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Piqueteros
desocupados en conflicto social,
“Los procesos de cambio y transformación son normales en toda
sociedad y más aún, esenciales para su progreso, lo normal es la
Comentarios a la nota de Mario Wainfeld Pag. 12 del 2 de noviembre de 2003 La critica se centra contra el gobierno porque no supo acallar las voces que circularon a favor de reprimir los excesos de la manifestación piquetera que encierro al Ministro de Trabajo durante doce horas, aunque no se concreto nada mas que en una denuncia judicial por la privación de libertad que fuera sometido el funcionario.[[i]] Afirma que “el clima de inseguridad crispa y opera virajes a derecha. En su opinión a título de balance parcial, el movimiento piquetero –cuyos dirigentes no son homogéneos ni todos santos, ni todos sagaces– ha sido una bendición para la sociedad argentina”. Análisis de la intensidad del conflicto Con la misma descripción de los hechos, desde otro punto de vista es posible realizar el análisis de la negociación en bajar la escalada y encausar los reclamos a favor de la seguridad jurídica en el molde de las Instituciones democráticas que fueron conquistados después de tantos conflictos y luchas de las Provincias Unidas del Río de la Plata que supieron acordar para crear la República Argentina Durante las dos últimas décadas, en las grandes urbes de los países desarrollados se verifica la emergencia de nuevas fórmulas de gestión del conflicto social. La emergencia configuró un conjunto de prácticas (conflictos interpersonales, molestias públicos, incomodidades, etc.) ajenas a las anteriores estrategias de control, si bien no pueden considerarse plenamente como delitos -al menos de acuerdo a la ley penal- son comprendidas como “atentados contra la calidad de vida”, “incivilidades” o “comportamientos asociales”. El gobierno estuvo desescalando la crisis de la desocupación, permitiendo el derecho de hacerse oír a quienes no encontraron todavía su representación institucional, buscando de darle respuesta, hasta que se encause naturalmente sus reclamos en forma Institucional, ya que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución” [[ii]] Participación de los actores en prevención del conflicto Es en esos ámbitos institucionales y a través de sus representantes que deben reclamar para que se reglamenten y efectivicen en la realidad empresarial argentina, las garantías de la protección del trabajo con” la participación de los trabajadores en la gestión económica”[[iii]] Esta es la forma de asegurar el salario justo, participación en las ganancias de las empresas y especialmente en el control de la producción y colaboración en la dirección de las empresas para tener la protección contra el despido y la desocupación que su mala administración o vaciamiento producen.[[iv]] Ya en los setenta “el mundo contemporáneo actuaba sin la ingerencia de los factores interesados en el proceso, y después de tres décadas no es posible soslayar los procedimientos empíricos, legales y doctrinarios aplicados en el mundo para asegurar el paso a las nuevas estructuras sociales sin cuestionar la libertad y la democracia, sin que se vea vulnerada la función social y la justicia social” [[v]] Empresas ocupadas por los obreros. Hay que respetar todos los intereses en juego, los de los empresarios, los de los obreros, los de los sindicatos y los del Estado, no esperar al cierre de las empresas por desfasajes en su control. No es necesario esperar la quiebra de la empresa, y apagar el conflicto produciendo ataques a la propiedad en el sistema capitalista del derecho de propiedad que garantiza el Estado de Derecho, violándolo al echar mano a las expropiaciones, mas seguro es la prevención de su cierre con la participación pasiva de obreros y sindicatos en la dirección de los propietarios es una propuesta que debe ser legislada. Legislar previendo el conflicto social con la planificación para ejecutar una política en la que la participación de los actores involucrados es la medida de integración solidaria para la producción nacional- ”La cogestión y autogestión empresarial de los obreros,-los capacitados para esa función- y de los sindicatos en el control de las empresas, sin quitarle el dominio ni la dirección al propietario. Y su participación en las ganancias de las empresas, en cuanto se verifiquen en nuestro medio argentino