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Paradoja, con revistas y
publicaciones de
contenido científico
El
conocimiento debería ser patrimonio de
todos, un bien común que legaremos a las
generaciones futuras
por Antonio Lafuente
La mayoría de la investigación
que se lleva a cabo en el mundo se realiza
gracias a fondos públicos. Sin embargo, la publicación la
realizan empresas
privadas que sólo permiten la difusión de la ciencia mediante el
pago de
costosas suscripciones. Public Library of Science es una
iniciativa que
gracias a Internet pretende romper el monopolio en la difusión
de
investigación de los grandes grupos editores.
El mundo de la información científica es muy extraño. ¿No es
paradójico que
sean los científicos quienes producen y ofrezcan gratuitamente
la materia
prima que nutre las revistas sin que, a cambio, tengan libre
acceso a sus
contenidos? La sorpresa va en aumento cuando consideramos otros
aspectos de este negocio, pues el prestigio de todas estas
publicaciones depende de la
calidad de lo que publican, una circunstancia que, al igual que
el mercado
de los futuros compradores, sólo pueden asegurar los científicos
mismos. Ya
se ve que estamos hablando de un asunto muy peculiar, y eso que
todavía no
hemos entrado en el meollo de la cuestión.
Michael Eisen, uno de los promotores de la Public Library of
Science (PLoS),
nos ha contado que nunca pensó que la información científica
fuera un grave
asunto político pues, obviando los problemas que plantea
conseguir datos
fiables en el laboratorio, siempre estuvo cerca de alguna de
esas buenas
bibliotecas que no escatiman gastos en suscripciones. Pero la
expansión de
Internet y las nuevas tecnologías de la información le abrieron
los ojos.
Dice Eisen que quiso desarrollar
una Base de Datos que aprovechara la
facilidad para acceder on-line a grandes fondos bibliográficos,
correlacionando las investigaciones sobre secuenciación genómica
con las
ofrecidas por los clínicos sobre las patologías con potencial
origen
genético. Y como es muy diferente intentar buscar material
empírico para
publicar un paper que ensamblar datos de distinta procedencia
obtenidos
mediante robots informáticos, los editores le recordaron que la
información
que estaba correlacionando era propietaria (tenía dueño) y que,
en
consecuencia estaba vulnerando las leyes de la propiedad
intelectual.
O sea que comete un delito quien
trate de usar los datos científicos publicados
para fabricar nuevas herramientas de trabajo como, por ejemplo,
una Base de
Datos.
El conflicto no sólo es chusco,
sino aberrante. "La literatura
científica la producen los científicos para que sea usada por
gente como yo.
La principal motivación para
publicar algo -escribe Eisen - es que otras
personas lo lean y lo usen. Por eso soy científico. Por esto son
científicos
los científicos. Y el hecho de que no lo pudiera hacer me
pareció
completamente absurdo". Tan absurdo, que decidió incorporarse a
la cruzada
del Open Access, un movimiento que cuestiona el monopolio que
las grandes
corporaciones editoriales ejercen sobre la distribución de la
información
científica y que cuenta ya con lúcidos activistas como Peter
Suber o Stevan
Harnad y con poderosos apoyos para lograr sus fines, además de
toda la
parafernalia de newsletter, blognews, news, junto a las listas
de correo que
coordinan Suber en la Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition
Open Access Forum y Harnad en la American-Scientist Open Access
Forum.
El movimiento no deja de crecer todos los días. Se calcula que
son ya 30.000
los científicos de 180 países que han firmado la Open Letter de
PLoS que
promueve el boicot a las editoriales que restrinjan el acceso a
sus fondos.
En la actualidad, la Word Summit of Information Society (2003)
organizada
por la ONU y la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge
in the
Sciences and Humanities, promovida entre otras por la Max Planck
Society, el
CNRS, el INSERN, la Wellcome Trust y la Academia de Ciencias de
China, han adquirido fuertes compromisos en la dirección del
open acess.
Y no sólopueden reseñarse buenas intenciones.
Además de las 814 revistas on-line registradas en el Directory
of Open Access Journals que promueve la
Universidad de Lund, muchas instituciones de muy diferente
carácter
suministran herramientas open source (también llamadas free
software) para
allanar la tarea del tránsito hacia el open knowledge.
La lista es larga:
SciDevNet, HighWire, Citebase, BioMed Central, Hinari, OAIster,
Creative
Commons, eScholarship Repository, Eprints software, Project
Sherpa,
OpenCourseWare, CDSWare,...
