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Los
EE.UU. y la crisis en Venezuela
Orientado
por el principio de que el pueblo integrado como nación constituía
el poder soberano, podía romper revolucionariamente con el régimen
jurídico, político o socio-económico que no se adecuase a sus
aspiraciones o que fuese obstáculo a su progreso, convocó un
referéndum para votar una nueva Constitución1,
aprobada por 71,21% de los electores, cambiando las estructuras
políticas y jurídicas y el nombre del país a República
Bolivariana de Venezuela. Esa
Constitución rompió el modelo democrático tradicional, dentro
del cual durante 42 años, dos partidos – Acción Democrática,
de tendencia social-demócrata y Copei (demócrata-cristiano) de
centro-derecha, se repartieran el poder.
Y Chávez, cuyo mandato de presidente de la República fue
ampliado para 6 años y confirmado a través de nuevas elecciones
realizadas en 2000, modificó no sólo las pautas económicas sino
que reorientó la política exterior de Venezuela, estrechando
relaciones con Cuba, con la cual firmó un acuerdo para la venta
de 53.000 barriles diarios de petróleo a precios de mercado, así
como con Irak y Libia, vistos como enemigos de los EE.UU. Venezuela,
con la tendencia de Chávez hacia un nacionalismo de izquierda,
configuró un obstáculo más a las negociaciones para el
establecimiento del ALCA y colocó a los EE.UU., de los cuales era
el principal proveedor de petróleo, delante del problema de tener
que respetar la voluntad popular, manteniendo la coherencia con la
política de promoción de la democracia, emprendida en los años
90 y evitar, al mismo tiempo, que ésta se convirtiese en la Cuba
de la post guerra fría y Hugo Chávez se transformase en víctima,
en un segundo Fidel Castro, dado el sentimiento anti-norteamericano
existente en toda la América Latina. Esa la razón por la cual
Clinton prefirió evitar costos políticos y económicos, en el ámbito
nacional y regional, y tomó la actitud de wait and see
(esperar y ver), aunque tratase de concretar el Plan Colombia, de
modo a evitar no solamente que el ejemplo de Venezuela
contaminase países como Bolivia, Ecuador y Colombia, en
los cuales las políticas de liberalización económica produjeron
la exclusión social y desestabilizaron los regimenes, pero también
estorbar la integración del Mercosur con el Bloque Andino. A
pesar de que Venezuela fuese, junto con Ecuador, uno de los dos únicos
países de América del Sur que tenían, en la segunda mitad de
los años 90, un saldo positivo en su balanza comercial debido a
las exportaciones de petróleo a los EE.UU., Chávez no logró
contener la crisis económica y social, agravada por la fuga de
capitales, así como por las crecidas y desmoronamientos que
ocurrieron a fines de 1999 y causaron enormes perjuicios, valuados
entre U$S 15 y U$S 20 billones.
La situación en Venezuela se deterioró y, a fines de
2001, se volvió bastante inestable, indicando que un proceso de
desestabilización del gobierno estaba en curso.
Y, dada la sobre-valorización de la moneda venezolana –
el Bolívar – Hugo Chávez no tuvo alternativa, sino liberar el
cambio a comienzos de 2002, abandonando el sistema de bandas, a
fin de detener la sangría en las reservas internacionales que
cayeron de U$S 16,1 billones de dólares en enero de 2001 a U$S
12,2 billones en diciembre, la mayor caída en una década, lo que
redujo las reservas del Banco Central en 23,7%. Cerca
de U$S 700 millones se evadieron de Venezuela solamente en la
primera semana de febrero de 2002. La reducción de las reservas internacionales, acompañada
por la caída de los precios del petróleo, le dejó poco espacio
de maniobra. Y, en
medio de su peor crisis política, Hugo Chávez tuvo que hacer una
completa revisión en el presupuesto de U$S 34,34 billones, con la
reducción de gastos en un 7% y un recorte de deudas del gobierno
a la mitad, un ajuste económico tan fuerte que derribó
abruptamente el valor del bolívar (19% en relación al dólar) y
transformó el centro de Caracas en un escenario similar al de
Buenos Aires2, donde las manifestaciones de masas (cacerolazos)
derribaron el gobierno de la dupla Fernando de la Rúa-Domingo
Cavallo (19/21.12.2001). La
Administración Bush tenía, ciertamente, profundas razones para
preocuparse con América Latina, a pesar de que sus atenciones
estuviesen vueltas, sobre todo, a la guerra en Afganistán y a la
crisis en el Medio Oriente, donde el conflicto entre Israel y los
palestinos recrudecía. Collin
Powell, frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado
norteamericano, observó, a principios de febrero de 2002, que los
EE.UU. iban a vender más para América Latina y el Caribe que
para la Unión Europea y que su comercio era mayor dentro del
NAFTA que con la Unión Europea y Japón juntos7. “We sell more to
Mercosur than to China” – dijo Collin Powell, al resaltar
que América Latina y el Caribe eran el “fastest
growing export market” de los EE.UU., razón por la cual,
claramente, el presidente Bush estaba en lo cierto en concentrar
su atención sobre ese hemisferio y en los esfuerzos para crear el
ALCA8. Todo
esto indicaba, según Powell, que la Administración Bush se movía
en la dirección cierta, “in
our own hemisphere”, no obstante los “difficult
problems” en Argentina, Colombia, Venezuela y en otras
partes de América Latina9.
