José Pedro Barrán:
El Senador Julio María Sanguinetti, hace una argumentación sobre los riesgos de la historia contemporánea, que comparto

La Comisión de Educación y Cultura del senado -que preside la
Senadora Margarita Percovich-   recibió a las autoridades del CODICEN, su Presidente, doctor Luis Yarzábal, a su Vicepresidente, profesor José Pedro Barrán, y a los Consejeros, profesora Lilián D’Elía y maestro Héctor Florit. Lo que sigue son las intervenciones tanto de las autoridades de la enseñanza, como de los senadores Dr. Julio Maria Sanguinetti, Lorie y Gustavo Penades.

Nos sentimos comprometidos
con un cuerpo de principio:
laicidad, obligatoriedad, autonomía, participación y democracia
por Luis Yarzábal

Me toca la enorme responsabilidad de ejercer en este período la Dirección Nacional de Educación Pública en la Presidencia del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública por lo que, en nombre de los Consejeros integrantes del CODICEN y de las demás autoridades de la ANEP, quiero agradecerles la deferencia con que nos han atendido. Desde ya, junto con los Consejeros, nos ponemos a su disposición para conducir este diálogo tan conveniente a los intereses de la Administración y del país.

Como anuncié al señor Presidente en conversaciones previas, vamos a tratar de presentar a la consideración de la Comisión algunos aspectos de las principales líneas de la política que nos proponemos impulsar durante este período.

Vamos a dividir esta presentación muy general, primero, en algunos comentarios sobre las líneas rectoras fundamentales que consideramos que la ANEP debería llevar adelante; una segunda parte con los grandes fines que creemos deben orientar a la educación pública durante el quinquenio; una tercera, que muestra nuestras intenciones con relación a la construcción colectiva de un sistema nacional de educación; en la cuarta parte analizaríamos nuestra visión sobre dos proyectos que creemos conveniente reorientar y reincorporar al sistema educativo nacional; una quinta parte relacionada con los recursos requeridos por el sistema educativo; la sexta vinculada a aspectos relativos al personal, y una parte final con algunos comentarios sobre nuestra concepción con respecto a la futura ley de educación.

Entendemos que, en materia educativa, el presente es un momento muy particular, que queremos llamar de transición, por cuanto nos vemos obligados a ir mejorando la educación a partir de su estado actual, en circunstancias en que existe un enorme reclamo social de cambios. Hoy nos estamos moviendo en el marco de una ley, sabiendo todos que el Parlamento está llamado a sancionar otra.

El país ha pasado, en los últimos años, del modelo educativo de la dictadura al de la posdictadura y ahora ha de transitar hacia otro, propio de una sociedad que ha optado por un cambio en una línea de desarrollo social sostenido y de mayor equidad social. Esta transición no debería, a nuestro entender, ocasionar incertidumbres ni traumatismos.

Es cierto que la educación es una de las funciones de la sociedad por la que se interesa un mayor número de ciudadanos y ello se traduce en encuentros y desencuentros, por no mencionar situaciones de natural confrontación que, en nuestro caso, resultan agravadas por la adopción, en el pasado, de medidas que no siempre contaron con el deseable consenso. La ANEP ha iniciado sus tareas con algunos expedientes pendientes que claman por un arbitraje que supere y evite una cierta crispación, propia de conceptos e intereses dispares, lo que no conviene, a nuestro juicio, al buen clima en que deben ejecutarse los programas educacionales.

Estamos abordando, pues, no solamente las tareas propias de la marcha regular del servicio educativo, sino otras derivadas de la urgente necesidad de reorientar criterios, estructuras y prácticas de gestión. Nos hemos propuesto hacerlo con serenidad, ecuanimidad y diálogo, velando ante todo por aquello que es primordial, o sea, la defensa y el progreso de la educación pública.

En este espíritu de transición no traumática, ciertas medidas, algunas de ellas importantes, ya han sido adoptadas por los distintos Consejos constitutivos de la ANEP. En otros casos, aun teniendo claros los principios rectores de nuestra labor, estamos en la etapa de estudio para poder materializarlo cuanto antes en medidas concretas.

Nos complace, entonces, estar a disposición de las señoras y señores Senadores miembros de esta Comisión para exponer esas grandes líneas y estamos seguros de que nuestro diálogo será sumamente positivo en esta etapa que para nosotros es, fundamentalmente, de reflexión. No podemos aspirar a incluir en este contacto inicial todos los aspectos que abarca el que hacer educativo por lo que expondremos los que hemos seleccionado como más relevantes, y en el diálogo subsiguiente procuraremos responder a las inquietudes que nos planteen los señores miembros de la Comisión.

Al abordar las líneas rectoras fundamentales de la política educativa que nos proponemos implementar, consideramos, como todo el mundo, que la educación es un derecho fundamental de toda persona. Conforme a la ley, ésta se ha de ejercer con carácter obligatorio en ciertos tramos de edad, con oportunidades abiertas a toda persona que lo considere necesario. La expresión tan en boga de "educación para todos a lo largo de toda la vida" a nuestro juicio es más que un feliz eslogan; es, fundamentalmente, un compromiso de enorme significación para el trabajo de la ANEP y un compromiso de muy difícil cumplimiento para cualquier país del mundo, pero que deseamos retener para avanzar cuanto podamos en su satisfacción.

Nos sentimos igualmente comprometidos con un cuerpo de principios de honrosa trayectoria en la educación nacional: gratuidad, laicidad, obligatoriedad, autonomía, participación y democracia. Ellos habrán de constituir las bases de una definida política de Estado en materia de educación.

Por gratuidad, principio estipulado con la amplitud conocida en el artículo 71 de la Constitución, entendemos mucho más que la exoneración de gastos de matrícula. Niños y adolescentes tienen derecho a recibir del sistema educativo y, en ciertos aspectos, del sistema social, todos aquellos medios requeridos para culminar con éxito su proceso de aprendizaje. La ANEP incluirá en su proyecto de Presupuesto para el quinquenio las partidas necesarias para ampliar la dotación de alimento, vestido y calzado, útiles escolares, textos de estudio, atención sanitaria y otros que ayuden a garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en beneficio de los menos favorecidos. Al gran incremento de las situaciones de pobreza habrá de corresponder el incremento de la capacidad de la ANEP de contribuir a neutralizarlas, por lo menos en los aspectos que están bajo su responsabilidad directa. No deseamos que este concepto de gratuidad sea confundido con la mera asistencia. En todas estas acciones el objetivo no es sólo proteger a niños y adolescentes, sino sobre todo educarlos. A vía de ejemplo, un programa de alimentación puede ser el ámbito adecuado no sólo -para ser más realistas- para los aprendizajes infantiles, sino para movilizar en la comunidad –siempre con propósitos educativos- su indiscutible potencial de solidaridad. Sobre esto el país tiene muy exitosas experiencias.

En cuanto a la laicidad en la educación, debería ser entendida como educación en pro de la libre formación de la personalidad del educando y del respeto irrestricto de su conciencia. El carácter aconfesional que el artículo 5º de la Constitución confiere al Estado, obliga a éste a aplicar en todo el sistema de educación pública el principio de laicidad de modo de garantizar, como se ha dicho, que los educandos se formen en plena libertad de conciencia, tanto en el aspecto religioso como en el político partidario. Ello no debe dejar ninguna posibilidad abierta a la prédica, en los centros educativos, de cualquier forma de adoctrinamiento, ni tampoco de ateísmo ni estímulo al apartamiento del futuro ciudadano de sus deberes y derechos políticos. Preconizamos la neutralidad religiosa y político partidaria, pero a la vez creemos que los educandos, según su nivel de madurez, han de recibir como parte del currículo normal, información objetiva sobre la presencia del hecho religioso en el pensamiento, en la historia y en el arte de los pueblos, así como sobre las grandes corrientes de ayer y de hoy, inspiradas e inspiradoras de la vida política de nuestro pueblo y de la humanidad en general.
El principio de obligatoriedad también nos viene de la Constitución para los niveles educativos que aquélla prescribe en su artículo 70. Nos queda aún un trecho muy grande por recorrer para lograr la plena vigencia de este principio, en general condicionado por situaciones sociales adversas. Nos esforzaremos por mantener las elevadas tasas, tanto de ingresos como de egresos, logradas en la enseñanza primaria que son, prácticamente, universales.

