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Política exterior de Brasil:
Su sucesor, Itamar Franco (1992-1995), con inclinación nacionalista, moderó el discurso y la práctica liberalizante del gobierno de Collor de Mello, al mismo tiempo en que trató de contener la inflación y estabilizar la moneda, mediante la ejecución del Plan Real. Fernando Henrique Cardoso, su sucesor, asumió la presidencia de la República en 1995, con la pretensión de revitalizar la agenda Brasil-Estados Unidos, “sin las incomprensiones del pasado”. Reconoció las divergencias que existían como “propias de los relacionamientos caracterizados por la amplitud de intereses recíprocos”1 y, a través del diálogo, procuró sobreponer a lo contencioso bilateral cotidiano una agenda más abrangente, incluyendo la “creciente democratización de las relaciones internacionales”. A lo largo de sus dos mandatos (1995-1999 y 1999-2003), procuró ajustar los objetivos de Brasil a los intereses de los Estados Unidos, o sea, al nuevo orden internacional unipolar, de modo de facilitarle la inserción, armoniosamente, en el proceso de globalización económica y permitirle la obtención de un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. La adhesión al TNP, al Régimen de control de Tecnología de Misiles (MTCR) y a otros tratados asimétricos y discriminatorios, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que consagraban la predominancia de los Estados Unidos y de las potencias ricas y nucleares, constituirían aspectos destacables de tal esfuerzo. Mientras tanto, la adopción de políticas económicas neoliberales, como consecuencia de la renegociación de la duda externa y de las condicionantes establecidas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, tales como reducción del Estado, a través de la privatización, desregulación y reforma institucional, así como la manutención de un régimen de tasas fijas o semi-fijas de cambio, en general, sobrevaluado, aumentaron enormemente la vulnerabilidad externa de Brasil, sobretodo a partir de 1999. La privatización, o mejor, la extranjerización de las empresas estatales, de los sectores de la telefonía y energía eléctrica entre otros, con la entrega de su control a los capitales extranjeros, fue uno de los aspectos más perversos de las políticas neoliberales, pues, al no contribuir en nada en el aumento de las divisas de exportación, estas empresas, desnacionalizadas, pasaron a presionar la balanza de pagos, agravando el desequilibrio, con la transferencia de lucros para sus matrices en el exterior. El déficit en la balanza de servicios saltó de U$S 15,3 billones, en 1990, cuando el proceso inflacionario se intensificaba en Brasil, para U$S 28,8 billones, en 1998, y el déficit en las transacciones corrientes saltó de U$S 3,7 billones a U$S 33,6 billones, en el mismo período2. Con un déficit comercial acumulado, entre 1995 y 1999, del orden de U$S 24,9 billones, después de años consecutivos de saldo positivo, Brasil se enfrentó a la necesidad de tener que captar, anualmente, cerca de U$S 40 billones a U$S 50 billones, en el mercado internacional, para atender los compromisos con el pago de intereses y transferencia de lucros, fletes y royalties, así como amortizar los préstamos y cerrar las cuentas externas. No obstante el fuerte apoyo dado a Brasil, directamente, por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuando se dio la crisis financiera de 1999, el proyecto del ALCA, tal como lo había pretendido Washington, continuó como el nervio más sensible de las divergencias entre Brasil y los Estados Unidos, en la medida en que los objetivos económicos, políticos y estratégicos de los dos países se contradecían, envueltos por el conflicto de intereses comerciales. El propósito del ALCA consistía en reavivar la Doctrina Monroe, en su dimensión económica y comercial, y permitir a los Estados Unidos no sólo restablecer su hegemonía sobre América Latina sino enfrentar a la Unión Europea, embrión del futuro Estado europeo (meta del Tratado de Maastricht) del cual Alemania, que ya incorporaba a su espacio económico a Rusia y los demás países del extinto Bloque Socialista, constituía el epicentro. Fernando Henrique Cardoso, después de la aprobación del Trade Promotion Authority (TPA), por parte de la Cámara de Representantes, a fines de 2001, afirmó que, “si las condicionantes se cumpliesen al pie de la letra, significa que no habrá ALCA”. Y agregó, enfáticamente, que “el ALCA será aceptado o no dependiendo de nuestro interés. Tiene que ser un toma y daca”. Fernando Henrique Cardoso mantuvo un buen relacionamiento directo con Bill Clinton, pero las divergencias con los Estados Unidos se explicitaron en varias otras cuestiones de política exterior, con respecto, sobre todo, a América del Sur, y a la posible intervención armada en Colombia, como pretexto de combatir la narcoguerrilla, así denominada porque los negocios de la droga se convirtieron en la más importante fuente de financiamiento de la insurgencia política4. Brasil prohibió la utilización de su territorio para cualquier operación militar en Colombia, por cuanto contrariaba los principios de no-intervención y auto-determinación, que pautaban tradicionalmente su política exterior. Y continuó sin aceptar que, bajo pretexto estratégico-militar o de combate al narcotráfico, los Estados Unidos extendiesen sus instalaciones militares a la Amazonía brasileña, cuya defensa siempre preocupó a las Fuerzas Armadas brasileñas, que pasaron a implementar la “estrategia de resistencia”, como hipótesis de guerra contra una potencia tecnológicamente superior. A partir de la ascensión de George W. Bush a la presidencia de los Estados Unidos, la política exterior de Brasil se presentó de veras contradictoria. El canciller Celso Lafer dimitió al embajador Samuel Pinheiro Guimarães, de la dirección del IPRI, porque criticaba al ALCA y, después, aceptó que los Estados Unidos destituyesen ilegalmente al embajador José Mauricio Bustani de la dirección de la OPAC. Estas iniciativas y actitudes subordinadas y serviles de Celso Lafer, que se configuró como el peor canciller en la historia de Itamaraty, no fueron consistentes con los incisivos y altivos pronunciamientos de Fernando Henrique Cardoso, que tal vez, para amortiguar la repercusión altamente negativa que tuvo la dimisión del embajador Samuel Pinheiro Gimarães, volvió a manifestarse, de manera más categórica sobre el ALCA. En un discurso en la III Cúpula de las Américas, en Quebec (22 de abril), declaró que el ALCA sería “bienvenido” si su creación fuese un paso para dar acceso a los mercados más dinámicos; si efectivamente fuese un camino para reglas compartidas sobre