Uruguay:un país con
gente en problemas
por Carlos Zapiola

Las mutualistas no funcionan al ritmo que los pacientes necesitan, y la Salud Pública no cubre las necesidades de la población que a ellas no tiene acceso.

La justicia puede demorar cuatro años un juicio laboral, lo que no es muy justo que digamos, si el trabajador logra al fin probar su razón.

Los viejos, solos o molestas cargas familiares, suelen terminar sus días en morideros, mal llamados residenciales para la Tercera Edad.

Esto es así. Nos guste o no. No importa que nos parezca antiético, necesario, una crueldad o parte de los nuevos tiempos que trajo el siglo.

Para los discapacitados, las escuelas oficiales se terminan a los 15 años, y si alguien quiere aprender, o sus padres desean que lo haga, deberá ir a un taller o establecimiento privado, pago de diversas formas. Se pueda o no pagar.

El BPS brinda una ayuda para que ello sea menos oneroso, pero por lo general no alcanza para cubrir los costos de los buenos institutos.

Muchos de estos talleres tienen convenios con INAME, muy onerosos para las arcas del organismo público, pero tienen en su inmensa mayoría, fines de lucro, y nada más.

Si uno es un padre que no quiere una guardería para su hija, deberá hacer grandes esfuerzos económicos, para que se sociablice, actúe, haga manualidades o mejore su lecto-escritura. En verdad para que se sienta un verdadero ser humano.

Cuando un chico se torna por alguna razón violento, la mutualista suele responder con consultas muy demoradas y espaciadas temporalmente.

Y en algunos institutos, eso molesta, y como la que molesta es la persona violenta, se decide su expulsión.

Si la persona faltó dos semanas por enfermedad, la ayuda del BPS la institución igualmente la va a cobrar íntegra.

Si la familia se complica la vida buscando, no solo la solución al problema salud, sino además un nuevo sitio para que la chica vaya, eso no interesa. Si no puede ir a trabajar, es problema suyo, o mío mi amigo.

Quizás en estos días alguien vea, ya que no hubo aviso previo de la posible expulsión, y no se entendió que la chica está en tratamiento un abogado planteando daños y perjuicios por Villa Dolores.

Quizás sea el mismo que en otro lugar supo de abuso de menores y hasta de sexo oral, que nadie de la Institución, por miedo a perder el trabajo -no hablemos de ética-, se anima a denunciar.

Esto pasa en el Montevideo de hoy.

¿Debe pasar?

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