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La
capacidad de gobierno del EP - FA Artículo elaborado con fines evaluatorios para la Licenciatura de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. El
presente trabajo presenta un gran desafío nacido de la combinación
de la enormidad e ingente riqueza
del tema-problema a tratar y del escaso espacio en que debe
llevarse adelante, a lo que se agrega, además, el hecho de que el
mismo planteo del parcial es ‘des-construible’,
problematizable, cuestionable. ¿Es posible analizar la capacidad
de gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio a la luz del
conflicto acaecido entre la administración Arana y el sindicato
municipal durante el presente año (2002)? ¿El segundo hecha luz
sobre el primero? Pensar (en un sentido fuerte) la misma consigna
que guiará la labor analítica es, creemos, una buena manera de
comenzarla. Los
sujetos gobernantes, valga la perogrullada[1], gobiernan y
son, en parte, generadores de gobernabilidad (aunque también
existen variables socio-estructurales o contextuales que
condicionan este proceso). De acuerdo a Xavier Arbós y Salvador
Giner “la gobernabilidad es la cualidad de una comunidad
política según la cual sus instituciones de gobierno actúan
eficazmente dentro de un espacio de un modo considerado como legítimo
por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la
voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica
del pueblo” (Arbós- Giner, 1996: 13). La combinatoria de
legitimidad y eficacia deriva en la estabilidad del régimen (no
necesariamente del gobierno). Sartori señala con atino que el
concepto de gobernabilidad no se aplica a “los desempeños
reales, sino a las capacidades estructurales” (Sartori,
1994). Estamos
de acuerdo: no se trata de la actividad concreta del gobierno ni
de si el mismo es bueno o malo, sino de las capacidades
potenciales que el funcionamiento del sistema en su conjunto y el
propio sujeto de gobierno entrañan (gobierno eficaz no equivale a
gobierno activista). La
noción de sujeto gobernante, que junto con el concepto de
gobernabilidad trabajado arriba, conforma el basamento de nuestro
marco teórico, se construye a partir de cinco dimensiones
configurantes. Comenzamos por la categoría de pluralidad
la cual no se refiere al agente en sí sino a la diversidad de
agentes existentes en un sistema socio-político cualquiera. El
poder se comparte siempre (aún más en una poliarquía en el
sentido dahliano). ¿Están en condiciones los candidatos a
ingresar en el mundo de los sujetos de gobierno para desarrollar
ese poder comunicacional que se sabe compartido? En ese sentido
contemplaremos incluso la nueva categoría de governance (Mayntz,
2001; Narbondo y Ramos, 2001); participación: Foucault y
Poulanzas de maneras bien distintas (entre muchos otros) han
criticado con agudeza la concepción ‘cosificante’ del poder
propuesta, a modo de ejemplo, por el leninismo. En el poder, el
gobierno participa “con un fuerte diferencial a favor” (Pérez
Antón: 4). Hoy el EP-FA, en un sentido nada superfluo, gobierna,
o mejor, cogobierno; reticularidad: el sujeto gobernante se
halla situado en un lugar de privilegio en cuanto al “manejo de
una red social de comunicación y aplicación de sanciones”. En
este momento el EP-FA se encuentra en un ámbito central (lo que
posibilita lo que Foucault denomina ‘singularización
ascendente’) (Foucault, 1989). El conflicto entre la
administración Arana y el sindicato municipal es prueba de ello; decisionalidad:
los gobiernos están “prioritariamente orientados a la acción”,
no a los aspectos deliberativos de la política (no principalmente
claro está); asimetría: la gestión de gobierno
(seguridad interna y externa, política monetaria, etc..)
descansan en importantes asimetrías institucionales, políticas,
simbólicas y fácticas. Pasando
a la empiria debemos señalar que arreglos institucionales
y/o fácticos que se han instrumentado en la historia del sistema
político uruguayo, a través de las diversas facetas de la
coparticipación en el gobierno de los partidos políticos, por
acción o por defecto (esto es participando efectivamente u
otorgando gobernabilidad por otros medios), han posibilitado por
extensos períodos una adecuada, o por lo menos razonable,
capacidad de gobierno por parte de las autoridades. Estos
mecanismos institucionales
o fácticos fueron, mencionados sólo a modo de resumen: la cláusula
no escrita de 1872, el acuerdo sobre la Constitución de 1917, el
'pacto del chinchulín', el acuerdo golpista Terra-Herrera, el
acuerdo 'bueno' de Baldomir con el 'batllismo neto', el 'colegiado
integral', la ley de seguridad del Estado de 1972 y los acuerdos
post dictadura de 'entonación nacional', 'coincidencia nacional',
coalición ex-post y flexible, coalición ex-ante y estructurada.