En cuanto al Ciclo Básico de la Enseñanza Media, también de carácter obligatorio, los adolescentes que lo han completado rondan el 60%. El sistema educativo habrá de acoger, en el menor plazo posible, ese 40% hoy ausente de las aulas, expansión legalmente obligada que requiere la cooperación de las familias, el incremento del personal docente, el aumento de los locales y de otros recursos pedagógicos. En esta línea de expansión, creemos que habremos de prestar una elevada prioridad a los aportes que el sistema educativo debe realizar al desarrollo tecnológico y productivo del país.

El principio de autonomía también mencionado tiene su sustento jurídico en el artículo 202 de la Constitución y en los artículos 5º y siguientes de la Ley Nº 15.739 de 1985, en parte enmendados por la Ley Nº 16.115 de 1990. A nuestro juicio, es deseable que la futura ley de educación consolide la vigencia de este principio tan caro a los educadores y a otros miembros de la comunidad educativa del país desde los inicios del siglo pasado. Quienes componemos los diferentes Consejos de la ANEP, reconocemos la responsabilidad que significa ser depositarios y garantes de esa autonomía, y continuaremos actuando en este y en otros
aspectos ya mencionados conforme al mandato constitucional.

En lo que hace al principio de participación, tenemos la convicción de que en las tres últimas décadas no fue objeto de la consideración que convenía al interés público. Tras el gobierno de facto, totalmente adverso a su aplicación, la Ley de 1985 dispuso, en su artículo 19, el establecimiento de las asambleas de docentes de los institutos, liceos y escuelas de su dependencia, así como las asambleas nacionales de docentes de cada Consejo Desconcentrado, las cuales, según establece la ley, tendrán derecho de iniciativa y función consultiva en los problemas técnico pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general. Este mandato de la ley traducía el reconocimiento del derecho de los docentes a hacerse oír en los temas inherentes al ejercicio de su profesión, derecho que por otra parte está repetidamente señalado por los organismos internacionales competentes; a la vez, ponía en evidencia la confianza del legislador en las elevadas competencias profesionales de nuestro cuerpo docente.

Lamentablemente, los educadores, así como el cuerpo de inspectores, trabajaron en las dos últimas décadas con el sentimiento de que sus deliberaciones y propuestas no eran tomadas en cuenta por las autoridades de la enseñanza, situación que la actual ANEP está revirtiendo, llamando a los representantes electos de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) a prestar su asesoría al organismo. Nos proponemos seguir en esta línea y abrir otras que permitan a la comunidad educativa en su conjunto y no sólo a los docentes, expresar sus opiniones sobre la marcha de la educación nacional. Es de desear que la futura ley de educación consolide esta tendencia y la refleje también en los procedimientos a seguir en la composición de los órganos rectores de la educación pública. El fin, no por mencionarlo en términos de esta relación de principios es el menos importante, sino todo lo contrario. Consideramos que la educación en su conjunto debe ser fiel al principio de la democracia. La historia universal está llena de episodios, todos ellos muy dolorosos, en los que la educación ha sido situada como vehículo de dogmatización, de discriminación, de transmisión de odiosos patrones de conducta y de sojuzgamiento del pensamiento libre. De hecho, muchas veces se ha llamado educación a lo que no era más que contraeducación o antieducación.

Afortunadamente nuestras leyes y valores más compartidos son los de la democracia como forma de organización política y también como espíritu rector del relacionamiento y del actuar ciudadano. De modo que los órganos rectores fomentaremos que la enseñanza y los centros bajo su dependencia sean democráticos en su organización, en sus métodos, en sus relaciones internas y con la sociedad entera, sobre todo en el contenido de sus enseñanzas. Se dará así a educadores y educandos no sólo la posibilidad de aprender democracia, sino de construirla, de vivir en ella, de contribuir, con espíritu a la vez crítico y creador, a su consolidación. Deseamos que todo egresado del sistema educativo nacional sepa vivir en democracia, conscientemente convencido de que su defensa y perfeccionamiento es cosa de todos y de todos los días.

Sobre la base de esos principios, los grandes fines que durante el quinquenio quisiéramos que orienten la educación nos guiarían en esta actividad que pensamos desarrollar. No sería oportuno entrar en excesivos detalles, pero toda labor educativa, desde la que se cumple en los organismos gubernamentales hasta la que tiene lugar en la soledad de una pequeña escuela rural, ha de estar orientada por el enunciado explícito de sus finalidades, y aunque corresponderá a la futura ley enumerarlas para el mediano y largo plazo, nos permitiremos pasar revista a aquellos fines que, a nuestro juicio, han de inspirar la labor del primer tramo de este período de gobierno.

No nos cabe ninguna duda de que la finalidad fundamental de los procesos educativos es la de contribuir al desarrollo personal del educando. Esta afirmación es particularmente aplicable a la educación general o básica, que corresponde a la adquisición, por parte del educando, de un conjunto importante de conocimientos y destrezas, de hábitos y valores contribuyentes a la constitución de su personalidad y de su identidad personal. Ahora bien; si como hemos dicho, la educación es ante todo un derecho, los educandos tienen derecho a participar en procesos que contribuyan a que cada uno de ellos sea él mismo. Aprender a ser es un derecho y ayudar a ser es, para nosotros y el cuerpo docente, una obligación fundamentalmente ética. Naturalmente esto tiene que ver con el concepto de calidad de la educación.

Un fin complementario de lo anterior es el de fortalecer la inserción ciudadana del educando como componente de una sociedad democrática, de manera que la educación contribuya a conciliar la construcción de las identidades personales, integrales, responsables y libres con la afirmación de una identidad nacional coherente con la justicia social, la equidad, la tolerancia, el respeto al pluralismo, la participación en el esfuerzo creador y productivo, y en el disfrute de sus productos con democracia. No son estas meras expresiones de circunstancias que puedan resultar válidas para cualquier país y para cualquier momento histórico; son, concretamente, líneas directrices de gran actualidad y nos empeñaremos en que todos los docentes a los que les ha correspondido vivir la edificación de nuestra educación, y por períodos su derrumbe, tengan la formación y el espíritu adecuados para situarla en las exigencias del siglo XXI y de un Uruguay no resignado a ninguna forma de dependencia ni de indigencia.

Creemos que también le cabe a la educación contribuir al desarrollo nacional en sus aspectos económicos, sociales y culturales. No queda alternativa en el contexto de un país conmovido por grandes problemas sociales tales como el aumento de la pobreza, la exclusión, la violencia, la fractura de las identidades, la división entre campo y ciudad y la dependencia externa. Más concretamente, el enunciado de esta finalidad supone que, habida cuenta de las diferentes edades de los educandos y de los distintos niveles y modalidades de su educación, es de interés nacional favorecer en ellos la comprensión analítica, crítica y comprometida de la realidad nacional en todos sus aspectos. Más aún, no nos parece suficiente con que formemos ciudadanos que dispongan de una cultura general de calidad, objetivo irrenunciable de la educación básica, pues igualmente hemos de sentar las bases para que nuestros egresados aborden con éxito las etapas subsiguientes, sea prosiguiendo sus procesos de formación, sea incorporándose al mundo del trabajo, para lo cual será bueno que todas y todos hayan vivido en su trayectoria escolar la experiencia del trabajo, no simulando trabajos ficticios sino emprendiendo trabajos productivos o socialmente útiles.

En las presentes circunstancias el país lo requiere pero, aun cuando tales circunstancias fueran de holgura económica, la experiencia de discutir, enseñar, ejecutar y evaluar procesos productivos ha de constituir –y el país tiene experiencia en esta materia- un componente fundamental de la constitución de la persona.

Deseamos que los niños, y en mayor medida aún los jóvenes, egresen de sus estudios con un conocimiento cabal de la historia nacional, con la capacidad de comprender tanto sus instancias fundacionales como las más recientes.

Esta expresión "conocimiento de la historia reciente del país" nos parece fundamental. Ha de recordarse, señoras y señores Senadores, que superando el período de la dictadura, el país no se dotó de todos los instrumentos necesarios para la superación de aquel gran drama humano. Así, cito esto nada más que a modo de ejemplo, el programa de la enseñanza de historia que ha estado vigente hasta ahora para el sexto curso de la enseñanza primaria del Uruguay, incluye el tema "Uruguay en el Siglo XX: evolución del país en el Siglo XX hasta 1967". Quiere decir que los alumnos egresan de primaria desconociendo los hechos acaecidos durante 40 años de historia reciente de su patria, ignorando el porqué de los silencios, los comportamientos y los conflictos psíquicos de sus padres y de sus madres.

