tanto, el gobierno brasileño consideraba que la vía militar,
como los EE.UU. proponían, no resolvería la crisis y se rehusó
terminantemente a permitir la utilización de cualquier base u
otras instalaciones militares en su territorio para operaciones en
Colombia, solicitada por la secretaria de Estado, Madeleine
Albright. En las
Fuerzas Armadas, además, el Plan Colombia fue percibido por
muchos militares como el Caballo de Troya de los EE.UU. para
dominar las nacientes del río Amazonas, lo que suscitó la
conjetura de que el combate al narcotráfico y a las guerrillas
viniese a servir como pretexto para la ocupación disimulada de la
Amazonia, bajo el argumento de que el Ejército brasileño no
estaba en condiciones de controlar la región e impedir el tránsito
de alimentos y armas para las FARC.
Hubo sospecha de que por atrás del Plan Colombia, había
una estrategia que tendía a rediseñar el mapa de América del
Sur y el senador José Sarney, así como varios militares,
intuyeron que el Plan Colombia, colocando a los americanos
militarmente en la Amazonia, representaba el comienzo de su
internacionalización, pues los EE.UU. tenían un plan de ayuda
militar a la Guayana y una red de monitoreo extendida desde Panamá. *
Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira es doctor em ciencia políticca,
profesor titular (retirado) de Historia de la Política Exterior
de Brasil en la Universidad de Brasília y autor de varias obras
sobre las relaciones de los EUA con el Brasil y los demás países
de América Latina, entre los cuales Presença dos EUA no
Brasil, De Marti a Fidel e Da Guerra do Paraguai ao
Mercosul, esta a ser lanzada en marzo de 2003. [1]
Ethan Bronner, “US aide talks of troop help for Colombia,” The
Baltimore Sun, August 21, 1989, p. 1. 2
Cook, Fred J. – O Estado Militarista. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1964, pp. 7-10. 3
Esses acordos, chamados pelo Departamento de Defesa dos EUA
Forward Operating Locations, ou FOLs, permitiam que os aviões
norte-americanos de reconhecimento e monitoramento tivessem acesso
a aeroportos ou bases estrangeiras. As instalações dos
aeroportos e bases eram de propriedade e operadas pelos países
hospedeiros e nelas ficava estacionado um pequeno número de
militares, de agentes do DEA (Drug Enforcement Agency), da Guarda
Costeira e da alfândega para apoiar os aviões norte-americanos e
coordenar comunicações e coleta de inteligência. 4
Statement of General Charles E. Wilhelm, U.S. Marine Corps
Commander in Chief, U.S. Southern Command 5Ana
Maria Salazar, Deputy Assistant Secretary of Defense for Drug
Enforcement Policy and Support, United States House Of
Representatives, Committee on Government Reform, Subcommittee on
Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources –
“Counter-Drug Implications Of The U.S. Leaving Panama”, June
9, 2000. Statement For The Record, distributed by the Office of
International Information Programs, U.S. Department of State. Web
site: http://usinfo.state.gov
- Washington File 6
O general Barry McCaffrey estimou em cerca de 20.000 o número de
guerrilheiros na Colômbia. Statement
by General Barry R. McCaffrey, Director, Office of National Drug
Control Policy Before the House Committee on Government Reform,
Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources
- The Evolving Drug Threat in Colombia and other South American
Source Zone Nations - August 6, 1999. 7
A
National Security Strategy For A New Century
- The White House Office Of The Press Secretary January 5, 2000
The White House December 1999. 8
Statement of General Charles E. Wilhelm, United States
Marine Corps 9
Ibid. 10
O Urubá chocoano era uma zona produta de bananas e lá havia rica
reserva de água doce, com a maior
de maior pluviosidad na Colombia. Os paramilitares
arrasaram-na em 1994 e o conflito armado provocou o êxodo de sua
população para a fronteira do Panamá, que se intensificou desde
1996. 11García
Lupo, Rogelio - “La intervención militar en Colombia”, Tiempo nº. 903, Madrid. 12
Em 8 de junho de 1999, o Congresso
colombiano rechaçou uma reforma política proposta pelo
presidente Andrés Pastrana, que incluía poderes especiais para
que o chefe de estado fosse o condutor supremo do processo de paz
com a guerrilha, até depois de dois anos
de terminado seu mandato presidencial, e também o
autorizava a conceder indultos e amnistia a membros de grupos rebeldes, a criar zonas especiais de paz
dentro do território nacional e a destinar
recursos a grupos rebeldes. 13
Colombia:
Counter-Insurgency Vs.
