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El presidente
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en la Facultad de Medicina y
se suma al debate universitario
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Pinza atroz tiene hoy la
la Universidad paralizada
Dr.
Edgardo Rubianes |
Pinza atroz tiene hoy la
Universidad paralizada
por el Dr. Edgardo Rubianes
La actual arquitectura institucional del
“sistema” de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido siendo
cuestionada desde diversos ámbitos, incluido el académico, por
presentar múltiples instancias no articulada entre sí y una
ubicación de escasa jerarquía en la estructura del Estado.
Durante el 2003 un programa de convergencia de científicos,
políticos y empresarios, el proyecto CIENTIS, avanzó en el
diagnostico y proyectó cambios para la previsible nueva etapa
nacional que se abriría en el 2005. Paralelamente, e impulsado
por la izquierda, en una comisión senatorial se avanzó en
acuerdo sobre un rediseño institucional. En las instancias
orgánicas de la Universidad la discusión esta aún en pañales y
cuando de ella surge alguna declaración, como la reciente de la
Asamblea General del Claustro, lamentablemente se confirma que
hace rato se perdió la capacidad propositiva para el cambio.
Luego del nefasto
período dictatorial, el apoyo a las actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) por parte de los distintos
gobiernos electos fue espasmódico, en respuesta a iniciativas
surgidas desde la comunicad científica y no como producto de una
política estatal consensuada. El parlamento fue aprobando
diferentes programas, fondos y modificaciones institucionales
parciales que en general permitieron potenciar el trabajo y las
líneas de acción de diversos núcleos científicos emergentes de
distintas reparticiones estatales intra y extrauniversitarias.
Como resultante de ese proceso se enmarañó aún más una
estructura institucional, ya de por si dispersa, conformándose
lo que podría denominarse un collage institucional más que un
sistema de CTI.
Resultaba por tanto muy plausible que en el parlamento,
particularmente en el seno de la novel Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, se plantease durante la pasada
legislatura y particularmente en el 2003, la búsqueda y
profundización de acuerdos para una nueva institucionalidad en
CTI. Diversos anteproyectos fueran presentados y en la primera
fila de ese proceso estuvieron varios legisladores frentistas.
El tema siempre ha hecho carne en la izquierda y la importancia
del mismo se la ha ido jerarquizando.
En paralelo a la discusión comisión parlamentaria e impulsado
por el senado Rubio, presidente de la misma, se fue dando el
proceso CIENTIS que se constituyó una importante fuente de
insumos de. Ideas y propuestas -con bastante grado de consenso-
para la elaboración programática que se procesaba en la
izquierda. Esto se reflejó en la adopción del “Uruguay
Innovador” como uno de los cinco ejes centrales del programa
electoral del FA-EP, en la enunciación programática que se hizo
en una jornada realizada en setiembre pasado y presidida por
Tabaré, en los materiales preelectorales difundidos masivamente
(1) y en el anuncio del 1 de Marzo realizado por el nuevo
presidente de crear un como forma de ilustrar al lector. En las
líneas siguientes expondremos nuestro punto de vista.
Las iniciativas parlamentarias tuvieron naturales repercusiones
en el ámbito
universitario. Más allá de que a la Universidad estatal le
compete constitucionalmente ser consultada al respecto, ella es
sin duda un actor central, clave, ineludible, en CTI en nuestro
país.
A fines del 2003, el Rectorado trasladó los proyectos que le
enviara la comisión del Senado, a la Asamblea General del
Claustro (AGC) para que emitiera opinión sobre los mismos. La
AGC estudió el tema durante un año y el pasado 23 de febrero
adoptó una resolución que si bien no ha tenido demasiada
trascendencia pública merece una particular atención por lo que
dice y por lo que significa como señal pública en estos
particulares momentos. Hasta aquí informamos del contexto en que
la resolución se adoptó como forma de ilustrar al lector. En las
líneas siguientes expondremos nuestro punto de vista.
Una maquina de triturar
Para algunos -quizás muchos-, de los que estamos involucrados
desde hace años con la ciencia y la tecnología en y desde la
Universidad, la resolución del AGC es por demás frustrante Era
muy predecible que surgieran críticas a los proyectos
presentados. Muchas de ellas acertadas, a las que podríamos
interpretar como una contribución para mejorar las propuestas,
sintetizarlas y/o reformularlas. Era previsible también, que
surgiera con razonable intensidad otro tipo de resquemores
respecto a algunos cambios propuestos. La Universidad uruguaya
ha tenido a lo largo de su historia una particular, llamémosle,
“sensibilidad” sobre los procesos de discusión que la implican.