Es nuestro deber, así como el de todos los centros docentes, restituir en nuestros jóvenes el derecho a saber, a conocerse mejor a sí mismos, gracias a una correcta interpretación de sus raíces. Ese deber del sistema educativo que todos consideramos de urgente atención, ha de cumplirse con total serenidad, con celosa objetividad, sin parcialidades, con un profundo respeto por todos los aspectos de la verdad histórica, como una contribución al reestablecimiento de la fraternidad que siempre caracterizó a nuestro pueblo. Así lo han venido recomendando tanto el informe final de la Comisión para la Paz, en su párrafo 81, como numerosas organizaciones no gubernamentales y docentes. Tomaremos las disposiciones necesarias para que los docentes de todos los niveles estén en condiciones de asumir esta inaplazable labor.

Nos parece igualmente importante que nuestros educandos, habida cuenta siempre de sus edades y de sus niveles, se ubiquen correctamente frente a una serie de características y problemas del mundo en que ya se están moviendo y en el que les corresponderá ser agentes activos y responsables. Obviamente, el conocimiento de la realidad nacional merece la máxima atención, pero el país es miembro del MERCOSUR, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas, de los grandes dispositivos de cooperación técnica y financiera regional e internacional. En una palabra, el país y sus ciudadanos somos miembros de esa vasta red que constituye la llamada comunidad internacional.

Nuestros jóvenes han de tener un conocimiento adecuado de ese mundo, que es el de hoy y que en una perspectiva constructivamente solidaria ha de funcionar de la mejor manera posible en el futuro con la participación consciente de todos, en beneficio de la familia humana. Respondiendo a esta finalidad, nuestros planes de estudio incluirán el examen de cuestiones que tienen alcance mundial y que también se manifiestan entre nosotros, como la lucha a favor de la paz, la comprensión internacional, la erradicación de la pobreza, el puesto en la sociedad de niñas y mujeres, el respeto a los pluralismos culturales, la defensa del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. En fin, las aulas han de contribuir a que cada alumno se dote, vivenciándolo como parte de su identidad, de un conjunto de valores al servicio –más allá del egocentrismo hoy predominante- de una visión generosa de nuestra aldea global.
Sin querer caer en el didactismo -porque estamos hablando de políticas educativas que han de tener un forzoso carácter general aunque suficientemente preciso-, se nos permitirá recordar que a las escuelas, institutos y talleres los jóvenes asisten, fundamentalmente, para aprender. El concepto de aprendizaje ocupa, actualmente, la atención de pedagogos, psicólogos y economistas, y no es esta la ocasión de entrar en detalles; pero el niño y el adolescente han de egresar de las aulas dotados de un "corpus" suficiente y pertinente de conocimientos y saberes. Deseamos centros educativos en los cuales el esfuerzo de los alumnos no se limite a recibir y retener conocimientos mediante experiencias, tanto individuales como compartidas, de construcción del saber. Esa finalidad, que tiene mucho que ver con la calidad de los procesos educativos, tiene implicaciones de variada índole: ha de desplazar a aquellas corrientes que propugnan la estandarización de los procesos educativos o su conversión en simples instrumentos del mercado; ha de ponderar los aspectos positivos y negativos de la llamada sociedad del conocimiento; ha de incidir en la formación inicial y permanente de los docentes, y ha de contribuir, junto con tantos otros factores, a reducir nuestras elevadas tasas del temible fracaso escolar. Para lograrlo, deberá disponerse de medios adicionales que permitan el dominio de las tecnologías avanzadas, en especial la informática. Como se ve, esta tendencia regresará a esta Cámara cuando presentemos y justifiquemos el Presupuesto de nuestra Enseñanza Pública, que ha de ser una enseñanza de calidad para todos.

Las circunstancias hacen que nuestro sistema educativo se proponga la ampliación de ciertos subsectores. El Uruguay fue, en el pasado, calificado como pionero en materia de educación especial y hoy enfrenta, por razones que son bien conocidas, el incremento de la tasa de niños y adolescentes que, desde la etapa inicial hasta el bachillerato, requieren modalidades educativas que compensen sus minusvalías o discapacidades. Haremos todo lo posible porque los centros de educación común detecten y traten esas limitaciones, pero esforzaremos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto del Menor y el Adolescente del Uruguay, la capacidad y calidad de los centros educativos especializados.

Los servicios de educación de adultos y de educación no formal también requieren ser vigorizados. La disparidad entre la oferta y la demanda en esta área es muy preocupante. No creemos posible aumentar las perspectivas del Uruguay como país productivo y próspero sin modificar esta situación. Para ello, los Consejos Desconcentrados, como el CODICEN mismo, habrán de concebir, instalar y poner en funcionamiento, en conjunción con numerosos agrupamientos sociales –instituciones, empresas, medios de comunicación, etcétera-, servicios de educación de hombres y mujeres que no recibieron en su juventud la formación general y profesional a la cual tenían derecho y que el país necesita hoy.

Por último, nos parece importante incluir, en esta lista de finalidades inmediatas, la atención a la escuela rural; más bien dicho, la protección de lo que queda de ella, que es paradójicamente mínimo en un país de vocación agropecuaria.

En efecto, tomando como índice 100 para 1985, el número de alumnos cayó al índice 42 en el año 2000, y esa tendencia a la baja persiste. No disponemos, por otra parte, de servicios educativos que atiendan las necesidades de los adolescentes rurales en su totalidad. Al persistente abandono de los campos por las familias se suman nuevos cambios derivados de estructuras obstinadamente contrarias a la unidad productiva familiar: la introducción de nuevas tecnologías y cultivos extensivos, el estancamiento del proceso colonizador y la evolución de los mercados internacionales; pero ahí, en el campo, todavía hay niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres, y todos ellos tienen no sólo el mismo derecho a la educación, sino la imperiosa necesidad de que ésta, renovada, apoye sus ansias de permanecer en el campo con bienestar y con dignidad.

Sin entrar en detalles, estamos trabajando en el rediseño de una nueva educación rural de calidad al servicio de las comunidades campesinas y al servicio de la vocación agropecuaria del país. Queremos caminar hacia un Sistema Nacional de Educación. Nos proponemos pasar de un nivel educativo hoy escasamente integrado a otro conceptualmente bien orientado y que dé lugar al Sistema Nacional de Educación. Confiamos en que la futura ley de educación establecerá las bases de ese sistema que habrá de responder a los valores, necesidades y percepciones de futuro de la sociedad uruguaya. Atenderá los requerimientos de los diferentes subsectores: inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria, con las necesarias articulaciones de todas las actividades que contribuyen a la elevación del nivel educativo de la población.

Un Sistema Nacional de Educación presupone que todas las unidades operativas actúen integradas por políticas educativas generales y por normas de gestión también generales que les son comunes. Para evitar toda confusión, aclaramos que el modelo que nos proponemos aplicar ha de suprimir toda rigidez: deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y, a la vez, por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad, creatividad y de experimentación. Insistimos que este conjunto de enfoques, niveles y modalidades ha de funcionar tanto con elevada capacidad innovadora como con apego al conjunto de principios y finalidades definitorios del perfil de la educación en una sociedad en proceso de cambio.

Es a esta estructura abierta y a la vez coherente que llamamos Sistema Nacional de Educación. La instauración de tal sistema admite -incluso creemos que lo requiere- cierto grado de descentralización. Decimos un cierto grado porque el nuestro es un país relativamente pequeño, políticamente unitario con una pertinaz tradición centralista. Dentro de la ANEP cabe avanzar en un redimensionamiento de las funciones y responsabilidades de los cuatro Consejos hoy existentes. No vemos ventajas en que el CODICEN acumule funciones pedagógicas o administrativas especializadas. Los Consejos Desconcentrados, que por mandato constitucional son autónomos, están en condiciones de profundizar sus respectivas competencias, para lo cual su pertenencia a un ente sistémicamente organizado constituye toda una garantía de coherencia interna.

Estamos estudiando medidas tendientes a fortalecer que actúen a nivel departamental y, hasta donde parezca razonable, delegar en las entidades compuestas por padres de familia y vecinos, responsabilidades de naturaleza logística, cuyo ejercicio era hasta hoy penurias y demoras democráticas.

En este capítulo no podemos dejar de mencionar que atribuimos una gran importancia al papel que pueden desempeñar las Intendencias Municipales, tanto las de la capital como las del interior. Quiere decir que nuestra concepción del sistema nacional educativo incluye las oportunas articulaciones con los asociados naturales –por cierto, muchos de ellos no experimentados- de las entidades docentes. No nos parece adecuado confundir dedicación con escolarización formal.