contemporáneo” viene a cumplir con el programa del art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional como propuesta realizables [ [vi]] Teoría del Conflicto La forma de soslayar la acción social del Estado, que destaca el columnista y que según ejemplifica ”Existe una ambigua y fuerte relación de dependencia (del movimiento piquetero) con el Estado a partir de la institucionalización de los planes sociales... Se establece una relación con los poderes públicos que tienden a desdibujar los planteos estratégicos (la demanda es por trabajo), en favor de las soluciones de corto plazo (la lucha es por los planes sociales).” Estas relaciones producen la inversión de la política social en que el medio pasa a transformarse en un fin en sí mismo” Gobierno y Piqueteros hacen pactos a espalda de la gente para no ser criticados, no vemos que sea reprochable ya que es una de las formas de estrategias de negociación tratando de desescalar el conflicto. Los resultados del mentado pacto hablan por si solas “Uno de esos pactos era restringir los cortes a la mitad de la ruta”[[vii]] Estado y Piqueteros no hacen más que utilizar los recursos de la Teoría del Conflicto, para buscar soluciones, escalando o desescalando El Poder de los actores y sus recursos Los actores, en este caso que analizamos han utilizado los recursos de Ofertas (premios), o castigos, Combinación de ambas amofer y Persuasión[[viii]]
“Cuando Aníbal Fernández
fue ministro de Trabajo de Carlos Ruckauf y debió comenzar a
negociar con los jefes piqueteros le pidió ayuda a un primo suyo
que, a diferencia de él, tenía luenga militancia en la izquierda
peronista. Se llama Héctor Metón, maneja desde hace años el Plan
Arraigo (titularización de propiedad de la tierra para los
humildes), y es hasta hoy un operador insustituible del
kirchnerismo. Fuentes oficiales reconocen que habrán sido 100.000. Reconociendo que no hay datos precisos, ni especial transparencia, Página/12 calcula que podrían ser 150.000, acaso más. Estos planes, otorgados de forma potestativa, beneficiaron especialmente a la Federación de Tierra y Vivienda que conduce Luis D’Elía y al sector de la Corriente Clasista y Combativa que encabeza Juan Carlos Alderete. El sector de D’Elía también fue mayoritario receptor de los proyectos de autoconstrucción de viviendas motorizado por el ministro Julio De Vido La radicalización es un riesgo que acecha a todo movimiento social, máxime cuando el Gobierno incentiva a los “dialoguistas”. Quebracho va a relanzarse el 20 de diciembre” La protesta fue desmedida en el episodio detonante en el Ministerio de Trabajo Cortó Leandro Alem durante casi doce horas, se tuvieron que encerrar puertas adentro sin poder salir los funcionarios ni empleados y el Gobierno no la reprimió ni criminalizó. “Kirchner la judicializo, que es un paso en ese nefasto camino”[[x]]. En realidad el conflicto puede resolverse por distintos métodos frente a la emergencia de grupos de riesgo como los piqueteros, que no necesariamente caen en delitos por sus reclamos aunque produciendo hechos de riesgo para los conciudadanos y aun para los funcionarios del estado, dejando de lado el método jurídico que no es la única forma de desactivar los conflictos, al contrario, afecta los vínculos sociales de aquellos cuyos conflictos resuelve declarando a uno victorioso sobre el otro[[xi]] Otro riesgo del que nos habla, es hoy el conflicto del encuadramiento gremial en el ramo del transporte, al que pertenece Hugo Moyano, como el del comercio, en el que revista Armando Oriente Cavalieri El “camionero” (sic Pag 12) aglutina la actividad de transporte de carga, también la de correos, la de recaudación de caudales, la de recolección de basura. Y ahora va en pos de la distribución de bienes, que abarca no sólo a los supermercados, también por caso, al reparto de diarios y revistas. La triada Cavalieri-Carrefour-Jacques Chirac hubiese sellado la pulseada a su favor pero la decisión de Trabajo estrictamente técnica resolvió a favor de los camioneros. Pensamos que éste es otro acierto del Gobierno aplicando los métodos estrictamente técnicos de encuadramiento sindical demostró que existe imparcialidad en la toma de decisiones, volcando la clásica influencia de autoridad impuesta por el poder de los actores. En los ‘70 el conflicto de encuadramiento más fuerte era el que enfrentaba a la UOM de Lorenzo Miguel con el Smata de José