El
30 de enero pasado los ministros de ciencia y tecnología de 34
estados
miembros de la OCDE hicieron pública en París una Declaración
que deja poco
espacio para las dudas, conminando a sus gobiernos a "Buscar la
transparencia en las reglamentaciones y políticas ligadas a los
servicios de
información, de informática y de comunicaciones que afectan a la
circulación
internacional de datos para la investigación, y reducir los
obstáculos
inútiles para el intercambio internacional de tales datos".
El 31 de diciembre de 2003 el
consejo editorial del Journal of Algorithms (Elsevier) tras
dimitir en pleno, difunde una Declaración de Independencia y
anuncia el lanzamiento de ACM Transactions on Algorithms. El
alto precio, según se explica en la carta de dimisión, fue
también la causa de que los editores de Machine Learning Journal
abandonara Kluwer para pasar a convertirse en el Journal of
Machine Learning Research. Son muchos los casos: European
Economic Review (Elsevier) se transformó en el Journal of
European Economic Association, Labor History (Taylor & Francis)
es ahora Labor y Molecules (Springer Verlag) se sigue llamando
Molecules pero ahora corre con MDPI.
En todos los casos, los editores
redactan una Declaration of Independence y
solicitan a los autores que confiaban en la versión comercial de
la revista
que envíen sus trabajos para ser difundidos en la modalidad open
access.
Sin duda el negocio montado alrededor de los artículos
científicos es uno de
los factores decisivos para la emergencia del problema. En la
actualidad se
publican en el mundo unas 24.000 revistas que sacan a la luz
unos 2.500.000
papers al año. No todas las revistas valen lo mismo, pero la
suscripción de
algunas como Brain Researh alcanza los 22.000 euros, aunque el
valor medio
hay que situarlo en 1500 euros. En conjunto hablamos de un
negocio de unos
diez mil millones de euros al año y al que se le calculan
márgenes de
beneficio cercanos al 30%. Elsevier, el mayor emporio editorial
tiene en su
catálogo unas 2000 revistas, lo que le supone beneficios de
hasta 600
millones de euros. Las cifras son significativas porque hasta
las
instituciones ricas tienen problemas para abordar estos gastos.
La Universidad de California, por
ejemplo, paga por suscripciones 30 millones
de euros (el 15, por cierto, es para Elsevier).
La otra variable inevitable es quién paga el trabajo necesario
para producir
la montaña de papel a la que hemos aludido. Y aunque los
cálculos no son
exactos, sí valen para proseguir nuestro argumento. Se cree que
la inversión
de fondos públicos en ciencia alcanza un monto gigantesco:
83.000.000.000 de euros. La consecuencia es clara, pues cada
artículo le cuesta a la arcas del estado (de algún estado del
mundo) alrededor de 400.000 euros.
No importa lo convencidos que
estuviéramos hasta ahora de la pertinencia del movimiento open
access, pero quien llegue a este punto creerá que estamos locos
de remate o, peor aún, inventando los datos. Por desgracia son
ciertos. ¿Y cómo entonces hemos organizado una empresa tan
ruinosa y abusiva para los intereses públicos? Lo reconocemos:
si no fuera porque el problema tiene una larga historia, aquí
habría mucha gente obligada a dar cuentas ante algún
comité parlamentario de investigación. No es de historia, sin
embargo, de lo
que queremos hablar. Lo que nos interesa es la iniciativa Open
Access.
¿Qué se entiende exactamente por
open access?
La Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002; versión oficial
en español)
la define como "disponibilidad gratuita en la Internet pública,
para que
cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir,
imprimir,
con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos
artículos,
recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para
sofware, o
utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin barreras
financieras,
legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar acceso
a la propia
Internet". La BOAI incluye también la recomendación de que el
autor conserve
el mayor control posible sobre la integridad de su trabajo, un
privilegio
que, sin embargo, no recomienda la posterior Bethesda Statement
on Open
Access Publishing (2003) para evitar futuras restricciones a
cualquier uso o
distribución de la totalidad o de algún fragmento del original
publicado.
El asunto ha sido objeto de
discusiones apasionadas que alcanzaron su cénit con motivo
de la propuesta del demócrata Martin Sabo de la Public Access to
Science Act (2003) para prohibir la concesión de derechos de
propiedad sobre
cualquier conocimiento obtenido total o parcialmente con fondos
públicos.