Pensamos que el Sistema Nacional de Educación ha de enriquecerse con múltiples manifestaciones de educación no formal, muchas de ellas a cargo de entidades de la sociedad civil y con articulaciones de mutua cooperación con otros sectores del Estado, como los de fomento, el agropecuario, la producción en general, la salud, la vivienda, la cultura y, sobre todo, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Ellos nos ofrecen todos los días importantes oportunidades de mutua cooperación, teniendo en mente un concepto abierto y sistémico de la educación. Con ello, la ANEP cree que servirá mejor desde el ámbito educativo a las ingentes necesidades del país, y espera que este enfoque no sea interpretado como un afán expansionista del área especializada que le compete, sino como una política que responde, justificadamente, al indiscutible interrelacionamiento de los fenómenos sociales.

Cabe todavía otro comentario sobre el significado que damos a la expresión "Sistema Nacional de Educación". Hemos de reconocer que, lamentablemente, un millón de uruguayos está viviendo hoy por debajo de la línea de la pobreza y que esa situación afecta, prácticamente, a la mitad del número de niños y adolescentes. La mayoría de éstos asisten a cursos dependientes de la ANEP, pero un sector minoritario no lo está haciendo.

De ahí, los íntimos nexos que estamos estableciendo y deseamos fortalecer con el Ministerio de Desarrollo Social; pero no deseamos que los estudiantes pobres hoy matriculados, ni los que se incorporen de aquí en adelante, sean en su condición de alumnos también caracterizados como pobres. Nos empeñaremos al máximo -y, en este empeño, confiamos sinceramente en la comprensión y el apoyo de las legisladoras y legisladores- en que los centros nacionales no sean predominantemente centros de pobres para alumnos pobres. Todos han de ser centros docentes del pueblo uruguayo, en los cuales quienes participen en procesos educativos, tal como lo quería Varela, sean tratados como iguales, con los mismos derechos a crecer en salud y en saber, en alegría y en responsabilidad. Quisiéramos quebrar la progresiva tendencia a considerar que las características de los alumnos de los medios desfavorecidos, condenan a los centros docentes públicos a automutilar la calidad y el nivel académico de sus prestaciones educativas, para lo cual debe funcionar una política compensatoria eficaz en todo factor contextual desfavorable.

Esta política que no quisiéramos considerar asistencialista sino, más bien, atenta al cumplimiento de los derechos del niño y del adolescente, reconocidos en nuestras leyes nacionales y en las Convenciones internacionales que el Uruguay ha suscrito, no puede estar, obviamente, a cargo exclusivo de la ANEP. La creación de un Sistema Nacional de Educación sobre estas bases no discriminatorias y correctoras de toda forma de exclusión, sólo puede resultar del esfuerzo mancomunado de varios programas del sector público y de muchos aportes del sector privado.

Para finalizar con nuestros comentarios sobre el Sistema Nacional de Educación, queremos recordar que la Constitución establece, en su artículo 68, que queda garantida la libertad de enseñanza y que, al amparo de esta disposición y del derecho de todo padre o tutor de elegir para la enseñanza de sus hijos y pupilos los maestros o instituciones que deseen, funcionan en toda la República centros docentes privados. Estos, a nuestro entender, han de ser parte integrante del Sistema Nacional de Educación, como los reconoce –y no es más que un ejemplo- la ley de 1985, hoy vigente, al incorporar a la Comisión Coordinadora de la Educación a dos representantes de los institutos habilitados.

Así como conviene quebrar el equivocado concepto de que los centros públicos son centros para pobres, habría que quebrar el igualmente erróneo concepto de que los centros privados han sido fundados sólo para los hijos de los hogares pudientes.
Es con todos estos elementos en la mente que queremos trabajar para construir el Sistema Nacional de Educación que la República necesita y que los docentes, reiterada y justificadamente, vienen reclamando.

En su artículo 202, la Constitución prescribe que la ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. Para nosotros es evidente que la Comisión Coordinadora de la Educación, puesta en vigencia por el artículo 23 de la ley de 1985, constituye, ahora mismo, una entidad fundamental en la creación de este Sistema Nacional de Educación, sin perjuicio de que la futura ley pueda introducir cambios en su composición y en las funciones de esta Comisión.
En resumen, la expresión "coordinación de las enseñanzas" responde a un imperativo, no sólo de la Constitución, sino de la realidad actual del quehacer educativo, y la ANEP está en la mejor disposición de contribuir de inmediato a consolidar este proceso de marcha hacia los sistemas educativos nacionales.

Nosotros queremos reincorporar dos proyectos al sistema educativo. En los años recientes han venido ejecutándose, como parte de la rica y compleja estructura de la ANEP, dos proyectos concertados con fuentes internacionales de financiamiento: el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y el Proyecto y Programa de Mejoramiento de la Educación Media y de la Formación Docente. No cabe, en esta exposición inicial, entrar en todos los aspectos de estos proyectos muy vastos y muy complejos, acerca de los cuales podemos dar, más adelante, información detallada si los señores Senadores lo desean; pero estamos describiendo los rasgos fundamentales de la futura política educacional, y es en ese marco que queremos tratar el tema ante ustedes.

Acabo de exponer lo que entendemos por Sistema Nacional de Educación, y hemos de manifestar que por distintas circunstancias que a nuestro juicio hubieran debido evitarse, estos dos proyectos no han venido constituyendo operaciones integradas al sistema, sino enclaves en gran parte inspirados en concepciones reformistas no compartidas por los restantes servicios y, en buena medida, también gestionados en la aplicación de prácticas alejadas de las sanas tradiciones de la educación nacional y de una administración equitativa de las cuestiones de personal.

Entendemos que proyectos creados con el fin de contribuir al mejoramiento de elementos esenciales del sistema han de actuar, naturalmente, con cuotas adecuadas de libertad de experimentación e innovación y con recursos también adecuados para lograrlo; pero no parece conveniente que tras tantos años de ejecución, estos proyectos se hayan constituido, en muchos aspectos, en operaciones marginales al sistema. Debo decir que nos parece inconveniente, al grado de que hoy son percibidas por la mayoría del cuerpo docente y de la sociedad como sectores privilegiados de la administración educacional, cuyo costo no condice con las condiciones de austeridad en que nos vemos forzados a prestar los servicios educacionales y cuyos resultados no han podido aún ser replicados en el conjunto del sistema por falta de evaluaciones cualitativas independientes y por la propia complejidad, excepcionalidad y elevado costo que los caracteriza.

Creemos firmemente en la necesidad de mejoramiento de la calidad de las prestaciones educativas con, o mejor sin financiamiento internacional. Pero es hora de compartir mejor este desafío, de reorganizar estas operaciones insertándolas en el cuerpo global del sistema, evitando que la educación transite por itinerarios paralelos. Creemos que ha llegado el momento de sanear la gestión del personal, de incorporar al Presupuesto Nacional partidas que le son propias y devolver a los Consejos Desconcentrados atribuciones y responsabilidades que nunca se le debió haber negado. En una palabra, de garantizar, por un lado, el acatamiento de las grandes líneas de la futura política educativa y, por otro, la recomposición del Sistema Nacional de Educación que hasta hoy vive fragmentado.

No hemos considerado conveniente proceder, como era la aspiración de importantes sectores del cuerpo docente, al desmantelamiento de estos proyectos. Hemos preferido devolverles progresivamente una sana institucionalidad y seguir dando cumplimiento, aplicando las mejores ideas y las mejores prácticas en uso de nuestra irrenunciable ciudadanía, a los compromisos internacionales que llegarán a término en febrero de 2007, y ello -permítannos anticiparlo- en el marco de una política de una máxima prescindencia de toda operación que contribuya a incrementar la enorme deuda externa que ya afecta al país.

Este sistema educativo que tenemos actualmente requiere recursos. Vamos a solicitar más recursos financieros -naturalmente, en esta Casa de las Leyes-, que, estamos seguros, nos serán otorgados. Pero antes queremos exponer, a la vez con orgullo y con esperanza, algunos de los recursos con que creemos que cuenta nuestra educación, la de hoy y la de mañana, sin necesidad de presupuesto.

Pensamos, por ejemplo, que la educación nacional, y en particular la pública, cuenta con el incondicional respaldo de nuestra ciudadanía. En el Uruguay la educación en todas sus expresiones es vista por la población como un sector vital para el futuro de los individuos y de la comunidad nacional. Hay un apego esencial al concepto de que no es posible crecer al margen del aprendizaje sistemático y asistemático, y hay también una enorme confianza y una no menor exigencia respecto al Estado como garante de la calidad, la pertinencia y la integralidad de estos aprendizajes, desde la educación inicial hasta los posgrados universitarios. Si esa apetencia por la educación se ve con frecuencia frustrada, no es por la renuncia a ejercer el derecho a la educación, sino por la imposibilidad -fruto de la pobreza- de acudir a las aulas. Esta actitud general constituye una gran fuerza multiplicadora de los medios del Estado.