“We
need to keep democracy and market economics on the march in Latin
America, and we need to do everything we can to help our friends
dispel some of the dark clouds that are there” – agregó
Collin Powell10. Venezuela
mereció, mientras tanto, una mención especial, al declarar Colin
Powell que las acciones del presidente Hugo Chávez preocupaban a
la Administración Bush, debido a sus comentarios sobre la campaña
contra el terrorismo, así como al hecho de no haberla apoyado
tanto como podría haber hecho y elegir para visitar algunos de
los “lugares más extraños” (Irak y Cuba), calificados como
“estados parias” por los EE.UU.4 Ese
pronunciamiento provocó diversas reacciones del Gobierno Chávez,
que acusó a Washington de atentar contra la soberanía
venezolana. Pero,
casi al mismo tiempo, el director de la CIA, George J. Tenet, dio
al Select Committee on Inteligence del Senado norteamericano una
declaración similar, al reconocer que la situación en América
Latina estaba “becoming
increasingly volatile as the potential for instability there grows”
y que la región fuera azotada por cinco crisis económicas,
en menos de un año, y que se agravara aún más por el impacto de
los atentados del 11 de setiembre5.
Dentro de ese contexto, él se mostró particularmente
preocupado con Venezuela, el tercer mayor proveedor de petróleo
de los EE.UU., resaltando que el descontento con el presidente Chávez
y la “Revolución
Bolivariana” “is growing, economic conditions have
deteriorated with the fall in oil prices, and the crisis
atmosphere is likely to worsen”6. Colin
Powell y George J. Tenet no estaban a especular.
Sabían realmente de los preparativos para deponer al
presidente Hugo Chávez, pues altos funcionarios de la
Administración Bush ya se habían encontrado, diversas veces, con
los dirigentes de la coalición que articulaba el golpe de estado
en Venezuela11. Y
sus declaraciones iban en esa dirección, al punto que la agitación
en Caracas recrudeció y, enseguida dos días después, el 7 de
febrero, el coronel de la Aviación, Pedro Vicente Soto Fuentes, y
el capitán de la Guardia Nacional, Pedro Flores Rivero, apoyados
por otros militares, se rebelaron, exigiendo la renuncia de Hugo
Chávez que, Donna Hrinak, entonces embajadora de los EE.UU. en
Caracas, acusó luego de tener “simpatía” por la guerrilla
colombiana12. Y, mientras Chávez consiguiese dominar la rebelión, el
presidente George W. Bush decidió formalizar su aislamiento,
dentro del sistema interamericano y regional, al pedir que
Venezuela no fuese convocada para la reunión de los países
andinos, a realizarse el 23 de marzo de 2002 en el Perú.