anti-dumping; si redujese las barreras no-arancelarias; si evitase la distorsión proteccionista de las buenas reglas sanitarias; si, al proteger la propiedad intelectual, promoviese, al mismo tiempo, la capacidad tecnológica de pueblos; y si fuese más allá de la Ronda Uruguaya, corrigiendo las asimetrías entonces cristalizadas, sobretodo en el área agrícola. “No siendo así, sería irrelevante o, en la peor de las hipótesis, indeseable” – concluyó5. Después de los atentados terroristas que destruyeron las torres gemelas del WTC y de parte del Pentágono, con más de 3.000 muertos, Fernando Henrique Cardoso, en la misma mañana del 11 de setiembre, telefoneó a Bush, a fin de prestarle solidaridad integral, y Celso Lafer tomó la iniciativa de convocar una reunión del Órgano de Consulta de la OEA, invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río de Janeiro, alegando que “la excepcional gravedad de los ataques y la discusión de sus desdoblamientos” justificaban el recurso al mecanismo de seguridad colectiva del hemisferio. Tres días después, declaró que Brasil podría participar de la guerra, si ocurriese, apoyando una acción militar de los Estados Unidos, siempre que el grupo terrorista que atacó las torres del World Trade Center y el Pentágono fuese identificado. Y, durante la XXIV Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos, el 21 de setiembre, afirmó que “las más de cinco décadas transcurridas desde la firma del TIAR5 no le quitan la validez”7. Su propósito declarado fue crear un “molde jurídico de cooperación, compatible con las resoluciones de la ONU”, con la “ventaja” de excluir a Brasil del compromiso de empleo de la fuerza armada en el tratamiento del terrorismo, delimitando jurídicamente la manifestación política de solidaridad8. Esta fue la explicación que también ofreció a Fernando Henrique Cardoso9. Sin embargo, la invocación del TIAR, cuyo Art. 3 indicaba que “un ataque armado por parte de cualquier Estado a un Estado americano será considerado un ataque contra todos los Estados americanos”, fue evidentemente disparatado. El ataque contra el World Trade Center y el Pentágono no partiría de ningún otro Estado nacional, como en Pearl Harbor (1941). Si bien podría considerarse como una acción bélica, no prevista en la normativa internacional de guerra, ella partió de un enemigo difuso, disperso, que recurrió al terrorismo, aún a costa del suicidio, porque no disponía de misiles y otras armas para atacar los Estados Unidos. La convocatoria del Órgano de Consulta de la OEA, agravada por la declaración de que el TIAR, instrumento de la Guerra Fría, no perdiera la validez, constituyó, por lo tanto, una tontería, sobre todo después que el presidente de Méjico, Vicente Fox, en reunión del Consejo Permanente de la OEA, anunciara el propósito de denunciarlo, diciendo que representaba no sólo un “caso grave de obsolescencia e inutilidad” , como la guerra de las Malvinas (1982) demostrara, “sino que ha impedido, en contra de sus propósitos, la generación de una idea de seguridad adecuada a los alcances y necesidades del hemisferio”10. Según explicara Fox, con mucha lucidez, la nueva arquitectura del sistema internacional, ponía en evidencia que este instrumento se tornaría “inservible, puesto que surgió de causas y realidades que han desaparecido” , y la vulnerabilidad de las naciones, en el nuevo sistema globalizado, ya no derivaba, primordialmente, de consideraciones militares, razón por la cual los instrumentos diseñados en el pasado y concebidos para otras condiciones fueron superados por los hechos. Era, por lo tanto, “indispensable reconocer el anacronismo del Tratado de Río, el cual surgió como una emergencia y de acuerdo a las condiciones de la época”11. Las actitudes de Celso Lafer concursaron, fuertemente, para consolidar la percepción de que la política exterior de Fernando Henrique Cardoso, así como la política económica, de manera general, constituyó un simple accesorio de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, en el mundo y, en especial, en América Latina. Y contribuyeron para desgastar aún más el prestigio del gobierno, al proyectar la imagen de subordinación a los designios de los Estados Unidos, en medio de una gestión turbulenta, como nunca hubo, la peor en la historia de Itamaraty. Y no se mostraron consistentes con los pronunciamientos de Fernando Henrique Cardoso, contrarios a la política exterior de George W. Bush, que se rehusara a ratificar el Protocolo de Kyoto – sobre la reducción de la emisión de gases-invernadero – bloqueara los esfuerzos internacionales para fortalecer la Biological Weapons Convention, denunciara el Tratado ABM (Anti-Balistic Missile Agreement), y retirara la adhesión de los Estados Unidos al tratado que creó la Corte Penal Internacional contra los crímenes de guerra, instituida en Haya por la ONU, más allá de intensificar presiones sobre otros países para dispensar a los ciudadanos americanos de su jurisdicción. Poco tiempo después de Lafer invocar el inepto Tratado de Río de Janeiro, de cara a los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, Fernando Henrique Cardoso, en un discurso en la Asamblea Nacional de Francia, se refirió a los Estados Unidos, al proclamar que “la barbarie no es solamente la cobardía del terrorismo, sino también la intolerancia o la imposición de políticas unilaterales en escala planetaria”12. Y, durante la visita al presidente George W. Bush, en Washington, destacó, diplomáticamente, que había, “from time to time, some difference” entre Brasil y Estados Unidos, y, recordando que en la víspera “the President (Bush) said to be American first”, completó: “Well, I would say the same, to be Brazil first. That’s normal. But then let’s see how to cooperate”13. