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Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos transgénicos, no serán más baratos ni más sabrosos, así como tampoco más saludables. Intervención del senador Rodolfo Nin Novoa, de la Alianza Progresista, realizada en el mes de setiembre de 2003, en la Cámara Alta. Señor Presidente:
antes que nada quiero agradecer al Senado la posibilidad de haber
habilitado esta instancia para reflexionar y, en lo posible,
debatir sobre un tema al que nosotros le asignamos una gran
importancia, puesto que incide directamente en el presente y
futuro del país. Me refiero a la introducción de nuevas técnicas
en nuestro sistema de producción, particularmente, en el sector
agropecuario. Creemos que esta
discusión es necesaria para definir aquellas políticas de Estado
que el país ha encaminado en muchos de los aspectos que vamos a
mencionar. El aporte que los Partidos políticos puedan y deban
hacer, resultará imprescindible para definir y confirmar estas
políticas. En este marco de
discusión hemos planteado concretamente abordar el tema de los
cultivos transgénicos y su incidencia en el comercio y en la
producción del Uruguay que, como los señores senadores saben,
tuvo una instancia muy importante hace poco más de un mes, el 19
de agosto, en la Cámara de Representantes, donde nuestro compañero
el diputado por Cerro Largo, ingeniero Gustavo Guarino, hiciera
una convocatoria para interpelar al señor Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca -sin ánimo de censura, así se estableció
claramente en la moción-, a raíz de un permiso otorgado por el
Poder Ejecutivo que permitía la introducción del maíz transgénico
MON 810. Brevemente y sin ánimo
de dictar una clase, quiero hablar un poco de lo que son los
transgénicos, del abc y de la biotecnología. A esos efectos,
comienzo por decir que la biotecnología es el uso de los
organismos vivos para obtener productos con aplicación
industrial. Por cierto, la biotecnología no es una práctica
nueva. La elaboración de cerveza, pan y vino son formas
ancestrales de biotecnología. De lo que estamos hablando ahora es
de las nuevas biotecnologías que han surgido en los últimos
tiempos. Las empresas trasnacionales han empezado a ampliar las
nuevas tecnologías para crear productos agrícolas, forestales y
ganaderos con características nuevas, inclusive, para el
tratamiento de enfermedades humanas. De estas nuevas
biotecnologías, la ingeniería genética es la que mayor
preocupación ha generado por los riesgos potenciales que
representa su aplicación. La ingeniería genética permite
introducir genes de microorganismos, plantas y animales, a otros
organismos totalmente distintos. Con esta técnica es posible
transferir material genético de un organismo a otro saltando las
barreras sexuales y asexuales naturales. Por ejemplo, se puede
tomar genes de un pez, el lenguado que vive en el polo norte y
resiste temperaturas muy bajas, para ponerlos en un tomate y, de
esa manera, hacerlo resistente de esa manera a las heladas. Otros ejemplos son
los que vamos a tratar en la tarde de hoy y tienen que ver con la
introducción del gen que produce la toxina, que destruye el
sistema digestivo de los insectos procedentes de la bacteria Bt
–basillus thuringiensis-, en el maíz o en el algodón. Cabe señalar
que hasta se han introducido genes humanos en los chanchos. Cuando se añaden
genes ajenos a un organismo, éste adquiere las características
del gen introducido. El organismo resultante se llama transgénico
o modificado genéticamente y, en el ejemplo citado anteriormente,
el tomate, es un tomate transgénico. ¿Cómo se hace
esta ingeniería genética? Se corta la cadena del ADN al azar o
en un lugar determinado, se identifica el gen que se desea
introducir en el llamado organismo huésped, se le multiplica y se
le pega en el ADN del otro organismo. Sin embargo, hay un problema
y es que, por ejemplo, los genes del lenguado no van a reconocer a
los genes del tomate y lo van a tratar como un gen extraño. A los
efectos de que esto no suceda, se introduce un promotor, en este
caso, para que las células del tomate reconozcan a las del
lenguado. Esta secuencia debería ser una secuencia del mismo
tomate o de un organismo muy similar, pero la mayoría de las
compañías y científicos no se toman el tiempo y la molestia de
buscar un promotor en el tomate, porque tomaría mucho tiempo
entender cómo los genes del tomate controlan la expresión de sus
genes. Para evitar todos esos estudios, lo que se hace es utilizar
un promotor viral, esto es, un virus. Los virus son muy activos y
no hay prácticamente nada que pueda evitar que se introduzcan en
una célula extraña y que la parasiten. Los virus integran
su información genética en el ADN de la célula huésped. Una
vez inserto en la nueva célula, el virus se multiplica e infecta
a las células vecinas, que a su vez se siguen reproduciendo.
¿Cómo entran los
genes en el organismo huésped? Hay dos maneras: una biológica,
como la del virus y otra mecánica, como las inyecciones, las
microbalas, las pistolas, los dardos, las chispas, los
tratamientos de agua con sal, etcétera. ¿Acaso no podría
suponerse que la manipulación genética es igual a los métodos
de mejoramiento? Uno tiene que contestar enfáticamente que no es
igual, porque la manipulación genética recombina precisamente
material genético –como ya lo dijimos- entre especies que
tienen muy poca probabilidad de intercambiar genes de manera
natural. Los métodos de mejoramiento mezclan distintas formas de
los mismos genes, mientras que la manipulación genética
introduce genes completamente nuevos, exóticos. Hace más de dos
mil millones de años que las especies vienen evolucionando y
separándose. La verdad es que un tomate se ha desarrollado muy
lejos de un lenguado. Entonces, cuando se mezclan artificialmente,
no es posible saber lo que va a ocurrir en la cadena evolutiva.
Ahora bien; ¿quiénes
manipulan los genes y para qué? Los principales impulsores de la
manipulación genética son los grandes laboratorios
transnacionales, llamados de las ciencias de la vida -tales como
Monsanto, Dupont y Novartis, entre otros-, que están empezando a
explotar económicamente los nuevos avances en biología. Sus
innovaciones van de la mano de las patentes, con las cuales se van
apropiando de la materia prima. Las inversiones han sido tan
enormes, que la necesidad de retorno es implacable. De ahí las
presiones y la urgencia para introducir los productos transgénicos.
Los genes son utilizados en diversos campos comerciales,
como por ejemplo, la energía, la medicina, etcétera, pero es
la agricultura el rubro en el que el nuevo comercio genético va a
tener mayor impacto. Si bien hay muchas aplicaciones de
ingeniería genética en la agricultura, el enfoque actual de las
investigaciones está concentrado en el desarrollo de cultivos
tolerantes a altas dosis de herbicidas, en la fabricación de
toxinas insecticidas, en la generación de resistencia a ciertos
virus, en el retardo de su descomposición o en el logro de que
sean más uniformes. Nunca una manipulación genética apunta a
aumentar la producción, sino a mejorarla y a preservarla de
algunos de estos elementos que hemos señalado. El centro de interés
principal de la investigación en ingeniería genética no apunta
a obtener cultivos libres de plaguicidas, sino variedades
resistentes a los plaguicidas, ya que es más barato adaptar el
vegetal a la química, que a la inversa.