Nos preguntamos al respecto: ¿Constituyen meros antecedentes históricos
no aplicables en reflexiones prospectivas o pueden darnos
pistas de factibles caminos en escenarios futuros, pero con
una fuerza de izquierda a cargo del gobierno? Durante
el presente curso de Sistema Político Nacional II hemos definido
al Frente Amplio primero y al EP-FA después en tanto sujetos de
gobierno. Convenimos en que el FA desde sus orígenes demuestra
una fuerte orientación al ejercicio del gobierno y no hacia una
mera actividad de corte testimonial. Desarrollamos una suerte de
hermenéutica historizante[2] que combina ‘teoría’ con
materiales históricos llegando a la conclusión de que
esta hipótesis encuentra respaldo en la evidencia empírica:
el apoyo a la presidencia de la cámara de diputados de Gutiérrez
Ruiz, producto de un acuerdo oficioso entre
la bancada blanca y del FA (1972), la aceptación por parte
del FA de cargos en los Entes Autónomos y organismos de contralor
en 1984, entre otras. La
reflexión desde la izquierda sobre cómo lograr la capacidad de
gobierno imprescindible, en términos de legitimidad y eficacia,
ha ido creciendo en la medida que sus expectativas concretas de
acceder al mismo han sido mayores. El tema apareció, aunque
brevemente expuesto, ya en la Declaración Constitutiva y en las
Bases Programáticas del FA en febrero de 1971, actualizadas en
agosto de 1984, ampliado en el Programa de Gobierno de 1989 y
desarrollado en el Programa de 1994 y en El Otro Programa del
EP-FA de 1999, y recientemente en el discurso de Vázquez del 9 de
noviembre de 2002, e incluso en el documento marco de acuerdo con
el NE del 2 de diciembre de 2002. La línea de abordaje a la
eventual dificultad en la implementación de políticas públicas
diferentes a las vigentes pasa por la participación ciudadana y
el relacionamiento con la sociedad organizada, sindicatos, etc.
Desde el punto de vista conceptual implica afrontar los problemas
de gobernabilidad, introduciendo la governance, en los términos
de Mayntz (2001) o, más precisamente, en los de Narbondo y Ramos
(2001), la participación de la sociedad en el diseño e
implementación de las políticas públicas con un papel relevante
del Estado en las mismas: "...Un Estado verdaderamente
democrático y moderno debe profundizar su relación con la
sociedad y sus organizaciones. Debe potenciar la democracia
participativa" (EP-FA, 1999: 82), que incluye la
idea de que "la integración de los trabajadores del
Estado en la dirección de instituciones estatales será
propiciada por el Gobierno." (EP-FA. 1999: 84). También
la participación de la sociedad civil será promovida a través de la "conformación de Consejos Vecinales
como expresión de la amplia y diversa trama de organizaciones
sociales que existen a nivel local en todo el país. Así como
la "redefinición de las relaciones entre distintos
sectores de la economía y el Estado." (EP-FA, 1999: 85). No menos Estado, sino más y mejor Estado, ya que "deberá
cumplir con las tareas inherentes a su propia esencia con el máximo
de eficacia [...] Pero en estos cometidos básicos no se agota su
rol. Debemos transformarlo en una poderosa palanca de la acción
social colectiva, con una obligación ineludible e irrenunciable
de promotor del desarrollo nacional ..." (EP-FA, 1999:
82). Desde el ángulo del 'aparato', de la burocracia, plantea la
necesidad de la capacitación funcional, la mira parece ser la clásica
burocracia eficaz y eficiente en el sentido weberiano aunque
flexibilizada en sus términos. Los aspectos difundidos en
la documentación pública del EP-FA atienden a la eficacia
estatal por la vía de la transparencia procedimental, por la
capacitación funcional, por la explicitación de objetivos
comunes, por la concertación con la sociedad civil organizada y
por la responsabilidad (accountabily) gubernamental ante la
ciudadanía, más allá de la escena electoral. Además
de la búsqueda de gobernabilidad (vía nueva 'gobernancia'),
queda por lo menos otro aspecto de las dificultades a enfrentar