Bastante justificada en cierta época, pues previo a la dictadura
fue muchas veces atacada injustamente y además, ninguneada
financieramente. Por otra parte debemos tener en cuenta que
cualquier cambio institucional cuestiona implícitamente
equilibrios y cuotas de poder tanto al interior de la
institución como en su relación con el resto de los actores.
El temor al cambio sería por tanto “razonablemente natural” para
la institución por más que se embandere como un propulsor del
espacios de poder y no tiene nada que ver con un el país. Eso se
dice a una semana de la sunción del nuevo gobierno y luego de
año de m mismo.
Pero luego de vivenciar durante los últimos 20 años la vida
autónoma y cogobernada universitaria, va quedando en evidencia
cada vez más que la reivindicación de esa “sensibilidad”
representa hoy, en la mayor parte de los casos, una actitud de
defensa corporativa o grupal de espacios de poder y no tiene
nada que ver con un mejor cumplimiento de los fines de la
institución.
En la declaración, luego de dos muy breves numerales donde se
manifiesta el beneplácito por la voluntad parlamentaria de
legislar sobre CTI y de señalar que la “mayor virtud” de los
proyectos ha sido promover la consideración del tema, la
resolución se despacha con el numeral que cuestiona en forma por
demás dura y reiterativa, las tres iniciativas consideradas. En
todo el documento no se realiza ni una propuesta alternativa.
No se aporta nada para la construcción. Se sostiene, en su
cuarto, último y también breve numeral, que es la intención del
órgano “elaborar un documento con los puntos” que debiera
incluir una nueva normativa sobre todo en “momentos de cambios
trascendentes” en la vida del país. Eso se dice a una semana de
la asunción del nuevo gobierno y luego de un año de trabajo.
Son muchos los aspectos refutables pero la cortedad de análisis
del documento aprobado por el AGC queda de manifiesto de modo
sublime en a consideración expresada en el numeral tercero y
reiteradamente subrayada- de que todas las ropuestas incurrirían
“en una eventual inconstitucionalidad en tanto no respetan la
especialización del ente autónomo Universidad pues coloca bajo
dependencia de otros organismos públicos cometidos principales
de investigación científica”. Se esta sosteniendo que la
investigación científica pública solo podría realizarse en la
Universidad y que adjudicar por tanto esa tarea también a otro
ámbito público sería inconstitucional. Un mayúsculo dislate
teórico. Que por otra parte ni siquiera expresa la realidad
actual. No es real pues una cosa es que hoy por hoy en la
Universidad se desarrolle la mayor parte de la investigación del
país y que en ella se encuentre el grueso de los mejores
investigadores nacionales y otra cosa diferente es negar que
existan otras instituciones públicas que realizan y tienen como
función -central o exclusiva- la investigación. Citemos dos muy
conocidas, el Instituto Clemente Estable o el INIA. Y no estamos
hablando de instituciones menores.
En el INIA el número de investigadores con dedicación completa
es casi el doble del que poseen sumadas las Facultades de
Agronomía y Veterinaria y su presupuesto anual es varias veces
superior al de dichas Facultades. No es real, tampoco sería
deseable –más aún sería peligroso- que la Universidad estatal –y
única además- tuviese el monopolio de la investigación.
Un modelo con esas características no se aplica en ningún país
del mundo. La tendencia al anquilosamiento burocrático que ello
conllevaría seria catastrófico. De lo que se trata precisamente
es de oxigenar el sistema y no guetizarlo.
Contradictoriamente, el concepto reiterado en el tercer numeral
entra en colisión con lo expresado en el primero. Si la AGC se
congratula que los parlamentarios quieran legislar sobre CTI
pero señala al mismo que toda adjudicación de tarea de
investigación bajo dependencia o dirección de otro organismo
público que es inconstituciones. ¿ Qué espacio para legislar
sobre el tema le dejan a los parlamentarios?
Leyendo la declaración, uno siente como si la AGC se ubiese
instalado en el Olimpo y desde allí con la sabiduría -y la
soberbia- de los dioses les enmendara la plana punto por punto y
hasta “en la redacción” a los legisladores promotores de
los distintos proyectos. No parece coherente que si para la AGC
la mayor virtud de la iniciativa parlamentaria haya sido “
promover la consideración del tema, e inducir a la Universidad a
entrar en diálogo fecundo se apruebe una resolución que en ese
perfil demoledor y para nada propositivo.