La búsqueda y la investigación para adoptar nuevas
variedades en vegetales, raramente llega a los U$S 2:000.000,
mientras que el costo de la puesta en funcionamiento de un nuevo
herbicida supera los U$S 40:000.000. Son las empresas
productoras de herbicidas las que han creado cultivos transgénicos
tolerantes a su propio producto. La soja transgénica que hoy ya
se está plantando en el Uruguay, la round up ready, es de
Monsanto, el laboratorio que, a su vez, produce el herbicida químico
round up. Los señores senadores que conocen el país y que viajan
por el interior habrán visto algunos carteles de propaganda en
las carreteras que hablan del glifosato y del round up ready. Se
trata de herbicidas que, aplicados sobre la superficie del suelo,
matan todo lo que es vegetal y permiten a la planta introducida en
ese campo con mínimo laboreo un crecimiento más rápido porque
no tiene competencia natural, ya que las otras están muertas. El
problema ha sido que esos herbicidas también afectan, de alguna
manera, a la semilla que se planta. Por ese motivo se investigó
para crear una semilla que fuera resistente al propio herbicida
que esa transnacional ha creado y de ahí resultó la soja transgénica. La propaganda que
se utiliza dice que los cultivos transgénicos redundarán en un
aumento de productividad para el productor y en una reducción de
la dependencia de plaguicidas. Sin embargo, las estadísticas
dicen otra cosa, puesto que indican que en los cultivos transgénicos
aumentó el uso de plaguicidas. Las proyecciones al respecto
demuestran el aumento de la producción a corto plazo, pero a
mediano plazo va a declinar con el inconveniente de que el
agricultor se encontrará, a esta altura, totalmente dependiente
de las compañías en cuanto a semillas, insumos y mercados.
Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos
transgénicos, no serán más baratos ni más sabrosos, así como
tampoco más saludables. Además, los peligros son desconocidos e
irreversibles para el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. La innovación más
grande es la creación de plantas cuyas semillas se autodestruirán,
es decir, semillas suicidas. Este gen fue patentado con el nombre
de Sistema de Protección Tecnológica y poco después fue
bautizado como tecnología “terminator”, esto es, tecnología
exterminadora. El
objeto de la tecnología “terminator” es complementar la
intención de los híbridos, o sea, obligar a los productores
–en especial a los del tercer mundo- a comprar todos los años
la semilla producida por las grandes empresas y, naturalmente,
todo lo que ello trae aparejado, fundamentalmente, agroquímicos
elaborados por ellas. Con la autorización
del maíz transgénico, nos parece que se están echando por
tierra los esfuerzos de posicionar al Uruguay en el mercado
internacional como un país natural, bajo el eslogan de “Uruguay
Natural”. Lo vemos en los avisos del Ministerio de Turismo.
A propósito, hace pocos días leí un aviso en el diario La Nación,
de Buenos Aires, en donde se invitaba a los argentinos a ver el
apareamiento de ballenas que se produce en estas épocas en Punta
del Este, con el logo que, por supuesto, todos compartimos, de
“Uruguay Natural”. Los taxis de
Montevideo también tienen dicho logo. Sin lugar a dudas, es una
estrategia que apoyamos y que debemos preservar. El Gobierno
uruguayo, al optar por la habilitación del evento MON 810 -maíz
Bt, como se le dice- para su uso en la agricultura, de alguna
manera está poniendo en duda los esfuerzos de posicionar al
Uruguay en el mercado internacional como un país natural bajo el
eslogan, reitero, “Uruguay Natural”. A este respecto quiero
hacer otro comentario con relación a la soja. Sabido es que en el
Uruguay se está plantando soja transgénica. A propósito, en el
día de ayer el señor senador Atchugarry hacía referencia a las
inversiones de capitales argentinos que están viniendo a plantar
esa soja transgénica. A nivel mundial, se considera que cuando un
país tiene un producto transgénico, no se puede decir que sea un
país no natural. Por otro lado, el Uruguay es el sexto país más
natural del mundo, según el Foro Económico Internacional,
aspecto que luego veremos. Sin embargo, la introducción de una
segunda especie ya pone en serios riesgos esta definición de país
natural. Eso es lo que queremos preservar. ¿Qué es el MON 810? ¿Cuál es la transgénesis de ello? El evento MON 810 introduciendo al maíz incorpora la resistencia, el ataque de lepidópteros–es decir insectos-, de este cultivo. Esa resistencia se obtiene de la bacteria bacillus thuringensis, que otorga propiedades insecticidas. Cuando el gusano entra en la planta, como en su savia tiene este virus, al morder la hoja, el tallo o lo que fuera, le destruye el sistema digestivo y se muere. Esta modificación genética fue desarrollada por esa empresa para el control del gusano llamado barrenador del tallo europeo, común en algunas zonas del Hemisferio Norte. También controlaría –utilizo el verbo en tiempo condicional- otros lepidópteros, como el barrenador del tallo y la lagarta cogollera, esta sí presente en el Uruguay. La utilización de semillas con el evento Bt sustituye la aplicación de insecticidas para el control de estas familias de insectos. Ese es el principal beneficio privado de la adopción de semillas Bt. Frente
a esta situación han surgido planteos que se oponen a esta opción
desde diversos ámbitos de la sociedad. Hoy mismo, en un Juzgado
de Montevideo, se va a resolver un recurso de amparo presentado
por productores orgánicos del Uruguay, que se ven seriamente
afectados por la introducción de estas semillas. Además,
como ustedes saben, el maíz es de polinización cruzada y,
por lo tanto, el polen que vuela y que llevan las abejas puede
contaminar las plantas de maíz tradicional lo que, a su vez,
puede traer serias consecuencias con respecto a los contratos y a
las patentes a los productores que, involuntariamente, ven en sus
chacras las plantas infestadas por un maíz que no tienen
autorización para usar porque hay que pagarlo. También hay casos
de juicios, sobre todo en la Argentina, que han hecho grandes
compañías a agricultores que, sin comerla ni beberla, se han
visto involucrados en estos líos judiciales. El Uruguay es un país
que cuenta con un gran potencial económico basado, como todos
sabemos, en los 16:000.000 de hectáreas de tierra fértil, uno de
los niveles más altos por habitante en el mundo, aumentado esto
por los valores agroecológicos que aún se conservan en nuestros
ecosistemas. Es decir que cuenta con enormes ventajas para
posicionarse como destacado productor de alimentos de calidad,
sanos y abundantes, para nosotros y para muchos otros países.
Tengo en mi poder
algunos indicadores comparados de sustentabilidad en tres países
agrícolas: Argentina, Estados Unidos y Francia, donde se investigó
y se calculó, por ejemplo, la cantidad de fertilizante en kilos
por hectárea y por año. Así es que Argentina tiene 4,5 kilos
por hectárea al año, Estados Unidos 93 y Francia, 306. En cuanto
a insecticidas y fungicidas –es decir, productos para combatir
insectos y hongos-los gramos por hectárea de producto activo, en
el caso de Argentina, son 216, en Estados Unidos son 1.047 y en
Francia, 2.976, es decir, casi tres kilos de producto activo por año.