Rodríguez, gremios de fábrica o de taller. Dentro de los diversos campos donde se estudia el conflicto este aparece en el nivel grupal intraestatal [[xii]] El conflicto no es mas que poner sobre el tapete de discusión los problemas nucleares que evidencian una falta de atención grave del problema que requiere una solución, deshilacharlo es una buena solución cuando encuentra varios niveles de negociación donde no existen vencedores ni vencidos sino que cada uno consigue lo mejor para sus intereses. Hoy pugnan actividades de servicios pero sus protagonistas siguen siendo sindicalistas como antes sucedía con Lorenzo y Rodríguez, donde viene la escuela, los contendientes no se darán por satisfechos y la batalla continuará. y eso es todo un dato pero a diferencia de la opinión de que agrava la búsqueda de soluciones pensamos que suma al conflicto de los desocupados sin representación la puesta en escena de diversos actores que ya no son dueños exclusivos de la estrategia de decisión. Vemos el beneficio para la resolución del conflicto que sea llevado a otros niveles superiores a los que los contendientes clásicos solían encorsetarlo en una pulseada de suma cero, es decir, de ganar o perder. Pero ahora con la negociación en otro nivel, con otros actores que se suman por la desocupación y falta de políticas sociales, se detecta el problema social emergente en el mundo actual, para empezar a desactivar la intensidad del conflicto, como la del ejemplo de no ocupar toda la ruta permitiendo de esa manera el paso de los conciudadanos, eliminando la criminalización de los grupos dejando de activar la represión. Estas prácticas de reclamos de soluciones sociales no tiene relevancia para la represión si no se producen hechos como los ve la sociología”: se menciona la marginación, el desempleo y la tugurización, pero preocupando sólo en cuanto a su posible asociación con el crimen o el desorden, como forma de vida degradada que conectaría con la decadencia moral y el delito[[xiii]] Salir del nivel donde se mueven los intereses sindicales es otro buen síntoma para detectar donde se encuentra el problema que hay que tratar, el conflicto hace visible la pobreza y marginación, al no reprimirla el Estado no oculta que existen los desocupados que el sindicalismo no representa. Se admite la existencia de los piqueteros desocupados, para que se manifiesten en los espacios públicos a pesar que su destino es “ interpelar al Estado, aunque se fastidia a los conciudadanos con la protesta callejera de piqueteros ”, es el único medio que cuentan por carecer de representación política y sindical, para hacerse oír. Pero el camino Piquetero que comenzaron a recorrer denunciando la desocupación y la falta de asistencia social adecuada, debe institucionalizar el reclamo disciplinándose en un partido político y su programa será el de sus representantes en la acción política, que es la forma de ´participar en alguno de los poderes como en autoridades en las instituciones democráticas de la República para dar la respuesta esperada al problema de la desocupación. Las formas de negociación del conflicto para dar una respuesta desconflictiva requiere una política preventiva en la que la participación,” cogestión y autogestión empresarial se verifique en nuestro medio argentino contemporáneo ”[[xiv]]
Critica al paternalismo del
Estado, descuido de la política social. El régimen de acumulación y organización social que se despliega a partir de la posguerra, contaba como uno de sus requisitos la producción y consumo de masas, asignándole a la función social del Estado y al gasto fiscal un lugar central. Ello no solamente como forma de estimular la demanda y garantizar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sino también para la promoción de determinados valores sociales y culturales que permitieran una “normalización” del consumo y del comportamiento social y un disciplinamiento de la fuerza laboral. El ideal del hombre blanco trabajador, la centralidad de la familia, el ahorro, la vida sexual ordenada y la laboriosidad, la moral y los gustos de la clase media urbana, se convierten en valores universales y supremos de la vida social. Desde las políticas de bienestar, la educación, las políticas de salud, hasta incluso las prácticas penales, fueron codificadas por esta lógica social, orientada esencialmente hacia la inclusión y la normalización.[[xv]]