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cualquiera que fuese su propósito de cooperar con los Estados Unidos, no podía dejar de atender y responder a los intereses concretos de Brasil – económicos, sociales y políticos – generados y modelados por el proceso productivo, que el Estado nacional, como instancia superior de organización y comando de la sociedad, debía articular y representar. Y el ALCA, en realidad, no convenía a Brasil, por varios aspectos. Un estudio divulgado el 2 de mayo de 2002 por la Secretaría de la Receita Federal demostró que los Estados Unidos, Méjico y Canadá serían los países más beneficiados con la formación del ALCA, cuyo comercio estaría concentrado en empresas multinacionales, que siempre distorsionaron los precios, la mayor parte de las veces, para transferir lucros o perjuicios de un país para otro. La Federación de Industrias de San Pablo (FIESP), por su parte, calculó que Brasil perdería U$S 1 billón por año en su comercio exterior, a partir del 1º de enero de 2006, fecha prevista para la implantación del ALCA14, dado que sus importaciones sobrepasarían los U$S 2.254 billones, mientras que las exportaciones solamente aumentarían cerca de U$S 1.252 billones, lo que agravaría su vulnerabilidad, con un creciente déficit en sus cuentas externas. También la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) concluyó que el ALCA traería más amenazas que oportunidades para Brasil, llevándolo a perder el mercado, dentro del hemisferio, para 176 productos exportados por sus empresas, principalmente en los sectores de manufactura, o sea, máquinas y equipamientos, automóviles, papel y celulosa y productos químicos, en virtud de la competencia de los Estados Unidos y Canadá15. Y otro estudio, realizado por los investigadores de la Universidad de Campinas, a pedido del Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, embajador Sergio Amaral, llegó a la misma conclusión de que la implantación del ALCA, por un lado, va a incrementar las importaciones de Brasil y, por otro, inhibir sus exportaciones para los países de América Latina, además de alejar las inversiones extranjeras, promover la “desindustrialización y desnacionalización” de la economía, ocasionando el aumento del desempleo y de la demanda por dólares, después de analizar 18 cadenas productivas – los sectores que producen 53,1% de la facturación industrial nacional, 57% de las exportaciones y 68,4% de las importaciones totales del país16. Brasil tendería a regredir la condición de país agro-exportador y productor de manufacturas livianas o bienes de consumo, una vez que el área de libre comercio provocase la destrucción de buena parte de su parque industrial, particularmente en los sectores más sofisticados, en que los Estados Unidos, sin duda, predominaban. No sin razón, Fernando Henrique Cardoso reconoció que era más fácil, “ideológica y políticamente”, negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea que con los Estados Unidos, para la formación del ALCA, pues presentaban menos riesgos para la soberanía de Brasil17.
La política exterior de Lula Tales críticas no impidieron que él, al visitar Washington, el 20 de junio de 203, declarase creer que las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos podrían “sorprender al mundo”. A pesar de que existían diferencias de posiciones y de percepciones, y de profundas divergencias también en el área comercial, difíciles de resolver, un buen relacionamiento entre Brasil y los Estados Unidos convenía tanto a Lula da Silva como a George W. Bush. Y los dos presidentes se empeñaron en evitar que estas divergencias en las negociaciones comerciales, tanto en la OMC como en el ALCA, contaminasen el resto de las relaciones bilaterales. Con todo, de la misma forma que Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, que buscaron establecer un buen relacionamiento entre los dos países, Lula da Silva no consiguió evitar las divergencias y fricciones, mientras mantuviese la política de estabilización económica y financiera, de acuerdo con el FMI, a fin de evitar la fuga de capitales y el retorno de la inflación. La contienda, sobretodo en torno del ALCA/Mercosur, recrudeció, agravada por otros litigios, en la medida en que los intereses nacionales de Brasil pasaron a prevalecer como vector de su política exterior, en contradicción con las pretensiones imperiales de los Estados Unidos, exacerbadas en la administración de George W. Bush. Y las negociaciones entre Brasil y los Estados Unidos llegaron a un impasse. El proyecto del ALCA iba mucho más allá del llamado libre comercio, en sentido estricto. Incluía aspectos normativos para servicios, inversiones, comparas gubernamentales y propiedad intelectual que incidían directamente sobre la capacidad reguladora de los países. Por otro lado, los Estados Unidos no se disponían a ofrecer libre acceso a su mercado, el mayor del hemisferio, para los productos en que Brasil presentaba ventajas comparativas (sobretodo, pero no sólo agrícolas), y excluían de las negociaciones aspectos de importancia prioritaria, como los subsidios agrícolas y las medidas anti-dumping22. Además del azúcar, la commodity más protegida en los Estados Unidos, dos de los productos brasileños más competitivos – acero y jugo de naranja – sufrían restricciones arancelarias y no-arancelarias, que tendían a proteger los fabricantes americanos e impedían el aumento de las exportaciones de Brasil. Y los Estados Unidos señalaron que no eliminarían los subsidios para estos productos hasta que el diferendo no fuese resuelto, en el ámbito de la OMC, con los países de la Unión Europea. Esto significaba como consecuencia del acuerdo entre Francia y Alemania, que, no habría ninguna alteración en su política agrícola hasta 2006 y que aquellos productos brasileños tampoco tendrían acceso preferencial al mercado americano, a través del ALCA. Los Estados Unidos igualmente se rehusaban a tratar la ley anti-dumping, que permitía al gobierno de Washington aplicar medidas de salvaguarda a productos que ellos considerasen que estaban siendo importados a precios subvaluados. La cláusula en este sentido constaba de las provisiones del NAFTA y Brasil no la aceptaba, en el ALCA, pues constituía una de las barreras no-arancelarias, levantadas frecuentemente por los Estados Unidos para proteger sus industrias ineficientes. El gobierno de Lula da Silva se opuso también a acuerdos que solamente resultarían en perjuicio para Brasil y no aceptó una reducción de tarifas, que tuviese como base el porcentaje aplicado, menor que el consolidado en la OMC, como hiciera el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. “En lugar de sumarnos a concepciones irreales de un ALCA, en torno de las cuales el consenso se supone inalcanzable, preferimos concentrarnos en el ‘ALCA posible’, que concilie de la manera más productiva los objetivos necesariamente diferenciados de los 34 países participantes” – escribió Celso Amorim23, aclarando que fue “a partir de este enfoque consistente y realista” que la declaración conjunta en la reunión de los presidentes Lula da Silva y George W. Bush, en Washington, expresó el entendimiento de que los dos países cooperarían para que las negociaciones fuesen concluidas, con éxito, en los plazos previamente acordados, los cuales, mientras tanto, no podían prevalecer sobre el contenido. Según Celso Amorim, el gobierno del presidente Lula da Silva no habría de adherir a acuerdos que fuesen incompatibles con los intereses brasileños, aunque tratase de explotar, soberanamente, todas las alternativas para la promoción del