En cuanto a los herbicidas pasa algo similar: Argentina tiene 162
gramos, Estados Unidos, 916 y Francia, 2,135 kilos, y el
porcentaje de mamíferos nativos en riesgo de extinción en la
Argentina se sitúa en un 10%, en Estados Unidos en 10,5% y en
Francia es el 52%. En Uruguay, en cambio, podemos hablar de casi
10:000.000 de hectáreas que nunca han recibido un gramo de
fertilizante químico ni de ningún herbicida y creo –me parece
que todos deberíamos creerlo- que ésta es nuestra principal
riqueza y que hay que sostenerla y mantenerla. Esta situación
relativa al país natural, a los 16:000.000 de hectáreas de
tierra fértil y a nuestra condición de nación productora de
alimentos sanos y abundantes, ha llevado a dar un marco adecuado a
las posibilidades potenciales del Uruguay y el Parlamento ha
legislado sobre este tema, más concretamente, elaborando en el año
2000 la Ley Nº 17.283, que refiere a la protección del medio
ambiente. Entre los aspectos más salientes de esta norma se
encuentra, en el artículo 6º, la distinción de la República en
el contexto de las naciones como país natural, desde la
perspectiva económica, cultural y social, del desarrollo
sostenible. Esto se complementa con el inciso b) de ese mismo artículo,
que señala que la prevención y previsión son criterios
prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y
que, cuando hubiera peligro de daño grave e irreversible, no podrá
alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como
razón para no adoptar medidas preventivas. Como vemos, esta política
de apertura a la utilización de la tecnología de los transgénicos
no es coherente con los lineamientos establecidos en la ley.
Otro aspecto
relevante de la ley está expresado en el artículo 23, que dice
concretamente que la introducción de organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnología en las zonas sometidas a la
jurisdicción nacional, cualquiera sea la forma o el régimen bajo
el cual eso se realice, estará sujeta a la autorización previa
de la autoridad competente. En tanto esa autoridad no fuera
designada o en los casos en que la introducción pudiera ser
riesgosa para la diversidad biológica o el ambiente, será
competente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente. Quiero que quede claro este concepto que establece
la ley relativa al medio ambiente sobre las competencias de las
que aquí hemos hablado en tantas oportunidades y que, en este
caso, corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente. Es por esto que,
para el caso de este maíz que ha sido tan cuestionado –entre
otros, por la Facultad de Agronomía- por sus potenciales efectos
en la biodiversidad, este artículo señala claramente que el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
tendrá la competencia de intervenir, lo que no ha acontecido con
la introducción del evento MON 810, porque esta Cartera no fue la
que autorizó, tal como marca la ley, la habilitación para el
ingreso de este transgénico. Mientras esto ocurre, organismos como Uruguay 21, el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Carnes, además de distintas empresas del sector agropecuario como, por ejemplo, los frigoríficos PUL y Tacuarembó, vienen intentando desarrollar su producto bajo el status de Uruguay Natural. Sumado a esta
propuesta comercial, en el año 2000 –y como ya lo hemos dicho-
el Uruguay ha sido calificado como el sexto país más natural del
mundo en el ranking de sustentabilidad ambiental del Foro Económico
Mundial. También en ese año,
con la aprobación del decreto Nº 249/000, se crea la Comisión
de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados,
CERVGM, constituida por integrantes de los Ministerios de Ganadería,
Agricultura y Pesca, de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, así como del Instituto Nacional de
Semillas y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
Además, este decreto establece que las instituciones con potestad
para tomar la decisión final al respecto, son los Ministerios de
Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas,
reduciendo la participación de los demás al ámbito consultivo.
Entonces, aquí
surge una gran pregunta. De alguna manera, el decreto es
violatorio de la ley, que dice otra cosa. Entre las
principales funciones de esa Comisión de Evaluación de Riesgos,
está la de controlar que la introducción al territorio nacional
y el uso y manipulación de vegetales y sus partes modificadas genéticamente
se realicen luego de efectuado un análisis de riesgo sobre bases
científicas, que consideren su impacto en el ambiente del Uruguay
–es decir, de acá- y, en particular, en la diversidad biológica,
tomando en cuenta también los eventuales efectos sobre la salud
humana, animal y vegetal. Pongo énfasis en que se trata del
ambiente de acá porque casi todas las investigaciones que hay y
sobre las que se basaron para la introducción de este evento, se
han desarrollado en otros países, particularmente, en la
Argentina, donde las condiciones de la agricultura son
notablemente diferentes a las nuestras. También en este
decreto se prevé un mecanismo de audiencia pública, que fue
citada y que tuvo serios inconvenientes para su realización. Si el señor
Presidente me permite, debo decir que tengo un informe del doctor
Cagnoni –Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho- que quisiera repartir
entre los señores senadores para que lo tengan como material de
trabajo. En él, el doctor Cagnoni cuestiona seriamente la
constitucionalidad y la legalidad de esta decisión que se ha
tomado fuera del ámbito del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.
Como se podrá ver, el doctor Cagnoni expresa esto clara y
contundentemente. Empieza comentando el artículo 47 de la
Constitución, que habla de que la protección del medio ambiente
es de interés general. Habla del artículo
36, que consagra un derecho individual; de la ley a que hemos
hecho referencia, que reglamenta la disposición constitucional y
consagra el derecho de protección en el goce de un ambiente sano
y equilibrado; del deber de abstención, para todos, de depredar,
destruir o contaminar; del criterio prioritario de la prevención
frente a cualquier otro criterio en la gestión ambiental, no
pudiendo argumentarse la falta de certeza técnica o científica
absolutas para no adoptar medidas de prevención. Además, se
desprende que todas las autoridades del Estado, sin excepción, tienen el
deber de resolver
autorizaciones como la del 20 de junio de 2003 -Resolución sin número
del Diario Oficial del 1º de julio-; el deber jurídico de
preferir medidas que favorezcan el interés general –artículos
10 y 47 de la Constitución- frente a un interés individual
–artículo 36 de la Carta-;
de adoptar medidas que tiendan a mantener y
acrecentar las condiciones de “País Natural” ante
actos de las personas o sus hechos tendientes a modificaciones de
la naturaleza; de actuar con el criterio prioritario de prevención,
etcétera. El artículo 8º de
la ley -según dice el doctor Cagnoni- atribuye al Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, “la coordinación exclusiva de la
gestión ambiental integrada del Estado”. Adviértanse dos
calificativos contundentes: la coordinación a cargo del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
se define como “exclusiva” -es decir, que sólo a este
Ministerio compete, y para otra forma de actuación habrá que
reformar la ley; y la gestión ambiental del Estado es adjetivada
como “integrada”, de manera que tampoco puede fragmentarse si
no es por ley. La coordinación, como actividad jurídica, es,
precisamente, la que se dirige a –tiene como finalidad-
armonizar la actuación de dos o más órganos del Estado, en
materia compartida, para evitar contradicciones en vista de
intereses que deben ser tomados en consideración en el caso. Entonces, como la
voluntad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente no aparece en la resolución, va de suyo –dice
Cagnoni- que ésta no puede tener efectos jurídicos desde que hay
incompetencia orgánica por ausencia de la voluntad de uno de los
órganos que debieron actuar. La resolución, pese a la invocación
formal en el texto del Atento, se dictó desconociendo a la ley,
particularmente en su disposición contundente, como es la del artículo
8º. En consecuencia, la resolución es violatoria de la ley y,
por lo tanto, podría considerarse nula. Ese es el motivo por el
cual hay un recurso de amparo en un Juzgado de Montevideo. De manera oblicua,
pero terminante, al desconocer el precepto legal reglamentario,
desconoce la protección que la Constitución quiere para el medio
ambiente, artículo 47 de la Carta. Nosotros hemos
repartido este informe porque nos parece muy valioso para que los
señores senadores puedan tener más elementos de juicio sobre
este tema. ¿Qué dicen los
sectores productivos, sus gremiales, sus instituciones, las
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de
consumidores y la sociedad en general? Es a partir del informe
presentado por la CERV me surgieron reacciones de organizaciones e
instituciones en la sociedad en relación a la postura adoptada.