Agregamos otra de esas fuerzas multiplicadoras, no menos importante que la anterior: nos referimos al esfuerzo y a las actitudes de los trabajadores de la educación, en especial los docentes de todos los niveles.

No quisiéramos incurrir en demagogia aludiendo a la supuesta condición apostólica de los enseñantes; no. Estamos hablando con respeto y objetividad de nuestros profesionales de la educación, a veces insuficientemente formados, siempre mal pagados y en pocas oportunidades escuchados, no siempre colocados por la sociedad en el sitial que les corresponde. Nuestros educadores, entre los cuales podemos alistar en el pasado varios mártires y muchos perseguidos, constituyen otro gran recurso al servicio de la educación nacional. La ANEP se propone contribuir a su mejoramiento profesional y a la elevación de su calidad de vida. Una política educativa que sepa contar con las calidades éticas de este cuerpo docente tiene el futuro asegurado.

Sin duda, los responsables de la ANEP hemos de ser celosos administradores de los recursos puestos a nuestra disposición. Somos conscientes de las dificultades generales a que hace frente el país y del extenso período de austeridad al que todos hemos de contribuir. En términos generales, creemos que la calidad del servicio educativo se juega en la base, en las aulas, en los talleres para los niños, para los adultos, y nos sentimos comprometidos a ser tan pródigos como sea posible con los servicios de base, a la vez que austeros en la gestión de los medios técnico-administrativos, atendiendo a la racionalidad institucional, a la corrección de las innecesarias duplicaciones, a la supresión de todo gasto superfluo, en una palabra, a la sobriedad que las circunstancias imponen y que practicaremos como un recurso más.

Estimularemos el apoyo de la sociedad a la educación nacional, y el país cuenta también en esto con una vasta experiencia, mucho más perceptible en el interior y en los medios rurales, demostrativa de que este apoyo puede materializarse en modalidades financieramente interesantes. Apelaremos al apoyo de las comisiones pro fomento escolar, de las asociaciones de padres de alumnos liceales, de las organizaciones de los propios estudiantes, de las entidades vecinales y culturales de todo tipo, para que pongan a disposición de los centros educativos sumas en efectivo, trabajo voluntario, medios materiales, formas de mecenazgo, becas y todo aquello que pueda complementar el esfuerzo del Estado.

El servicio educativo nacional constituye la unidad operativa más extensa del país, y hemos convenido en el CODICEN y en los Consejos Desconcentrados en poner el muy considerable potencial productivo de bienes y servicios con que contamos a la disposición de éste, aplicando una estrategia mutualista, constituyendo una especie de banco de ideas, de materiales, de trabajo voluntario, de apoyo técnico y, sobre todo, de saberes.

Es imposible ahora entrar en detalle, pero nos daría una gran alegría, por ejemplo, que en el futuro todos los trabajos de pintura necesarios en los centros docentes fueran emprendidos por los propios educandos, auxiliados por sus familiares cuando sea preciso y siempre supervisados por el personal competente que hay en el sistema. No deseamos explotar a nadie, pero en la formación de los jóvenes sin duda resultará exaltante la experiencia de haber contribuido al mantenimiento de su casa de estudios mediante un esfuerzo organizado, siempre con preeminencia de sus componentes educativos. En este terreno pensamos que tanto el Consejo de Educación Técnico Profesional como la propia Universidad podrían dar tratamiento prioritario a las necesidades del propio sistema educativo en la organización de sus períodos de práctica, modalidad que ha sido y sigue siendo aplicada y que es oportuno extender.

En términos muy generales, sostenemos que cabe ser muy cautelosos en la negociación de préstamos internacionales en apoyo de los servicios de educación pública. No quisiéramos vernos obligados a contribuir al incremento de nuestra ya excesiva deuda externa, y ello no solamente por razones de política financiera, sino por la naturaleza misma de los niveles educativos que nos están confiados. Estos han de dar respuesta a necesidades permanentes de la sociedad, las cuales conviene que sean satisfechas por el Presupuesto Nacional como parte de los gastos sociales estables e inevitables. La inyección ocasional de recursos externos en este tipo de servicios los deja en penosa minusvalía cuando el aporte cesa. Estamos convencidos de que la educación, incluso la de los tramos de edad más baja, constituye, además de un derecho, una inversión, pero la tasa de retorno de ella sólo es perfectible en el largo plazo, y en algunos casos en el plazo de toda una generación. Creemos que constituye un buen objetivo de la deseable política educativa, que el gasto de la educación general sea sostenido por el apoyo de la sociedad nacional.

No sería esta una política adversa a la cooperación internacional, sino cautelosa ante ciertas modalidades. Nos parece, por ejemplo, muy recomendable –y así nos proponemos proceder- fortalecer el entendimiento con organismos no financieros del sistema de las Naciones Unidas y con los de carácter regional y bilateral, que pueden aportar fondos no retornables.

La UNICEF, la UNESCO, el PNUD, las Naciones Unidas y muchos fondos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se encuentran en esa situación y estaremos atentos a sus posibilidades de apoyo, a la vez que pondremos a su disposición, por vía de intercambios, nuestras propias experiencias.

Hasta aquí, señoras Senadoras y señores Senadores, les hemos enumerado recursos con que contamos y que muchas veces yacen ocultos y desaprovechados. Son aportes éticamente importantes y, si son bien administrados, son financieramente significativos; pero con ellos no basta para sostener la educación de 750.000 estudiantes y el trabajo de 45.000 profesionales de la educación.

El programa del Gobierno actual incluye el propósito de que el gasto educativo público ascienda, al término de su mandato, al 4,5% del Producto Bruto Interno, incrementando para ello gradualmente los presupuestos anuales. Es un reclamo de la sociedad y del cuerpo docente y un objetivo del programa gubernamental, pero es, fundamentalmente, un requisito insoslayable para devolver a la educación la calidad perdida y a los docentes el bienestar personal y familiar al que tienen derecho. La ANEP cree que el porcentaje indicado del 4,5% en el horizonte quinquenal, no constituye un objetivo suficiente, sino apenas un peldaño a alcanzar en 2009, en un proceso de crecimiento mayor que en el futuro volverá a situar dignamente al Uruguay en el conjunto latinoamericano y universal.

Voy a hacer algunas consideraciones respecto al personal. Hoy trabajan en la ANEP unos 45.000 docentes, que atienden una gama muy extensa de especialidades y niveles. Mientras que los que actúan en Enseñanza Primaria disponen en su totalidad de título habilitante, un porcentaje todavía significativo de quienes ejercen en la Enseñanza Secundaria y Técnico Profesional carecen de él, pero a unos y otros debemos ofrecerles oportunidades de un mejoramiento profesional.

En primer lugar, los educadores reclaman –como ya hemos expuesto precedentemente- una mayor cuota de participación en la conducción del quehacer educativo. Formará parte de nuestra política educativa seguir atendiendo este aspecto, pues entendemos que de ello derivarán grandes beneficios para la educación nacional; ello, naturalmente, sin perjuicio de que la futura ley disponga otras modalidades de participación docente en la dirección de la educación sobre la cual el país ha tenido experiencias exitosas.

En segundo término, la pluralidad de enfoques, entidades y programas que hoy caracterizan el sistema educativo, determina un abanico muy amplio de situaciones funcionales y presupuestarias del personal docente. Su trabajo se resiente por un cierto dislocamiento, tanto del pensamiento pedagógico orientador como de las medidas que lo implementan. Lo mismo ocurre en el cuerpo de inspectores y en los cuadros técnicos. No es bueno que docentes y técnicos trabajen en situaciones de ambigüedad que pueden afectar la calidad de sus aportes o perturbar su derecho a una carrera profesional.

La simplificación y racionalización de nuestro organigrama -que ya hemos emprendido- clarificará las funciones y el estatus profesional de los docentes y redundará en mayor justicia, mayor eficiencia y mayor calidad de los procesos.

Por otra parte, la vigencia plena del concurso como vía de acceso y ascenso en la carrera ha de contribuir a la buena selección y estabilidad.

