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Argentina:
cambiar la lógica y el
costo social de la deuda
por el embajador Rubens Ricupero
 Son
dos las principales lecciones de la renegociación de la deuda argentina:
1ª) que es posible cambiar la lógica de la negociación; 2ª) que, de esta
manera, el costo del ajuste pasa a ser más equitativo, no recayendo sólo
sobre los pobres y vulnerables.
Si el gobierno de Buenos Aires saliese victorioso de esta lucha
desigual, será un precedente de valor inestimable para bien o para mal.
Para bien, con relación a los que tuvieron el coraje de seguirlo,
dispensando a sus poblaciones y economías del peso opresor de una
política injusta e insustentable. Para mal, porque los otros no podrán
esconderse más detrás de la disculpa de que no existe ninguna
alternativa viable.
La lógica de la negociación fue alterada porque se parte ahora del monto
que se puede pagar a los acreedores sin afectar el crecimiento, nivel
estimado en 3% del PBI. Sobre esta base es que se calcula cuál debería
ser la reducción del capital e intereses de la deuda y el
re-escalonamiento de los plazos. Al invertir la lógica, se invierte, al
mismo tiempo, la secuencia de objetivos: el fortalecimiento del
presupuesto y un eventual retorno al mercado internacional de capitales
serán las consecuencias, no las premisas del crecimiento sustentable, el
cual no debe ser abortado por restricciones prematuras.
Dentro de las medidas restrictivas a evitar, las más desastrosas serían
aumentar el superávit primario apenas para que los acreedores se
apropien del aumento y valorizar la moneda, para favorecer a estos
últimos. No es de admirar, por lo tanto, que ambas medidas sean
insistentemente reclamadas por los acreedores y sus gobiernos. Más
sorprendente aún es que el FMI también las abogue, motivado por el
exceso de optimismo acerca del vigor de la recuperación económica y de
la dudosa perspectiva de que persisten indefinidamente las condiciones
externas propicias.
Es verdad que impresionan los números anuales o semestrales de la
expansión. Mientras tanto, las cifras del segundo trimestre de 2004
parecerían indicar que el crecimiento ya habría alcanzado su pico,
aunque el gobierno atribuya el relativo estancamiento al obstáculo de la
energía y otras dificultades superadas posteriormente. El problema está,
por lo tanto, en renovar el impulso de la expansión económica,
utilizando el consumo interno para compensar la desaceleración del
estímulo proporcionado, al inicio de la recuperación, por las
exportaciones.
Lo que fortaleció la mano del FMI y de los acreedores fue no sólo el
crecimiento inesperado, luego de un colapso sin precedentes. Un factor
adicional ha sido el éxito en generar un saldo presupuestario primario
por encima de la meta del 3%. Aquí también las apariencias pueden
engañar, si no se considera la causa del éxito, provocado básicamente
por el desempeño exportador y la contención de los salarios del sector
público. En el primer caso, las tasas sobre la exportación, que eran
menores del 0,10% en 200-2001, saltaron al 14% en 2002 y al 18/ en 2003,
con un refuerzo adicional de las tasas sobre energía. Por su parte, los
salarios públicos (30% del total), sólo tuvieron un ajuste del 10%
contra el deterioro de casi el 50% en el índice de precios, situación
insustentable a largo plazo.
La cautela del gobierno se justifica por el análisis del comercio
exterior. La mejoría del sector se debe, principalmente, al aumento de
los precios de las exportaciones, mucho más que a las cantidades
embarcadas, más o menos las mismas desde el inicio de 2002, al tiempo
que las importaciones están creciendo. Ahora, las autoridades no ejercen
ningún control sobre los precios de las exportaciones, dependientes de
mercados externos que, en productos decisivos como la soja, están hoy en
baja.
Frente a estas incertidumbres, se comprende que Argentina no desee
anticipadamente asumir un compromiso, que se torne imposible de cumplir,
para aumentar el excedente primario. Los argentinos, acusados de
imprudencia y temeridad en el pasado reciente, aprendieron las lecciones
de la crisis, mientras los funcionarios de los organismos financieros
internacionales da la impresión de que no aprendieron nada y nada
olvidaron. Exigir, en tales condiciones, que Buenos Aires aumente el
saldo, a fin de pagar más a los acreedores, es como obligar a un
paciente recién salido del CTI a correr una maratón para, si gana,
entregarle el oro al patrocinador!
Más aún cuando el superávit es no solo incierto sino indispensable para
invertir en la solución de los estrangulamientos de energía,
infraestructura y, por encima de todo, en la recuperación del poder
adquisitivo de las principales víctimas de la crisis: los jubilados, los
desocupados, los asalariados del sector público. Esta es la prioridad
correcta del Presidente Kirchner y del Ministro Lavagna: reajustar los
salarios y compensaciones sociales para, de este modo, dar al
crecimiento una base más sólida del consumo y de la demanda internas, no
de aleatorios precios internacionales.
A pesar de esto, el gobierno ya mejoró significativamente la oferta
inicial a los acreedores, equivalente ahora a 25 centavos de cada dólar
debido. Como en el mercado secundario, la cotización de los títulos
argentinos oscila entre 30 y 40 centavos, no se está tan lejos de una
solución de mercado. Ir más allá sería inviable, según las autoridades,
porque el FMI resolvió hacer de la Argentina el conejillo de Indias de
una nueva experiencia: la de no prestar a países en default, a fin de no
estimular el llamado “riesgo moral”, que induciría a los acreedores a
creer que serán siempre salvados a último momento por la caballería del
Fondo. La consecuencia es que el país tiene que continuar pagando al
FMI, al Banco Mundial, al BID, habiendo ya desembolsado más de U$S 8
billones líquidos, desde 2002. Disponiendo de una sola bolsa de donde
salen todos los pagos, tanto a los organismos oficiales como a los
acreedores privados, el gobierno no puede privilegiar a los primeros sin
afectar a los últimos.
Lo que torna el ejemplo argentino importante para todos es que, por
primera vez, un país de peso busca, con competencia, utilizar su
condición de gran deudor para alterar las reglas del juego. El cambio se
basa en un principio de indiscutible equidad: si el FMI y los acreedores
comparten la responsabilidad de los errores que condujeron a la crisis,
deben igualmente participar de la redistribución de sus costos. Estos no
pueden recaer exclusivamente sobre el pueblo argentino, que ya viene
pagando un precio incalculable en vidas, sufrimientos y privaciones. Se
trata, por consiguiente, de una causa de doble justificación moral. Tal
aspecto, por encima de cualquier consideración de interés o cálculo,
basta para hacer de este buen combate la causa común de todos los que
creen en la posibilidad de reformar las relaciones financieras y
económicas en el sentido de la equidad y de la opción preferencial por
los más pobres.
Traducido para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte LA
ONDA®
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