La comunidad científica y la
Facultad de Agronomía conformaron una Comisión que contó entre
las figuras más
destacadas con su Decano, ingeniero agrónomo Gonzalo Pereira y los
ingenieros agrónomos Estramil, Carballo y Carmen Améndola,
especialistas destacados en disciplinas relacionadas a la
fitotecnia, la entomología y a las ciencias sociales,
respectivamente. El informe que realiza esta Comisión analiza
tres aspectos fundamentales sobre este evento –sobre la
introducción de este maíz- con relación a sus impactos en el
sector agropecuario. Para ello señala que los mismos deberán,
primero, superar las prevenciones y reservas éticas y sociales de
los consumidores, no afectar la salud humana y animal, ni tampoco
el medio ambiente. Segumdo, incrementar en términos de
productividad, calidad y rentabilidad el valor del cultivo.
Tercero, no afectar directa o indirectamente a otras actividades
productivas y comerciales de mayor impacto económico y social que
el cultivo en cuestión. El informe de la
Facultad de Agronomía señala que el MON 810 fue desarrollado
para combatir el gusano barrenador europeo, especie de plaga que
no está presente en el Uruguay. Dice, además, que el informe de
la Comisión Evaluadora de Riesgos de Vegetales señala la
efectividad del MON 810 sobre otro conjunto de especies plaga. El
“barrenador del tallo del maíz” no es la especie plaga de
mayor importancia en el país. Sí lo es la “lagarta del
cogollo”. Sin embargo –dice la Facultad de Agronomía- no
existe información experimental local en condiciones de cultivo
para evaluar la efectividad del MON 810 sobre ambas especies
plaga. Desde el punto de
vista entomológico –como dijimos hace un rato-, no es válido
asimilar las condiciones del cultivo en la República Argentina
con las locales. La diversidad ecológica regional argentina
produce variaciones en la incidencia de algunas plagas de forma
mucho más drástica que la variación en la incidencia de plagas
que encontramos en regiones del Uruguay. Esta Comisión de
la Facultad de Agronomía concluye diciendo que no existe ninguna
evidencia científica experimental local -ni tampoco la
proporciona el informe de la CERV- para que el evento MON 810 sea
introducido para ser utilizado en el sector agropecuario. Los principales
sectores productivos de nuestro país también han marcado una
posición respecto a esto, que, en general, es contraria. El
rechazo ha sido mayor para el caso del evento MON 810 y así lo
demuestran las posiciones tomadas por algunas de sus gremiales como, por ejemplo, la Federación
Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de
Cultivadores de Arroz, el Movimiento Agropecuario del Uruguay y la
Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay. Asimismo, hay
posiciones públicas de connotados dirigentes de la Asociación
Rural que después voy a compartir con ustedes. El Presidente de la
Asociación de Cultivadores de Arroz ha dicho que, en el caso de
que hubiera un arroz transgénico, sería como la aftosa para la
carne. Por lo tanto, la propia Asociación de Cultivadores de
Arroz ha fijado en muchas oportunidades, a través de su publicación
institucional, su
posición. Quiero compartir
algunos conceptos que ha vertido un destacado dirigente de la
Asociación Rural del Uruguay,
el ingeniero agrónomo
Roberto Symons, que dijo que Uruguay ha trabajado la imagen
de productor de alimentos naturales, por lo cual con los transgénicos
se puede poner en riesgo este logro de todos. Al respecto, comentó
que el maíz Bt, en el mediano plazo se puede transformar en una
barrera comercial; el maíz no es un cultivo de mayor importancia
en el Uruguay y, además, existen variedades que ya se utilizaban
y daban muy buenos resultados. Nuestro país planta 42.000 hectáreas
de maíz por año, que es el 5% de la superficie total plantada.
Debemos tener en cuenta que hay 150.000 hectáreas plantadas de
arroz. Somos un país agrícola desde el punto de vista cerealero,
sólo en el arroz, ya que todos los demás cultivos son
marginales. Respecto a la utilización del maíz Bt Symons dijo
que llama poderosamente la atención que, a pocos días de que
Europa aprobó el etiquetado obligatorio de productos transgénicos,
incluso conociendo la resistencia de varias cadenas de
supermercados que no quieren venderlo ni siquiera de esa forma,
Uruguay admita el uso de maíz Bt y reitera que, desde el punto de
vista comercial, mañana puede ser un impedimento para vender
ciertos productos. Hoy el que manda es el que compra, y la
aprobación del uso de maíz genéticamente modificado se
contrapone con la imagen de “País Natural” que vende Uruguay.
Dijo que el uso de transgénicos puede ser también un impedimento
para las exportaciones uruguayas de productos lácteos, porque
entre otros usos que tiene el maíz –además de alimentar a los
pollos y a las gallinas que después comemos- sirve para
la elaboración de raciones para el subsector lechero. Quiero compartir,
también, las manifestaciones muy interesantes de otro dirigente
de la Asociación Rural, el ingeniero Manuel Lussich, que dice que
el Uruguay debe cuidar su mercado principal, que es el europeo.
Nosotros le vendemos más del 30% de nuestra carne a Europa, que
no acepta los productos transgénicos. Continúa diciendo:
“Está muy claro que Europa se opone a este tipo de productos,
no así Estados Unidos. Uruguay,
hasta ahora, ha apostado a ser un país natural y no se ha
autorizado, por ejemplo, el uso de hormonas en el ganado vacuno,
lo que significa para los productores de carne la pérdida de un
potencial productivo, pero se consideró que era razonable perder
esos quilos de más por una imagen. Nosotros creemos que esa
decisión fue acertada y hay que seguir en la misma línea de
trabajo. Entonces, lo que hay que analizar, es si esto puede o no
ser alterado por la utilización de ciertos productos transgénicos
en el país.” Concluye señalando que no hay que apurarse a
tomar decisiones porque en este tipo de temas, una vez que se toma
una determinación, difícilmente haya vuelta atrás. La Federación
Rural también ha rechazado la liberación del maíz transgénico
en su 86º Congreso, donde resolvió
no autorizar el uso y comercialización de cultivos transgénicos
y sus derivados, procurando la definición del perfil exportador
“Uruguay Natural”. El Instituto
Nacional de Carnes viene desarrollando una estrategia de
“marketing” en concordancia con el concepto de “Uruguay
Natural”. Se quiso dar una respuesta a la inseguridad que, en el
mercado europeo de carnes, ha provocado el tema de la “Vaca
loca”. Es por eso que este Instituto cuenta con un programa de
producción de carne natural que basa su protocolo en que la carne
que produce nuestro país proviene de animales criados a cielo
abierto, que se alimentan de praderas y no de raciones elaboradas
con ingredientes como podrían ser granos transgénicos y que,
además, no recibieron hormonas promotoras de crecimiento,
suponiendo de esa manera una ventaja que debe merecer su
diferenciación a la hora de querer acceder a mercados exigentes.