El nuevo paradigma de emergencia por la crisis de
valorización del capital del Neoliberalismo
Diferencias entre la ruptura de ideología y
cambio de vida del nuevo estado de cosas Hoy las privatizaciones, la comunicación global, el mercado del dinero abierto, que manejan las instituciones financieras y los bancos a nivel mundial, el lavado de dinero ilícito de la corrupción y de las organizaciones criminales nexo del terrorismo entre otras nuevas amenazas en el panorama mundial pone en riesgo la seguridad, y van cambiado el concepto de nación y que debe entenderse por soberanía. “ Hay quiebre de los Estados Nacionales, el fiscal, la ruptura ideológica y del cambio de las concepciones de la vida que atravesaron el siglo XX amenazan con sus consecuencias al nuevo siglo”[[xvii]] Consecuencias que llegan nuevamente en el Siglo XX y siguen en el XXI, que ha desintegrado los principios de solidaridad y también de los derechos con que se atendían las necesidades y diferencias de los grupos y de los individuos”. “Se ha producido una separación de la actitud protectora y de la solidaridad, y el modo de asumirla adquiere una dimensión política al igual que la cuestión de los derechos para que no exista exclusión”. La pobreza y la exclusión también son consideradas un riesgo que amenaza a la seguridad “El Estado ofrece compensar estos déficit de la subsistencia de los indigentes, al aceptar la distancia entre los órdenes económicos y sociales.” “Es lo que llaman la espiral autodestructiva de la solidaridad que estaría representada por la búsqueda de planes de ayuda que descansan sobre gravámenes, principalmente que afectan al propio trabajo (reducción de sus costos) ya que lo disminuye en todos sus dimensiones, llegándose así al corte entre el excluido y el insertado” [[xviii]]. Nosotros criticamos el paternalismo de la asistencia social a través de asignación de recursos que debieran estar destinados a la atención de la acción social y creación de puestos de trabajo naturalmente productivos orientados con una política de estado para la producción y el desarrollo en todos los campos agropecuarios, tecnológicos, de la educación etc. A contrapelo de las políticas sociales el gasto social real de este año será un 37% menor al de 2001 Respecto de 2002, la baja es del 8,9%; las jubilaciones muestran una caída del 15% Aumentan efectivamente los montos para planes específicos como el de Jefes de hogar, pero, por el avance de la pobreza, la cifra por familia asistida va perdiendo valor [[xix]] Efectos de la inflación: se destinaron mayores partidas, pero su poder adquisitivo es menor El gasto social real de este año será un 37% menor al de 2001 Respecto de 2002, la baja es del 8,9%; las jubilaciones muestran una caída del 15% [[xx]]
Efectos de los planes De esos cálculos se deduce que el programa social, que cuenta con poco más de 1,9 millón de beneficiarios, sirvió para frenar la caída de más población bajo la línea de pobreza, pero no para sacar a las familias de esa condición El efecto es lógico, porque la asignación asistencial por hogar es de $ 150 y una familia tipo (matrimonio con dos hijos pequeños) necesita, para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, un ingreso de $ 727,88, y uno de $ 332,36 sólo para alimentarse. [[xxii]] “El Estado tiene previsto asignar este año al gasto social total mas de un 26,2% al monto destinado a tal fin en 2002, la realidad es que si se toman los montos a valores constantes (es decir, quitando el efecto de la inflación) el resultado es una caída de los recursos de un 8,9% con respecto a 2002, y de un 37,8% en relación con 2001”[[xxiii]] Pero no fue la inflación directamente, sino el crecimiento del índice de pobreza el factor que le ganó a la mayor asignación de fondos que tuvo la lucha contra ese problema social.[[xxiv]] En lo que se refiere a la seguridad social, la cifra presupuestada para este año, de $ 22.193,3 millones, supera en términos nominales a lo asignado cada año, al menos desde 1997, al pago de las prestaciones del sistema, básicamente jubilaciones y pensiones[[xxv]] El devenir en un nuevo presupuesto para reorientar el meollo de su política social otra vez va a contrapelo para el año 2004 muestra que el único campo social con incrementos reales- mas allá del aumento nominal global en el sector- el asistencial, programas alimentarios, pensiones asistenciales, subsidios a familiares en situación crítica.