Bush demostró así que los EE.UU. no estaban más
dispuestos a aceptar la inflexión de Venezuela a una especie de
nacionalismo de izquierda. Como
el propio historiador Kenneth Maxwell, miembro del Council of
Foreign Relations, de los EE.UU., después del 11 de setiembre la
actitud americana se endureció, y nadie en Washington estaría
“muito infeliz” si Chávez dejase el gobierno13, no
sólo, por cierto, porque él se aproximara a Fidel Castro y a los
jefes de gobierno de Irak, Saddam Hussein y de Libia, Muammar
Kadafi, sino también porque Venezuela, dentro del Bloque Andino,
pasara a constituir el contrapunto de Brasil, en la resistencia a
la implantación del ALCA y se oponía a la intervención
multilateral en Colombia14. Y la atmósfera para un golpe de estado se conformó cuando
la Central de los Trabajadores Venezolanos (CTV),k controlada por
los partidarios de Carlos Andrés Pérez, convocó, el 6 de abril,
a una huelga general de 24 horas, por motivos salariales, contando
con el respaldo de la poderosa organización patronal – Fedecámaras
– y otros sectores civiles. El golpe de 11/12 de abril Esa
crisis recrudeció con la destitución de siete altos ejecutivos
de la compañía Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en virtud
del conflicto en que estaban con la dirección nombrada por Chávez.
Y el 10 de abril, con el objetivo declarado de obligar a Chávez
a salir del gobierno, los dirigentes de la CTV y de la organización
patronal Federación de Cámaras (Fedecámaras) declararon que la
huelga general sería indefinida y, al día siguiente, instaron a
la multitud a marchar al Palacio Miraflores, con el objetivo de
exigir su renuncia. Y,
en la secuencia de esa demostración de protesta y actos de
violencia, en que las tropas de la Guardia Nacional intervinieron
y, por lo menos 15 personas murieron y cerca de 110 resultaron
heridas, por balas que partieron, según algunas versiones, de
agentes provocadores, franco tiradores colocados en las ventanas
de algunos edificios de Caracas15, el golpe de estado
fue perpetrado. Del
11 al 12 de abril, luego de esos acontecimientos, tres generales
prendieron a Chávez, lo llevaron para el Fuerte Tiuna, escoltado
por el antiguo ministro de Defensa, José Vicente Rangel, y por el
jefe de la seguridad del Palacio Miraflores, Manuel Rosendo y el
general Lucas Rincón Romero, jefe del Estado Mayor del Ejército
de Venezuela, anunció que renunciaría a la presidencia de la República. Pedro Carmona Estanca, presidente de Fedecámaras, asumió
entonces el gobierno de Venezuela, contando con el apoyo de los
medios de comunicación, TVs, radios y diarios. Los
EE.UU., obviamente, animaron ese golpe de estado, a través de la
CIA y otras agencias, que orquestaron las operaciones encubiertas
(covert actions), tal
como hicieran en el Brasil, en 1962/1964 y en Chile, en 1971/7316.
Desde junio de 2001, por lo menos, el coronel Ronald
MacCammon, agregado militar de los EE.UU. en Venezuela, y su
asistente, teniente-coronel James Rogers, ya iban a examinar con
los militares venezolanos la posibilidad de derribar a Chávez,
según Wayne Madsen, el antiguo agente del servicio de
inteligencia de la marina norteamericana, reveló al diario inglés
The Guardian17.
Y, en la medida en que la situación económica y la
seguridad de Venezuela se deterioraran, sobretodo a partir de
fines de 200|, el gobierno de George W. Bush trató de aprovechar
el creciente caos en Venezuela para unir las fuerzas de oposición
y proveerlas con planeamiento y recursos de inteligencia de modo
de convertir la huelga de los trabajadores en la industria del
petróleo en un movimiento para derribar a Chávez de la
presidencia, aunque esto significase una ruptura de la legalidad
constitucional y del régimen democrático.
En aquel año 2001, los EE.UU. canalizaron centenas de
millares de dólares para los grupos americanos y venezolanos
adversos al presidente Hugo Chávez, inclusive la CTV, a través
de la National Endowment for Democracy, agencia creada por el
Congreso, que cuadruplicó e incrementó las donaciones, elevando
su presupuesto para Venezuela en más de US$877.00018,
al tiempo que las condiciones en Caracas se agravaron. Y los agentes de la CIA y de la DIA19 actuaron
junto a los militares venezolanos, a los dirigentes de Fedecámaras
y a los líderes sindicales, con el objetivo de coordinar la
conversión de lo que sería una pequeña huelga en demostración
de protesta e indignación contra los nombres designados por Chávez
para integrar el cuerpo de directores de la compañía estatal de
petróleo (PDVSA), con el claro objetivo de crear una atmósfera
de incertidumbre en Venezuela, al paralizar su más importante
industria, responsable por cerca de 80% de las exportaciones del
país y por casi 15% de las importaciones de petróleo de los
EE.UU., porcentaje mayor que el de Arabia Saudita.