La ley no se limita a reconocer
el derecho de los científicos, sino que lo
extiende a toda la ciudadanía, legitimando así la viabilidad de
la
participación en ciencia de los llamados expert-citizen que
emergen de entre
los colectivos de afectados (como los enfermos de SIDA), los
activistas de
diversa procedencia (del tipo ecologistas) y los partidarios del
sofware
libre (comunidades hackers). La tendencia errónea a confundir
gratuidad con
open access ha sido uno de los principales temas de
enfrentamiento, pues se
banalizan los temas cuando todo el problema se limita a la mera
reducción de
la factura por suscripciones --o, en el Tercer Mundo, el bajo o
nulo coste,
como sucede con iniciativas del tipo AGORA (Access to Global
OnLine Research in Agriculture) o HINARI (The Health
InterNetwork Access to Research Iniciative), ignorando otros
obstáculos como los que pudieran introducirse según la
tecnología de acceso y las herramientas de búsqueda automática,
o los derivados de las políticas de mantenimiento on-line del
documento o de reconocimiento de derechos de propiedad
intelectual sobre el conjunto o una parte del texto. Hablamos
entonces de problemas de extrema complejidad y que conectan los
problemas del open acess con los del GPL o copyleft y el open
source software.
No todo el mundo está de acuerdo. Y, en efecto, algunas
corporaciones
poderosas han manifestado su inquietud por una deriva que, en su
opinión,
amenaza con liquidar la excelencia científica. El derecho a la
reproducción
sin límites jurídicos o técnicos conducirá, según Federation of
American
Societies for Experimental Biology (FASEB), a un descomunal
incremento de la piratería, reduciendo también los estímulos a
la producción original. La
Association of American Universities (AAU) advierte de la
amenaza que pesa
sobre el sistema de financiación privada de la investigación.
Los científicos, en cambio,
parecen muy satisfechos. Todo indica que la
publicación en open access multiplica la visibilidad de los
textos, es decir
su índice de impacto. Como lectores está probado que los
investigadores,
cuando pueden elegir, prefieren descargarse el paper a su PC
antes que
desplazarse a la biblioteca del centro de trabajo.
Sin embargo, la resistencia a
publicar en las nuevas revistas decrece a un ritmo más lento que
el previs o o, quizás debiera decirse, del esperado. Todo indica
que nadie quiere publicar en una revista cuyos mecanismos de
control de calidadestén en regresión. Los científicos se
alimentan de prestigio y su bulimia no conoce límite. Parece
claro que, en términos generales, el open access se ve como una
opción profesional y éticamente muy recomendable para los demás,
pero la mayoría duda sobre los perjuicios que se puedan derivar
para la carrera personal. ¿Está justificada semejante
preocupación? ¿Representa el open acces una amenaza para la
ciencia? Todo indica que no, aún cuando se trata de un debate
abierto. Hay tres mecanismos principales de dar acceso al
público.
El primero es crear revistas
libres y hacer recaer los costes de mantenimiento, incluidos los
derivados del sistema de referee y edición, sobre los autores.
Esto implica cambiar la mentalidad actual y considerar la
publicación de los trabajos como una parte sustancial de la
investigación misma y, al igual que se adquieren reactivos, se
organizan coloquios o se pagan viajes, habría que presupuestar
también el coste de la publicación, bien entendido que sería sin
ceder a la revista, ni mantener para ningún miembro del
laboratorio, derecho alguno de propiedad.
Sabemos que ahora se paga por
publicar en muchas revistas, y que con el sistema que aquí se
está describiendo se reducen notablemente los costes. La
plataforma BioMed Central, pionera en este campo y que federa
más de cien revistas, cobra 1.500 US$. La operación en su
conjunto demanda soluciones como las que está promoviendo
Creative Commons, un movimiento que está dando soluciones a los
conflictos que plantea la alternativa Open Knowledge en todos
los campos del saber, desde el software a la música, pasando por
la ciencia y la literatura.
El segundo procedimiento es menos radical y agrupa un conjunto
variado de
alternativas que combinan la vieja fórmula del acceso pagado con
la más
novedosas del acceso libre. Hay revistas que después de un
cierto tiempo
(entre 6 meses y un año) abren el contenido de sus índices,
otras regalan el
acceso para instituciones situadas en el Tercer Mundo.