comercio y la aceleración del desarrollo nacional. Esta resistencia a aceptar acuerdos incompatibles con sus intereses nacionales, llevó a Brasil y Estados Unidos a una fricción, de profunda repercusión, en las negociaciones, durante la 5ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizada en Cancún (Méjico), el 14 de setiembre de 2003. Brasil coordinó la formación de un bloque llamado G-21, liderando, dentro de la OMC, a los países emergentes, como India, China, Méjico, África del Sur e Indonesia, que no estaban dispuestos a continuar con la agenda, que sólo interesaba a las potencias industriales, después de ya haber reducido tarifas de bienes manufacturados y adoptado reglas sobre patentes, sin que nada les fuese concedido en cuanto a la liberalización del comercio agrícola. Así, los delegados de 146 países no alcanzaron en Cancún ningún entendimiento con relación a los dos principales temas de la agenda, programados en las reuniones de Singapur (1996) y Doha (2001). Los Estados Unidos y la Unión Europea pretendieron obtener un acuerdo, reteniendo inversiones, competencia, compras gubernamentales y facilitación de los cambios en las reglas de comercio internacional, pero no quisieron discutir los subsidios que concedían, anualmente, a los productos agrícolas y perjudicaban las exportaciones de los países en desarrollo. “La diplomacia brasileña fue la gran vencedora de Cancún al impedir que el comercio agrícola prosiguiese dando cobertura a los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos, por efecto de maniobras diplomáticas de los países que detentan el mayor poder mundial” – comentó el profesor Amado Cervo, concluyendo que “el ministro Celso Amorim erigió una obra de genio de la ingeniería política”, al coordinar la formación del G-21 (o G-más, como él prefirió llamar), al grupo de países en desarrollo, reuniendo a China, India, África del Sur, Argentina, Méjico, Chile, prácticamente toda América Latina, Tailandia, Filipinas, Paquistán, Egipto y otros. Estos países, que representaban más del 55% de la población mundial24, casi el 69% de la producción agrícola y la mayoría de los pobres de todos los continentes, no aceptaron más la diferencia de tratamiento que se estableció cuando el GATT, a principios de la década del 50 en el siglo XX, aprobó un “waiver”, o sea, una excepción para la agricultura, a pedido de los Estados Unidos, y poco tiempo después juzgó como productos agrícolas o agribusiness, o sea, productos agroindustriales, tales como aceite y harina de soja, harina de trigo, aceite de oliva, etc., permitiendo que los Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y otras potencias industriales pudiesen concederles, anualmente, subsidios, en un valor superior a los U$S 300 billones, y exportarlos fuera de las normas de mercado25. Según información del Banco Mundial, el gobierno americano destinaba, anualmente, U$S 3 billones a las subvenciones para el plantío de algodón en los Estados Unidos. Y cerca de ¼ de los grandes empresarios rurales, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, recibieron, durante la década del 90’ del siglo XX, subsidios, que les posibilitaron producir mucho más cosechas que las necesarias para el consumo doméstico y vender el excedente, en el mercado mundial, a precios más bajos que los países en desarrollo de Asia, África y América Latina26. El impasse en la reunión de la OMC representó una derrota para la Unión Europea y, especialmente, un fiasco para los Estados Unidos, evidenciando las enormes dificultades que tendrían para avanzar en las negociaciones sobre el ALCA. El gobierno de George W. Bush intensificó entonces las presiones sobre los países sudamericanos, como Colombia, para que se alejasen de la posición de Brasil y del Mercosur, con vistas a la reunión sobre el ALCA, en Miami. Este comportamiento, el canciller Celso Amorim criticó con dureza, diciendo que era una “cosa muy lamentable, muy destructiva”, puesto que los Estados Unidos no estaban convenciendo a los países, que integraran el G-plus, liderado por Brasil, “sino haciendo amenazas”27. El embajador Adhemar Bahadian, encargado de las negociaciones por Itamaraty, previó, por su parte, que el ALCA podría no salir del papel28. De hecho, la turbulencia continuó agitando las negociaciones. La confrontación entre Brasil y los Estados Unidos, explicitado en Cancún, tornaría inevitable el colapso de la reunión de la Comisión de Negociación Comercial (CNC), la instancia técnica de las negociaciones sobre el ALCA, que se reunió entre el 1º y el 3 de octubre, en Port of Spain, capital de Trinidad & Tobago. Luego de intensas conversaciones, debido a la resistencia de Uruguay, Brasil, con el apoyo de Argentina y de los países del Mercosur, presentó una propuesta conjunta, a ser debatida en la reunión de los ministros, marcada para noviembre, en Miami. Esta propuesta colocó las negociaciones en “tres vías”, previendo el derribo de barreras comerciales para otros países en desarrollo en un plazo menor que el que se fijase para Canadá y Estados Unidos y dejando los temas sensibles, como normas de protección a inversiones y a la propiedad intelectual, así como la apertura de compras gubernamentales y servicios a los proveedores extranjeros, para ser negociados, por separado, por los países que quisiesen. Lo que acarreó el fracaso de la reunión fue, entonces, el mismo impasse que se diera en Cancún. Entretanto, por más que los gobiernos de Lula da Silva y George W. Bush se esforzasen para que las fricciones en el área comercial no repercutiesen sobre las relaciones bilaterales, las tensiones recrudecieron. El gobierno americano, en enero de 2004, instituyó el US-VISIT (United States Visitor and Inmigrant Status Indicator Technology) el programa que establecía el control total del ingreso de visitantes, por medio de fotografías y sistemas computarizados de reconocimiento de rostro y digitales, en los 115 puertos marítimos y aeropuertos de los Estados Unidos, de todos los extranjeros, oriundas de países que necesitasen de visa para entrar en los Estados Unidos. La medida, ejecutada por el Homeland Security Secretary, alcanzó a los visitantes de todos los países, inclusive Brasil, exceptuando sin embargo, apenas 27, la mayoría europeos. Como consecuencia, del juez de la 1º Vara Federal de Mato Grosso, Julier Sebastião da Silva, de Mato Grosso, acogió la Acción Cautelar Innominada, promovida por el procurador de la República, José Pedro Taques, concediendo una preliminar29, y determinó que la Policía Federal impusiese a los turistas americanos el mismo tratamiento a que serían sometidos los brasileños de viaje a los Estados Unidos. En su decisión, al