Condena, tolerancia y negación;
el aborto en Uruguay
por Rafael Sanseviero

Resumen del libro "El aborto en Uruguay", de próxima aparición, escrito por el exdiputado Rafael Sanseviero y un equipo de investigadores integrado por Susana Rostagnol, Mónica Guchin y Américo Migliónico.

1) Estimación de la magnitud del aborto voluntario en Uruguay
Las estimaciones se realizaron a través de tres estrategias definidas en base a la clasificación de mujeres según su capacidad de acceso al aborto. 

Un primer grupo fue definido como mujeres de escasos recursos económicos  y escaso capital social, que en general no acceden a clínicas. Los abortos de estas mujeres se estimaron sobre la base de los egresos hospitalarios del sector público por causas de “embarazo terminado en aborto” (0 00-0 08, Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Revisión). Los egresos hospitalarios por estas causas se expandieron para Montevideo e Interior a partir de la consideración del porcentaje que representaban con respecto al total de nacimientos dentro del sector público. La estimación para este grupo de mujeres arroja la cifra de 4.289 abortos en el interior del país y 1.718 para Montevideo; un total aproximado de 6.007 abortos. 

Un segundo grupo fue definido como mujeres de sector social medio del interior del país. Se trata de mujeres que, según diferentes grupos de informantes, cuentan con medios económicos para acceder a clínicas de su lugar de residencia o próximas. La estimación se realizó a partir de los datos brindados por una de esas clínicas, instalada en una capital departamental, que aportó una serie suficientemente amplia  de registro de actividades (julio 1989 – diciembre 2001), así como de los perfiles de sus usuarias. El promedio anual de abortos practicados en esa clínica fue expandido al total del interior del país, a partir de conocer la relación existente entre ese promedio de abortos y el número de nacimientos anuales en el departamento. Lo que arrojó la cifra de 11.000 abortos anuales para ese sector de mujeres en el interior del país. 

Un tercer grupo fue definido como mujeres de sector social medio y alto de Montevideo y alto del interior del país. La estimaciones para este grupo se basaron en las cifras de abortos aportadas por las clínicas de Montevideo. Para esta estimación fue de particular importancia la información aportada por las clínicas montevideanas, muchas de las cuales ofrecía importantes niveles de desagregación, incluyendo lugares de residencia de las mujeres, edades y ocupación. Ello nos permitió establecer que el porcentaje de mujeres del interior que concurren a algunas de esas clínicas se sitúa en el 35 %. El número de abortos anualmente practicados en esas clínicas ascendió a 16.000. 

Para el año estudiado (2000) –considerando información que promedia el período 1999 – 2001- se estima que se producen en el país alrededor de  33.000 abortos voluntarios anuales, como cifra base. Más allá que esta cifra es muy inferior a algunas  estimaciones que se han realizado con anterioridad, esa magnitud implicaría una tasa de aborto (proporción del numero de abortos con respecto al total de nacimientos mas abortos) del 38.5 %. En forma aproximada, de cada 10 “concepciones”, 4 abortan. Esa tasa de aborto sitúa a Uruguay de acuerdo a estimaciones internacionales en un 12º lugar en 81 países considerados. 

2) La sociedad uruguaya sigue recurriendo al aborto como un medio para regular la fecundidad.
Cada aborto se produce en el cuerpo de una mujer; en ese nivel se trata de un acto privado. Sin embargo es también un hecho social, dado que como práctica se gestiona en un denso entramado colectivo del que participan múltiples actores. Por otra parte, la opción de abortar se produce como resultado de la ocurrencia de un embarazo en un contexto de vulnerabilidades socialmente producidas, que tornan no viable, en ese momento y para esa mujer, la maternidad. Las vulnerabilidades pueden ser de orden individual (momento vital, familiar, emocional, de salud u otros), sociales (socioeconómicas) y/o programáticas (programas y políticas públicas en relación a la salud reproductiva y sexual, inaccesibilidad a interrupciones de embarazos legales). 