Counter-Narcotics - Hearing
before the Senate Caucus on International Narcotics Control -
One Hundred Sixth Congress, First
Session, September
21, 1999 U.S. Government Printing Office, Washington : 2001. 14
Ibid. 15Ibid. 16
Statement by General Barry R. McCaffrey, Director, Office of
National Drug Control Policy before the House Committee on
Government Reform, Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy,
and Human Resources - 17Um
repórter veterano do
periódico norte-americano New
Yorker, Seymour Hersh, vencedor do prêmio Pulitzer Prize,
revelou que o general
Barry McCaffrey, que lutara na guerra do Vietnã, dirigiu em 1991
o massacre de centenas
de soldados do Iraque dois dias depois do cessar fogo e terminar a
Guerra do Golfo. 18
Statement by General Barry R. McCaffrey, Director, Office of
National Drug Control Policy before the House Committee on
Government Reform, Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy,
and Human Resources - 19
Na Escuela de Monte o exército transandino da Argentina preparava
o batalhão de caçadores ou
tropas de elite. Internacional
- 06 de Septiembre de 1999 -
La Tercera en Internet. 20
Muitos
contingentes já se haviam sido trasladados para novas instalações militares em Aruba, Puerto Rico, Miami e
Equador, entre outros lugares. 21
Menem
já promovera a criação do centro argentino de formação de
inter-exércitos em operações de paz, que funcionava desde 1995. 22
O
Exército brasileiro rechaçara proposta do Pentágono, para a
realização de operações conjuntas de treinamento na Amazônia,
recebendo como contrapartida a oportunidade de fazê-las no território
norte-americano, o que o Alto Comando rechaçou, sob a alegação
que somente se fazia treinamento em regiões onde se supunha que
as tropas um dia tivessem de lutar e que o Brasil jamais imaginara
combater dentro dos EUA. 23
McCaffrey
não se encontrou apenas com Menem. Dado que as eleições
para a presidência da República ocorreriam em 24 de outubro, ele
também se entrevistou com os candidatos Eduardo Duhalde, do
Partido Justicialista, e Fernando
de la Rua, da Frente País Solidário (FREPASO). 24
Young,
Gerardo y Gerschenson, Ana – “Menem dio apoyo total a EE UU
por Colombia”, in El
Clarin, 29.8.1999. 25
García
Lupo, Rogelio -
“La intervención militar en Colombia”, Tiempo
nº. 903, Madrid. 26
O
litígio fronteiriço, que irrompeu em 1941
entre o Peru e o Equador, consistiu na
demarcação de uma linha fronteiriça de cerca 78 km em
plena selva amazônica.. Em 19 de janeiro de 1942, enquanto parte
do Equador estava ocupada pelas tropas do Peru, ambos os países
firmaram o Protocolo do Rio de Janeiro. Argentina, Brasil, Chile e
EUA assinaram o protocolo como garantes. O problema da demarcação da zona da
cordilheira do Condor decorreu porque o Protocolo do Rio de
Janeiro deixou de estabelecer a fronteira precisa e o laudo
arbitral do capitão brasileiro Brás Dias de Aguiar, elaborado em
1945, não resolveu todos os problemas. A geografia da zona,
depois de haver sido estudada, não correspondeu ao
descrito no laudo: a divisória de águas, referência para
a demarcação da fronteira, não dividia os rios Zamora y
Santiago mas o Zamora e o Cenepa, cuja extensão era desconhecida
até então. Era um fato que o tratado não mencionava e que o
Equador julgou decisivo. Uma vez
que o Cenepa seria uma abertura para o Amazonas, Brasil e
Europa. Houve numerosos choques militares ao longo dos anos (1978,
1981, 1991 e 1995). Ocorreram geralmente porque os postos
militares de observação progressivamente se aproximavam
e em dezembro de 1994 os serviços de inteligência do Peru
descobriram que o Equador havia infiltrado bases na área
litigiosa. Combates foram então travados nas vizinhanças do
Cenepa, na confluência dos rios Santiago e Yaupi e cordilheira do
Condor. A Declaração
de Brasília, assinada em 28 de maio de 1998, reconheceu o território
como peruano. [1]
Em 21 de agosto 2000, o presidente Alberto Fujimori e assessor de
segurança Vladimiro Montesinos apareceram em público em uma
entrevista à imprensa para anunciar o desmantelamento de una rede
internacional de tráfico de armas que se iniciava na Jordânia e
terminava na selva colombiana de Vichada. Nos dias seguintes,
revelou-se que a rede de traficantes era dirigida pelo próprio
Montesinos, que os demais protagonistas da operação para a
compra de 50.000 fuzis AK-47
(Kalashnikov, calibre 7.72, fabricados na Rússia) eram
colaboradores do serviço de inteligência
do Peru, SIN, e que em quatro vôos já haviam entre 10.000
armas a uma frente
das FARC, na fronteira dos departamentos de Vichada e Guainía. A
operação de contrabando de armas do Peru para as FARC tinha o
propósito adicional de fortalecer a guerrilha: gerar uma escalada
do conflito de modo a justificar uma intervenção militar
estrangeira, para evitar a desestabilização do sul da Colômbia.