Las menos cobran por la versión
en papel y regalan la versión electrónica. Y en este punto hay
una mala experiencia que recordar, pues sabemos que el British
Medical Journal después de 10 años de ofrecer acceso libre,
regresará a la fórmula del acceso restringido a algunos de sus
contendidos a partir del año próximo. Aunque sólo el 12% de los
ingresos procedía de suscripciones y el resto de la publicidad,
parece que una reducción del 9%, unida a otros
factores, han obligado a BMJ a cambiar tan ejemplar política.
La tercera modalidad recomendada por los partidarios del open
acess ha sido
el autoarchivo. El procedimiento es muy simple y cuenta con
miles de apoyos
entusiastas. Los autores son animados a enviar sus papers (eprints)
a
repositorios que cumplen los requisitos de la OAI antes de ser
sometidos al
control de calidad (peer review). Tras la revisión el autor
puede negociar
con la revista la publiciación del contenido completo en la
forma postreview. Si los editores no aceptaran, entonces el
autor puede legalmente incluir las reformas introducidas en el
texto inicial (prereview) en la forma de un archivo adjunto como
corrigenda. Sin duda estamos ante un procedimiento que puede
avanzar más deprisa que los dos anteriormente citados. Pronto
serán multitud las instituciones, y muy especialmente las
asociaciones y academias de carácter profesional, que se
agolparán por tener una iniciativa que facilite y estimule la
práctica del autoarchivo.
Recientemente el gobierno de
Canadá ha decidido poner en línea todas las
tesis defendidas en el país, UNESCO y toda su red académica
(IAP, ICSU,
ALLEA y FASAS, entre otros organismos) ya están abogando por el
OAI. La
Royal Society impulsó en 2003 el informe Keeping Science Open,
el MIT ha
lanzado DSpace una plataforma open source para archivar eprints
documentos.
El gobierno holandés ha lanzado
DARE, la Universidad de California impulsa
el proyecto California Digital Library y el CERN ofrece CDSWare
otro sitio
basado en open source que puede actuar como servidor de
documentos.
Son muchas las iniciativas, pero sería injusto no mencionar la
primera: arXiv.org, promovida desde 1991 por Los Alamos National
Laboratory (a veces
llamada xxx, debido a que su servidor era xxx.lanl.gov) y desde
2001
trasladada a Cornell University. ArXiv recibe cada día unas
150.000 visitas
y cuenta con unos 260.000 textos de física, matemáticas y demás
especialidades afines. Otros depósitos parecidos son cogPrints
(ciencias
cognitivas, neurología, psicología, lingüística,...) y PubMed
Central
(medicina, biología). Es imposible concluir esta parte sin hacer
una pequeña
mención a los problemas asociados con las tecnologías necesarias
para
asegurar la creación y mantenimiento del archivo, como también
para
garantizar el acceso y/o la búsqueda de información libre en la
red.
Es difícil exagerar la
importancia de este aspecto y lógicamente son muchas las páginas
web dedicadas a facilitar desde el punto de vista del software
la
viabilidad global del proyecto open access. Entre ellas
citaremos GNUPrints
que proporciona herramientas open source para la publicación on-line,
los
buscadores ARC, Citebase y CrossRef, y el gestor de metadatos
METAe, además de la revista D-Lib dedicada enteramente a la
investigación sobre las
bibliotecas digitales.
Todo indica que el movimiento open access no es una moda
pasajera y que a
medio plazo será muy difícil justificar el hecho de que el
conocimiento,
pagado, producido y validado con recursos públicos, pueda acabar
siendo
propiedad de unas empresas que no sólo le niegan el acceso a los
ciudadanos, sino a los mismos científicos.
Hay otro aspecto que sólo hemos
tocado tangencialmente y que está implícito en toda la
discusión. Hablamos de la dimensión ética del asunto, pues nada
parece tan razonable como admitir que el conocimiento debería
ser patrimonio de todos, un bien común que legaremos a las
generaciones futuras de la misma forma en la que nosotros hemos
recibido las leyes de la gravitación de Newton, las de
circulación de la sangre de Harvey, la Teoría de la Relatividad
de Einstein, el principio de Arquímedes o el mapa del genoma
humano. Lo cierto es que con la llegada de las nuevas
tecnologías de la información los problemas han adquirido una
magnitud portentosa y las alarmas han saltado por todos los
rincones.
Negar el acceso a la información
científica a los ciudadanos, ya sea por su
condición de supuestos iletrados, ya sea porque su familia,
institución o
país no dispone de recursos suficientes, es una opción por
completo
inaceptable que retrasa el avance de la ciencia y cuestiona los
fundamentos
mismos de la democracia.
http://www.madrimasd.org/globalidi/analisis.asp?id
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