La política social aconsejable Para la política social, tiene que sumarse “lo recaudado como seguro para desocupados, estos recursos “permitirían iniciar un proceso de universalización para niños y embarazadas, un ingreso jubilatorio igualitario y básico para los mayores con independencia de su historia laboral, y un tratamiento más eficaz del desempleo que priorice sí a los Jefes y Jefas de hogar con hijos a su cargo, a jóvenes de 19 a 25 que no estudian ni trabajan y a los mayores de 50 años sin otra fuentes de ingresos”. “Todo ello implica considerando la vulnerabilidad de cada grupo fortalecer el camino hacia una escolaridad completa, una inserción en el mundo del trabajo y en el beneficio de la salud” [[xxvi]] La acción social postergada y manipulada en el padrón de pobres es el 50 % de la población que no tiene asistencia social y de los niños habitantes en el país un 60 por ciento excluidos de las asignaciones familiares porque la sus familias no trabajan no entran en la economía formal, solo apenas al 5 por ciento de los desocupados cubre el seguro del desempleo”[[xxvii]] Dentro del criterio sustentado, la representación de los trabajadores, los sindicatos, y en lo suyo las uniones de empresarios etc. y la de los desocupados lo razonable es que busquen los cauces naturales de representación disciplinándose dentro de las instituciones y el estado cumpla en lo propio con el despliegue de las políticas sociales. La negociación para desescalar los conflictos es menos cruenta que el método jurídico que es más violento e impuesto por la fuerza, para encarar la solución de los conflictos “sin soslayar los procedimientos empíricos, legales y doctrinarios aplicados en el mundo para asegurar el paso a las nuevas estructuras sociales de la participación en el control y las ganancias en las empresas, sin cuestionar la libertad y la democracia, sin que se vea vulnerada la función social y la justicia social” [[xxviii]]
Las políticas de seguridad Pero estas políticas sociales, de la sanción penal o la gestión de la ciudad, se revisten ahora de un sentido fundamentalmente policial, producen el incremento de la exclusión y la conflictividad social sucediendo el tránsito del Estado de Bienestar al Estado de la Seguridad..
Las nuevas
políticas de seguridad análisis del objeto de su acción. El incremento del crimen en las últimas décadas es relevante en las políticas de control, no sólo cuantitativo porque junto al delito convencional, empieza a proliferar una baja criminalidad que se sustrae a las anteriores estrategias de control penal. Desde las agresiones domésticas, la violencia callejera, los pequeños hurtos o “tirones”, los actos de vandalismo o la venta de drogas en la calle, en los últimos años en que se verifica una reorganización del campo de los ilegalismos. Se trata del predominio de una infra-criminalidad invisible a los procedimientos de detección y registro por la falta de denuncias es la cifra negra inaccesible y remisa a las técnicas convencionales de contención, investigación y vigilancia, tal como se evidencia en la disminución de los casos resueltos policialmente; una delincuencia de bajo nivel capaz de filtrarse en las esferas de la cotidianidad, y que ya no es la vieja figura del delincuente “profesional” e inveterado sino que involucra, de forma eventual, segmentos poblacionales enteros, “grupos de riesgo” en consideración a variables actuariales (edad, procedencia, origen étnico o clase social) que ahora se le agrega los pobres o excluidos del sistema económico que como vimos se manifiestan en grandes grupos de piqueteros que avanzan con movimientos amenazantes frente al gobierno produciendo las dificultades en la libertad de circulación de los demás conciudadanos. En Octubre del 2003 la Declaración de Seguridad de la OEA considera una nueva amenaza que pone en riesgo a la seguridad a la pobreza que afecta a los habitantes de los estados aconsejando a éstos a que se arbitren los medios para mejorar el nivel de vida de los que se encuentran necesitados y desocupados eliminando ese riesgo a los estados nacionales.