Ni siquiera se trataría de obtener mejores precios, sino que ya
sería una cuestión de acceso, de poder o no entrar a
determinados mercados. Otra de las
experiencias en la línea de diferenciar nuestros productos es la
que llevan adelante los frigoríficos Tacuarembó y PUL, apostando
a la búsqueda de segmentos de mercado diferenciados. Estas
empresas están aprovechando los valores agroecológicos de
nuestra producción ganadera, de nuestras praderas y aguas, para
certificar sus carnes como orgánicas y venderlas en la Unión
Europea. Cabe señalar que,
de darse una opción por la tecnología transgénica, se acabaría
con estos emprendimientos, dado que las normas de la Unión
Europea sobre ganadería ecológica no contemplan la producción
de carne basada en praderas y granos transgénicos, entre otros. Con relación a la
posición de otro sector que ha crecido mucho en el Uruguay en los
últimos años, como lo es el apícola, debemos señalar que la
Asociación de Exportadores de Miel del Uruguay, ADEMU, ha
expresado su honda preocupación frente a la medida adoptada por
el Gobierno en cuanto a autorizar el uso
del Mon 810. Esta gremial adhirió al comunicado suscrito
por varias organizaciones e instituciones del país con relación
al rechazo de esta medida. Una de las empresas exportadores del
sector, URIMPEX, viene comercializando sus productos en los
mercados del Reino Unido e Irlanda. Debemos señalar que el Reino
Unido es un importante mercado consumidor de miel uruguaya y allí
se han detectado casos de miel contaminada con transgénicos
–proveniente de otros países-, por lo cual ya está en alerta.
Como ustedes saben, la abeja recorre las flores del maíz. El uso del cultivo
transgénico en nuestro país va a agudizar las adversidades para
los pequeños y medianos productores, va a profundizar el proceso
de concentración y tenencia de la tierra ya que es una tecnología
que requiere de escala –que es lo que está pasando en la
Argentina-, va a generar una dependencia mayor con las
transnacionales y nos hará perder
un sitial donde la calidad nos caracteriza, con lo cual
limitaremos nuestra actividad comercial. Creemos que es realmente
inadmisible para un pequeño país como el Uruguay, pretender ser
competitivos apuntando a la cantidad. A mi juicio,
debemos apuntar a la calidad porque no tenemos otra manera
de competir; todos los países vecinos tienen cantidades
exorbitantes como para desplazarnos del mercado. Por este motivo
es que entendemos que la aceptación del evento Mon 810 será, en
caso de que la misma no se reconsidere, un grave error estratégico,
no sólo por un tema de afectar la biodiversidad, sino también
desde el punto de vista de la estrategia comercial. Otro aspecto
que no es menos importante y que vamos a abordar en un minuto
tiene que ver con la salud de la gente, de los consumidores que,
al fin y al cabo, debe ser necesariamente el principal punto de
atención de todas estas cosas. Como ya
mencionamos, en el año 2000 el Uruguay fue calificado como el
sexto país más natural del mundo en el “ranking” de
Sustentabilidad Ambiental y, por otro lado, la Unión Europea ve
con buenos ojos la opción elegida, por lo natural. Inclusive, así
lo han expresado recientemente muchos de sus representantes. La
Embajadora Stella Zervoudaki ha dicho que el Uruguay maneja una
política de identificación y comercialización innovadora,
agresiva, tratando de implantar la marca “Uruguay Natural” y
“Carne Orgánica” en los mercados internacionales. Por lo
tanto, reafirmamos que el Uruguay recién comienza
a desarrollar una imagen de país natural y nada aporta la
utilización de esta tecnología, como la de los transgénicos.
Esta estrategia de país permitirá diferenciar nuestros productos
y posicionarnos como líderes en la producción de alimentos
naturales y orgánicos. ¿Cuáles son los
riesgos potenciales de los cultivos y alimentos transgénicos? En
cuanto a su incidencia en el medio ambiente, podemos mencionar
el flujo genético horizontal, intercambio genético,
polución genética, parientes silvestres o
malezas emparentadas con los cultivos y/o bacterias en el
suelo o en el intestino humano –el cruzamiento-, aparición de
nuevas formas de resistencia entre insectos, nematodos o
enfermedades fúngicas, emergencia de plagas secundarias y
problemas con malezas, que son el reservorio de las especies que
atacan naturalmente estos depredadores, en este caso del maíz,
como así también recombinación de virus y bacterias para
producir cepas patógenas y su posible escape a los ecosistemas
naturales. El escape a los
ecosistemas naturales de transgénicos es un tema muy complejo e
interesante para medir, de alguna manera, el efecto que esto
tiene. La empresa AFProtein ha manipulado genéticamente el salmón
del Atlántico, introduciéndole un gen para la producción de
hormonas de crecimiento y un gen promotor anticongelante. La
inserción de la hormona de crecimiento hace que, en vez de crecer
sólo durante los meses de verano, el salmón transgénico lo haga
durante todo el año, desarrollándose dos o tres veces más rápidamente
que el natural. Un informe de “Green Peace” afirma que Chile,
segundo exportador mundial de salmón, posee granjas salmoneras
donde los escapes al medio ambiente son recurrentes. El salmón es una especia exótica en Chile que devora especies de interés comercial y compite con las especies autóctonas por su alimento. Los peces transgénicos, enormes y voraces, pueden causar daños irreversibles a la biodiversidad marina y fluvial ya que compiten con especies nativas y consumen más cantidad de alimento disponible en el ecosistema. Los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, estiman que con solo introducir 60 peces transgénicos en una población natural de 60.000 peces naturales, aquellos aniquilarán complemente a la población en 20 años. Estos escapes suceden y, naturalmente, eso es aplicable al maíz por el sistema de fertilización cruzada que tiene. Provoca efectos directos de nuevas toxinas sobre bacterias, insectos y animales superiores benéficos, a través de efectos directos del polen genéticamente modificado sobre insectos benéficos, ruptura de tejidos del cultivo y liberación de toxinas dentro del suelo, o inmovilización por herbívoros dentro del tejido somático, conduciendo a efectos secundarios sobre predadores. También se dan cambios en las prácticas agrícolas que conducen a una posterior biodiversidad o cambios en el medio ambiente. Pero, sobre la salud de la gente ¿qué puede suceder? Reacciones en el sistema alergénico e inmunológico a nuevas sustancias contenidas en alimentos producidos por los genes modificados, tanto en alimentos para personas como para animales; incorporación de genes marcadores de resistencia a antibióticos a partir de alimentos genéticamente modificados dentro de las bacterias intestinales, conduciendo a una diseminación de la resistencia a los antibióticos. Otro punto es el referido a la contaminación de alimentos. Al consumir los alimentos transgénicos, se ingieren sustancias nuevas, los transgenes, que no han conformado jamás parte de la dieta de los consumidores. En la dosis que sea, una sustancia tóxica provoca una reacción, sea observable o no. Incluso, este principio se utiliza en la homeopatía: el organismo responde a la presencia de sustancias, aun en concentraciones medidas en moléculas. Además, se agregan otros riesgos para la salud, tales como la resistencia a los antibióticos, el aumento de las alergias y la toxicidad. Debido a que se están manipulando genéticamente productos alimenticios, como el maíz, para que produzcan fármacos, productos industriales e insecticidas y que éstos puedan contaminar genéticamente los cultivos destinados al alimento, o mezclarse con ellos, no se sabrá lo que se está consumiendo y se introducen nuevos riesgos para la salud. La transferencia de ADN de los organismos genéticamente modificados a los microorganismos del tracto digestivo, puede crear nuevos patógenos y enfermedades. La inocuidad de los alimentos obtenidos de cultivos transgénicos no está demostrada y existen evidencias de graves riesgos. Durante años la industria agroquímica promovió el uso “seguro” de agroquímicos extremadamente tóxicos y luego justificó el consumo de estos venenos en los alimentos en niveles “tolerables”. Se inventaron normas seudocientíficas de lo tolerable, basadas en la supervivencia de