De hecho, el papel de Venezuela, con las mayores reservas
de petróleo y gas fuera de Oriente Medio, se tornó crucial para
la seguridad de energía de los EE.UU., de los que era proveedora
sin interrupciones hacía más de un siglo20, De esta
forma, de acuerdo a Alex Volberding y Larry Birns, del Council on Hemispheric Affairs (COHA), si Henry Kissinger estaba en
lo cierto al insistir en que cualquier amenaza externa a los depósitos
de petróleo de Arabia Saudita constituiría un casus
belli para los EE.UU., el mismo podría ser argüido con
respecto a Venezuela21, que era el quinto mayor
exportador de petróleo del mundo y el tercer mayor proveedor de
los EE.UU., en cuyo mercado su industria energética se integraba
crecientemente22. Sin embargo, todo indica que los
EE.UU. no sólo animaron y financiaron el golpe de estado contra
Chávez. Militares
americanos también participaron directamente de su ejecución.
De acuerdo a diversas informaciones, en la noche del 11 al
12 de abril, el coronel Ronald MacCammon, agregado militar de los
EE.UU. en Venezuela y su asistente, teniente-coronel James Rogers,
permanecieron dentro de la Comandancia del Ejército, en el Fuerte
Tiuna – principal unidad militar de la capital – asesorando a
los generales que desobedecieron a Chávez y lo destituyeron de la
presidencia de Venezuela23. El
respaldo de los EE.UU. al golpe de estado se evidenció
inmediatamente. Charles
Shapiro, que el 9 de marzo asumiera el cargo de embajador de los
EE.UU. en Caracas24, visitó inmediatamente a Pedro
Carmona, lo que implícitamente significó el reconocimiento de su
gobierno, mientras que el FMI, anunciaba, el mismo día 12, que
tenía recursos financieros para Venezuela, en caso de ser
necesario, procedimiento diferente al que adoptara con respecto a
la Argentina. Y el
vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dice a la prensa que los
detalles no eran muy claros, sin embargo “we
know that the action encouraged by the Chavez government provoked
this crisis”, al intentar reprimir una demostración pacífica25.
De esta manera, en vez de condenar la destitución de un
presidente democráticamente electo, tentó negar que en Caracas
ocurriera un golpe militar, insistiendo en responsabilizar a Chávez
de su propia caída26.
Ari Fleischer, mientras tanto, tuvo que reconocer que altos
funcionarios del Gobierno Bush se encontraron con varios
personajes de la oposición a Chávez, pero, justificando tales
conversaciones como “a
normal part of what diplomats do”, afirmó que ellos no
estimularon la intentona27.
Una fuente del Pentágono también confirmó que hasta el
propio jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela, general
Lucas Romero Rincón, que se rehusó a enviar tanques para
proteger el Palacio Miraflores y anunció la renuncia de Chávez,
tuviera, el 18 de diciembre, una reunión con el adjunto del
secretario de Defensa Asistente, Roger Pardo-Maurer, y oyó que
los EE.UU. “unequivocally”28
no aceptarían “coups or
unconstitutional actions”.
Pero, por esto mismo, recomendaron con certeza el montaje
de la farsa, la puesta en escena de acuerdo a un script
similar al que el ex secretario de Estado en la administración
de Lyndon B. Johnson (1963-69) Dean Rusk produjera para disfrazar
el golpe de estado en Brasil en 196429, al enfatizar la
necesidad de que el movimiento contra el entonces presidente João
Goulart tuviese apariencia de legitimidad, de modo que los EE.UU.
pudiesen proveer la ayuda militar a los sediciosos30.
Algo similar fue lo que ocurrió en Venezuela, a fin de
permitir que la administración de George W. Bush pudiese recurrir
a la “plausible denial”,
i.e., negar convincentemente la responsabilidad y la complicidad
de los EE.UU. con el golpe de estado, norma ésta por la cual los
gobiernos norteamericanos pautaron muchas veces sus políticas de
intervención en otros países de América Latina.