El Espectador, Bogotá, 13.5.2001. [1]
Entre fevereiro e julho de 1999,
foram feitos quatro lançamentos, em para-quedas , em uma zona próxima
de Barranco Minas, em Guainía, território colombiano, onde
operava a Frente 16
das FARC, sob o comando de El Negro Acacio. 27
O diálogo
seguinte foi transcrito pelo jornal El Espectador, de Bogotá,
na sua edição de 13.5.2001:
“El
vladivideo 1487: invasión -
El 21 de abril de 1999, Vladimiro Montesinos sostuvo una reunión
con el propietario de Global Televisión del Perú, Genaro Delgado
Parker, durante la cual hizo afirmaciones en torno a la presunta
operación de los Estados Unidos para ocupar el sur de Colombia.
Esta es su versión: 28
Após a queda Vladimiro
Montesinos, Fujimori viu-se obrigado a convocar novas eleições
para 8 de abril de 2001, mas essa iniciativa não evitou que a
crise institucional se aprofundasse
e ele viajou para o Japão, onde se homiziou e posteriormente
enviou carta de renúncia à presidência, que o Congresso não
reconheceu, preferindo destituí-lo. 29
O diálogo seguinte foi transcrito pelo jornal El Espectador,
de Bogotá, na sua edição de 13.5.2001:
“El
vladivideo 1487: invasión -
El 21 de abril de 1999, Vladimiro Montesinos sostuvo una reunión
con el propietario de Global Televisión del Perú, Genaro Delgado
Parker, durante la cual hizo afirmaciones en torno a la presunta
operación de los Estados Unidos para ocupar el sur de Colombia.
Esta es su versión: 30
Após a queda Vladimiro
Montesinos, Fujimori viu-se obrigado a convocar novas eleições
para 8 de abril de 2001, mas essa iniciativa não evitou que a
crise institucional se aprofundasse
e ele viajou para o Japão, onde se homiziou e posteriormente
enviou carta de renúncia à presidência, que o Congresso não
reconheceu, preferindo destituí-lo. 31
Em 3 de agosto de 1998, três dias antes de assumir o governo,
Andrés Pastrana esteve em Washington e sugeriu a Clinton que o
governo norte-americano e os bancos
financiassem uma espécie de Plano Marshall para Colômbia,
visando a recuperar as zonas dedicadas ao cultivo de coca e
possibilitar aos
camponeses uma economia alternativa e rentável. Esta,
aparentemente, foi a origem do Plano Colômbia, que tomou forma em
setembro de 1999, obedecendo às linhas do Plan de Desarrollo, de
Pastrana, e incorporando as diversas exigências norte-americanas,
tanto políticas como econômico e militares, bem como o conteúdo
do acordo com o FMI. 32
O Plano Colômbia previa um investimento de US$7,5 bilhões, dos
quais os EUA forneceriam U$1,3 bilhão (incluindo
U$47 milhões como ajuda ao Equador),
US$4 bilhões seriam providos pelo Governo da Colômbia,
US$1.9 bilhão pela Europa e algumas instituições. 33
Declaração, Brasília,
1° de setembro de 2000. AA. 34
Kissinger, 2001, pp. 140-141. 35
Id., ibid., pp. 140. 36
Id., ibid., p. 145. 37
A United Technologies produzia o poderoso helicóptero UH-60L
Black Hawk, o Falcão Negro, e a Bell Textron procurava vender
helicóptero UH-1H Huey. Ambas corporações investiram nas
campanhas eleitorais dos EUA. Constava que, nas campanhas de 1996
e 1998, a Bell Textron deu uma contribuição de US$ 551,816 ao
Partido Republicano e US$ 364,420 ao Partido Democrata; a United
Technologies contribuiu com US$ 362,340 para o Partido Republicano
e US$ 347,200 dólares para o Partido Democrata. LA ONDA® DIGITAL |
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pesar de que el comunismo, como ideología y movimiento políticamente
organizado, empalideciese después del colapso del Bloque
Socialista y de la disolución de la URSS en 1991, y Cuba dejase
de sustentar las guerrillas, la lucha armada en Colombia nunca cesó
y