por un eventual gobierno de izquierda: disponer de los cuadros de
dirección necesarios para, sin perder la memoria institucional,
implementar nuevas políticas públicas legítimamente, con
eficacia y eficiencia. La pregunta que sobrevoló cuando el
triunfo blanco de 1958 es de alguna manera más punzante hoy día
con relación a un gobierno de izquierda; puede ser, incluso, una
lectura de los resultados de la segunda vuelta presidencial y de
mayo de 2000 que señala
que no está pronto el elenco de recambio (González-Queirolo,
2000); el EP-FA quiere aplicar un programa, ¿pero en realidad
puede hacerlo?. ¿Tiene los cuadros necesarios, con un patrimonio
colectivo de criterios con los que afrontar las coyunturas
venideras? ¿Está,
en tanto fuerza política, reflexionando sobre posibles
escenarios?, ¿sobre cómo aprender a gobernar?, ¿sobre el
conocimiento del Estado y las posibles desavenencias o
incumplimientos de la burocracia partidizada actual?, ¿y sobre
los eventuales sabotajes de los cuadros medios o por lo menos su
posible no involucramiento en la gestión? Las
tensiones entre roles diferentes (fuerza política, elenco
gubernamental de esa fuerza, trabajadores y sociedad), que
adquirieron estado público en los conflictos municipales de
Montevideo del 2000 y del 2002, aunque insinuados en cuanto
posicionamiento en la primera administración frentista de la IMM,
son reconocidos explícitamente en el discurso de Vázquez ante
el Plenario Nacional (9/11/02), pero como un tema de pendiente
laudo. Parece claro que el EP-FA no ha resuelto claramente una
estrategia en este sentido, lo que queda en evidencia ante las
diferencias según sectores de la fuerza política (grupos más
orientados al gobierno
-VA, AU-, con necesidad táctica de marcar perfil en el único
espacio que les queda: hacia la izquierda -PCU, CI- y otros en una
posición intermedia, aunque difusa -PS, MPP, CONFA-) Los riesgos
democráticos en escoramientos para la solución de aquellas
tensiones se pueden ejemplificar en los casos extremos de: 1)
organizaciones sindicales supeditadas a la fuerza política
(populismo, corporativismo), 2) aparato partidario con primacía
sobre el elenco gobernante (partidización, colonización,
Estado-Partido), 3) elenco gubernamental independizado de la
fuerza política (gobierno apartidario, sin mediación, sin
control), 4) sociedad sin voz, ni incidencia en las cuestiones de
gobierno más que el voto (democracia delegativa, autoritarismo).
Encontrar el adecuado balance entre dichas tensiones, no es cosa fácil,
pero el divisar los riesgos es un primer paso. En
un sistema de gobierno como el uruguayo (presidencialismo
atenuado, cuasi presidencialismo, presidencialismo pluralista) y
con un sistema de partidos de pluralismo moderado en cuanto a número
y sin polarización extrema, además con expresa y confesa lealtad
institucional, vale señalar que los escenarios de un triunfo de
la izquierda en el futuro inmediato serían básicamente dos: 1)
se triunfa en la primera vuelta superando el 50%, por tanto se
logra mayoría parlamentaria propia, 2) se triunfa en segunda
vuelta, sin obtener mayoría parlamentaria propia. Las
posibilidades de gobernabilidad en uno u otro caso son claramente
diferentes. Si el escenario resultante del 2004 es el 1),
la forma operativa podría ser la de partido mayoritario,
aunque no se descarte a priori la formación de una coalición
sobredimensionada, más como efecto simbólico de búsqueda del
consenso que por necesidades perentorias y podría generar más
optimismo sobre la estabilidad futura (Chasquetti, 2001). Si este
fuera el caso, podría ser un indicador de que Uruguay se estaría
moviendo hacia un formato bipartidista de nuevo tipo, por tanto
encauzando a un sistema presidencial con altas chances de
estabilidad (Chasquetti, 2001). Una mayoría parlamentaria propia
permitiría la aprobación de la mayoría de las leyes
imprescindibles, comenzando con el Presupuesto Quinquenal, y
acotaría la esfera de las negociaciones ineludibles a la obtención