Funcionarios de la Administración Bush comunicaron al
Congreso que Chávez renunciaría a la presidencia de Venezuela y,
en vez de condenar la ruptura del orden constitucional, saludaron
el acontecimiento como victoria de la democracia. Los
EE.UU. estaban preparados para reconocer el gobierno de Pedro
Carmona. Y a fin de
facilitar esa iniciativa, dado que la Carta Democrática
Interamericana condenaba cualquier ruptura de la legalidad,
Phillip Chicola, funcionario del Departamento de Estado, pidió,
el día 12, que la transición conservase las formas
constitucionales, o sea, que la Asamblea Nacional y la Corte
Suprema aprobasen la renuncia de Chávez31 y nuevas
elecciones, con observadores de la OEA, fuesen convocadas para
dentro de un plazo razonable32.
No obstante, los sectores más conservadores y radicales
del Opus Dei, representados por el contra almirante Carlos Molina
Tamayo y el multimillonario Isaac Pérez Recau33,
secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo que
indujeron a Pedro Carmona a firmar un decreto, mediante el cual él
se reservó la facultad de destituir gobernadores y prefectos
electos, derogó la Constitución aprobada mediante referéndum,
en diciembre de 2000, y disolvió la Asamblea Nacional,
prometiendo convocar a elecciones “libres
y democráticas”, en un plazo de un año.
Al mismo tiempo, anuló las leyes económicas y sociales
aprobadas legalmente por el gobierno de Chávez e, inmediatamente,
ordenó la interrupción del
suministro de petróleo a Cuba.
Con esta medida, de las primeras adoptadas en las pocas
horas en que ocupó la presidencia de Venezuela, Pedro Carmona
atendió el interés del secretario asistente de Estado para los
Asuntos del Hemisferio, Otto Juan Reich, cuyo equipo fuera
constituido con extremistas cubano-americanos, residentes en
Miami, como recompensa por los votos dados a Bush en la elección
presidencial de 200034.
Obviamente, Otto J. Reich iba a abogar y a orquestar “dirty
tricks” para desestabilizar el gobierno en Venezuela, y era
inconcebible que no estuviese implicado en el complot, dada la
intensidad de su odio a Fidel Castro, amigo y modelo de Chávez,
así como a su inescrupulosa conducta cuando dirigió la Office of
Public Diplomacy for Latin America and the Caribbean (S/LPD),
entre 1983 y 198635.
Por esto, el mismo día 12 de abril, viernes, Otto J. Reich,
telefoneó a Pedro Carmona manifestándole pronto y urgentemente,
el interés de la Administración Bush en que fuese mantenida la “the
appearance of democratic continuity”36.
En otras palabras, el golpe de estado debía preservar una
envoltura constitucional, como homenaje a que el vicio consagra a
la virtud. Sin
embargo, informado de la disolución de la Asamblea Nacional, de
la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, entre otras medida, Otto
J. Reich instruyó al embajador de los EE.UU. en Caracas, Charles
Shapiro, para que expresase a Pedro Carmona su preocupación con
tales “inconstitucionales
actions”, que caracterizaban abiertamente el golpe de estado37
y, según The New York Times, lo llamó por teléfono e intercedió
para el él no disolviese la Asamblea Nacional, argumentando que
sea sería “a stupid thing to do” y provocar el clamor38.
El consejo de Otto J. Reich a Pedro Carmona, el mismo día
en que los militares dieron el golpe de estado, demostró el “early
and urgent” interés de la Administración Bush en verlo
suceder a Chávez y “maintain the appearance of democratic
continuity”39. Con
todo, Pedro Carmona, imaginando que el apoyo de los barrios ricos
de Caracas y de las clases medias altas significaba respaldo
popular, se excedió, animado posiblemente por los elementos más
radicales de la oposición y se sacó la máscara de la legalidad,
con la que los EE.UU. pretendieron encubrir el golpe de estado.
Disolvió la Asamblea Nacional, la Suprema Corte y el
Tribunal Electoral. Y
esta iniciativa suya asustó al jefe de las Fuerzas Armadas, Efraín
Vázquez, que había apoyado la manifestación popular y ordenara
la detención de Chávez, y le retiró el apoyo de los cuarteles.
“Me salgo de la jugada” – dijo a Luis Miquilena, ex ministro
de Interior y
Justicia, reconociendo que fuera un error dejarse llevar por una
persona que iba a conducir el país a un baño de sangre40.
