Recibimos y publicamos

El nacionalista Alem García
se define por el SI,
en el referéndum sobre ANCAP

¿La  ley  beneficia  al  país?
La recurrida es una mala ley, inconveniente por varias razones de fondo, que tienen que ver con su propio contenido. 

Pero, bastaría con advertir una razón de oportunidad para estar a favor de la derogación. Esta ley es terriblemente inoportuna. 

¿Un gobierno que está con el pié en el estribo, que, por suerte, se está yendo, puede ejercer la facultad de designar un socio para ANCAP por el término de 30 años? 

La respuesta resulta obvia. Este no es un gobierno confiable. Ya ha demostrado falta de habilidad e inteligencia en ése tipo de tarea. Véase lo ocurrido con el Aeropuerto de Carrasco. Quién resultó adjudicatario en la subasta no es, precisamente, alguien con buenos antecedentes; todo lo contrario. 

Un gobierno que está al final de su mandato, que se está yendo, no debería tomar una decisión que afectará por 3 décadas a todo el país. 

Por tanto, sería mejor derogar la ley, para que el nuevo gobierno, que será electo en el próximo mes de octubre, con más calma, con mayor estudio de semejante problema, instrumente otra solución para ANCAP. 

¿Hay  o no,  venta de ANCAP?
La enredada fórmula que instrumenta esta ley es peor que la venta. Soy contrario a la venta, pero, ella hubiera sido más conveniente. Por ejemplo, si se vendiera el edificio de Avenida Libertador, por lo menos, se recibiría el precio. Si se vendiera la boya petrolera, la refinería y demás bienes, también, se recibiría el precio correspondiente en cada caso. 

Pero, esta ley tiene una fórmula que es mucho peor que la venta, pues, en definitiva, se prestan los bienes de la mayor empresa del país por la friolera de treinta años.  

En tanto tiempo, pasarán muchas cosas y aunque la socia de ANCAP sea un imperio económico, tenemos muchos ejemplos en los últimos tiempos de potencias que se han derrumbado.  

¿Qué nos pueden llegar a devolver luego de treinta años? 
Hay otras alternativas que, sin duda, darían mayor certeza. Los gobernantes no tienen derecho a instrumentar pretendidas soluciones que, en definitiva, son de altísimo riesgo. Los gobernantes pasan y si se realizan malos negocios quedan los clavos y luego, es muy fácil lavarse las manos, diciendo que el mal resultado fue consecuencia de las reglas del mercado o de “factores externos imprevisibles”.  

Y, realmente, de malos negocios hechos por políticos que no defienden el alto interés nacional, ya tenemos demasiados ejemplos. Adviértase lo ocurrido con los bancos recapitalizados y luego mal vendidos; con los ruinosos negocios de la Corporación Nacional para el Desarrollo; con los negocios de la propia ANCAP, entre otros. 

Este gobierno no resulta confiable como para darle el poder, a fin de que designe un socio para ANCAP.  

Dentro de pocos meses, en octubre, el pueblo deberá elegir el gobierno para el próximo período. Es más prudente, en consecuencia, derogar la ley y que sea el nuevo gobierno quién tome esa decisión, con estudios previos de mayor profundidad y con calma, sin apresuramientos. 

¿Es conveniente el monopolio de ANCAP?
No es razonable ni conveniente utilizar los combustibles para recaudar impuestos. Es pésimo método. Un país como el nuestro sólo puede desarrollarse con combustibles baratos.  

El primero que criticó severamente el monopolio de ANCAP fue el Senador Dardo Ortiz. Aró en el desierto; nadie dio importancia a sus argumentos. Ninguno de los altos dirigentes políticos que hoy son partidarios de la ley atendieron las razones de Dardo Ortiz. ¿Por qué fueron así las cosas? Evidentemente, porque a todos les servía que se saqueara a la gente cobrándosele impuestos a través de los combustibles.  

Todos los gobiernos aumentaron los precios cuando tuvieron necesidad de recaudar más. 

Soy contrario al monopolio estatal. Pero, es mucho peor, el monopolio en beneficio de una empresa privada. 

En el monopolio estatal de ANCAP, por lo menos, parte de su utilidad, a través de Rentas Generales, puede ir al B.P.S., a la enseñanza, a la salud o a otros destinos similares, en cuanto al interés social. 

¿Si hubiera un monopolio en beneficio de una empresa privada y extranjera, podría ocurrir lo mismo? Obviamente, no. 

¿Monopolio privado de hecho?
En los hechos, lo más probable es que exista un monopolio privado, de quedar firme la ley. Los defensores de la misma dicen que bajarán los precios de los combustibles porque habrá competencia. No ocurrirá eso. 

Las empresas del rubro que dominan el mercado internacional, siempre que han querido, se ponen de acuerdo y cerrando o abriendo el grifo, realmente, fijan los precios. 