Si ya bastante devaluado ha venido quedando ese órgano
universitario en los últimos tiempos, con esta resolución ha
demostrado su incapacidad de constituirse en un ámbito de
construcción de algo. Ni en épocas de conservadurismo gobernante
y por lo visto menos aún, en épocas en que el cambio largamente
proclamado y esperado comienza a ser posible.
Que la sociedad nos atraviese
Ahora bien, cabe preguntarse porqué existiendo un conjunto
importante de universitarios que son críticos frente a la
realidad de la institución – como nos consta- y que están
presentes también en ámbitos de conducción, terminan
predominando las declaraciones de este estilo que lo único que
hacen es continuar devaluándola.
Pensamos, que al temor al cambio que ciertos sectores
universitarios tienen, se le suma la incapacidad de otros de
poder desembarazarse de una retórica perimida. Esa pinza atroz
tiene hoy a la Universidad paralizada e incapaz de responder a
las demandas de este tiempo. Y para peor cada vez son más los
que no creen que se
pueda cambiar esa realidad desde adentro.
Como en otros sectores de nuestra sociedad es esencial que la
efervescencia popular que estalló el 31 de octubre atraviese los
muros universitarios. Que nos atraviese, nos demande, nos
cuestione. Que nos cambie. Que no se atemorice
frente a los doctos. Que no acepte que nos escudemos en la
autonomía. Que nos pinche la burbuja.
Sería muy bueno que el cambio llegara también y de una vez hasta
la Universidad estatal. Hasta nuestra Universidad.
Es vital que la sociedad nos atraviese. Y que muchos
universitarios facilitemos el proceso.
1) SISTEMA POLÍTICO, CIENCIA E INNOVACION.
EL PROYECTO CIENTIS
El proyecto CIENTIS (Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad)
fue una iniciativa del senador Enrique Rubio cuando presidía la
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Fue auspiciado por
la fundación FESUR, tuvo como objetivo elaborar un programa de
desarrollo en esa área y se concretó entre los meses de mayo y
noviembre de 2003. Se
efectuaron una serie de seminarios de participación abierta con
más de dos docenas
de expositores. También se organizaron encuentros de grupos
específicos y un foro
electrónico. De estas actividades participaron unos 300
investigadores, empresarios,
autoridades universitarios e invitados de la región y se
constituyó por lejos en la instancia
de intercambio y proposición sobre política de Ciencia y
Tecnología más importante que hubo en el país en años. La activa
participación, entre otros, de los recientemente designados
presidentes de Antel, Ing. Maria Simón, y de ANCAP, Ing. Daniel
Martínez, así como del candidato a la IMM, y ex decano de
Ciencias, Ricardo Ehrlich, son ejemplos de ello.
En el documento final de síntesis, luego de un preciso
diagnostico, se realizan aportes para una política de Ciencia y
Tecnología. Se entiende que para ello se requiere en primer
lugar una nueva arquitectura institucional ya que “la políticas
de innovación deben cortar transversalmente a todos los
ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y
gobiernos departamentales” y se sugiere la creación de una
“unidad institucional o agencia a nivel de la Presidencia para
el diseño, la ejecución de políti as proactivas y la
ccoordinación de las ins ituciones o t dependencias estatales,
paraestatales y privadas de Ciencia y Tecnología”.
2) El PROGRAMA PROGRESISTA DEL 2004
En el material del FA-EP difundido en la campaña electoral
respecto al Uruguay Innovador se propugna en s primer punto la
construcción de “u u n diseño institucional favorable a la
innovación” qu e comprenda: “políticas proactivas y de
coordinación entre las instituciones públicas y privadas en el
marco de un Sistema Nacional de Innovación que integre a
sectores de la producción, a los portadores del conocimiento
moderno y a otros múltiples
actores locales” así como la articulación entre “todos los
ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y
gobiernos departamentales”, entre “lo público y lo privado, la
academia, el estado y la sociedad” respetándose la “autonomía
universitaria y de los organismos de la educación”.
Luego se postula la definición de “ un Plan Estratégico de
Innovación” jerarquizándose algunas áreas y sectores y se
propone un conjunto de medidas entre ellas “la promoción de
instrumento a más de articulación y sinergias entre los centros
de investigación científico-tecnológicos y las empresas privadas
y sociales”.
LA
ONDA®
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