de las mayorías especiales (designaciones de órganos de
contralor, entes, Suprema Corte, por ejemplo). Este escenario
facilita uno de los aspectos de la capacidad de gobierno y, aunque
no soluciona las tensiones entre elenco de gobierno, fuerza política,
trabajadores y sociedad, permitiría un encare más ágil, en
tanto las definiciones internas se procesen. Si
el escenario resultante fuera el 2), podrían darse varias formas
operativas: a) lógica
de partido mayoritario, sin oposición consolidada como bloque,
poseyendo una bancada
parlamentaria cercana al 50%, sin coalición estable, con
negociación individual y puntual para la obtención de los votos
necesarios. Los riesgos de bloqueo estarían presentes
permanentemente y la productividad parlamentaria probablemente se
vería afectada; por otro lado el apoyo a lo largo de la
legislatura podría variar sustancialmente. La disciplina de los
partidos -oficialismo y oposición- sería relevante para la
definición de los interlocutores no gubernamentales (individuos,
fracciones o partidos); b) coalición mayoritaria mínimamente
ganadora, conformada con partido bisagra (si lo hubiera) o con
fracciones de partidos históricos. Probablemente se lograría un
razonable nivel de gobernabilidad, hasta el momento en que los réditos
del socio menor lo impulsen a salir de la coalición, y al precio
de transacciones en términos programáticos y/o de medidas de
gobierno, así como de cargos de gobierno (Buquet-Piñeiro, 2000);
c) oposición sistemática y consolidada a nivel parlamentario,
situación con alto riesgo de bloqueo operativo, polarización del
escenario político y con fuerte restricción del nivel de
gobernabilidad. Las opciones institucionales solamente permitirían
el manejo de las políticas públicas por la negativa (veto
presidencial), o 'desparlamentarizando' la normativa (vía
decretos, o en sentido 'bonapartista', recurso frecuente al
plebiscito convocado por el Ejecutivo, con o sin el ingrediente de
la movilización inducida). Si
este fuera el caso podría ser un indicador de que Uruguay se
estaría moviendo hacia un sistema de multipartidismo polarizado,
con la estabilidad comprometida. La situación c) del escenario 2)
implicaría dificultades adicionales en el encauzamiento de las
tensiones entre elenco, fuerza política, trabajadores y sociedad,
así como fuertes riesgos de alta confrontación política y
social. El balance, sin duda más delicado, supondría también
una prueba de fuego para la lealtad institucional de 'tirios y
troyanos' (Chasquetti, 2001). La conquista del gobierno por parte del EP-FA entraña crisis (cambio) para el mismo, no necesariamente para la polis en su conjunto. Es sabido que ocupar el lugar de la oposición es más fácil que gobernar. Depende del agente y de la manera en que procesa su crisis interna si ésta se expande o no hacia el sistema socio-político en su conjunto. El relacionamiento entre el EP-FA y el poder sindical ha de transformarse radicalmente. Esto supone un cambio profundo en el rol histórico del FA (que no del EP). ¿Modificación de su naturaleza y rol socio-político? Es evidente que el EP-FA no será el que fue para una masa importante de gente. Esta fuerza política, según cierta línea de pensamiento fronteriza entre el análisis político y la filosofía política, encarna la esperanza histórica (compleja categoría pero cuya esencia puede ser aprehendida intuitivamente). ¿Qué resultados pueden obtenerse de este fenómeno? En todo caso es inevitable una cierta desilusión cuando se halla el límite que todo gobierno encuentra. Una
posible hipótesis de trabajo: profundizando las ideas esbozadas
arriba es probable que el EP-FA sea, en el hoy y ahora del Uruguay
actual, uno de las fuentes centrales de generación de espacios de
gobernabilidad, puesto que encarna la única alternativa política
posible proyectada hacia un futuro inmediato. Desde la perspectiva
del común (que en la era de la política de masas es una
perspectiva que el analista debe privilegiar) y a nivel simbólico,