No quisiéramos concluir esta parte de nuestra exposición sin recordar, breve pero enfáticamente, que nuestros educadores perciben salarios que no se corresponden con su condición de elevados referentes sociales, con la importancia de su labor para el futuro de la Nación y con las exigencias actuales de los presupuestos familiares. No es preciso abundar más en tan obvia como injusta situación. Es un compromiso del Gobierno y un compromiso de la ANEP irla corrigiendo gradualmente, en el marco de los recursos que el Poder Legislativo, sin duda, otorgará a la Educación Pública.

Lo anteriormente dicho tiene que ver con el personal docente en actividad. Con respecto a los procesos de formación de este personal, subrayaremos algunos temas más.

Aquí cabe destacar, una vez más, la dispersión, por no decir el caos que impera en la materia. Se han cerrado centros de formación de indudable importancia como el Instituto Magisterial Superior; otros, como el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, funcionan muy limitadamente; otros, como la mayoría de los Institutos Normales, han sido reconvertidos y otros son de reciente creación.
En esta heterogeneidad de entidades de formación y de contenidos se refleja, una vez más, el paralelismo que ha venido existiendo entre los Consejos de la ANEP y los dos proyectos que reciben financiamiento internacional.

La falta de convergencia y de racionalidad en la formación de docentes resulta, a nuestro juicio, dispendiosa y negativa. Constituye un antisistema subsectorial en momentos en que propugnamos un sistema sectorial integrado. De modo que nuestro empeño es y seguirá siendo dar coherencia a estas unidades para que se coordinen entre sí y sean coherentes con el esfuerzo educativo global.

Asimismo, nos preocupa que para similares funciones docentes no existan procesos formativos comunes. Al contrario; rigen planes de estudio diferentes, adoptados en sucesivas fechas, al amparo de procesos de reforma que no lograron el conveniente consenso. No preconizamos el anquilosamiento institucional, pero habría que evitar un excesivo activismo innovador. Por su propia naturaleza, la educación no se caracteriza por la inmediatez de sus frutos sociales. Todo cambio obliga a la mayor prudencia y a contar, en el mayor grado posible, con el respaldo de un buen nivel de consenso. Nos esforzaremos, pues, por armonizar los diversos planes que hoy existen.

Es preocupante, también, la incoherencia entre la formación teórica que reciben los futuros educadores y las condiciones en que tienen lugar las etapas de práctica docente. Los centros de formación están en las ciudades, pero sus egresados inician sus carreras en los barrios pobres, en asentamientos muy carenciados o en solitarias zonas rurales. Es preciso, pues, que la formación inicial y las actividades de perfeccionamiento incluyan prácticas en condiciones más realistas, radicando a los practicantes, durante largos lapsos, en las áreas donde, presumiblemente, se van a iniciar como maestros o profesores.

No podemos finalizar este capítulo sin evocar otro problema: el que plantean las relaciones entre la formación, a cargo de la ANEP, de quienes habrán de actuar en los niveles preuniversitarios y la que diferentes universidades, empezando por la de la República, vienen ofreciendo en el sector de las ciencias de la educación. Sin entrar en detalles y sin adelantar prematuras proposiciones concretas, la Universidad y la ANEP han de derribar las barreras que hoy existen entre sus respectivos centros de formación docente. Todos ellos actúan en el nivel terciario; todos ellos están al servicio de los mismos niños y jóvenes; todos son sostenidos por el Presupuesto Nacional. Estamos y seguiremos estando en contacto con la Universidad de la República para que nuestros respectivos programas en esta materia sean complementarios, como lo reclaman, tanto los interesados como el sentido común.

En cuanto a la futura Ley de Educación, quiero señalar lo siguiente. Nosotros vivimos una hora de cambios, con la convicción de que es unánime la voluntad de la sociedad uruguaya de darse una nueva ley, rectora de su sistema educativo. Tal vez no convenga que el proceso de elaborarla –en la que esta Comisión parlamentaria cumplirá, sin duda, destacadísimo papel- sea identificado como una nueva reforma educativa. En la ANEP visualizamos la nueva ley como una herramienta indispensable e inaplazable para poder actualizar, racionalizar, reorganizar y mejorar el Sistema Educativo Nacional. La oportunidad nos parece francamente favorable, no solamente porque no es conveniente prolongar la vigencia de la ley actual, a la que el Legislador le dio en su momento el carácter de Ley de Emergencia, sino porque el país está experimentando, en estos mismos momentos, cambios fundamentales en otros órdenes y no sería atinado demorar por más tiempo la consecución de la necesaria coherencia entre la marcha de la sociedad y la marcha de la educación, que creemos deben ser convergentes.

Concebimos que el anteproyecto de esta ley ha de ser el resultado de lo que denominamos un amplio debate nacional, en el que la sociedad ha de ser la protagonista, no mediante un proceso masivo, sino organizadamente compartido. Es un debate que se situará en el centro de la agenda pública, sin desplazar ninguna de las prioridades que la sociedad ha confiado al Gobierno actual. Es decir que debe ser organizado, pero no hegemonizado; orientado, pero no manipulado; abierto, pero no desordenado. Asimismo, debe ser estimulado y coordinado, según creemos, con una Comisión organizadora "ad hoc", con funciones de promoción, de coordinación, de recepción, de análisis y de sistematización de las ideas resultantes de ese debate en todo el país y en todos los niveles. Deben estar los participantes de todos los componentes de la comunidad educativa, pero también de los diversos sectores sociales, públicos y privados, que a diversos títulos resultan actores del quehacer educativo.

El conjunto sistematizado de los resultados del debate sería presentado por la Comisión organizadora a una asamblea, un foro o un congreso nacional de educación que, concebido también sobre el principio de la más amplia participación, se pronunciaría sobre las propuestas y anunciaría las bases convenidas y, a falta de acuerdo, estarían las bases alternativas para la redacción de un anteproyecto de ley a someter a los poderes pertinentes. A nuestro entender, el calendario de este proceso podría comenzar con la constitución e inicio de las actividades de la Comisión en la segunda quincena de este mes de junio, con la realización del evento nacional en julio del año 2006 y con la presentación del anteproyecto de ley a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el segundo semestre del año 2006.

Consideramos que este proceso y la ley resultante constituyen grandes recursos para el sistema educativo, en primer lugar, porque el debate por sí solo vitalizará el trabajo educativo, favorecerá la profundización del conocimiento público de la situación actual y de las necesidades y perspectivas del sistema, contribuirá a la búsqueda responsable y compartida del destino común y reforzará la fe de los docentes y de la población en el potencial de la educación, y en segundo término, porque la ley resultante adoptable en el año 2007 permitiría a la ANEP disponer, en un período de aproximadamente la mitad de su mandato, de un marco legal actualizado, acorde con las expectativas nacionales de cambio y progreso.

Es por esto que la ANEP estima de su deber ofrecer a este proceso todo su apoyo logístico y técnico y, sobre todo, su condición de Ente Autónomo responsable en el plano educativo, que estaría en el marco de la ley, con su orientación ética, política y profesional.
Estos serían los elementos de política que la ANEP en este momento, a nivel del CODICEN ha logrado consensuar a los efectos de someterlos a la consideración de los señores miembros de la Comisión. Dejamos a su consideración esta ponencia y quedamos a las órdenes para iniciar el diálogo.
 

¿Se menciona una meta del 4,5% del PBI al final del Período, me gustaría que me aclararan qué se está incluyendo dentro de ese 4,5%?
Margarita Percovich

Muchísimas gracias señor Presidente por su presentación que, sin duda, ha sido muy abarcativa y cubre una cantidad variada e importante de temas. 

Quisiera hacer algunas reflexiones y expresar opiniones e inquietudes. Luego los colegas de la Comisión harán lo propio. 

En primer lugar, quiero decir que en una primera impresión de las palabras vertidas encuentro, en lo que me es personal, un amplio abanico de coincidencias, tanto en temas centrales que tienen que ver con los principios que se han definido –los seis principios en los que se ha enfatizado- como en otros más generales como los fines; también en algunos enfoques que tienen que ver con recursos y con la Ley de educación. Esas coincidencias tienen aspectos de fondo y otros más específicos, algunos de los cuales no quiero dejar de comentar –sería muy extenso hacer un análisis, aunque después lo haremos con el texto en la mano-, como el tema de la protección de la escuela rural –que es muy caro a nuestro modo de ver- y el de la necesidad de incrementar los recursos en educación. 

Tal como señalábamos en la reunión convocada por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, el tema de recursos en materia de educación es absolutamente decisivo. Los países que han logrado salir adelante como, por ejemplo, el caso de Irlanda que se mencionaba, aun en situaciones muy difíciles –previo al año 1987- lograron hacer una inversión importante en educación que luego les retornó multiplicada con los resultados que ya conocemos. 

