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La
posición del gobierno español
Dicha
Carta, adoptada en San Francisco en 1945, comienza con la conocida
frase “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra...”. Tras
más de medio siglo de funcionamiento de las NN.UU. y sus
Organismos Especializados (yo he trabajado en uno de éstos
durante más de veinte años) tengo la sensación de que en la
comunidad internacional institucionalizada crece incesantemente la
distancia entre los Pueblos y los Gobiernos. Éstos, representando
a aquellos con mayor o menor legitimidad, son en definitiva los
que toman las decisiones. La abismal discrepancia entre la posición
de los Pueblos de España y la del Gobierno del Estado Español
respecto al caso de Irak ilustra con claridad este alejamiento que
reduce de manera drástica la calidad de nuestra aún novel
democracia.
Es
notorio que el conflicto gira fundamentalmente en torno al eje
Washington-Bagdad y que el Presidente Bush procura por todos los
medios que sus actuaciones estén refrendadas, gracias a una
postura favorable de las NN.UU., por un elevado grado de legitimidad
internacional, por un supuesto fortalecimiento de la credibilidad
del Consejo de Seguridad, en definitiva, por la comprensión y
si es posible el beneplácito y cooperación de la comunidad
internacional, a través de apoyos gubernamentales, ya que los
populares le son categóricamente negados. Hay
dos maneras de actuar en los organismos internacionales: conforme
al espíritu que les dio
origen o conforme a un juego de relaciones de poder de quienes
procuran instrumentalizarlos en beneficio de intereses rara
vez confesables. Me atrevo a afirmar que el Gobierno de los
Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para invocar, en
este caso, el espíritu
de la Carta de las NN.UU. y de las disposiciones que rigen el
funcionamiento del Consejo de Seguridad. En
efecto. Durante decenios, Estados Unidos ha adeudado proporciones
considerables de sus cuotas a las NN.UU., dificultando, por no
decir saboteando, el cumplimiento de las misiones de la Organización.
En el Consejo de Seguridad la representación de los Estados
Unidos es la que ha hecho uso más frecuente de su derecho a veto,
impidiendo el cumplimiento de decisiones que contaban con respaldo
mayoritario. En variadas cumbres
planetarias convocadas por las NN.UU., los representantes
oficiales de los Estados Unidos se han opuesto a la adopción de
medidas que la comunidad internacional reclamaba como
indispensables para el progreso humano. Pese a su inmenso poder,
los Estados Unidos no han hecho nada por obligar al Gobierno de
Israel a cumplir las resoluciones de la Asamblea General y los
mandatos del Consejo de Seguridad relativos a su conflicto con el
Pueblo Palestino. En 1984 el Gobierno presidido por el Sr. Reagan,
pretextando razones insostenibles, decidió abandonar la UNESCO,
que se ocupa de la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación. Los Organismos del Sistema de las NN.UU. cumplen
una importante función normativa, adoptando declaraciones,
recomendaciones, pactos, convenciones, etc. Estos dos últimos,
son de cumplimiento obligado para todo Estado Miembro que los haya
ratificado, generalmente por vía parlamentaria. Estados Unidos
omite frecuentemente hacerlo, quedando así liberado del
compromiso de dar acatamiento a lo estipulado en estas
convenciones y pactos. Algunos ejemplos: nada más que en el área
de los Derechos Humanos, selecciono de una lista mayor cuatro
acuerdos fundamentales que hasta el 9 de diciembre de 2002, según
la Oficina del Alto Comisionado de las NN.UU. para los Derechos
Humanos, no habían sido ratificados por los Estados Unidos: el Pacto
internacional relativo a los derechos económicos, sociales y
culturales (1966), la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de los
trabajadores inmigrantes y los miembros de sus familias (1990),
la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres (1979) y la Convención
sobre los derechos del niño (1989), esta última, asómbrese
el lector, ratificada según dicha Oficina por todos los Estados
Miembros de las NN.UU., con sólo dos excepciones: Somalia y
Estados Unidos. Son apenas cuatro ejemplos entre decenas de casos
de cómo se comporta este Estado fundador de las NN.UU. y sede de
su Secretaría. Ejemplos que revelan su desprecio por la legalidad
internacional y
por el consenso, a los
que ahora hace enfáticos llamados. No
voy a enumerar la cantidad de veces que los sucesivos gobiernos
estadounidenses han intervenido por vías múltiples en los países
de América Latina: usurpación
territorial, invasiones de sus marines
y bombardeos, derrocamiento efectivo de autoridades legítimamente
constituidas, cuyo ejemplo más dramático, aunque no el único,
es el del Presidente Allende, tentativa de derrocamiento en otros
casos, intervenciones descaradas en procesos electorales, respaldo
oficial a la acción expoliadora de sus multinacionales, imposición
de doctrinas militares que, como la de la seguridad
nacional, dieron cobertura a prolongadas y sangrientas
dictaduras, todo ello violando sin el menor escrúpulo la mención
que el Artículo 1 de la Carta de las NN.UU. hace a relaciones de
amistad entre las naciones “basadas
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la
libre determinación de los pueblos”. El
episodio que culmina esta reseña –que podría ser mucho más
extensa- se refiere a Nicaragua. Todos recordamos que el
Presidente Reagan vio en el Gobierno Sandinista, partidario del
pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento
internacional y ratificado por las elecciones democráticas de
1984 en las que el FSLN obtuvo el 67 % de los votos, un mal