este elemento es crucial. Desarrollando aún más la hipótesis
podemos plantear la existencia de una relación negativa entre
el nivel de movilización social no partidaria y el vigor simbólico
y funcional de la partidocracia, a la cual el EP-FA nutre de
legitimidad. De esta forma el EP-FA ‘desactiva’
(por vía indirecta y, seguramente, sin tenerlo como un objetivo
particular) la movilización social al estilo argentino. Así esa
consigna pre-política o, incluso, anti-política (¿anómica?) de
“que se vayan todos” no puede cuajar en Uruguay. La
partidocracia disminuye los niveles de anomia política. Si es
cierto que hoy el FA es un generador de gobernabilidad qué
ocurrirá si éste obtiene el gobierno y no existe un otro actor
partidario importante (sin contar obviamente a los partidos
tradicionales) que funcione como oposición, ¿qué o quién
canalizará el descontento?. Como
contribución a la gobernabilidad de la actual administración
colorada, como demostración pública de su lealtad institucional
(Vázquez, 2002), vale la observación del tipo de oposición
llevada adelante por el EP-FA en este período: conformada una
coalición mayoritaria entre el Partido Colorado y el Partido
Nacional, que ha permitido implementar las políticas públicas
deseadas y la aprobación del Presupuesto Nacional, y aunque sin
integración en los organismos de contralor a pesar de su 40% de
respaldo ciudadano, el EP-FA no ha sido una oposición sistemática,
esto es, oposición por la oposición en sí. La oposición
programática practicada por el mismo, su insistencia en la
necesidad de políticas de Estado consensuadas, lo que no ha
impedido diversas interpelaciones y apoyos a instrumentos de
consulta popular, sus definiciones estratégicas explicitadas el 9
de noviembre, así como un cierto corrimiento hacia el centro en
sus propuestas, reconociendo las limitaciones de la coyuntura,
parecen avances en la transición de la 'cultura de la voluntad' a
la 'cultura de gobierno' (Botinelli, 2002) y de alguna manera
generar credenciales, en el imaginario colectivo, de solvencia del
'elenco de recambio' (González-Queirolo, 2000). Emprendiendo
una mirada historizada-historizante podemos decir además de lo
desarrollado arriba que desde la salida de la dictadura la amenaza
electoral frenteamplista aunó a los partidos tradicionales lo que
potenció los procesos asociados a la gobernabilidad. Fue un
‘elemento cohesionador’ del sistema político. En síntesis,
el EP-FA es una fuente de gobernabilidad.
El crecimiento en las preferencias ciudadanas de la izquierda ha
sido fundamental en que los partidos históricos traspusieran líneas
de demarcación mutua, impensable en otro contexto. Las
experiencias de los gobiernos post dictadura, la instrumentación
de la reforma del 96, el acuerdo firmado previo a la segunda
vuelta del 99, son demostración de ello; la percepción de
amenaza por parte de las élites de los partidos históricos de
ser desplazadas, el enfrentarse a un adversario común ha
contribuido no poco a aceitar los mecanismos de mutua cooperación
estratégica. ¿Hecha
luz el conflicto entre la administración Arana y el sindicato
municipal sobre la problemática de la capacidad de gobierno del
EP-FA? ¿Es extrapolable lo ocurrido en un escenario departamental
al nacional? En el caso de la Intendencia Municipal de Montevideo,
¿qué sujeto gobernante actúa?[3], ¿El EP-FA o la administración
Arana que, incluso, ha gobernado oponiéndose en algunas
cuestiones al FA? Nos
inclinamos por una solución intermedia poniendo énfasis en la
primera. Es menester tener presentes, además, las especificidades
tanto situacionales como estructurales de lo ocurrido. ADEOM es
uno de los pocos si no el único sindicato donde la
ultra-izquierda (encarnada en la Corriente de Izquierda) posee una
cuota importante de poder. ¿Es homologable el P.I.T-C.N.T. a
ADEOM? Las diferencias entre sus dirigencias manifestadas
verbalmente durante los últimos meses parecen sugerir que no. Por
otra parte: no hay orden sin desvío ni gobierno sin conflicto.