Hechos estos comentarios, quisiera ahora centrarme en algunas preguntas, dudas y preocupaciones. 

Sobre el tema de los recursos, se menciona una meta del 4,5% del PBI al final del Período. Me gustaría que me aclararan qué se está incluyendo dentro de ese 4,5%.¿Allí estarían contenidos los recursos estrictamente de la ANEP? ¿Cómo se considerarían esas otras prestaciones complementarias y compensadoras a las que en varias ocasiones aludió el Presidente Yarzábal? 

En cuanto al tema del endeudamiento, el Presidente del CODICEN ha dicho adecuadamente, a mi juicio, que hay que verlo como una inversión y no como un gasto. Al respecto, cabe acotar que en el caso de la educación la tasa de retorno sólo es perceptible a largo plazo. En esa difícil opción que tiene que hacer un país con un endeudamiento muy grande, seleccionando en qué cosas es razonable contraer deuda, pienso que es adecuado invertir en educación por su importancia y porque su tasa de retorno es a largo plazo. Entonces, es muy razonable que compartamos esto con las generaciones venideras, incluso el pago de esa inversión que hoy en día estamos haciendo. 

El señor Yarzábal se refirió en dos ocasiones a que existía una gran cautela en este tema, por lo delicado de la situación de endeudamiento externo del país. En ese sentido, en cuanto al tema de la educación, creemos que sería perfectamente comprensible que el país realice inversiones con ese destino. Además, hay operaciones que no tienen devolución posterior, tales como las que están incluidas en la cooperación internacional. También hay organismos multilaterales, como es el BID con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que otorgan partidas no reembolsables. 

Por otra parte me quiero centrar en el tema relativo al Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) y al Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente (MEMFOD). De la presentación que realizó el señor Presidente del CODICEN, entiendo que la idea prevalente es incorporar esos programas al sistema, evitando que se vean como algo aislado. 

Las decisiones adoptadas en días pasados nos dejan algunas dudas. Concretamente, entendemos que se había solicitado a la Universidad de la República una evaluación de esos programas. Una de las recomendaciones que se proponía se refería a no adoptar decisiones de inmediato en cuanto a hacer cesar funcionarios en el proyecto MECAEP o en el programa MEMFOD, excepto en los casos en que la disconformidad de las autoridades esté totalmente justificada. Claramente, la recomendación se refiere a casos aislados en los que puede haber un incumplimiento. 

Si bien esto es simplemente una recomendación de una consultoría solicitada, creo que la Universidad de la República merece un gran crédito de imparcialidad y de solvencia; en estas cosas a veces es difícil balancear los diversos elementos en juego. Entonces, la recomendación de no adoptar decisiones de inmediato en cuanto a cesar funcionarios en estos proyectos, según las informaciones de que disponemos, aparece contrapuesta con la decisión por la que se habría dado de baja del programa a un número muy importante de personas. En los datos que tenemos, se habla de 188 personas, del 55% del personal en el Programa MEMFOD y del 30% en MECAEP. 

Nos preocupa esa situación, pero también nos preocupa, en la misma línea –y nos gustaría saber la posición del Consejo-, que en paralelo a esto hay planteos por parte de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) para solicitar el desmantelamiento de estos organismos. He oído con toda claridad su manifestación de que la política del Consejo es la de no acceder a ese desmantelamiento, lo que nos parece positivo. Siempre creo que en este sentido hay que avanzar utilizando lo que se va construyendo y mejorándolo, por lo que da la impresión de que la política del Consejo es ver cómo estos programas se pueden adecuar. 

Asimismo, hay otro aspecto que me preocupa, porque uno de los argumentos centrales que utiliza la Federación de Profesores es el tema de las retribuciones, y justamente en las recomendaciones de la Universidad, cuando aborda el capítulo de las remuneraciones, se habla de revisar las tablas de remuneraciones a medida que el país supere la difícil situación económica por la que atraviesa, estableciendo remuneraciones atractivas para los cargos críticos para el logro de los objetivos de los programas. Luego, en el numeral siguiente, habla de incentivar las altas dedicaciones, en particular para el personal que pertenece a la ANEP, etcétera. O sea que las recomendaciones de la Universidad de la República son en el sentido de aumentar las retribuciones de las personas que participan en el programa. 

Si bien comprendo claramente que hoy en día hay un nivel bajo de salarios, en general, en este sector, creo que lo que está indicando este programa es que aquí hay funciones especializadas y, por ende, para contar con el personal calificado se requiere acceder a cierto tipo o nivel de remuneraciones. Me preocupa este planteo en la medida que se habla de desmantelamiento, por un lado y, por el otro, se menciona que una de las razones para ello serían las remuneraciones excesivas. De alguna manera se está presionando en la dirección de igualar hacia abajo, lo que es bastante común en nuestra sociedad, y creo que es algo en lo que hay que tener muchísimo cuidado. De modo que aquí quería asentar algunas de mis preocupaciones. 

También deseo plantear otra pregunta, antes de hacer algunas consideraciones sobre el tema de la Ley de Educación, sobre un aspecto que no fue específicamente abordado, si bien se hizo de algún modo más general. Me refiero a que me gustaría saber cuál es la situación en la que se encuentra el Programa de Educación en Valores, es decir, si se está ejecutando y cuáles son sus perspectivas próximas. 

A lo largo del tiempo hemos ido siguiendo ese tema con mucha atención y aclaro que nuestro Partido, en particular, ha insistido mucho en que hay un tema de valores vinculado a la situación que el país está viviendo actualmente –estoy seguro que para toda la sociedad uruguaya es así-, por lo que hay que hacer esfuerzos específicos en la materia. Entendemos que a ese programa han recurrido diversas instituciones de enseñanza, incluso para atacar algunos problemas como, por ejemplo, situaciones de violencia en centros educativos. Hemos accedido a informes que nos han parecido muy buenos e interesantes en la materia, y quiero decir que me pareció muy adecuado el concepto de laicidad que expresó el Presidente del CODICEN porque de alguna forma está vinculado a todo este tema. 

Entiendo que la laicidad no es simplemente suprimir -y lo voy a decir con mis palabras aunque, por supuesto, las suyas fueron mucho más detalladas- una cantidad de temas, sino tratarlos de la forma adecuada y respetando la libertad de conciencia, pero también dándole al educando los elementos de información y de juicio para que más adelante pueda tomar las decisiones que entienda adecuadas. Justamente, eso me parece muy coherente con lo que ha sido este Programa de formación en valores, tal como surge de los materiales a los que hemos accedido que creemos van en esa línea. Por eso nos parecía importante preguntar en qué situación se encuentra este programa. 

En lo que tiene que ver con la ley de educación, primero quiero destacar una coincidencia muy grande en cuanto a que tiene que surgir de un amplio consenso. Creemos que este es un tema en el que no puede haber imposición de mayorías sobre minorías, porque éstas son siempre circunstanciales y tenemos que legislar de aquí a veinte años o por períodos importantes, por lo que hay que lograr consensos mucho mayores, hasta donde sea posible, pero sin duda muy amplios. Me parece que con relación a este punto, todos debemos hacer el compromiso de encontrar esos lugares en los que todos podamos compartir. 

También destaco la importancia de que exista un proceso de debate a lo largo de los próximos tiempos y que tenga una amplia participación de la sociedad. Con respecto a esto, rescato algo que usted ha expresado con claridad, tanto en el Parlamento como ahora en la Comisión, en cuanto a que el objetivo de todo ese proceso es arribar a un anteproyecto y que, en definitiva son los Poderes correspondientes –el Ejecutivo y el Legislativo- los responsables de elaborar y aprobar las leyes. En ocasión de su comparecencia a una convocatoria del Parlamento, el señor Presidente hizo una referencia que quizás solamente sea un giro idiomático, en cuanto a que por intermedio de todo este proceso –que reitero, compartimos- la sociedad uruguaya podrá hacer un aporte al Legislador.

A nuestro juicio, quien representa a la sociedad uruguaya, bien o mal, es el Legislador, porque es quien ha sido electo por el conjunto de dicha sociedad, por lo que, en realidad, estaremos recibiendo un conjunto de visiones de algunos actores más calificados, especializados e interesados; pero la sociedad uruguaya –la más o la menos interesada; la más o la menos calificada- se expresa, en una democracia representativa, por intermedio del sistema de partidos políticos y del Parlamento, en lo que tiene que ver con la elaboración de un proyecto de ley. Si bien hemos coincidido en el concepto general, con respecto a esta referencia creo que tenemos una diferencia de terminología. 