Los distintos rangos de las
nuevas estrategias de seguridad En un segundo nivel, las políticas de seguridad operan tanto sobre las manifestaciones “objetivas” de la inseguridad como en su dimensión subjetiva. Teniendo en cuenta la opinión pública y el pánico colectivo tradicionalmente las respuestas penales ante la alarma social se asociaron con un recrudecimiento, al menos simbólico, de las acciones contra la criminalidad (mayor severidad de las penas, menos lenidad en las sentencias, mayor dureza policial, etc.). En los últimos años, las estrategias de “ley y orden”, como ejercicio ascendente de la violencia penal, más que efectos reales sobre la criminalidad, expresan cierto populismo punitivo que busca responder a las ansiedades y demandas sociales de mayor protección. El miedo al crimen se convierte en un objeto explícito y autónomo de las estrategias de control, no necesariamente subordinado a las medidas concretas de reducción del delito sino el sentimiento colectivo de inseguridad adquiere un valor estratégico como forma de gobernabilidad[[xxix]]
Las privatizaciones de las
políticas de seguridad. Esta reasignación de roles en orden de importancia quizás no se encuentre tanto en sus aspectos funcionales, como en sus implicaciones políticas. Por un lado, supone la formulación de un nuevo corporativismo como mecanismo de negociación y consenso porque la relegitimación del control descansaría justamente en la incorporación de las demandas de seguridad y en la implicación de actores diversos en su gestión. Por otra parte, la diversificación de los actores del control apunta también a una nueva forma de gobernabilidad en el contexto de una creciente complejidad social, y a una redefinición sustantiva de las relaciones entre Estado y ciudadanos
En el nuevo concepto de política
criminal Las transformaciones de la forma-Estado en los países industrializados (Bergalli, 1993)[[xxxiv]], la revalorización del municipio como espacio político, el fracaso de las estrategias centralizadas y convencionales para reducir el crimen (Garland, 1996[[xxxv]]; Hope 1995[[xxxvi]], Tonry y Farrington, 1995[[xxxvii]]), Los otros métodos son los de la administración policial de la gestión del control social levantando las garantías de la legalidad dejándoles la libertad de actuar para que los delitos no produzcan sus resultados ni queden impunes. Las políticas de seguridad son mucho más: reemplazaron el monopolio del sistema penal como forma de control y gestión del conflicto y mucho más son las respuestas a las transformaciones que en estas últimas décadas ante la retirada del estado de bienestar reformularon el tipo de orden social, y un medio que posibilita la instauración y sostenimiento del orden social emergente. [[i]]Comentarios a la nota de Mario Wainfeld periódico Pág. 12 del 2 de noviembre de 2003 BIBLIOGRAFÍA [[ii]] Constitución Nacional art. 22 “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, . Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.”. [[iii]] Jorge Selser Participación de los trabajadores en la gestión económica. Ed Libera. Bs.As. 1970 [[iv]] Constitución Nacional art. 14 bis Derechos de Trabajador y la seguridad social (articulo agregado por la Constitución de 1957) “ El trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil; igual remuneración para igual tarea: participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” [[v]] Selser Jorge Participación de los trabajadores ...ob. citada. [[vi]]acerca del significado desconflictivo que adquiere entre los interesados el tema de la participación ver Selser Jorge Participación de los trabajadores ...ob. citada [[vii] ] Mario Wainfeld Pag. 12 del 2 de noviembre de 2003 [[viii]]Remo F. Entelman. Teoría de conflictos Hacia un nuevo paradigma Buenos Airees 2001 Este libro trata de demostrar que los Estudios sobre la Paz y las demás disciplinas sobre el conflicto internacional, salvo cuando tratan características específicas de esos enfrentamientos, son aplicables a los conflictos internos entre los habitantes de los estados. En consecuencia los objetivos de los estudios sobre el género conflicto que postulo y sus especies son comunes, aunque en distinta dimensión. Ambos procuran resolver el problema de la eliminación o reducción de la violencia y el mejoramiento de la sociedad humana, internacional o estatal. [[ix]] Mario Wainfeld Pag. 12 del 2 de noviembre de 2003 [[x]] Mario Wainfeld periódico Pág. 12 del 2 de noviembre de 2003 [[xii]]Lopez George A. Op.cit.p.11 [[xiii]]Wilson, J.Q. y G. Kelling (1982) Broken Windows. Atlantic Monthly, marzo, págs. 29-38. [[xiv]]Selser Jorge Participación de los trabajadores ...ob. citada [[xv]]Garland, D. (1985) Punishment and welfare. Gower, Aldershot [[xvi]]causa N° 14.467,caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia"- Expte N° 7.723/98 - , que se tramita por ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Fed “la deuda publica externa del pais, creció continuamente desde 7875 millones de dólares en 1975, hasta una estimación aún no confirmada de más de 90.000 millones de dólares en 1990, el incremento mayor en términos porcentuales se produjo entre 1977/79 -casi un 100% en el sector público- en el período 1976/80 el aumento fue de 11.159 millones de dólares, más del 140%, mayor que el importe de la deuda externa en 1975.”