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Bolivia tras el referéndum de julio
por Erick R. Torrico V.
 Aunque
para muchos el referéndum celebrado en Bolivia el pasado 18 de julio ha
supuesto una victoria sobre la incertidumbre, la inestabilidad y los
radicalismos que afronta esta nación desde hace poco más de cuatro años,
en los hechos no representa más que una suerte de pausa durante la que
se producirán reacomodos de fuerzas y desplazamientos de escenarios.
Por una parte, los resultados de esa consulta ciudadana —así como el
clima de tranquilidad en que se desarrollaron las votaciones— pusieron
al descubierto la crisis de liderazgo de las dirigencias sindicales y
campesinas del occidente y centro del país empeñadas en recurrir hasta a
la violencia para evitar la realización del plebiscito e impedir el
diseño y aplicación de una política hidrocarburífera que continúe
beneficiando más a las corporaciones petroleras extranjeras que
controlan el negocio del gas que al Estado boliviano. Por otra, la
opinión mayoritaria en pro de que este recurso natural sea exportado no
sólo que está dando pie a nuevas y rápidas acciones gubernamentales
destinadas a aprovechar las oportunidades de mercado que ofrecen
Argentina hoy y México en el corto plazo, sino que ha fortalecido las
posiciones —radicales a su vez— de empresarios y dirigentes cívicos de
las regiones del oriente y el sur donde se encuentran las principales
reservas gasíferas y cuyo interés apremiante es vender esos recursos
para captar ingresos frescos.
Pero, además, el referéndum está siendo aprovechado por el oficialismo
como un mecanismo de legitimación de la imagen del presidente Carlos
Mesa Gisbert, quien recibió un significativo respaldo ciudadano tanto
con la asistencia a las urnas de poco más del 60% de los votantes
habilitados como con el triunfo de la opción "Sí" en las cinco preguntas
que conformaron el cuestionario.
No obstante, pese a que la Corte Nacional Electoral y el propio
presidente Mesa se ocuparon en sus campañas públicas de identificar ese
referendo con la inauguración de la democracia directa en Bolivia, la
ciudadanía no decidió efectivamente nada: todo se redujo a una
"autorización formal estadística" para que el gobierno, aparte de buscar
nuevos compradores de gas en el exterior, envíe al parlamento una
propuesta para sustituir la Ley de Hidrocarburos en actual vigencia, sin
que ello garantice que el contenido de ese reemplazo vaya a traducir la
voluntad colectiva de "recuperar la propiedad de los hidrocarburos para
el Estado" y de "refundar" la empresa estatal del petróleo (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB) para que participe "en toda la
cadena productiva de los hidrocarburos".
Y es precisamente esa la fuente de los nuevos conflictos que se avecinan
en esta materia, por cuanto el gobierno ya hizo conocer en abril pasado
(o sea, tres meses antes de consultar con la gente) un anteproyecto de
Ley de Hidrocarburos que ratifica los contratos establecidos con las
petroleras extranjeras desde 1995, obliga a YPFB a operar siempre en
asociación con las rechazadas corporaciones transnacionales y prevé la
aplicación de un nuevo régimen impositivo —que haría llegar las actuales
regalías del 18% hasta un 50%— sólo cuando dentro de 36 años hayan
fenecido los contratos vigentes, y porque el verdadero lugar de las
decisiones será el congreso nacional, ocupado mayoritariamente por
organizaciones partidarias que han sido descalificadas repetidas veces
por la población bajo acusación de falta de representación,
ineficiencia, corporativismo y corrupción.
En otras palabras, la demanda social resumida en "gas para los
bolivianos" y que en octubre de 2003 costó la vida de más de 80 civiles
y condujo a la caída del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
está en vías de retornar a su punto de inicio, con la diferencia de que
ahora los movimientos sociales pro nacionalización de los hidrocarburos
aparecen debilitados y el presidente —que no es lo mismo que el
gobierno— goza de una alta popularidad.
Por eso es que se puede afirmar que el referéndum solamente abrió un
intervalo que acabará en cuanto empiece la discusión congresal del
anteproyecto gubernamental ya citado o, quizá, de algún otro que sea
presentado por algún partido político.
Bolivia posee el 36,2% de las reservas de gas natural de América Latina
y figura entre los 20 principales países del mundo en este renglón,
hecho que no puede sino ser considerado estratégico pues de él, en gran
medida, dependerá el porvenir de esta nación en el corto y en el largo
plazos.
Todos los sectores políticos, económicos y sociales coinciden en el
reconocimiento de la significación histórica que tienen esas existencias
de gas, por cuanto constituyen una nueva —y tal vez la última—
oportunidad para que el país sea capaz de echar bases propias para su
desarrollo luego de las reiteradas frustraciones registradas durante su
vida republicana de 179 años. Sin embargo, las divergencias radican en
la manera de concebir ese potencial aprovechamiento y en las ideas de
desarrollo que esas visiones conllevan o, en otros casos, que comienzan
recién a incubarse.
La sociedad boliviana continúa tensionada. El gas está polarizando a los
sectores y a las regiones. Las oposiciones observables se expresan entre
estos polos ideológicos: Estado nacional/"Estado transnacional",
nacionalizadores/exportadores, occidente/oriente, sindicatos/partidos y
sindicatos/comités cívicos, a la vez que es probable que próximamente
vuelva la confrontación sociedad/gobierno(Estado), núcleo problemático
cuya resolución tendría que haber sido la principal misión del gobierno
de Mesa Gisbert para facilitar la transición hacia una democracia
renovada.
Así, la consulta del pasado 18 de julio no fue útil para destrabar la
compleja conflictividad nacional y sus resultados, sin duda,
contribuirán más bien a alimentarla con la presencia y actuación cada
vez más explícitas de los grandes intereses económicos y políticos,
propios y ajenos, vinculados a la cuestión del gas.
Pese a que la gestión del presidente Mesa ha recibido una importante
dosis de oxígeno ciudadano habrá que ver cómo se desenvuelven los
acontecimientos en los próximos meses, cuando se tendrá un regreso del
protagonismo partidario en el parlamento que, a la inversa de lo
sucedido en los últimos 18 años de "democracia pactada", puede llegar
inclusive a subordinar al ejecutivo a partir de la definición de la
nueva Ley de Hidrocarburos. Eso querría decir, asimismo, que el
legislativo se tomaría la revancha, pues desde el pasado octubre resultó
casi prescindible en una subsistencia gubernamental sui géneris, esto
es, que no sometió al parlamento ni requirió de su apoyo constante.
Y, por si fuera poco, aparte de este debate definitorio para la vida
nacional que incluirá la pugna por la opción portuaria de Perú o Chile
para las futuras exportaciones de gas a mercados mexicanos y quizá
estadounidenses, se aproximan las elecciones municipales de diciembre
—que podrían implicar ingratas sorpresas para los denominados "partidos
tradicionales", que se aferrarían con más fuerza a sus espacios y
posibilidades dentro del congreso— y también la realización de la
asamblea constituyente programada para el 2005 en que todas las cartas
imaginables tendrán posibilidad de ser echadas sobre la mesa.
Después del referendo, Bolivia todavía espera que lleguen las grandes
decisiones, confía en que la ciudadanía sí sea tomada en cuenta y aspira
a encontrar el camino hacia ese horizonte que se le ha negado de modo
recurrente. LA
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