ejemplo para los demás pueblos de América Latina y un riesgo
para su patio trasero, que era preciso combatir mediante múltiples formas
de ataque directo e indirecto, desalentando así todo proyecto
liberador en la región. La manifestación más notoria de esta
política intervencionista fue la organización y el
financiamiento explícito de la Contra, cuyas criminales acciones habían ocasionado hasta junio de
1987 más de 40.000 víctimas, la mitad de ellos muertos,
incluyendo entre éstos 2.210 niños y 179 maestros. La
República de Nicaragua denunció estos gravísimos hechos ante la
Corte Internacional de Justicia, creada en el Capítulo XIV de la
Carta de las NN.UU. como su órgano
judicial principal. El Artículo 94 de la Carta estipula que
“cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión
de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea
parte”. La sentencia de 27 de junio de 1986 de la Corte fue
terminantemente favorable al derecho del Pueblo Nicaragüense a
vivir en paz. Dice el punto 3: (La Corte) decide
que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar,
financiar y abastecer a las fuerzas de la Contra, (...) ha actuado
contra la República de Nicaragua, en violación de su obligación
según el derecho internacional consuetudinario de no intervenir
en los asuntos de otro Estado”. Por el Punto 6 (la Corte) “decide que al colocar minas en las aguas internas o territoriales de
la República de Nicaragua (...) los Estados Unidos de América
han actuado en contra de la República de Nicaragua en violación
de sus obligaciones (...) de no usar la fuerza contra otro Estado,
de no intervenir en sus asuntos, de no violar su soberanía y de
no interrumpir el comercio marítimo pacífico”. En su Punto
12 la Corte “decide
que los Estados Unidos de América están en la obligación
inmediata de cesar y de abstenerse de todos aquellos actos que
puedan constituir violaciones a las obligaciones jurídicas
indicadas”. Otros puntos de la sentencia detallan aun más,
censurándolas, las violaciones cometidas, entre ellas el bloqueo
comercial sistemático, para llegar a la conclusión en el Punto
13 de que “los Estados Unidos de América están en la obligación
de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños
causados a Nicaragua por las violaciones de las obligaciones de
conformidad con el Derecho Internacional”. El
Gobierno del Sr. Reagan no acató la sentencia de la Corte, no
interrumpió sus agresiones, al contrario, las intensificó, y jamás
indemnizó al Pueblo Nicaragüense por los daños que le había
causado. Por otra parte, no hace falta agregar que el derecho a
veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad imposibilitó
que éste diera paso alguno en favor de la paz que el Pueblo de
Nicaragua tanto necesitaba.. ¿Qué
credibilidad y solidaridad merecen hoy los Estados Unidos?
¿Por qué el Consejo de Seguridad tendría que autorizar el
uso del supremo recurso de la guerra para resolver un problema
–cuya gravedad no pongo en duda- a pedido de un Estado Miembro
con estos antecedentes que han venido minando los esfuerzos por
edificar el mundo
justo y pacífico soñado en 1945? Quisiera equivocarme. En los próximos
días el Presidente Bush –no su Pueblo, parte del cual resiste
valientemente la embestida belicista- hará un daño irreparable a
las NN.UU. “Haré la
guerra –dice- con o
sin las NN.UU.”. En ambos casos los daños humanos,
materiales e institucionales serán mayúsculos. Si arrastra a los
miembros de la Organización a su desproporcionada aventura
armada, caerá por los suelos la finalidad de “practicar
la tolerancia y
convivir en paz”, que estipula
el Preámbulo de la Carta. Si los votos o los vetos le son
desfavorables en el Consejo de Seguridad y emprende la guerra en
soledad o desde una posición minoritaria e ilegal, habrá
confirmado que los Estados Unidos son un país marginal a la
voluntad planetaria de superar todas las formas de violencia. Caído
el muro de Berlín, con todas sus connotaciones políticas, los
Estados Unidos están ahora en condiciones de ejercer una
indiscutible hegemonía militar, económica y, por ende, política.
Esta guerra puede servirle para probar sobre el terreno nuevas
armas, para remodelar las estructuras geopolíticas de esa parte
del Mundo, para dominar aún más la producción y venta del petróleo,
para incrementar la gravitación de una cultura y una cosmovisión
que muchos de nosotros no deseamos compartir. Pero no le servirá,
como lo pretende, para liderar éticamente el Mundo ni para
aliviar la suerte de los ciudadanos iraquíes, ni para liberar a
la Humanidad de nuevas guerras y viejas pobrezas. En este contexto, siento una gran tristeza y una infinita vergüenza por el hecho de que el Gobierno de España comparta con el de Estados Unidos tan siniestros propósitos. Sólo la movilización popular nos puede exonerar de semejante destino histórico. NOSOTROS, LOS PUEBLOS, desconociendo a nuestros equivocados e infatuados representantes, debemos seguir emitiendo nuestro grito: NO A LA GUERRA. LA ONDA® DIGITAL |
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La
compleja situación que plantea la llamada Crisis de Irak tiene como antecedente innegable la tenaz y casi
siempre funesta contienda por el poder que durante milenios han
venido librando personas, grupos, etnias, religiones y estados.
Con una diferencia: que mientras las guerras del pasado tenían
lugar en general al margen de toda codificación, predominando la
ley del más fuerte, los conflictos del último medio siglo se
enmarcaron (o debieron haber sido enmarcados) por instrumentos jurídicos
de adopción y de acatamiento universales, en particular la Carta
de las Naciones Unidas. 