Chile: luces y sombras de
un extraordinario desarrollo
por Juan Carlos Galindo

El desarrollo económico en Chile ha ido siempre parejo a un cierto grado de desigualdad en la distribución salarial. El 10 por ciento más pudiente de la sociedad acapara el 42 por ciento de la riqueza. En este contexto, el gobierno de Lagos lo tiene difícil para explicar la subida de los impuestos indirectos. Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos suponen una pérdida de 1.100 millones de dólares en aranceles, cantidad que el gobierno pretende recuperar con una subida del IVA. El problema es que los impuestos indirectos gravan aquellos productos en los que los chilenos más pobres realizan el 92 por ciento de sus gastos.

El pasado 15 de febrero Seúl, capital de Corea del Sur, se levantó envuelta en un espeso humo amarillo que llegaba desde el centro de la ciudad. Allí miles de campesinos surcoreanos se enfrentaban desde primera hora de la mañana a la policía, que no dudó en utilizar gases lacrimógenos para reprimir las violentas protestas. La algarada no logró, sin embargo, su objetivo: impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. De esta manera, el país sudamericano se convierte en el primer estado de América del Sur en firmar un tratado de estas características con un país asiático. 

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, en abril de este mismo año, 11.700 productos chilenos, esencialmente agrícolas, tendrán acceso al mercado surcoreano con una tasa arancelaria mínima o inexistente. En el horizonte se perfilan otros acuerdos con India, Japón, Singapur y China, que serán negociados, en diferentes etapas y condiciones, durante 2004. 

Este acuerdo es el reflejo de la excelente situación macroeconómica por la que atraviesa Chile. El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 2,3 por ciento durante 2003 y las previsiones para 2004 sitúan ese crecimiento entre el 4,5 y el 5,5 por ciento. El déficit fiscal chileno de 2003 fue de un 0,8 por ciento y las previsiones para este año apuntan a un superávit. Las exportaciones chilenas aumentaron un 13,8 por ciento durante el año pasado y una tercera parte encontraron su mercado en Asia, región que aumentó la compra de productos chilenos en un 27 por ciento. 

Sin embargo, las exportaciones hacia el mercado asiático se basan en el cobre -materia que supone el 60 por ciento de los embarcos hacia Japón y China-,  gestionado por empresas radicadas en Chile pero de propiedad extranjera y, en general, libres de impuestos. Dicho sector, que representa más del 40 por ciento de las exportaciones y supone anualmente más de 7.500 millones de dólares, goza de grandes privilegios. En este sentido, la distribución del maná de las exportaciones queda en unas pocas manos. 

Treinta acuerdos
Chile mantiene acuerdos de libre comercio con más de 30 países. El TLC con Estados Unidos, firmado tras doce años de negociaciones, es el más polémico. No sólo por las críticas que ha levantado entre la sociedad chilena, sino también por el malestar que ha creado en ciertos países de América Latina. Su firma socava la estrategia de oposición al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA) desarrollada por países como Brasil o Argentina. Al mismo tiempo, fortalece la postura de la administración Bush en la búsqueda de acuerdos bilaterales estrictamente comerciales y bajo las rígidas condiciones impuestas por Estados Unidos. 

Existen, además, otros puntos oscuros. Así, la imposición de precios por parte de los grandes productores estadounidenses pondrá en serios aprietos a miles de familias campesinas, y las pequeñas y medianas empresas -que actualmente generan más del 70 por ciento del empleo del país- quedan sin posibilidades de competir frente a los grandes consorcios. Desde el punto de vista formal, tanto los plazos establecidos para la eliminación de los aranceles como las cuotas de exportación favorecen en todo caso a Estados Unidos. 

Pero son los aspectos legales y tributarios los que han recibido la mayor parte de las críticas. En este sentido, si Chile modifica los impuestos o introduce un royalty puede ser demandado ante tribunales internacionales. 

Hacia un modelo de desarrollo
Chile goza de una buena situación económica y una cierta estabilidad política, valores escasos en la región sudamericana. Desde 1990, los sucesivos gobiernos de Patricio Alwyn, Eduardo Frei y Ricardo Lagos han jugado un papel decisivo. Paradójicamente, como bien señaló el Premio Nóbel de economía Joseph Stiglitz, los propios autores de la  “excepcionalidad” del modelo chileno post Pinochet, es decir, los gobiernos democráticos de la Concertación, no se dan cuenta que los logros alcanzados responden, precisamente, a los aspectos en que ellos se han apartado del Consenso de Washington: mantener un sector público razonable, avanzar en una red de protección social, asumir subidas de impuestos y perfeccionar el sistema tributario y encabezar reformas sociales y laborales. Es decir, haber acompañado estrategias macroeconómicas responsables con políticas económicas redistributivas y políticas sociales activas. 

De esta manera, el estado chileno recauda impuestos por el 19 por ciento de su PIB (seis puntos por encima de la media de América Latina). Consecuencia lógica: Chile es el país de América Latina donde más ha aumentado el gasto social en los últimos diez años. Un dato puede ilustrar este progreso: si la media de población desnutrida en América Latina es del 15 por ciento, la de Chile es del 4 por ciento. En este contexto, el país sudamericano es, junto con la República Dominicana, el único país en América Latina en condiciones de cumplir con los objetivos del Milenio establecidos por Naciones Unidas. 

El lado oscuro
No obstante, durante la última década, al tiempo que se desarrollaba una clase media sólida e importante en número, crecía la desigualdad social. Así, según la última “Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional” (CASEN 2OOO, elaborada por el Ministerio de Economía), el 10 por ciento más pobre recibe sólo un 1,1 por ciento del PIB, mientras que el 10 por ciento más pudiente acapara el 42,3 por ciento de la riqueza. Además, a pesar de los altos índices de alfabetización, el desarrollo económico en Chile ha ido siempre parejo a un cierto grado de desigualdad en la distribución salarial, diferencia directamente relacionada con el grado de educación y las posibilidades de acceso a los estudios superiores. 

En este contexto, el gobierno de Lagos lo tiene difícil para explicar la subida de los impuestos indirectos. Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos suponen una pérdida de 1.100 millones de dólares en aranceles, cantidad que el gobierno pretende recuperar con una subida del 1 por ciento del IVA. El problema es que los impuestos indirectos gravan aquellos productos en los que los chilenos más pobres realizan el 92 por ciento de sus gastos. 

Chile se encuentra ante una oportunidad única para alcanzar un desarrollo pleno. Sin embargo, ese objetivo necesita políticas sociales orientadas a resolver los graves problemas estructurales que aún afectan a su sociedad. En este contexto, el comercio y el crecimiento económico deberían ser tan sólo un medio. De lo contrario, el camino al desarrollo quedará un poco más lejos. Al menos, para una parte importante de la sociedad chilena.

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