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Brasil y los golpes en Bolivia, Uruguay y Chile
30 años después

por Luiz Alberto Moniz Bandeira*

El profesor Luiz Alberto Moniz Bandeira cientista político de la Universidade de Brasília y autor de várias obras, entre  ellos Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul). de reciente edicion en portugues y de eminente  salida en español por la Editorial Norma de Argentina. La ONDA digital,publica en exclusividad el capitulo dedicado al papel de Brasil en la dictadura uruguaya en los paises del cono sur.  En el proceso de implantación de la dictadura uruguaya, Brasil, que influyera directa o indirectamente en este desenlace, envió al Ejército de Uruguay centenas de vehículos, tales como camiones y autos Volkswagen, en una operación del orden de U$S 815.000.

Aunque volviese a defender, desde el gobierno del general Costa y Silva (1967-1969), el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos, Brasil, cuyo régimen militar pasara a orientarse por el nacionalismo de derecha, no admitía, entre sus vecinos, experiencias de izquierda, que viniesen a estimular la llamada subversión y obstaculizar, externamente, la expansión de sus intereses económicos.  La represión, que el gobierno del general Emilio Garratazú Médici (1961-1974) internamente intensificara contra toda y cualquier oposición al régimen militar, se proyectó, por consiguiente, sobre otros países de América del Sur, bajo la forma de intervenciones más o menos encubiertas, sin apelación a la justificación doctrinaria de las fronteras ideológicas.  Bolivia, donde la convocatoria de la Asamblea Popular, a fines de 1970, pareciera a los militares brasileños una tentativa de formación de un soviet, recibió la primera estocada.  La Casa Militar del presidente Garratazú Médici, bajo la jefatura del general João Batista Figueiredo, ofreció a los adversarios del gobierno del general Juan José Torres, a través del ex coronel Juan Ayoroa, dinero, armas, aviones y hasta mercenarios, así como permiso para instalar áreas de entrenamiento cerca de Campo Grande (Mato Grosso) y en otros lugares próximos a la frontera1

Y el golpe de estado, deflagrado, finalmente, por el general Hugo Banzer, contó con un abierto apoyo logístico de Brasil, cuyos aviones militares, sin ocultar las insignias nacionales, descargaron fusiles, ametralladoras y municiones en Santa Cruz de la Sierra, mientras tropas del II Ejército, comandado por el general Humberto Melo, se estacionaban en Mato Grosso, prontas para intervenir en Bolivia (donde algunos destacamentos penetrarían), si fuese necesario2.  Pocos meses después, diciembre de 1971, el Uruguay estuvo otra vez igualmente en la inminencia de sufrir la intervención militar de Brasil.  Las tropas del III Ejército, con sede en Río Grande del Sur, se prepararon para invadirlo, ejecutando la Operación Treinta Horas (tiempo necesario para la ocupación de todo el Uruguay), lo que sólo no se concretó porque el general Liber Seregni, candidato del Frente Amplio (partido de izquierda y centro-izquierda), perdió las elecciones frente a los conservadores3. 

Pero los servicios de inteligencia de Brasil continuaron allí, colaborando activamente en el combate a las organizaciones de izquierda.  El delegado Sergio Fleury, de la División de Orden Política y Social de la Policía de San Pablo, ayudó a organizar el escuadrón de la muerte para liquidar a los tupamaros (militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru), que realizaban espectaculares operaciones de guerrilla urbana4.  Y cuando los militares finalmente dieron, en 1973, el golpe de estado, ultimando el proceso de implantación de la dictadura, Brasil, que influyera directa o indirectamente en este desenlace, envió al Ejército de Uruguay centenas de vehículos, tales como camiones y autos Volkswagen, en una operación del orden de U$S 815.000, mientras que Argentina suministraba automóviles para la Policía, así como gasolina y querosene de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales5

En la misma época, Brasil también colaboró con los EE.UU. en la preparación del golpe de estado contra el gobierno de Chile, cuyo presidente, Salvador Allende, intentaba la implantación del socialismo por la vía democrática y constitucional.  Hubo evidencias de que oficiales brasileños de los servicios secretos, en conexión, posiblemente, con la CIA, participaron de la conspiración, tanto que el general Orlando Geisel, ministro de Guerra en el gobierno de Garratazú Médici, había avisado al embajador de Paraguay que tarde o temprano Chile caería “en manos de los militares”6.  El propio embajador de los EE.UU. en Santiago, Edward Korry, afirmó que el “real apoyo técnico y psicológico” al coup d’Etat “vino del gobierno militar de Brasil”7.  Y su sucesor, el embajador Nathaniel Davies, reveló que el embajador brasileño, Cândido de Câmara Canto, lo convidó para que conjuntamente planearan y coordinaran los esfuerzos tendientes a derribar el gobierno de Allende8.