asumir el argumento del procurador José Pedro Taques de que, “si ellos (los americanos) pueden suponer que todo extranjero es terrorista, nosotros también estamos autorizados para hacer lo mismo”, el juez Julier Sebastião da Silva, observando que, de acuerdo con la nueva determinación del gobierno americano, “personas de varias nacionalidades, consideradas desde ya terroristas en potencia”, deberían ser fotografiadas y tendrían sus impresiones digitales recogidas por las autoridades norteamericanas siempre que entrasen o dejasen los Estados Unidos, resaltó que, obviamente, los ciudadanos europeos y de otros países ricos no serían objeto del “acto ultrajante”, el cual sería reservado a los nacionales de países pobres de América Latina, África, Oriente Medio y Asia. Mientras tanto, una vez que en el derecho público internacional, se precavía del llamado principio de reciprocidad, de modo que las relaciones entre Estados no se realizasen de forma desigual, principalmente en lo que se refiere a la dignidad de la persona humana y de la protección y resguardo de los derechos humanos, el juez Julier Sebastião da Silva difirió el pedido de concesión de la medida preliminar y determinó a la Unión Federal, que hiciese gestiones junto a las autoridades norteamericanas en el sentido de que los brasileños fuesen excluidos de la exigencia que entraría en vigor el día 1º de enero de 2004 para la entrada y salida de los Estados Unidos de América. Mientras se mantuviese la restricción impuesta por las autoridades norteamericanas, la Policía Federal debía recoger las impresiones digitales de los nacionales de los Estados Unidos, en los puertos, aeropuertos y rutas, cuando entrasen en territorio brasileño, “so pena de serles negada la entrada debida”. La medida, dictaminada por el juez federal Juvelier Sebastião da Silva, afectó, naturalmente, el relacionamiento entre Brasil y los Estados Unidos, al generar un foco más de tensiones. La Embajada Americana, en Brasilia, emitió una nota, en la cual decía comprender el derecho soberano que Brasil tenía para determinar cuales son los requisitos de entrada al país, pero lamentaba la forma por la cual los nuevos procedimientos fueron iniciados, repentinamente, discriminando ciudadanos de los Estados Unidos, con un tratamiento excepcional que resultó en largos atrasos en el procesamiento, cuando algunos ciudadanos norteamericanos tuvieron que esperar más de nueve horas en su llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. El fracaso de los Estados Unidos en la tentativa de imponer sus intereses, tanto en Cancún como en Port of Spain, indicó, claramente, que el ALCA, según se proyectó en 1994, se frustraría. Y, de hecho, se frustró. A fin de evitar el impasse y otro fiasco, en la 8! Reunión Ministerial, realizada en Miami, los Estados Unidos hicieron concesiones y aceptaron un acuerdo, en torno del formato del ALCA, propuesto por Brasil (ALCA light y a la carte), y diseñado una semana antes, en una reunión previa, entre Robert B. Zoellick y Celso Amorim. Ni los Estados Unidos insistirían en los items rechazados por Brasil, tales como compras gubernamentales, servicios, etc., ni Brasil exigiría, como contrapartida, que fuese discutida la cuestión de los subsidios agrícolas y ley anti-dumping, que los Estados Unidos no querían. El acuerdo resultó de concesiones, basado en una concepción más flexible del ALCA, el ALCA Light, dividida en tres tramos, tal como Brasil pretendiera, restringida a los temas sobre los cuales había consenso y a un conjunto mínimo de obligaciones comunes, reglas básicas, en las 11 áreas en negociación, pero permitiendo que cada país hiciese acuerdos por separado, en las áreas que le conviniesen. Este entendimiento solamente se dio cuando el gobierno de los Estados Unidos, que percibía al canciller Celso Amorim como enemigo ideológico del ALCA, constató que la campaña contra Itamaraty, con el apoyo del lobby y de algunos órganos de los medios de prensa dentro de Brasil, no alcanzaría ningún resultado y que el fiasco de Cancún se podría reproducir en la 8ª Reunión Ministerial, en Miami, Florida, estado gobernado por Jeb, hermano de George W. Bush. El gobierno de Lula no pretendía confrontar con los Estados Unidos. Apenas trató de conducir las negociaciones sobre el ALCA de conformidad con los intereses de Brasil. Indagado por los periodistas Eurípedes Alcântara y Vilma Grysinski, de la revista Veja , sobre lo que Brasil aceptaría perder en el ALCA, el canciller Celso Amorim, rápidamente respondió: “No aceptamos perder la dignidad. No vamos a aceptar modelos que vienen prontos, todo tiene que ser negociado. Lo que sucedía antes era una falsa negociación. Las cosas iban viniendo y, como máximo, eran postergadas. La principal barrera, los subsidios, los Estados Unidos no los discutian”31. Explicó que los temas de naturaleza normativa y sistémica tenían que ser discutidos en la OMC, pues no tenía sentido establecer una regla de propiedad intelectual para los Estados Unidos y otra para la Unión Europea. Este principio era también válido para normas de inversiones y servicios. Y, en la cuestión de las compras gubernamentales, el interés de Brasil consistía, sobre todo, en preservar su capacidad de seguir con una política de desarrollo, como en el caso de Petrobrás, que priorizaba las industrias brasileñas en la adquisición de equipamientos para las plataformas de petróleo, lo que no podría seguir haciendo, si este sector fuese abierto a la competencia de las corporaciones americanas. Las industrias brasileñas de máquinas y equipamientos, principal factor de auto-transformación y auto-sustentación del capitalismo, serían, posiblemente, destruidas por las grandes corporaciones americanas, llevando a millares de trabajadores al desempleo. Al mismo tiempo en que resistía las fuertes presiones para que aceptase tales items en el ALCA, Brasil señaló una vez más la autonomía con que implementaba su política exterior. El 26 de setiembre de 2003, Lula da Silva visitó La Habana, donde firmó con Fidel Castro 12 instrumentos de cooperación en materia financiera, turismo, salud, agricultura, pesca, medio ambiente, educación e industria siderúrgica, y acuerdos comerciales, en el entorno de los U$S 20 millones, una parte con financiamiento aprobado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), otra con recursos privados de empresas brasileñas, tales como el Grupo Brasilinvest y la constructora Casa Forma (U$S 112 millones), para la construcción de cuatro resorts en Cuba. Entre el 2 y el 9 de diciembre, acompañado por el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Eduardo Duhalde, visitó cinco países árabes – Emiratos Árabes