la mitad de los animales que consumían la dosis, con lo cual se puede hablar de la muerte de la otra mitad de esos animales que también consumían la dosis. Por otro lado, al hablar de “niveles de tolerancia”, en lugar de “dosis letales tóxicas”, se utiliza un lenguaje que oculta al consumidor lo que realmente se está midiendo: la concentración de un veneno peligroso en el alimento. De esa forma suena benigno y no provoca una reacción de rechazo y de alarma. De manera análoga, las transnacionales que pretenden imponer los transgénicos y rechazan el principio de precaución –aspecto que luego vamos a analizar-, promueven en cambio el concepto de “equivalencia sustancial” como criterio para garantizar la aprobación de sus productos transgénicos aun cuando, o precisamente porque, la “equivalencia sustancial” no exige datos científicos sobre los impactos propios de la manipulación genética. Con ello engañan al consumidor y le niegan el derecho a elegir. El derecho del ciudadano a elegir y los derechos humanos a la salud y a la alimentación fueron definidos por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a través de la Observación General Nº 12. En la misma se establece que: “El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, así como la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”. El Relator de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha dicho que: “Es obligación del Estado ofrecer una activa protección contra otros elementos más vigorosos o combatidos, o contra intereses económicos más poderosos. Se trata, por ejemplo, de la protección contra el fraude, contra un comportamiento contrario a la ética en las relaciones comerciales. Esta función protectora del Estado es el aspecto más importante de las obligaciones de los Estados”. Entonces, me pregunto si cuando se plante el maíz transgénico y pase a integrar la cadena alimentaria a través de las raciones de los pollos que comemos, vamos a decir a los consumidores que esos pollos fueron alimentados con maíz transgénico. A propósito de esto, existe un proyecto de ley presentado por el señor senador Cid, sobre etiquetado de alimentos, que es necesario abordar y aprobar, haciéndole las modificaciones que se crean pertinentes. El Uruguay debe tener una política de etiquetado de alimentos transgénicos, cosa que, además, es coherente con el concepto de “Uruguay Natural”. Creo que ha llegado la hora de las opciones y Uruguay tiene que optar entre si desea ser un “Uruguay Natural” o un Uruguay transgénico. Creo que todavía estamos a tiempo. En cuanto al principio de precaución, debe ser el baluarte fundamental que preserve el derecho a la salud y al medioambiente de todos los ciudadanos, sobre todo cuando los estudios actuales sobre organismos genéticamente modificados no son capaces de garantizar las consecuencias que puedan derivarse del uso de este tipo de organismos. La intervención comunitaria debe basarse en el principio de acción preventiva, es decir, el principio de cautela. Se debería prever la realización de una directiva sobre responsabilidad patrimonial que contemple los daños ocasionados por los organismos genéticamente modificados. Es indudable que existen problemas severos que hay que afrontar para producir los alimentos que una población demandante y en constante crecimiento requiere. Pero los esfuerzos científicos y técnicos, de resultados inciertos para la evolución futura de la vida sobre la tierra, han sido incompletos porque no se han evaluado ni previsto los impactos ambientales que los cambios producirán, sino sólo los beneficios económicos para las grandes empresas multinacionales que los promueven. Tal es el caso de generación de organismos genéticamente modificados. Se trata de experimentos que no están acompañados de estudios suficientes. Naturalmente que los comentarios siempre valiosos del señor senador de Boismenu desatan una serie de reacciones y comentarios que, en todo caso, analizaremos después junto con otro principio que es el de los mercados, a los que tantas veces estamos tan apegados. En definitiva, los que mandan son los que compran, y vamos a ver qué es lo que están haciendo esos países que nos compran a nosotros. Creo
que una ciencia sin ética es una degradación de los valores
humanos. Tenemos que plantearnos las opciones sociopolíticas,
económicas y éticas más amplias. Un riesgo no es aceptable si
existen alternativas y, en el caso del maíz MON 810, las hay.
Cuando existen fenómenos de irreversibilidad de por medio, el
riesgo sencillamente no es aceptable. Me parece que no podemos
darnos el lujo de seguir aprendiendo de catástrofes y que deberíamos
pasar de la sociedad del riesgo a la sociedad de la precaución, y
de la ética de la ganancia a la ética de la vida. Además, aquí
están los derechos de los consumidores, que no pueden dejar de
tenerse en cuenta. Es reconocido por
todos que la inocuidad de los alimentos es un tema social, económico
y político, y no sólo científico y comercial. Debemos exigir el
cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, contemplando el
derecho a una información clara, veraz y suficiente que permita
al consumidor ejercer su derecho a elegir qué tipo de alimento
está dispuesto a consumir. Ello sólo se podrá hacer si los
organismos genéticamente modificados están debidamente
etiquetados, lo que en nuestro país no sucede. En este sentido,
insisto en que el proyecto de nuestro compañero, el señor
senador Cid, reciba el más rápido análisis, tratamiento y
dilucidación posibles. La Ley Nº 17.250,
que establece los derechos básicos del consumidor, habla de la
protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos
causados por las prácticas en el suministro de productos y
servicios considerados peligrosos o nocivos, la educación y
divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y
servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario
cuando contrate, la información clara, veraz y suficiente en
idioma español, sin perjuicio de que puedan emplearse otros
idiomas. Por otro lado, en
el Capítulo III se hace referencia a la protección de la salud y
la seguridad. En el artículo 7º se dice que todos los productos
y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos
considerados normales o previsibles por su naturaleza, utilización
o finalidad para la salud o seguridad de los consumidores o
usuarios, deberán comercializarse observando normas. El artículo 8º,
por su parte, establece que los proveedores de productos y
servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán
informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o
nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en
cada caso concreto. Si los consumidores
pueden elegir con la información disponible, siempre se van a
inclinar por los alimentos sanos y naturales. Eso es lo que hacen
los consumidores hoy en Europa, ya que cuando ven el mismo
producto con una etiqueta que dice “Producto orgánicamente
modificado” o “Producto genéticamente modificado”, lo dejan
de lado y optan por el natural. A continuación, señor
Presidente, paso a examinar algunas de las contradicciones que
esta autorización ha tenido, porque últimamente apareció un
informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria
–OPYPA-, del 5 de marzo de 2003, que realiza un análisis del
posible impacto económico y comercial de la autorización del maíz
Bt (MON 810) en Uruguay. Quiero remarcar la
altísima calidad técnica que tienen los integrantes de esta
Oficina de OPYPA. Destacadísimos técnicos de todas las áreas
son los que programan la política agropecuaria. Se solicitó a
esta Oficina un informe por el impacto económico y yo, para
coadyuvar con el análisis de esta intervención lo más
seriamente posible, quiero distribuir entre los señores senadores
las conclusiones a las que arribó. En este sentido, simplemente
voy a comentar algunas de las cosas que dice en materia de
adaptación a las características del país y a los efectos económicos
de su uso. Una de las
conclusiones a las que OPYPA arriba es que en el país se ha
generado muy poca investigación nacional sobre plagas y
enfermedades que afectan al cultivo del maíz en condiciones
comerciales de producción. Por lo tanto, no se dispone de
información científica actualizada sobre el grado de incidencia
y frecuencia de insectos plagas y sus efectos en la producción.