En Uruguay tenemos un pequeño mercado, que debe ser, aproximadamente, algo menos de la quinta parte del consumo de San Paulo.

¿Habrá espacio para que las multinacionales que dominan el planeta vengan a competir en este pañuelito de mercado que tenemos en Uruguay? Obviamente, no.

Entonces, de hecho, ni siquiera de derecho, tendremos un monopolio en beneficio de la empresa socia de ANCAP que, como es indiscutible, será extranjera. Lindo negocio!

Por tanto, siendo contrario al monopolio estatal, lo prefiero frente al monopolio de hecho que tendremos si no se deroga esta ley.

• ¿ ANCAP es realmente ineficiente?
  ANCAP ha logrado el milagro de sobrevivir con el 49 % de impuestos en sus precios finales. Aún con esa insólita carga impositiva, hoy el gas oil más barato de la región es el de ANCAP. En la actualidad, su precio es inferior al de Argentina y Brasil.

¿Es ineficiente una empresa que con el desatino de los malos negocios y con semejante carga impositiva ha logrado sobrevivir durante tantas décadas?

Si ANCAP fuera administrada racionalmente, con buen criterio comercial y si el gobierno abandonara el método de recaudar impuestos a través de los combustibles, sin duda, se transformaría en la empresa más competitiva de toda la región. Por tanto, el argumento de la ineficiencia es una falacia.

• ¿Hay alternativa a la de la ley, teniendo presente el Tratado de Asunción, que termina con el monopolio estatal?

Existen varias alternativas a la entrega de ANCAP a una multinacional, que vendrá exclusivamente por el lucro y sin interesarle mayormente el interés de nuestra comunidad nacional.

La mejor opción es la negociación directa de gobierno a gobierno con algún país petrolero. ANCAP puede llegar a ser un fenómeno ejemplar si un país petrolero le proporciona el petróleo, en forma directa, sin tener que pasar por las famosas intermediarias en el rubro.

Obviamente, hay que encontrar el país adecuado, que puede estar en nuestro continente o fuera de él. ¿Por qué no mirar al Medio Oriente? Es probable que Arabia Saudita no tenga ningún interés. ¿Pero, por qué no hacer el intento con Emiratos Arabes, con Kuwait, con Qatar o con algún otro de estos países árabes productores de petróleo? En ellos, el negocio del petróleo es manejado por el Estado respectivo y, con buen criterio comercial, tratan de diversificar, es decir, no se atan las manos con una sola empresa. ¿Alguno de esos países, con ese perfil, no tendrá interés en asociarse con la estatal uruguaya que está en el corazón del MERCOSUR?

¿Y por qué no analizar un convenio con Venezuela, tal como lo ofreció el Presidente Chavez?

Ya sé, los partidarios de la ley cuestionada gritarán: para eso hay que mantener la vigencia de la ley! No es cierto. Derogada la ley, se puede perfectamente instrumentar una solución como la mencionada. El Tratado de Asunción es ley; como todo tratado internacional se aprobó por una ley, con la mayoría especial que se requiere constitucionalmente. Por tanto, en el período establecido, el Uruguay no puede tener monopolio. Tal extremo está determinado por ley. A lo sumo, se requeriría otra norma legal, de un solo artículo y por razones jurídico-formales, que dijera “derogase el monopolio de ANCAP”, para adecuar las normas del derecho interno al Tratado del MERCOSUR.

Y lo demás, es decir, las facultades para que el gobierno negocie de estado a estado a fin de concretar el convenio comercial con el país que, eventualmente, proporcione el petróleo a ANCAP, están implícitas y expresamente establecidas en el conjunto de normas constitucionales y legales, relacionadas con el propio ejercicio del poder gubernamental.

En definitiva, la entrega de ANCAP a una multinacional para que gestione y administre nuestros propios bienes a su gusto y paladar durante treinta años, no es la única opción. Existen varias alternativas, una de ellas la que se acaba de señalar precedentemente.

Es éste un tema de alta trascendencia nacional. Esta decisión que, de quedar firme la ley, condicionaría al país por lo menos por treinta años, no puede quedar en manos de este gobierno.

Aunque son temas diferentes, si el 7 de diciembre no se deroga la ley, la lógica gubernamental indica que tras la entrega de ANCAP vendrá la subasta de los servicios de agua potable, lo que sería casi una tragedia.

Entonces, hay que derogar la ley, para que esta decisión tan importante, sea tomada con mayor calma por el próximo gobierno, para buscar otras alternativas diferentes, defendiendo el alto interés de la patria. 

* Abogado, Convencional del Partido Nacional, Presidente de la Agrupación Todo por el Pueblo, Lista 206, del Partido Nacional, ex legislador y ex Presidente de la Cámara de Diputados.

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