La CTV, que no había sido consultada respecto a tales
medidas, se sintió traicionada, pues, de acuerdo a lo declarado
por su secretario general, Carlos Ortega, ellas atentaban contra “el
derecho yla libertad del movimiento obrero”.
La alianza contra Chávez, entre la CTV y la Fedecámaras,
dirigida por Pedro Carmona, de esta manera se desmoronó.
Y, mientras las camadas más pobres de la población,
favorables a Chávez, ocupaban las calles de Caracas, saqueando
las tiendas, extendiéndose la agitación por las ciudades de
Guarenas, Los Teques, Coro y Maracay, la brigada de paracaidistas,
comandada por el general Raúl Baudel, así como otros
regimientos, se sublevaron contra la presidencia de facto de Pedro
Carmona, ya desafiado por William Lara, líder de la Asamblea
Nacional de Venezuela, que anunció, desde el interior del palacio
Miraflores, que el vicepresidente Diosdado Cabello asumiría hasta
la vuelta de Chávez al gobierno. Si
no tenía condiciones internas de sustentarse, apenas respaldado
por las clases medias y altas, el gobierno de coalición empresarial-militar, emanado del golpe del
11/12 de abril, se enfrentó además con enormes dificultades
externas para su reconocimiento.
El Grupo de Río, que realizaba en Costa Rica la IVI Cumbre
presidencial, condenó rápidamente la ruptura del orden
constitucional en Venezuela y solicitó al embajador César
Gaviria, secretario general de la OEA, la convocación urgente del
Consejo Permanente, de acuerdo con el Art. 20 de la Carta Democrática
Interamericana41, aprobada en la sesión plenaria del
11 de setiembre de 2001, incorporando una resolución AG/RES. 1080
(XXI-O/91)42. Y sus embajadores en la OEA aprobaron una resolución en la
que condenaron “la alteración del orden constitucional en
Venezuela”. Solamente
en función de la actitud de todos los demás estados de la región,
inclusive México y Canadá, de repudiar el quiebre del orden
constitucional en Venezuela, la delegación de los EE.UU. en la
OEA se resignó a suscribir la moción que condenaba el golpe.
Pero sólo lo hizo el sábado 13 de abril, cuando las
manifestaciones de masa habían obligado a Carmona a renunciar y
Chávez retornó al poder43.
De este modo, los EE.UU., a pesar de haber avalado el golpe
de estado en Venezuela, no tuvieron condiciones para legitimarlo. No
sin razón, la BBC informó que “President
Chavez’s comeback has ... left Washington looking rather stupid”.
De
hecho, el fiasco del golpe en Caracas, hizo perder a la
Administración Bush incluso la noción del ridículo.
Con desplante y cinismo, Condolezza Rice, asesora de
seguridad de George W. Bush, advirtió que Chávez debería
respetar los procesos constitucionales y recibir el mensaje que el
pueblo le envió, o sea, que “that
his own policies are not working for the Venezuelan people, that
he has dealt with them in a high-handed fashion”44.
En otras palabras, lo que Condolezza Rice quiso decir fue
que el golpe fracasado sirviese a Chávez como advertencia, porque
sus políticas no agradaban a los EE.UU..
Algunos días después, hablando a la prensa, Bush,
tergiversando sobre el comportamiento de su gobierno, que no
condenó prontamente el golpe en Venezuela, declaró también que
Chávez debía aprender lecciones sobre democracia, con la
tentativa de derribarlo del gobierno45.
El profesor Riordan Roett, especialista en América Latina
de la Universidad Johns Hopkins, en Washington, comentó, sin
embargo, que los “los EE.UU. no pueden elegir cuáles son las
democracias que apoyan y cuáles no”.
Y agregó: “O se apoya la democracia, o no se apoya”.
Por su parte, el periodista Paul Krugman, periodista de The
New York Times, observó que el elemento más negativo de ese
episodio fue la traición de los principios democráticos
norteamericanos, pues la conceptualización “del pueblo, por el
pueblo, para el pueblo” no debería ser acompañada por las
palabras “mientras sea adecuado a los intereses de los EE.UU.”46. El golpe de masas La
política exterior de los EE.UU., vis-à-vis de América Latina, nunca fue, en realidad, consistente
con los principios democráticos norteamericanos, que siempre
constituyeron un elemento marginal, con el fin de retórica.