Esta Oficina analizó
también la información obtenida en los ensayos de evaluación de
cultivares exigidos por el INASE –Instituto Nacional de
Semillas- en relación al comportamiento de los materiales Bt y no
Bt durante el ciclo agrícola 2001 – 2002, año de alta
incidencia de insectos. En esa zafra, los materiales Bt evaluados
mostraron un mayor rendimiento que los no Bt, pero si se incluye
la zafra anterior, 2000 – 2001, el promedio de los dos ciclos
agrícolas arroja un incremento del 12% en los cultivares de ciclo
corto y de 0% en los de ciclo medio. Doy esta información porque
también es parte de una voluntad de brindar los datos con la
mayor objetividad posible. Ahora bien, de
acuerdo con los técnicos de cooperativas, asesores privados y
empresas vendedoras de insumos agropecuarios, en los últimos
veinte años no hubo problemas de insectos plaga como ocurrió en
la última zafra agrícola 2001 – 2002. Las especiales
condiciones de humedad y temperatura ocurridas durante el ciclo de
cultivo y la ausencia de heladas fuertes en los dos inviernos
previos favorecieron el desarrollo, tanto del barrenador como de
la lagarta. Esta última plaga es la más común en el Uruguay,
especialmente en siembras tardías. En cultivos de maíz de
primera, sembrados en setiembre u octubre y en condiciones climáticas
normales, el grado de incidencia de estos insectos,
fundamentalmente lagarta, es muy bajo, por lo que prácticamente
no se realizan tratamientos químicos. El maíz Bt está pensado
para impedir tratamientos químicos, y sembrando el maíz en
condiciones adecuadas la incidencia de estas plagas prácticamente
no se registra. En cuanto al análisis
de costos y beneficios en la fase agrícola, se puede decir lo
siguiente. En base a la información recabada y teniendo en cuenta
la dificultad para estimar costos y la frecuencia de los
tratamientos químicos debido a la gran gama de situaciones que
generan las diferencias en fechas de siembra, se estimaron los
costos diferenciales de cultivo con Bt y sin Bt. La conclusión es
que para el maíz convencional el costo de las semillas es de U$S
70 por hectárea, mientras que para el maíz Bt o transgénico es
de U$S 90 por hectárea. De modo que siempre es más caro. El
tratamiento químico que hay que hacer al maíz convencional,
porque se supone que el Bt no es atacado por las plagas, cuesta
U$S 4 por hectárea. Las pérdidas de un 2%, que son las que
motivan el tratamiento químico, cuestan U$S 6 por hectárea para
el maíz convencional, pero
las pérdidas
por área
refugio que
hay que
hacer en el maíz Bt –disposición que el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ahora ha
reglamentado, porque hay que plantar el maíz transgénico y también
un área refugio de maíz tradicional para que exista esa misma
previsión de depredadores naturales de estas plagas- cuestan U$S
3 por hectárea. Si sumamos los costos por hectárea de estos
insumos –suponiendo además que los laboreos valen lo mismo, ya
que efectivamente vale lo mismo arar, rastrear y demás para una
variedad transgénica que para una tradicional-, el maíz
convencional oscila entre los U$S 80 y U$S 84, en tanto que
el maíz transgénico alcanza los U$S 93. Así, la diferencia de
costos es de U$S 13 por hectárea a favor de la tecnología
no Bt de un cultivo que es absolutamente marginal en el Uruguay,
ya que sólo se plantan 40.000 hectáreas. Con esto arriesgamos
toda nuestra condición de país natural para que, además, los
productores gasten más dinero en la siembra, puesto que ello
tampoco incide en los rendimientos. Desde el punto de
vista de los aspectos comerciales y algunas condiciones que se
usan en Europa, a que hacía referencia el señor senador de
Boismenu, esta Oficina relevó la situación actual de las
regulaciones sobre el comercio de productos genéticamente
modificados en el mercado mundial y agrupó países, acuerdos y
organismos de las siguientes categorías. Etiquetado
obligatorio aprobado y en vigencia: Unión Europea, Japón, Corea
del Sur y China. Observen ustedes qué mercados. Etiquetado
obligatorio aprobado sin que la normativa haya comenzado a regir aún:
Australia, Nueva Zelandia y Brasil. Estos, como sabemos, son
competidores nuestros en provisión de materias primas. Etiquetado
obligatorio en estudio: Canadá. Etiquetado
obligatorio de productos que no sean equivalentes a su contraparte
convencional: Estados Unidos. Identificación
obligatoria de granos modificados genéticamente: Protocolo de
bioseguridad. Propuesta de
armonización internacional de etiquetado: ISO y Códex
alimentario. Cuando uno entra a
un buscador de Internet y escribe la palabra “transgénicos”,
la pantalla le pregunta en qué idioma lo quiere. Entonces, uno
selecciona la opción “español” y descubre 45.000 artículos
sobre transgénicos. La verdad es que uno se pone a juguetear con
todo lo que allí aparece, porque se trata de un tema interesante,
apasionante y descubre algunas cosas que son realmente
compartibles, a las que me referiré a continuación. En países
desarrollados existe un creciente rechazo a los transgénicos. ¿Dónde
y por qué? En Inglaterra, por ejemplo, el 77% de la población
querría que los organismos genéticamente modificados fueran
prohibidos directamente; un 61% no desea consumirlos y por lo
menos un 90% querría tener la posibilidad de elegir. En Francia,
pruebas de laboratorio demostraron que maíz sembrado en campos
vecinos sufrió contaminación por fuga de polen de una variedad
de maíz transgénico desarrollado por la empresa Novartis; un 5%
de ese maíz se encontraba en la guardaraya y un 0.2% estaba a
cinco metros. En Suecia, una encuesta a consumidores muestra que
el 90% de la población quiere que los productos que contengan
transgénicos sean etiquetados para poder decidir si los consume o
no. En Austria y en Luxemburgo se ha prohibido sembrar maíz genéticamente
modificado. En Noruega, se prohiben todos los productos que
contengan genes marcados de resistencia a antibióticos. En Inglaterra –país
que ya he mencionado- las filiales de Nestlé y Unilever
anunciaron que no utilizarán cultivos transgénicos en la
elaboración de sus productos. Además, las principales cadenas de
supermercados los eliminaron en productos de sus propias marcas.