- y en 1998 Argentina incrementó su deuda en 430%; El periodo 1995 1998 fue nefasto para la Argentina, el de más alto crecimiento de deuda entre los tres países. El origen fue la crisis mexicana, el país sudamericano fue el que más resintió la embriaguez de nuestro país. México sin embargo, vio reducida su deuda en el mismo lapso; la reestructuración y los intercambios a largo plazo ayudaron significativamente.Fuente geocities.com [[xvii]]Buenos Aires, 2da. Quincena de enero 2002 Hector R. Marteau inédito. Consejero y Profesor de la Maestría en Filosofía Práctica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Citado en mi trabajo La sociedad argentina hoy y el rol del estado publicado en revista virtual La Onda 2003 [[xviii]] Marteau , citado en mi trabajo La sociedad Argentina hoy y ...en revista virtual La Onda 2003 [[xix]] La Nación 9 de Marzo 2003 [[xx]] Fuente diario La Nación 9 de Marzo 2003 [[xxi]]Según el Indec, a octubre pasado, el nivel de pobreza en los centros urbanos ascendía al 57,5% de la población, y dentro de ese porcentaje la indigencia (incapacidad de acceder siquiera a la alimentación básica) afectaba al 27,5%. Según las estimaciones de ese organismo, sin el plan Jefas y Jefes, el primer indicador habría trepado al 58,1% y el segundo, al 30,5 por ciento. [[xxii]] Fuente La Nación ob citada. [[xxiii]]La conclusión surge del análisis elaborado por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro) del Ministerio de Desarrollo Social. [[xxiv]] Fuente La Nación 9 de Marzo de 2003 En 2002, el monto promedio por hogar pobre registró una baja significativa. Mientras que en 1998 se destinaban por familia $ 1800 -a valores constantes-, la cifra cayó a $ 1200 en 2001 y a menos de $ 800 el año pasado. [[xxv]]Sin embargo, anoticia La Nación citada, que los montos deflactados por los analistas del Siempro muestran una caída en el valor real que equivale a casi un 15 %, lo que no hace más que reflejar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales. [[xxvi]] Aldo Neri ¿Padrón de Pobres o de Ciudadanos? Escenarios Alternativos 24 de Octubre de 2003 [[xxvii]]Aldo Neri ¿Padrón... articulo citado. [[xxviii]] Selser Jorge Participación de los trabajadores ...ob. citada. [[xxix]]Brodeur, J. (1994) Policing appearances. The Journal of Human Justice. 5, págs 58-82. [[xxx]]Andrés Antillano Sobre causas y azares: un intento de definición de las políticas de seguridad El Dial revista jurídica virtual del 3 de Noviembre de 2003 Doctrina. En un enjundioso trabajo sobre la política de seguridad y las doctrinas cuya bibliografía cito parcialmente. [[xxxi]]Crawford, A.(1997) The local governance of crime: Appeals to community and partnerships. Claredon Press, Oxford. [[xxxii]]Emsley, C. (1996): The origins and development of the police. En: McLaughlin y J. Muncie; Controlling Crime. Sage, Londres. [[xxxiii]] Del Olmo, R (1998) La criminología en la cuarta época: del saber al poder. En VV.AA.: Cuatro temas sobre política criminal. CONAMAL, San José de Costa Rica. [[xxxiv]] Bergalli, R. (1993) La forma-Estado social y el sistema penal. En: Young, J. y otros: Sistema Penal e intervenciones sociales. Hacer, Barcelona, págs. 219-286. [[xxxv] ] Garland, D. (1996) The limits of the sovereign state. The British Journal of Criminology Vol.36 N°4. [[xxxvi]] Hope, T. (1995) Community crime prevention. En: Tonry, M. y D. Farrington (Editores): Building a safer society: Strategic approaches to Crime Prevention. The University Chicago Press, Chicago. Págs. 21-89. [[xxxvii]] Tonry, M. y D. Farrington (Editores) 1995) Building a safer society: Strategic approaches to Crime Prevention. The University Chicago Press, Chicago. Págs. 1-20. LA ONDA® DIGITAL |
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piqueteros, fábricas tomadas por los obreros para no quedar dentro de
los desocupados y la criminalización de la pobreza. Un análisis sobre la
intensidad del conflicto, en base a la Teoría del Conflicto - Las
políticas sociales y las de seguridad.