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La
liberalización de la educación Hay
temas que, con sólo nombrarlos, generan posiciones contrapuestas
y en muchos casos irreconciliables. El que nos ocupa es uno de éstos:
la comercialización de los servicios educativos, en especial el
segmento de la educación superior, dentro del Acuerdo General de
Comercialización de Servicios (GATS, por su sigla en inglés)
bajo el auspicio de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). La
comercialización de estos servicios supone una industria
aproximada a los mil millones de dólares (esto es lo que está en
juego realmente), e incluye cuatro puntos específicos: a) la
captación de estudiantes internacionales, b) el establecimiento
de campus universitarios en el extranjero, c) la prestación de
servicios mediante franquicias, y d) el aprendizaje a través de
Internet. Surgido
en la Ronda de Uruguay en 1995, el GATS incluye doce campos a
considerar y negociar entre los países: administración,
computación, comunicaciones, construcción, distribución,
educación, ambientales, financieros, salud, turismo, cultura,
transporte y otros no incluidos. La educación pasó
"desapercibida hasta" 1998. Desde entonces, y en función
de los avances que se van estableciendo en las rondas de
negociaciones (que preveen su finalización en enero de 2005),
"apocalípticos e integrados" han hecho conocer sus
posiciones al respecto: en tanto los primeros sostienen que la
educación superior es un "bien público" y una función
ineludible del gobierno, que no debe ser comercializado, ya que
permitirá a proveedores extranjeros la captación de los mejores
estudiantes y los programas más lucrativos, y eventualmente
socavaría la cultura nacional del país; los segundos sostienen
que una mayor cantidad de proveedores aseguraría un crecimiento
acelerado y acceso a los mejores programas, en especial en
aquellos países con poco desarrollo en esta área. Lo
cierto es que, independientemente de las posturas, las
innovaciones tecnológicas han abierto un campo totalmente nuevo,
como el de la educación virtual, que cambia sustancialmente las
formas de impartir educación en su sentido más amplio. En
los últimos años han aparecido nuevos proveedores (las
universidades corporativas son un claro ejemplo de esto, véase
nuestro Editorial
Nro.24) que
ofrecen sus "servicios educativos" más allá de
cualquier frontera física. En contraposición a este avance,
algunos gobiernos (presionados por las universidades
"tradicionales") están levantando "barreras"
para dificultar este tipo de comercio. Más
allá de los países y sus banderas, es claro que las
universidades no quieren perder un ápice en su histórica hegemonía
en sus respectivos países en el aspecto de la certificación, y
que cualquier negociación sólo puede ser hecha entre las propias
universidades de distintos países, como actualmente sucede, sin
necesidad de la intervención del GATS. De hecho, la
comercialización de la educación entre universidades existe
desde hace muchos años. Por eso no extraña que las Asociaciones
de Universidades de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea,
no estén de acuerdo con esta liberalización del sector educativo
de la educación superior, aún cuando los representantes de sus
países sí lo estén (ver al respecto la Declaración
Conjunta sobre la Educación Superior).
En
el otro extremo, y haciendo un fuerte lobby, se encuentran los
nuevos proveedores de una pujante industria como la del e-Learning,
conformando una gran maraña en la que se confunden los idóneos
con los improvisados y oportunistas. En tanto no se produzca una
natural decantación entre ellos, la mala imagen de algunos
contagiará a otros. A
nivel de países, como en toda negociación, se necesitan
negociadores idóneos para que ambas partes ganen y se sientan
satisfechas con los resultados. En algunas áreas, como el
comercio de alimentos, los países de Latinoamérica han sido
sumamente permisivos para la entrada de productos extranjeros, en
tanto que países con gran desarrollo y una mentalidad muy liberal
para la exportación (como Estados Unidos o Francia) son
enormemente proteccionistas a la hora de la importación. ¿Ocurrirá
lo propio en el campo educativo? Hay
otras preguntas que también merecen atención: a)
El hecho de que eventualmente exista una cantidad considerable de
proveedores extranjeros, ¿exime al gobierno de financiar la
educación pública? b)
Las nuevas camadas de alumnos, ¿se manejarán por la demanda del
mercado y los cursos ofrecidos, o por las
"certificaciones" que aprueben los gobiernos? c)
Se habla también de que la intromisión de proveedores privados
mellaría la calidad de la educación, pero ¿está garantizado
ese nivel de excelencia en las universidades públicas de Latinoamérica
en la actualidad? d)
¿La soberanía y los valores culturales de un país están en un
Master en Diseño Gráfico impartido por un proveedor de otro país? En
definitiva, lo importante es que los educadores conozcan
fehacientemente cuál sería el impacto de la liberalización del
servicio educativo en la educación superior, a fin de poder
determinar con certeza cuáles son los beneficios y cuáles las
amenazas que podrían establecerse con un modelo como el propuesto
por el GATS. (Editorial de la
revista Magazine de Horizonte Nº 37) *Lic.
Jorge Rey Valzacchi : Director
del prestigioso portal argentino
Magazine de Horizonte www.horizonteweb.com.
dedicado a promover los tema de la educativa
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