El respaldo tácito al golpe de estado en Venezuela demostró
una vez más que Washington solamente admitiría y respetaría los
regímenes democráticos en los países de América Latina,
siempre y cuando funcionaran a favor de sus intereses económicos,
políticos y estratégicos. En 1963, la Embajada de Brasil en Washington, bajo el mando
de Roberto Campos, destacó que, mientras el Departamento de
Estado condenase cualquier atentado a la democracia representativa
en el hemisferio, el gobierno de John F. Kennedy no dejaba de
reconocer y cultivar “relaciones amistosas con las peores
dictaduras de derecha”, pues “desde el punto de vista de los
sectores militares de Washington, tales gobiernos son mucho más
útiles a los intereses de seguridad continental de que los regímenes
constitucionales”47.
Tales sectores, los de extrema derecha, fueron los que
pasaron a orientar la política internacional de los EE.UU., después
de la dudosa elección de George W. Bush a la presidencia, en
2000. Y con toda razón,
al comentar el éxito en Francia del lider de extrema derecha,
Jean Marie le Pen, en las elecciones de 2002, el periodista Paulo
Krugman, de The New York
Times, evaluó que realmente no tenía condiciones de
convertirse en presidente y poner en práctica sus “hard-right
ideas” sin embargo, en los EE.UU., “the
hard right haass essentially been co-opted by the Republican Party
– or maybe it’s the other way around” – y estaba en
posición de poner en práctica esas ideas, porque “the
angry people are already running the country”48. Esa
“hard right”, con la
asunción de George W. Bush a la presidencia, pasó a comandar una
potencia, cuya fuerza militar se volviera, a partir de la Segunda
Guerra Mundial, la única en el mundo cuya misión principal no es
la defensiva, sino la ofensiva, no la de defender las fronteras
nacionales, sino la de proyectar su poder sobre todos los
continentes49. Y, desde el colapso del Bloque Socialista, recrudeció en
Washington, según firmó el periodista William Pfaff del International Herald Tribune, la idea de que los EE.UU. deberían
ejercer su “unrivaled
power” como un imperio, a fin de lograr la estabilidad
internacional, resolver los problemas de terrorismo, de las “rogue
nations” (naciones irresponsables e indisciplinadas), armas
de destrucción masiva y así en adelante.
Tales propuestas para la institución del imperio, según
Willian Pfaff, no eran intelectualmente serias, pero eran
significativas, porque la clase política y la burocracia estaban
enamoradas del poder internacional en la “they
want more”50.
Y de allí la amenaza.
Desde el siglo XVII, la ley internacional se basó en los
principios de la soberanía nacional y de la igualdad legal de las
naciones, sin embargo, según reconoció el propio William Pfaff, “Washington
ignores whenever convenient”51.
También el politólogo e historiador Kenneth Maxwell, del
Council of Foreign Relations, reveló que las cabezas jóvenes y
brillantes de la página de editoriales del Wall
Street Journal, los ideólogos neo-conservadores de los
institutos de estudios de Washington y, lo más amenazante,
los liderazgos civiles del Pentágono, pasaron a proclamar que había
llegado el momento de “hablar alto y se pelos en la lengua sobre
el Imperio Americano”, de que los EE.UU. ejercieran plenamente
sus poderes imperiales, de adherir a la misión imperial que les
fuera impuesta y, de ser preciso, imponer la “pax americana” por la fuerza avasalladora de las armas52.
La facilitación del golpe de estado en Venezuela constituyó,
por cierto, el desdoblamiento de esa estrategia, tendiendo a
subordinar toda América del Sur a los intereses hegemónicos de
los EE.UU. y a la conformación del Imperio Americano. El
gobierno del presidente George W. Bush, todo lo indica, no desistió
de derrocar el presidente Hugo Chávez. Condiciones internas, en
Venezuela, había. El gobierno de Chávez continuó a enfrentar
severa oposición de ciertos sectores sociales, adversos a la Ley
de Tierras, por contrariar los intereses de los latifundistas y
especuladores urbanos, y a la Ley de Hidrocarburos, mediante la
cual la PdVSA no más podría retener 80% de su ingreso con las
exportaciones de petróleo, a título de costos operativos,
en detrimento de las finanzas del Estado. Y no se podía
descartar la hipótesis de que la CIA, en diciembre de 2002,
estuviese a manipular esas contradicciones sociales, encorajando
el paro general, que cesaron sobre todo las actividades de la
PdVSA, y las manifestaciones callejeras, promovidas por la
Coordinadora Democrática, con el apoyo de la prensa, a fin de
exigir la renuncia de Chávez y elecciones anticipadas. Eses
acontecimientos caracterizaron una larga maniobra para
desestabilizar el gobierno en Venezuela y forzar su derrumbe, dado
que la vía del golpe militar, que rompiese la legalidad
constitucional, no era muy factible. El general Raúl Baduel,
comandante Cuarta División Blindada y Guarnición Militar de
Maracay, aledaña al Batallón de Paracaidistas, rechazó varias
veces pedidos para que diera un golpe y reveló a la prensa que lo
inquietaba la existencia de sectores que creían “que congregar
a un alto número de personas en una manifestación era ya un
instrumento válido para que el presidente salga del poder”.