Sin duda alguna, la complicidad de Brasil fue, en verdad, mucho mayor de lo que se transparentó.  Además de recursos financieros, suministrados por empresarios de San Pablo, varios cargamentos de armas y municiones, entre 1972 y 1973, salieron del puerto de Santos, con destino a Valparaíso, en cajas de maquinaria agrícola y de otros productos, importados por la firma del Senador Pedro Ibáñez Ojeda, a fin de abastecer la organización derechista Patria y Libertad9.  Y, con la caída del gobierno de Allende, el 11 de setiembre de 1973, Brasil reconoció inmediatamente la Junta Militar, dirigida por el general Augusto Pinochet.  Varios aviones de la Fuerza Aérea Brasileña volaron a Santiago, transportando no sólo víveres y remedios, sino también asesores de la Policía Federal y oficiales de las Fuerzas Armadas, que participaron de interrogatorios y entrenaron a sus colegas chilenos en el arte de la tortura, mientras el embajador Câmara Canto coordinaba las medidas de apoyo a las nuevas autoridades del país10

Enseguida del golpe de estado en Chile, con el conocimiento de la CIA, los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pasaron a cooperar y, en 1975, instituyeron la Operación Cóndor, nombre en código dado al acuerdo para el emprendimiento de acciones conjuntas, tendiendo a coordinar la represión y eliminar los adversarios de los regímenes dictatoriales existentes en los países del Cono Sur.  Pero el radio de acción de la operación Cóndor no se restringiría a América Latina.  La tercera fase y la más secreta de la Operación Cóndor, según el documento desclasificado por el Defense Intelligence Agency (DIA), del Ejército norteamericano, consistió en formar equipos especiales de los países miembros a fin de que viajasen por todo el mundo y ejecutasen sanciones, que incluían hasta asesinatos, contra supuestos terroristas o que apoyasen sus organizaciones, o sea, contra adversarios políticos de los regímenes militares instalados en el Cono Sur.  Si un adversario político o uno que apoyase la organización política adversa estuviese en Europa, un equipo especial de la Operación Cóndor sería enviado para localizarlo y vigilarlo.  Cuando culminase la localización y la vigilancia, un segundo equipo de la Operación Cóndor sería enviado para aplicar una sanción efectiva contra aquel adversario.  En teoría, un país proveería de documentación falsa al equipo de asesinos, formado por agentes de otro país. 

En Buenos Aires – donde había exiliados chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos – varios crímenes ocurrieron en el marco de la Operación Cóndor, aún antes de que ésta fuera formalmente concertada y oficializada.  El general Carlos Prats, que sirviera al gobierno de Salvador Allende, fue asesinado en setiembre de 1974, en Buenos Aires.  De acuerdo a las declaraciones realizadas en los EE.UU., la bomba fue colocada por el norteamericano Michael Townley, ex agente tanto de la DINA como de la CIA.  Y, además de otros numerosos disidentes de los regímenes militares, también fueron asesinados en Buenos Aires, en mayo de 1976, dos parlamentarios uruguayos, el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz; y el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en junio.  Y el 21 de setiembre del mismo año, Orlando Letelier, ex embajador de Chile, y su secretaria, Ronni Moffit, fueron asesinados en plena capital de los EE.UU., en la tercera fase de la Operación Cóndor, en el ámbito en el que los EE.UU. facilitaron comunicaciones entre los jefes de los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur, de acuerdo a lo revelado por el embajador de los EE.UU. en Paraguay, Robert E. White.  El hecho de que el Pentágono estaba interesado en la Operación Cóndor, en 1976, era relevante para la red de comunicaciones que  fue establecida y facilitada por los EE.UU.  El general Alejandro Fretes Davalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, informó al embajador norteamericano Robert White, que todos los jefes de los servicios de inteligencia de los países de América del Sur en la Operación Cóndor, se mantenían en contacto uno con el otro a través de las instalaciones de comunicación de los EE.UU. en la Zona del Canal de Panama Zone que cubrían toda América Latina.  Estas instalaciones eran empleadas para coordinar las informaciones de inteligencia en los países del Cono Sur11.

Traducido para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte

* Luiz Alberto Moniz Bandeira Es cientista político, profesor titular (jubilado) de la Universidad de Brasília, es autor de várias obras, entre ellas A Reunificação da Alemanha: do ideal socialista ao socialismo global, De Marti a Fidel  y del reciente libro titulado Conflicto e integración en América del Sur – Brasil, Argentina y EE.UU. (De la Triple Alianza al Mercosur 1870-2003) publicado por la Editora Revan (Río de Janeiro, 2003, 676 p.)

Otras notas del autor  se pueden leer en:

http://www.uruguay.com/laonda/LaOnda/146/B2.htm

http://www.uruguay.com/laonda/LaOnda/147/B3.htm

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