Un informe oficial del Gobierno británico, del Ministerio de
Ambiente y Transporte, alerta sobre los riesgos ambientales de las
semillas transgénicas. En Japón, 2.200 Ayuntamientos, en un
total de 3.300, solicitaron al Gobierno nacional el etiquetado
obligatorio de los alimentos transgénicos, cosa que sucedió. Una
vez más cito a Inglaterra para señalar que la cooperativa Well
Sail Society decidió no participar en pruebas de campo con
cultivos transgénicos. En Estados Unidos, dos fabricantes de
alimentos infantiles, Heinz y Gerber, han anunciado ya la
eliminación de todos los tipos de maíz modificado de sus
productos. La ciudad de Berkeley ha pedido que los comedores
escolares ofrezcan sólo menúes biológicos, libres de transgénicos.
Por otro lado,
tengo aquí documentados algunos casos que han sucedido, que
fueron bastante escandalosos, relacionados con un maíz genéticamente
manipulado para producir Bt en los Estados Unidos. Se trata del maíz
“starling”, que no puede ser utilizado para uso humano y sólo
puede ser destinado a la alimentación de animales. Sin embargo,
en setiembre de 2000, se comprobó su presencia en la marca
“Tacos Bell”, de tortillas de maíz, producidos en México por
la Craft Food, una unidad de la Phillip Morris. Posteriormente,
fue encontrado también en tacos de la marca “Subway”, y una
gran cadena de supermercados respondió retirando la marca de
1.600 locales en todo Estados Unidos. Aventis, la empresa que
produce la semilla del maíz “starling”, fue obligada a
comprar toda la producción que estaba sin cosechar, a un costo de
U$S 100:000.000 y anunció el retiro de esa semilla para el
año 2001. Actualmente, los mayores molinos de maíz de Estados
Unidos están paralizados hasta que puedan asegurar producciones
libres de maíz. Cabe acotar que
Estados Unidos ha perdido el mercado del maíz en Europa de una
manera escandalosa, pasando de una exportación de 6.000:000.000
de toneladas por año a menos de 200.000. Este informe de
OPYPA, que me parece excelente y que además habla del impacto en
las principales cadenas asociadas sobre carne vacuna y ovina –señalando
también cuáles serán las condiciones y dificultades que
tendremos con la introducción de transgénicos- termina haciendo
algunas recomendaciones que ya hemos hecho llegar a los señores
senadores, entre las cuales se encuentran la de postergar la
decisión de autorizar esta solicitud al menos hasta el año próximo,
una vez finalizada la comercialización de la cosecha de maíz o
hasta que se cuente con mayor información nacional que minimice
la incertidumbre que aún persiste, tanto a nivel de la fase
primaria como de las condiciones de acceso a mercados, y continuar
monitoreando la evolución de los mercados y las reglamentaciones
tomadas en los distintos países respecto a los organismos genéticamente
modificados. No sigo leyendo el documento porque, reitero, los señores
senadores disponen ya de esas conclusiones. Con respecto a este
tema, fue consultada, entre otros, la ingeniera agrónoma Adela
Ribeiro, Profesora Adjunta de la Facultad de Agronomía, más
específicamente del Departamento de Producción Vegetal y
Entomología, en la Estación Experimental “Mario Cassinoni”
de Paysandú. Ella realiza un análisis del que me gustaría
compartir algunos aspectos que me parecen importantes -aunque
abuse un poco de la paciencia de todos- y que muestran el grado de
conocimiento que existe sobre esta materia. El cultivo del maíz
es afectado por 18 especies de insectos, de las cuales 6 son lepidópteros.
Sin embargo, los insectos plaga del país no son un factor de
producción limitante en nuestras condiciones. Puede considerarse
que este cultivo no tiene plagas primarias, definidas como aquella
especie para la cual hay que tomar medidas de control en todas las
zafras. Esto es así porque los insectos que lo afectan cuentan
con un complejo de enemigos naturales que, dada la particularidad
de los sistemas de producción en los cuales se siembra el
cultivo, en la mayoría de las zafras es eficiente. Paso a las
conclusiones a las que uno ha llegado.
Me parece que lo
que ha quedado demostrado hoy –por lo menos, presentado y sí
demostrado, tal vez, en la interpelación que realizara el señor
diputado Guarino- es la inexistencia de estudios científicos
sobre el impacto económico, productivo, comercial y ambiental
realizados en Uruguay. Es cierto que hay algunos estudios, pero
son absolutamente insuficientes; tal es el caso del que cité,
perteneciente a la ingeniera Ribeiro. Surge también como
resultado de la votación en la interpelación llevada a cabo en
la Cámara de Representantes el 19 de agosto pasado que
exactamente la mitad de los diputados –en verdad hubo un empate
48 a 48- pidió que se reviera la decisión. De cualquier manera,
hubo muchos puntos de contacto entre ambas resoluciones. Desde el
punto de vista de la legislación, cabe acotar que la Ley Nº
17.283, de Medio Ambiente, es posterior al Decreto 249/00 y la
jerarquía de esa norma es superior a la del Decreto. Se trata de
dos hechos que no requieren prueba. Con posterioridad a la ley que
fija las bases y contenidos esenciales de la política ambiental
de la República no se ha designado una autoridad competente para
emitir este tipo de autorizaciones y tampoco se ha dictado una
reglamentación que atribuya competencias a los Ministerios de
Ganadería, Agricultura y Pesca o de Economía y
Finanzas. Entonces, la competencia –el
propio texto de la ley así lo dispone y la lógica más
elemental lo confirma- corresponde al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Prácticamente todas
las organizaciones gremiales de productores significativas
-organizaciones de consumidores, ONG y Facultad de Agronomía- se
han pronunciado en contra de la autorización y han pedido la
suspensión de su puesta en práctica. Por último, una
dependencia del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, con fecha 5 de marzo de 2003, aporta información relevante
en relación con las cuestiones productivas, económicas y
comerciales relativas a la introducción del maíz Bt, evento
transformador MON 810. Allí se deja absolutamente claro que no
hay información local confiable en materia de plagas, y ese es el
argumento central en el que se funda la autorización, y se
termina aconsejando la suspensión de esta por un plazo
prudencial, hasta que sea posible determinar con mayor certeza
algunas consecuencias del hecho y realizar estudios más
profundos. Me parece haber
probado, de alguna manera, lo inoportuno de esta resolución, ya
que se infringió la Ley, el Reglamento y, quizás, la Constitución,
y que no se cumplió con los preceptos, orientaciones y principios
claramente establecidos en la legislación. Con esto no nos
oponemos al progreso, a la ciencia ni a la tecnología; todo lo
contrario. Cuando empecé a
trabajar en el campo, inseminando ovejas, mis vecinos decían que
las mismas se iban a morir de hambre, porque las juntaba todos los
días para detectar cuáles estaban en celo, ya que esa era la única
manera de saber el momento de hacerlo. Lo
único que aspiramos y solicitamos es la suspensión de la
aplicación de la resolución hasta que se hayan realizado las
pruebas, ensayos e investigaciones locales que acrediten
fehacientemente y hasta donde la ciencia lo permita, que la
introducción de estas semillas de maíz no tendrá impactos
negativos en el Uruguay. LA ONDA® DIGITAL |
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