“Es preocupante, porque si lo aceptamos vamos a estar
permanentemente en situaciones parecidas “- agregó el general
Raul Baduel53. Sin
duda, el paro general y las manifestaciones callejeras,
desencadenas el 2 de diciembre de 2002, configuraron una nueva
modalidad de golpe, de modo a tornar el país ingobernable, a tal
punto que no restase a Chávez otra salida sino renunciar a la
presidencia. Muy sintomática fue la actitud de la Casa Blanca
delante de tales acontecimientos, que amenazaban llevar el Estado
venezolano al colapso y al borde de una guerra civil. En 13 de
diciembre, el gobierno de los EE.UU., a través de su vocero Ari
Fleischer, respaldó, abiertamente, a la oposición en Venezuela,
al exhortar el presidente Chávez a convocar elecciones
anticipadas, como la única forma de solucionar pacífica y políticamente
la crisis54. Dos días
después, empero, retrocedió,
aclarando que el gobierno de los EE.UU. no estaba a
proponer la anticipación de
las elecciones, sino la realización de un referéndum sobre la
popularidad de Chávez55, no previsto, igualmente, por
la Constitución Bolivariana de Venezuela, de 199956.
Ese cambio de actitud resultó, en cierta medida, de la decisión
de Consejo Permanente de la OEA, que resolvió, en la reunión del
mismo día 13 de diciembre, “respaldar plenamente la
institucionalidad democrática y constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Frías,
y rechazar categóricamente cualquier intento de golpe de estado o
alteración del orden constitucional”. Pero demostró las
contradicciones domésticas en que la administración de George W.
Bush se debatía, bloqueada por la resolución de la OEA, y a enfrentar, de un lado, presiones de los que, como Otto Reich57,
insistían en la remoción de Chávez, y a temer, del otro, que la
crisis en Venezuela, responsable por casi 15% del suministro de
petróleo a los EE.UU.,resultase en un conflicto armado, en el
momento en que se preparaba la guerra contra el Irak. Traducido
para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte * Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira es doctor em ciencia políticca, profesor titular (retirado) de Historia de la Política Exterior de Brasil en la Universidad de Brasília y autor de varias obras sobre las relaciones de los EUA con el Brasil y los demás países de América Latina, entre los cuales Presença dos EUA no Brasil, De Marti a Fidel e Da Guerra do Paraguai ao Mercosul, esta a ser lanzada en marzo de 2003. Notas 1Em novembro de 1998, ocorreu na Venezuela a eleição presidencial e legislativa regular exigida pela Constituição de 1961. Chávez ganhou a votação para a presidência mas não a maioria legislativa. Em abril de 1999 realizou-se um referendum consultivo sobre a convocatória de uma Assembléia Constituinte. Em julho do mesmo ano ocorreu a eleição dos 131 constituintes, dos quais 125 receberam apoio de Chávez e apenas 6 configuraram a oposição. E em dezembro efetivou-se o referendum no qual a Constituição da chamada Quinta República denominada posteriormente, República Bolivariana de Venezuela, obteve 71,21% de aprovação. LA ONDA® DIGITAL |
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1989, apenas algunos días después de la asunción de Carlos Andrés
Pérez, de la Acción Democrática, a la presidencia de Venezuela,
el pueblo salió a las calles de Caracas para expresar su repudio
al paquete económico, un duro plan de ajuste, de acuerdo a los
modelos exigidos por el FMI y que él pretendió aplicar.