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Chile(IV): Las palabras del ex Presidente Eduardo Frei en el Senado fueron muy claras: "Aquí hay una gran responsabilidad de la clase política: el país está paralizado, digámoslo con toda claridad, llevamos cuatro meses con el país paralizado, no resolvemos los problemas". Es que están pendientes la Ley de pesca, la Agenda Pro Crecimiento, la ley de Divorcio. El desempleo crece y los políticos están sumidos en lo que parece una caza de brujas. Pero algo pasa mas allá de estas lacónicas declaraciones. El Partido Socialista y la Democracia Cristiana, por medio de sus presidentes, Camilo Escalona y Adolfo Zaldivar, comenzaron el duro trabajo de reflotar la Concertación. Por ahora han dejado lejos al partido del Presidente Lagos, el PPD, recordando que el comienzo del agrupamiento oficialista se hizo sin la presencia del mismo, todo esto sin valorar el peso electoral que pueda tener. Escalona y Zaldívar acordaron la búsqueda de fórmulas para descongelar las relaciones partidarias interrumpidas desde que explotó el 25 de octubre el caso coimas. Para ello, encomendaron a sus respectivos secretarios generales que trabajen junto a sus pares del PPD y el PRSD y logren una propuesta programática abierta, "con una nueva base conceptual" que deberá ser suscrita por todas las fuerzas políticas. Recién allí entonces, se llamaría a una cumbre de presidentes de partidos. Todo esto no ha caído en principio muy bien en el PPD, que se ve desplazado del centro de decisiones, y por tanto a seguir hechos consumados. Por tanto La Moneda, decidió ir a buscar a los representantes de Alianza por Chile para avanzar en el tema coimas y como terminar con ellas. A Palacio fue invitado el presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera quien de inmediato dijo que su partido sólo va a participar en una mesa de consenso en la medida en que se transparente la situación que existe con los gastos reservados, el caso Obras Publicas - Gate y los aportes públicos a las ONG. Piñera abordó con el Jefe de Estado materias referidas al acuerdo con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio, pero el asunto más importante fue la crisis de probidad. Le comunico al Presidente que no le habían gustado las declaraciones del ministro Javier Etcheberry sobre la investigación del juez del caso coimas, Carlos Aránguiz. De cualquier modo, dejo entrever la posibilidad de acordar una fórmula en la que existiría consenso: la formación de una comisión integrada por unos veinte parlamentarios de todos los sectores, representantes del empresariado y de entidades especializadas, para analizar iniciativas en materia de probidad. Por cuerda separada, en un discutido dictamen, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha determinado que los polémicos sobresueldos cobrados por ministros y subsecretarios constituyen gastos de representación y, por lo tanto, no son tributables. En oficio reservado remitido al ministro del Interior, el organismo ha indicado que esos pagos, por el hecho de provenir de fondos reservados, quedarían eximidos de incluirse en las respectivas declaraciones de impuestos y, lo que se cuestiona sobremanera es que establece que quedaría a decisión de los beneficiados si tributarlos o no según el destino que les dieron. Este dictamen parece otro hecho muy poco transparente, que ayuda muy poco a terminar realmente con el tema en cuestión, estableciéndose que la presión política desde el Palacio Presidencial habría conseguido ese resultado. En verdad, ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos sabe exactamente para qué se asignaron esos pagos. Por tanto su dictamen es una larga y confusa exposición de leyes y normas para volver al mismo punto de partida. Su argumento final, o sea esa apelación al criterio de las autoridades para determinar cuándo incluir o no ciertos ingresos en sus declaraciones es no decir nada. Como ningún ministro ha pagado impuestos por esos cobros, a la ciudadanía sólo le queda aceptar pasivamente que se usaron en el ejercicio del cargo. Y esto suena a poco, muy poco. LA ONDA® DIGITAL |
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