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La
reconstrucción de la democracia
Tal es, quizás, el principal desenlace de los dolorosos y complejos acontecimientos de los últimos días, al margen por supuesto de las modificaciones de política que han empezado a ser introducidas como consecuencia de la intensa movilización social. Ya en 1977, cuando comenzó la caída de la dictadura de Hugo Banzer, la cuestión democrática ocupó el centro de los discursos y las discusiones. Sin embargo, entre la lucha anti-autoritaria primero y la algarabía de la reconquista de las garantías constitucionales después, las respuestas al respecto jamás terminaron de ser formuladas. Fue así que el Frente de la Unidad Democrática y Popular, el más votado de la historia electoral del país, no consiguió traducir su altísima legitimidad en un programa de transformación política aplicable y duradero, al punto de que fue forzado a renunciar a un año de su mandato. El gobierno de ese Frente (1982-85), internamente saboteado y cercado por todos los flancos ideológicos desde el exterior, indujo la estigmatización de la izquierda como incapaz de gestionar el Estado y dio evidencia de que los sectores progresistas carecían de un proyecto de democracia propio. A diferencia de ello, el esquema implantado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro en agosto de 1985 apareció como un diseño acabado para reconfigurar las relaciones entre Estado, economía y sociedad, separar lo social (sindical) de lo político (partidario) así como lo civil de lo militar y emprender la estructuración de un sistema de partidos estable. La continuidad que dieron los posteriores gobiernos a las líneas básicas fijadas por Paz Estenssoro fue cobrando cuerpo a partir de 1991 con los acuerdos entre los principales jefes políticos para dotar de la requerida institucionalidad a la democracia, desde la creación de la Corte Nacional Electoral hasta la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. De todos modos, a lo largo de todo ese tiempo no se registraron acciones efectivas para superar las deficiencias de la representación política, controlar la corrupción, canalizar la participación ciudadana y atender las demandas sectoriales y regionales. Llegado el momento -bastante pronto se diría-, el régimen democrático y el sistema de partidos se autonomizaron respecto de la ciudadanía, reducida apenas a masa votante periódica. Y, bueno, lo que ha estallado en este octubre -con alarmantes anuncios al menos desde abril de 2000 y con un más que lamentable saldo de víctimas- es el límite del desencanto y la insatisfacción colectivos con la democracia procedimental, ritualista e improductiva. Por eso es que vuelven a primer plano las preguntas por la democracia (¿qué democracia?, ¿para quién?, ¿con quiénes?, ¿con qué finalidad?, etc.) con un debate fáctico entre las concepciones liberal-legalista y social-participativa. Se trata, además, de una oportunidad histórica, pues los neoconservadores que hace 18 años derrotaron a las ambiguas propuestas izquierdistas han llegado hoy a su colapso, más por incapacidad propia que por habilidad de sus opositores. Este es, pues, un momento de disponibilidad, por lo que cabe convocar a la mayor sensatez posible para evitar desperdiciarlo. Si se ha de reconstruir la democracia, las euforias maximalistas no pueden ser fuente inspiradora, como tampoco podrían serlo los recetarios de la mera formalidad. La democracia no constituye un orden perfecto, esto es, un espacio para la reconciliación total. Al contrario, tiene que ser asumida como un escenario en permanente tensión y negociación ya que debe dar cabida, a un mismo tiempo, a los temas de los derechos individuales y a los de la soberanía popular. Si esto no es comprendido y expresado en un marco de pluralismo real la nueva democracia será apenas un remedo de la que se intenta abandonar. LA ONDA® DIGITAL |
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La
pugna por la manera de definir la democracia ha sido puesta otra
vez, pero con mayor vehemencia que nunca, como asunto prioritario
de la agenda pública boliviana.