Por ello es imprescindible demarcar precisamente el abordaje
politológico del uso político de estos episodios y evitar toda
posible penetración de la política en la politología. En síntesis,
es crucial el preguntarnos desde dónde nos interrogamos sobre la
capacidad de gobierno del EP-FA e intentar visualizar este punto
en nuestros interlocutores, sobre todo cuando se trata de agentes
socio-políticos (ni qué decir de los representantes de
organizaciones político-partidarias). La
partidocracia y el EP-FA. Existe un
gran consenso en torno a la idea de que los elementos
constitutivos del sistema político uruguayo han sufrido grandes
transformaciones. Tampoco se duda de que se ha procesado una
importante mutación del escenario en que la partidocracia está
inserta. Sin embargo el punto conflictivo es el de una posible
crisis de la partidocracia misma lo cual atentaría, según una
hipótesis razonable, contra la configuración histórica del
sistema político nacional (que, además, se pensaba en términos
de vigencia y vigor). Pero vayamos por partes: basta recorrer la
prensa del día para percatarse de que el eje del escenario simbólico
de la política está aún ocupado por los partidos políticos. Se
es centro respecto de algo o de alguien: se hace referencia con
este término a una disposición espacial de las piezas que,
articuladas, conforman un todo complejo. Lo antedicho no trae
necesariamente aparejado una determinada distribución de los
recursos de poder. Obviamente
que estar en el centro es un privilegio porque como el ojo del panóptico
de Bentham el eje ve (casi) todo el paisaje social lo que le
permite al actor que en él esté situado autoerigirse como
articulador, mediador y decisor principal del mundo sociopolítico.
El centro sabe porque ve: saber y poder se confunden fenoménicamente.
Pero atención: puede haber un centro enclenque y maniatado, y que
sigue siendo centro. Acaso imperen condiciones socioestructurales
que nadifican a la política misma, por ejemplo Przeworski
sentencia: “La pobreza no deja lugar a la política”. (Przeworski,
2000: 178). Este no es el caso de Uruguay, pero si vemos la cuestión
desde una mirada gradual (no estructurada por la lógica dicotómica
o disyuntiva) se abre
un panorama de estudio que presenta criterios de cercanía y
proximidad respecto a la situación antes enunciada de las
distintas unidades de análisis. La política uruguaya, acaso,
pierda densidad negociadora y autonomía en relación a otros
poderes o, lo que tal vez sea peor, en relación a los constreñimientos
encarnados por las variables contextuales. Acaso se esté
materializando la posibilidad teórica de un partidocentrismo sin
partidocracia. Son muchos los sectores que participan de la ‘sensación’ de que la política (y ‘los políticos’) de los países de la periferia se hallan maniatados por, a modo de ejemplo, los compromisos contraídos con organismos internacionales como el FMI, el BID o el Banco Mundial, decisiones tomadas por terceros países o la coyuntura internacional. El sociólogo Fernando Filgueira sostuvo en una entrevista con Sonia Brescia que de la actual crisis económico-social el Uruguay sólo puede salir si cambia la situación de la región (Filgueira, 2002). Claro que con ‘sensaciones’ o intuiciones no alcanza por lo que hay que apelar a estudios académicos que señalan el estrechamiento del margen de razonabilidad de los discursos (parafraseando a Gerardo Caetano) y de las políticas implementables. Sea cual fuere el sujeto gobernante que en el futuro tome el timón de nuestra polis estará sujeto a una serie de condicionantes a abordar investigativamente. Es probable que el EP-FA posea todas las herramientas como para llevar adelante la gestión de nuestra comunidad política y que, sin embargo, sus acciones se vean amortiguadas por condiciones socioestructurales adversas o limitativas. El punto desde el que se parte marca a fuego las posibilidades de gestión y desarrollo: aumento de la pobreza y la marginalidad, descenso estructural de las clases medias (devaluación, descenso del salario público, etc.), la situación de la banca, etc.. 1-Es paradójico el hecho de que la ciencia política haya descuidado el problema del gobierno como eje temático durante tanto tiempo. La reapropiación académica de los enigmas asociados al gobierno está inserta, acaso, en los últimos movimientos hacia la conciencia total de la relativa autonomía de lo político respecto del resto de las áreas del mundo societal 2- Esta labor interpretativa historizante (no historicista) corresponde claramente al enfoque cognitivo de los partidos políticos al decir de Romeo Pérez Antón, lo cual se ve reflejado en su mirada holística y compleja sobre los mismos 3 - En una línea complementaria, cabe la reflexión sobre la percepción ciudadana del Arana gobernante que, administrando recursos escasos hace una opción, cuando la dicotomía se plantea como conflicto de intereses funcionarios- habitantes, aunque suponga afrontar un conflicto con los funcionarios municipales (Factum, 2002) BIBLIOGRAFÍA Arbós,
X.- Giner, S.
(1996) La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la
encrucijada mundial. Siglo XXI. Madrid. LA ONDA® DIGITAL |
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