Unidos (EAU), Siria, Líbano, Egipto y Libia. Y, mostrando una vez más la intención de solidificar la integración con Argentina, en el Mercosur, visitó la India, el 26 de enero de 2004, acompañado por Eduardo Duhalde. La estrategia de política exterior del gobierno de Lula da Silva consistió, así, en construir, principalmente, vínculos estrechos de cooperación política y económica entre Brasil y Argentina, tendiendo a forjar, a mediano plazo, un polo de poder, en América del Sur, y buscar, al mismo tiempo, establecer una alianza, tanto económica y comercial como política, con la India y África del Sur, líderes de los países en vías de desarrollo, que articularon el G-21 para obstar que los de las potencias industriales, Estados Unidos y la Unión Europea, impusiesen sus intereses, durante las negociaciones de la OMC, realizadas en Cancún. Este bloque de países en desarrollo debería también abarcar también a China y Rusia, países con los cuales Brasil también pretendía profundizar las relaciones comerciales y políticas, a fin de conquistar nuevos y diversificar sus exportaciones. No se trataba de hostilizar o enfrentar a los Estados Unidos, sino de cambiar la “geografía de negociación comercial”, como dijo el canciller Celso Amorim, y negociar de forma equilibrada, defendiendo los intereses de Brasil32. La contienda entre Brasil y los Estados Unidos pasó, no de una posición ideológica del gobierno de Lula da Silva, sino de la contradicción entre los intereses reales de los dos países. Por motivos de política doméstica, los Estados Unidos no aceptaban disminuir el subsidio de los productos que exportaban para Brasil, y no daban compensaciones en acceso a mercados para productos agrícolas del Mercosur. Y su interés en la formación del ALCA no consistía en la reducción de las barreras arancelarias, sino en forzar básicamente la apertura de sectores estratégicos, como las compras gubernamentales y servicios, de modo que pudiesen continuar obteniendo superávits en sus transacciones con los países del Mercosur. Estos términos, a fin de evitar que se repitiesen en la reunión de Miami y liderando un grupo de 14 países, entre los cuales Canadá, Méjico, Chile y los de América Central y el Caribe (G-14), volvieron a insistir en un ALCA “abrangente”, con los items relativos a compras gubernamentales, inversiones, servicios y propiedad intelectual, sin que aceptasen eliminar los subsidios y subsidios indirectos a las exportaciones agrícolas – créditos y seguros – así como no propusieron nada para los otros temas que el Mercosur consideraba importante: créditos, seguros y ayuda interna. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Martín Redrado, advirtió que el éxito o fracaso de la reunión de Puebla dependía de la voluntad de negociación de los Estados Unidos, dado que el Mercosur ya había cedido bastante, mientras que los Estados Unidos no habían “movido una sola coma en su posición agrícola”33. Y, “sin agricultura no hay acuerdo” – dijeron Martín Redrado y el co-presidente de las negociaciones, el embajador brasileño Adhemar Bahadian, cuando mediaban las deliberaciones34. Esta era una condición inamovible. Ya lo advertiría el canciller Celso Amorim que, si los Estados Unidos quisiesen forzar demás, no irían a conseguir nada, ni con Brasil ni con otros países de América del Sur35. En efecto, la reunión de Puebla terminó en un fiasco, como la de Cancún, y las negociaciones sobre el ALCA llegaron a un impasse, difícil de superar hasta 2005, plazo para su clausura, establecida en 199436. Las tensiones en el relacionamiento de Brasilia con Washington no se restringirían, sin embargo, a las negociaciones sobre el ALCA o a la imposición a los turistas americanos del mismo tratamiento a que serían sometidos los brasileños en viaje a los Estados Unidos, con la vigencia del “US-VISIT” (United States Visitor and Inmigran Status Indicator Technology), o programa de identificación de los visitantes, por medio de fotografías y sistemas computarizados de reconocimiento de rostro y digitales, establecido por el gobierno de George W. Bush. La medida determinada por el juez federal Juvelier Sebastião da Silva causó un enorme impacto político y contó con el apoyo del 99% de la opinión pública brasileña. Y, a través de la Portería Interministerial 10/01, firmada por los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Márcio Thomaz Bastos y Celso Amorim, respectivamente, y por el abogado general de la Unión, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, el gobierno mantuvo la identificación de los americanos, en todos los puertos marítimos, aeropuertos y carreteras. En seguida, Lula da Silva viajó para participar de la Cúpula Extraordinaria de las Américas, los días 12 y 13 de enero, en Monterrey (Méjico), donde conversó con George W. Bush sobre la cuestión de la obligatoriedad de identificación (fotográfica y dactiloscópica) de brasileños y americanos, y le entregó un documento en que proponía la eliminación de la exigencia de visa para la entrada de brasileños en los Estados Unidos, lo que eliminaría una idéntica exigencia para el ingreso de los americanos en Brasil. “Si estamos queriendo la integración de las Américas es natural que no existan dificultades, sino facilidades para las personas” – comentó Celso Amorim. De hecho, la aplicación del programa “US-VISIT” evidenciaría la indecisión del gobierno americano, que instituiría el área de libre comercio, permitiendo la libre circulación de bienes, capitales y servicios, pero, al mismo tiempo, discriminaba a Brasil y los países de América Latina. En la misma época, otra área de conflicto con los Estados Unidos se configuró. Brasil iba a convertirse en el séptimo país productor de uranio enriquecido37, a escala industrial, con capacidad para suplir el 60% de las necesidades de sus usinas nucleares, y exportar hasta U$S 12,5 millones al año, a partir de 2014, según anunciara el presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), Oldair Dias Conçalves, en octubre de 200338. Y en diciembre de 2003, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), estimulada por el Departamento de Estado, comenzó a presionarlo para que firmase un acuerdo de salvaguarda, que cubriese las instalaciones de la empresa estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB), en Resende, Estado de Río de Janeiro. A comienzos del primer semestre de 2004, los Estados Unidos intensificaron las presiones para que Brasil adhiriese a un específico Protocolo Adicional al acuerdo de salvaguardas del TNP, dando a los inspectores de la AIEA mayor autoridad apra hacer verificaciones intrusivas en su programa nuclear. Este Protocolo Adicional, que estaba