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Bolivia
La provocación, la protesta, la violencia, la irracionalidad, la indefensión, el oportunismo, el dolor y el temor condensados ese día sólo fueron manifestación de la tan anunciada y nunca admitida muerte del país del 21060, decreto que el 29 de agosto de 1985 rediseñó la economía, la sociedad y la política a la medida de los intereses oligárquicos locales sujetos, a su vez, a aquellos otros de los agentes hegemónicos internacionales. En lo concreto, sin embargo, lo ocurrido en el espacio físico del centro de las decisiones políticas del país -algo que va más allá de su simbolismo implícito- ha puesto al descubierto, sin lugar a discusión, que la crisis y los riesgos no conciernen apenas al régimen democrático sino más bien al Estado como estructura organizadora de la vida colectiva. A semejanza de lo acontecido en abril de 2000, aunque obviamente con mayor crudeza y efectos, la autoridad constituida fue expulsada de la escena para dar lugar a una pugna entre poderes fácticos (ejército y policía) ante la incapacidad, la impotencia y el asombro de los actores político-sociales y frente al desbocamiento cínico de la delincuencia camuflada en el repudio. La criminal confrontación entre militares y policías, además de exteriorizar un casi atávico rencor institucional cultivado desde los tiempos de la revolución nacionalista de 1952 y alimentado por las reubicaciones funcionales que posibilitó la reconstitución democrática de 1982 así como por ciertas consecuencias de la lucha antinarcóticos, no fue más que la síntesis sangrienta de la intolerancia acumulada por una sociedad reiteradamente frustrada y cada vez más escindida. El miércoles 12 es la puesta en evidencia de la grave fragilización de la democracia, resultado del fracaso de los programas de ajuste económico impuestos y del creciente descreimiento social en la política y sus operadores, pero sobre todo es la prueba final de que el Estado (neoliberal) de 1985 ha dejado de existir junto a sus principios de orden y de que, por tanto, el rumbo de las cosas no puede seguir siendo el mismo. La destrucción y saqueo de las instalaciones, equipos y materiales de varias dependencias públicas, al igual que de las sedes de los partidos del oficialismo y algún otro, al margen de lo que debe atribuírseles de barbarie que también afectó a empresas privadas y comercios, son la confirmación material de que ese final ha llegado. El hastío ciudadano se ha enfrentado de distintos modos, hasta quebrantarlo definitivamente, al orden configurado bajo la sombra de las élites locales y externas y a pesar de las nada despreciables aperturas formales o de hecho a la participación y la diversidad que el mismo registró en la última década. Ya no será posible, desde el 12 de febrero, pretender gobernar sin la sociedad y tampoco creer que las armas no cuentan. La hora del pacto social democrático es ésta y no se debiera dejarla pasar. Ningún presunto "salvador" -uniformado, sindicalista, tecnócrata o religioso- tiene las respuestas, que más bien pasan por el involucramiento activo y responsable de la gente. La tarea fundamental del "tiempo después", además de asegurar la continuidad de la democracia como proceso, no puede sino consistir en perfilar los nuevos consensos constitutivos necesarios que, por lo demás, sólo alcanzarán viabilidad en la medida en que se inserten en una proyección regional. Ahora sí que la historia dará cuenta de la dimensión de quienes aspiran a tener papeles significativos e incluso protagónicos en ella. LA ONDA® DIGITAL |
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Bolivia,
el miércoles 12 de febrero, ha vivido/sufrido el momento más
patético de su historia reciente en democracia.