3) Los procedimientos y las prácticas para abortar a que recurre la sociedad uruguaya.
Se han relevado en forma detallada 22 tipos de procedimientos para interrumpir embarazos. La gestión de los abortos se produce en dos ámbitos sociales claramente demarcadas: a) abortos medicalizados, que se producen en “clínicas” y en general por mediación de profesionales de la salud; b) saberes populares, son los que recurren las mujeres que no tienen acceso a los abortos medicalizados. 

Contrariamente a lo que expresan investigaciones y apreciaciones producidas en otros países de la región, en Uruguay 81 % de los abortos estimados se producen en el ámbito medicalizado, y 19 % mediante prácticas populares. En este aspecto, la gestión social del aborto sigue tendencias generales de la sociedad uruguaya en lo que refiere a la medicalización de la vida colectiva y la mercantilización de la medicina. La práctica mayoritaria del aborto se presenta como un servicio médico (público e ilegal) de gestión privada. 

Independientemente que sean medicalizados o mediante saberes populares, las prácticas en que están inscriptas las interrupciones voluntarias de los embarazos determinan que constituyan experiencias de violencia, en diferentes planos, para las mujeres que los protagonizan. Puede tratarse de formas de violencia material o simbólica, aunque casi siempre ambas están presentes, y una forma de violencia determina la presencia de la otra. En tanto experiencia de violencia, esos abortos suponen el abatimiento de derechos fundamentales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, aunque no únicamente, se percibe el abatimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida, a la salud, a la intimidad, a un recurso efectivo, a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

4) Las transiciones entre la condena y la tolerancia del aborto.
La ocurrencia de por lo menos 33.000 abortos anuales en un país donde es ilegal, implica la existencia de un consenso social de hecho que permite articular el nivel normativo y discursivo de condena, con una práctica social de tolerancia. Esa articulación se produce en el marco de una trama social de la que participan múltiples actores, quienes con su actividad individual o colectiva, determinan espacios de deslizamiento entre la condena y la tolerancia. En algunos casos se trata de espacios difusos, como las redes de solidaridad femenina, portadoras de capitales culturales y sociales que habilitan el acceso a los diferentes abortos; otros se perciben como entramados estables de intereses vinculados a la práctica del aborto en tanto negocio médico. En el nivel simbólico, esos espacios de deslizamiento develan el rol de agentes sociales relevantes, como los médicos, las instituciones del Estado encargadas de reprimir los delitos, o los medios de comunicación masiva. La sociedad como un todo parece articular la contradicción existente entre la condena y la tolerancia mediante la negación del aborto, lo que supone la invisibilización del hecho mismo y, por lo tanto, el reforzamiento de los contenidos de violencia que esa práctica representa para sus protagonistas. 

5) Significados y resignificaciones de la penalización del aborto.
La caracterización del aborto como una conducta punible data de finales del Siglo XIX con un breve interregno de legalidad (1934 -1938). Si bien no estamos en condiciones de proyectar el número de abortos practicados en Uruguay más allá de los años considerados en nuestra investigación, los datos aportados por los diferentes informantes (especialmente médicos y practicantes de abortos) permiten suponer que se trata de una práctica con un rango de ocurrencia sostenido en el tiempo. Incluso es posible suponer que la difusión de métodos anticonceptivos a partir de los años setenta, puede haber contribuido a disminuir su incidencia como medio para regular la fecundidad. Aunque, como es notorio, no la ha eliminado. A partir de la evidencia de la masividad de la práctica del aborto, el cruce de información aportada por el Instituto Técnico Forense, la Suprema Corte de Justicia y algunos institutos policiales, permite concluir que la ley que penaliza el aborto ha caído en desuso. Los procesamientos por delito de aborto en los años 2000 y 2001 fueron 16 en cada uno, lo cual representa un 0,04 % del total de abortos anuales estimados (33.000); menos de uno cada 2000 abortos ocurridos resultan en procesamientos. 

Una serie de nueve años aportada por el Instituto Técnico Forense presenta el siguiente número de procesamientos por aborto: 1989, 8; 1990, 14; 1991, 18; 1992, 37; 1993, 12; 1994, 16; 1995, 8; 1996, 4; 1997, 7. El promedio para ese período son 14 procesamientos anuales. La información proveniente de algunas clínicas que aportan registros de períodos amplios de su actividad permite apreciar que las oscilaciones de un año a otro son poco significativas. De manera que para un rango de ocurrencia situado alrededor de los 33.000 abortos anuales el promedio de procesamientos se situaría en el entorno de 0,04 %. 