en negociación desde 1992, sería voluntario, pero la AIEA pretendió hacerlo impositivo e ir más allá de la práctica regular, que permitía la verificación de todos los aspectos del enriquecimiento de uranio, salvo su tecnología. Exigía también que Brasil suspendiese todos los programas de enriquecimiento o de reprocesamiento, que ya hubiese comenzado, y permitiese tantas inspecciones como fuesen arbitradas, no sólo en las instalaciones nucleares, sino en cualquier parte del territorio considerada sospechosa – o que incluía residencias particulares, si así fuese decidido, respondiendo a cualquier pregunta relacionada con la cuestión. De conformidad con la doctrina de George W. Bush, anunciada el 11 de febrero de 2004, los países que hasta entonces no producían uranio enriquecido no estarían autorizados a hacerlo. Sólo Brasil, mientras tanto, sería afectado y perjudicado con la adhesión al Protocolo Adicional, por cuanto era, entre los signatarios del TNP, el único país, con una industria nuclear capaz de producir uranio enriquecido. Este problema evidenció aún más el enorme error cometido por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, llevando a Brasil a aceptar el TNP, al cual India, Paquistán e Israel no adhirieron y las grandes potencias, notoriamente los Estados Unidos, iban a violar, no cumpliendo el programa de desarme y produciendo nuevas armas nucleares. Mientras tanto, la resistencia de Brasil ante las inspecciones pretendidas por la AIEA dio origen a intrigas, a través de algunos medios de comunicación, difundiéndose la sospecha de que estaría pretendiendo también fabricar armamentos nucleares. The Washington Post publicó un artículo, en el cual consideró que la actitud de Brasil, al no permitir que los inspectores de la AIEA examinasen las instalaciones nucleares en Resende, generaba la duda de que “a new type of nuclear race is underway, marked not by the bold pursuit of atomic weapons but by the quiet and lawful development of sophisticated technology for nuclear energy production, which can be quickly converted into a weapons program”39. El articulista, Peter Slevin, afirmó que el proyecto de Brasil creaba también un dilema para el presidente George W. Bush, que pasaría a exigir restricciones más rigurosas sobre el enriquecimiento de uranio, incluso para la producción de energía eléctrica, como parte de la nueva estrategia de impedir la proliferación de armamentos nucleares40. Por su parte, La Nación, de Buenos Aires, comentó en un editorial que la “inesperada noticia” de que Brasil no autorizaría los inspectores de la AIEA a inspeccionar la usina de enriquecimiento de Uranio, había generado “comprensible inquietud”41. Y al afirmar la existencia “temores en relación con las costosas centrífugas brasileñas”, inclusive, según algunos círculos, el peligro de que estas centrífugas pudiesen tener alguna conexión “con la actividad del doctor Abdul Qadeer Khan, a quien se imputa el haber vendido ilegalmente secretos científicos a Irán, Libia y – acaso – a Corea del Norte”, formuló varias preguntas, en las cuales se reveló la intención de generar desconfianza y sospecha. “¿Conoce la Argentina el programa al que no tendrá acceso la Agencia Internacional de Energía Atómica? ¿Tienen las autoridades argentinas información suficiente sobre las centrífugas brasileñas, con las salvaguardas de confidencialidad que son necesarias?42 Por detrás de esta campaña contra la actitud del gobierno de Lula da Silva había, seguramente, tanto un interés económico como, igualmente, político y militar-estratégico. Brasil, con la sexta mayor reserva mundial de uranio y tecnología propia, comercialmente competitiva, demostró que podía alcanzar la autonomía en la producción del combustible nuclear, fuente de energía de la mayor importancia, ante la perspectiva de agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, incluso en la primera mitad del siglo XXI, y no necesitaba más remitir el mineral bruto para convertirlo en gas en Canadá y, después, seguir para Europa, donde la Urenco lo enriquecía y lo devolvía en forma de gas para la utilización en las usinas Angra I y Angra II. Dejaría de ser exportador del mineral y pasaría a desempeñar un importante papel como global player, en el multi-millardario mercado de combustible nuclear, como virtual competidor de los Estados Unidos. El comando de la Marina, responsable por las ultra centrífugas para enriquecimiento de uranio, y las agencias brasileñas del sector advirtieron al gobierno de que por detrás de las presiones de la AIEA, tras las que se movía el Departamento de Estado, podría existir el objetivo de espionaje de la tecnología de punta desarrollada por Brasil y considerada superior a la americana y a la francesa. Y el vice-almirante Othon L.P. da Silva, en la reserva, indicó el motivo estratégico-militar que determinaba las presiones desencadenadas por los Estados Unidos43. Aclaró que los artefactos bélicos nucleares podían ser clasificados de dos formas: los de destrucción masiva y los inhibidores de concentración de fuerzas. Armas de destrucción masiva eran las de fusión (bombas de hidrógeno) y las de fisión de mayor porte. Las de baja potencia eran inhibidoras, pues cualquier operación militar para invasión u ocupación de un territorio implicaba la previa concentración de fuerzas. La existencia de artefactos nucleares de baja potencia en el territorio-blanco, con un vector adecuado de lanzamiento, funcionaría como poderoso inhibidor, y obviamente no le agradaban a los “países que tienen como opción política permanente la intervención militar – independientemente de la aprobación de la ONU”44. La existencia de una usina de enriquecimiento de uranio disminuyó el tiempo entre la denuncia de todos los acuerdos y tratados ya celebrados, y la eventual fabricación de artefactos, i.e., making nuclear weapon on short notice. Según el vice-almirante Othon L.P. da Silva, la intención del presidente George W. Bush de reiniciar tests nucleares y desarrollar una nueva generación de pequeños artefactos con el objetivo de usarlos de forma “cirúrgica”, incluso aún contra países no nucleares, era preocupante para el mundo. Y tales actitudes sumadas a agresiones, sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, como sucedió con Irak, constituían un fuerte estímulo a la proliferación nuclear, principalmente en los países islámicos con los cuales había potencial de confrontación. Diversos motivos tenía, por lo tanto, Brasil para no permitir el tipo de inspecciones que la AIEA pretendía. Y la perspectiva era de que la cuestión se reabriese en 2005, durante la conferencia de Examen del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares, posibilitando que Brasil denunciase que las cinco potencias nucleares (Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China) no iban a cumplir el “compromiso inequívoco” como la eliminación total de sus arsenales atómicos. Otros acontecimientos, mientras tanto, contribuyeron en alterar aún más las relaciones bilaterales entre Brasil y los Estados Unidos, para el cual el problema principal constituía la política exterior. El canciller, embajador Celso Amorim obtuvo otra victoria con la decisión de la OMC, en la cuestión de los subsidios a los productores de algodón, que causaban pérdidas comerciales a Brasil del orden de los U$S 480 millones. Durante la audiencia en la the House of Representatives Agriculture Committee, el 28 de abril de 2004, el USTR Robert Zoellick declaró que iría a recurrir la decisión, pero diversos diputados reconocieron que los Estados Unidos tendrían que desistir del ALCA, si el veredicto fuese mantenido, al fin de la disputa. El diputado Robert Etheridge (Demócrata, Carolina del Sur) advirtió que, si la decisión prevaleciese, sería “una pérdida de tiempo” llevar el ALCA para la votación en el Congreso. Y, comentando la decisión a favor de Brasil, el diputado Bob Goodlatte, presidente del Committee on Agriculture, resaltó que ganar acceso para los productos agrícolas de los Estados Unidos era “the most important objective of the ongoing WTO negotiations”45. Poco tiempo después, el 9 de mayo, The New York Times publicó un largo artículo, firmado por el periodista Larry Rohter, en el cual atribuía al presidente Lula da Silva la costumbre de beber, resaltando, ya en el título, que esta costumbre se convertía en preocupación nacional. El artículo, muy vago y sin ningún fundamento serio, liviano e infamante, afirmó que la “president’s predilection for strong drink” iba a afectar la performance de su gobierno46. Incluso acentuó que históricamente los brasileños tenían razón de estar preocupados ante cualquier señal de “heavy drinking by their presidents”, pues Jânio Quadros, electo en 1960, era un notorio alcohólico y renunciaría al cargo, después de menos de un año de su investidura, dando origen a un período de inestabilidad política que “led to a cup in 1964 and 20years of a harsh military dictatorship”47. Este artículo provocó la indignación del gobierno y la repulsa de todos los líderes políticos, incluso de la oposición, así como de la propia prensa brasileña, y el propio presidente Lula da Silva determinó la cancelación de la visa de trabajo de Rohter, implicando su expulsión de Brasil, medida ésta que recibió varias críticas en los medios políticos, aunque contase con el apoyo de la gran mayoría de la población brasileña. Como Dora Kramer, columnista política del Jornal do Brasil, observó, Rohter hizo “un relato con respecto de rumores que, ni por lejos, figuran en la lista de las principales preocupaciones nacionales con relación al gobierno Lula”48. Y exactamente por esto, debido a su falsedad, la publicación del artículo en The New York Times, menos de dos semanas después de la victoria de Brasil en la OMC, en conjugación con el artículo del Washington Post sobre la producción de uranio enriquecido en las instalaciones de la INB, en Resende, y otros hechos, robusteció la conjetura de que estaba en el curso de una campaña para desacreditar a Lula da Silva, mostrarlo como incompetente, y crear una situación de ingobernabilidad, de modo de permitir la adopción del parlamentarismo con un jefe de gobierno más maleable para Washington. La comparación con Jânio Quadros, además de descabellada49, fue capciosa, al insinuar que Brasil podía caminar hacia una situación similar a la creada, con su renuncia a la presidencia de la República, el 25 de agosto de 1961. Todo indicó que los artículos publicados en The Washington Post y por The New York Times, no fueron casuales ni eran inocentes. El ministro de Planeamiento, Guido Mantega, resaltó que cuando un diario, como The New York Times, pasaba a publicar este tipo de difamación, algo por detrás había. “Si fuera un diario de la prensa amarilla, que viviera de esto, todo bien. Pero lo que vemos es que con el artículo trataron de desgastar la imagen del presidente Lula”50. En su opinión, este intento de desgaste era orquestado por intereses norteamericanos, en virtud de que Lula da Silva había alentado la formación del G-20 (grupo de 20 países en desarrollo), combatía los subsidios agrícolas concedidos por los Estados Unidos e iba a dificultar la creación del ALCA. Círculos militares y diplomáticos igualmente sospecharon de que la CIA iba a desarrollar una guerra psicológica (media) , en el estilo de la grey y black propaganda, emprendida usualmente por la CIA51, y su razón constituía la política exterior de Brasil, que contrariaba los intereses de los Estados Unidos. Aunque mantuviese la política de estabilización monetaria, con más rigor aún que Fernando Henrique Cardoso, y promoviese dos reformas estructurales (de la seguridad social y tributaria), creando descontento en los segmentos más radicales del PT y de la izquierda, pero ganando el respeto y la simpatía del empresariado y de los inversores extranjeros, la política exterior del gobierno de Lula da Silva, al defender con firmeza, los intereses nacionales de Brasil, tanto en Cancún como en Port of Spain, entró en una ruta de colisión con las directrices de la política exterior de George W. Bush. No fue sin razón, por lo tanto, que la revista americana Newsweek, en la semana de la reunión de Miami, circuló con el retrato de Lula da Silva en la tapa y el título: “The Two Faces of Lula: Wall Street Loves Him. Washington Loathes Him”52. Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte Cardoso, Fernando
Henrique - “O Brasil e Clinton”, in Zero Hora, porto Alegre, 28.2.1993,
reproduzido in Ministério das Relações Exteriores - Política Externa em
tempos de Mudança - A Gestão do Ministro Fernando Henrique Cardoso no
Itamaraty, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 1994, p. 249. LA ONDA® DIGITAL |
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Luego
de un período de crecientes dificultades entre Brasil y Estados
Unidos, en el curso de las décadas de 1970 y 1980, Fernando
Collor de Melo (1990-1992), el primer presidente de la República
electo por voto directo desde 1960, prometió que su visita a
Washington, en 1991, marcaría el fin de una “fase amadorística
(sic) y romántica” en las relaciones de los dos países. Se
empeñó en vaciar lo contencioso, que había, e inició la
desregulación y liberalización de la economía, haciendo diversas
concesiones a los Estados Unidos, cediendo y concediendo, sin
exigir reciprocidad. 