La sociedad desacata sistemáticamente la norma y las instituciones del Estado que deben velar por su cumplimiento no lo hacen, es decir, la ley ha caído en desuso. No obstante ello, existe un nivel en el cual la “ley” resulta altamente eficiente: como productora de miedo. Miedo que lleva a que las mujeres oculten sus abortos hasta el extremo de poner en riesgo su salud y su vida consultando tardíamente frente a complicaciones. Miedo que ha popularizado la “obligación” médica de denunciar a las mujeres que llegan a los servicios públicos con complicaciones derivadas de presuntos abortos, y de negarse a practicarlos cuando éstas se animan a solicitarlos. Miedo que induce a los practicantes a comprometer la buena asistencia acuciados por la prisa y las estrategias de ocultamiento. 

Todo ello sucede en un país donde el aborto ocurre en un contexto de condena discursiva y tolerancia efectiva, cuya más elocuente expresión es que los procesamientos apenas alcanzaron a 0,04 % de los abortos estimados, y donde su práctica se gestiona socialmente en una trama de la que participan numerosos y significativos actores. 

La penalización legal del aborto ha sido socialmente resignificada, de manera que la ley no sólo es desacatada cuando se producen abortos; también es desconocida en sus contenidos específicos y niveles reglamentarios, lo que ha dado lugar al predominio  de una tradición oral de acuerdo a la cuál todo aborto debe sumirse en un estricto secreto por tratarse de un hecho ilegal. Tradición oral que representa la negación de sustantivos contenidos de las normas vigentes, en tanto ni los médicos están obligados a denunciar, ni es inmediato que la colaboración con una mujer en su aborto suponga el procesamiento del practicante, y la mayoría de las mujeres que abortan podrían alegar ante la justicia encontrarse comprendidas dentro de los atenuantes y eximentes que establece el Art. 328 del CPU. 

El Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay y la Facultad de Medicina han puesto de manifiesto en forma contundente el significado epidemiológico de esta tradición oral que inhibe a las mujeres de recabar ayuda y a los médicos de brindársela cuando aquellas se encuentran en situación de aborto. Significa ni más ni menos que la primera causa de muerte materna en el Uruguay sean las complicaciones derivadas de los abortos. 

Conclusiones
La práctica del aborto es un medio a través del cuál la sociedad uruguaya regula la fecundidad. Esta afirmación se sustenta tanto en las estimaciones cuantitativas de su ocurrencia, como en el análisis  de las circunstancias personales y colectivas en que los abortos se producen. 

La estimación indica que la mayoría de los abortos se producen en el ámbito medicalizado (81 %), siendo el resto realizado mediante prácticas populares (19 %). Las diferentes capacidades de las mujeres para acceder a unos u otros abortos están determinados de un modo central por la dotación de recursos económicos y capital social de cada una. Independientemente del ámbito de realización de los abortos, estos siempre representan experiencias de violencias y abatimiento de derechos para las mujeres. 

Los abortos en Uruguay se producen en el marco de una trama colectiva de la que participan diferentes actores y agentes sociales, algunos de ellos especialmente relevantes por su autoridad (médicos, policías, órganos de la justicia, medios de comunicación). 

La ley que penaliza el aborto ha caído en desuso y su práctica está desincriminada de hecho. No obstante ello, las resignificaciones de la penalización legal trasmitidas a través de la tradición oral, instituyen un marco cultural específico que criminaliza el aborto más allá de los contenidos de la propia ley. 

El aborto es un hecho social denso y complejo en el que se anudan vulnerabilidades socialmente producidas con los significados y resignificaciones de su penalización. Ello determina un contexto cultural en el cual aquellas vulnerabilidades que determinan la ocurrencia de un embarazo no viable, se ven reforzadas y potenciadas por la necesidad de recurrir a un aborto “clandestino”.

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