Por otro lado, sí quiero señalar un tema que me preocupa vinculado a la ley de educación, relativo a la definición de las autoridades del futuro sistema de enseñanza. En el mencionado encuentro realizado en el Parlamento se hicieron varias referencias a este tema y con respecto a él quiero dar mi opinión en forma muy sucinta. A mi juicio, la política educativa es de interés público, debe reflejar la voluntad del pueblo que, reitero, en una democracia está representado por los partidos políticos y de allí surge la fuente de autoridad de los conductores de la educación, lo que no está mal. 

No nos parece que deba cambiarse esta concepción por otra en la cual diversas corporaciones sean quienes elijan las autoridades, como pareciera surgir de algunas manifestaciones –aclaro que no de miembros del CODICEN- de ciertos actores importantes. Por ejemplo, en una intervención correspondiente a la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Formación Docente, se hace referencia a que hay que liberar a dichos Consejos Desconcentrados de su dependencia político-partidaria, sustituyendo la constitución de ellos de acuerdo con la negociación entre partidos, por la elección a cargo de los colectivos propios de cada subsistema de personas que los representen. A su vez, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), ha manifestado: "La autonomía la entendemos en el sentido de la total independencia de la educación respecto de los intereses político-partidarios, así como de los organismos financieros internacionales y de los conocidos organismos paralelos". Obviamente, en este último caso hace referencia al MECAEP y al MEMFOD. 

Podría citar otros ejemplos, pero creo que estos ilustran bien la preocupación que expresamos, en el sentido de que esas visiones apuntarían a una conformación de tipo corporativo de las futuras autoridades de la enseñanza, versus una visión –que es la que sostengo- que debe reflejar al conjunto de la sociedad, más allá de que la elección de las autoridades a través de elecciones universales pueda ser correcta o incorrecta; cada uno tendrá su juicio al respecto pero, en definitiva, es el único mecanismo en el cual todos los uruguayos estamos representados porque, de una u otra forma, también todos estamos vinculados a la educación. 

Para terminar, estribo en un concepto que el Presidente Yarzábal expresara en la reunión del Parlamento. Concretamente, señaló que durante el proceso de elaboración de este anteproyecto, hay que proceder "evitando que sectores mejor organizados o con más recursos monopolicen el debate y lo conviertan en una mera herramienta para satisfacer sus intereses específicos". 

Confieso que comparto totalmente este punto de vista que, además, de alguna manera usted lo manifestó con palabras similares hace instantes. De allí surge mi preocupación en cuanto a las eventuales futuras autoridades. Si usted tiene la preocupación respecto del debate, en lo personal la extendería al futuro y, parafraseando su expresión, diría "la preocupación de que aquellos sectores mejor organizados monopolicen la educación y la conviertan en una mera herramienta para satisfacer sus intereses específicos". En definitiva, diría que esa es mi principal inquietud.

Nada más. Muchas gracias.

En mi opinión, eso de "ninguna forma
de dependencia" no existe
Dr. Julio María Sanguinetti

La importante exposición realizada hace que en el marco de esta sesión seguramente no podamos no ya votar sino, quizás, ni siquiera empezar este debate que, por todos los temas abordados, tiene una enorme amplitud. Indudablemente, es un debate sustantivo en la sociedad uruguaya, por todo lo que significa la educación como transmisión de valores y como afirmación de éstos. 

Naturalmente, creo que todos los uruguayos coincidimos en los principios generales de la organización; de modo que eso lo doy por sabido y, por lo tanto, quiero detenerme en los órdenes de preocupación o discrepancia que puedo tener con la exposición formulada. 

Se parte de una idea de transición –creo que todos lo compartimos, porque siempre estamos viviendo en transición en la medida en que los cambios son permanentes- y se habla de un "modelo dictadura", de otro "modelo posdictadura" y de uno nuevo que vendría ahora. Me parece que este asunto merecería algunos análisis posteriores ya que, por ejemplo, para empezar, para "modelo posdictadura" me gustaría que se utilizara otra expresión. Si se quiere, se podría denominar "modelo de restauración democrática" o algo así, porque si no, parecería que hay una suerte de prolongación de la dictadura. Esto en cuanto a una definición rotular cuyo concepto en profundidad no he advertido. 

Por otro lado, hay algunas ideas generales que se manejan en toda la exposición, que nos introducen en debates muchísimo más amplios. Se dice, por ejemplo: "Uruguay no se resignará a ninguna forma de dependencia o de indigencia". Bueno, son conceptos para ahondar. En mi opinión, eso de "ninguna forma de dependencia" no existe; podría ser "algunas formas de dependencia". Además, no se trata de que tengamos que resignarlas, sino que debemos asumirlas cabalmente y racionalizarlas, porque esto nace de doctrinas que se han repetido durante muchos años, que luego calan, a mi juicio, en concepciones equivocadas. Así como hubo una doctrina de la seguridad nacional, también hubo una de la dependencia, que tenía una cierta conceptualización que, a mi juicio, ha significado un error de percepción, sobre todo en la sociedad contemporánea donde hay una fenomenal interdependencia. 

Aun la potencia hoy dominante es extraordinariamente dependiente, y basta ver, por ejemplo, el debate sobre la moneda, con China, para entenderlo. El Uruguay, guste o no, tiene una fenomenal dependencia con la Argentina y el Brasil, determinada por la geografía y la historia, acentuada ahora por el MERCOSUR. 

En definitiva, me parece peligroso este manejo de conceptos que conducen, a mi juicio, a una visión muy equivocada del país y del mundo, porque sería dependencia versus autonomía nacional cuando, en realidad, no es así. Hoy estamos en un mundo extraordinariamente interdependiente. 

Ahora bien; como otro comentario y preocupación, quisiera mencionar el tema de la historia contemporánea. Todos sabemos que la historia es uno de los temas sustantivos en la formación de nuestra identidad y de la formación cultural de los educandos. A su vez, todos sabemos también que no hay historia con unanimidades, y como está presente el profesor Barrán, no voy a osar introducirme en los terrenos de la teoría de la historia y de su cuasi imposible objetividad, debate filosófico que nunca se cerrará. Sin embargo, se vuelve totalmente distinto cuando entramos en lo que llamamos historia contemporánea, que quiere decir política actual. ¿Dónde empieza y dónde termina el debate político actual, y dónde termina o dónde comienza lo que es la visión histórica? Esto se vuelve muy difícil y se hace proclive al desarrollo de criterios o visiones polémicas o tendenciosas. 

En lo que tiene que ver con manuales utilizados en los últimos tiempos, tengo muchísimas discrepancias sobre el modo en que se han reflejado acontecimientos recientes de la historia nacional y aun acontecimientos históricos. Uno de los últimos manuales era un himno contra el liberalismo de los Constituyentes de 1830, lo cual me parece un atentado. Estoy hablando de un manual sencillo, aceptado por el último Consejo de Educación, que machaconamente -tres veces, y hasta en una ilustración-, impugna de manera feroz el liberalismo de los Constituyentes de 1830. 

Si entramos hasta en esos debates, imagínense cuando lleguemos a la etapa contemporánea. ¿Cuál es el valor histórico de la irrupción de la violencia política en el país? ¿Cuánto hay de esa irrupción de la violencia guerrillera y del modo en que se le respondió políticamente en la caída institucional del país del año 1973? Muchos de los actores estamos vivos y muchos de los actores de ese período tan controversial de la vida del país, nos encontramos en el Parlamento. Lo cierto es que es muy difícil asumir ese escenario con objetividad. 

Creo que, prácticamente todos los que estamos aquí, nos formamos en una época en que la enseñanza de la historia se detenía en ciertos momentos. La enseñanza de la historia difícilmente –diría que casi nunca en la vida del país- llegó a los tiempos contemporáneos. No por ello dejó de ser muy importante la formación que tuvimos desde el punto de vista histórico. Este es un tema extraordinariamente delicado, por lo que subrayo mi preocupación. 

No quiero ahondar, aunque podría hacer comentarios sobre muchos de los manuales en curso, que he leído. Algunos de los textos aprobados por el CODICEN anterior están llenos de errores de todo tipo y tienen juicios de valor muy fuertes. Por ejemplo, recuerdo uno que motivó una carta pública del contador Azzini sobre un juicio que se hacía sobre su gestión en el año 1959, como una suerte de comienzo de una política de empobrecimiento del país. Esto incluye una carga subjetiva muy fuerte que, en un ensayo histórico, el historiador tiene todo el derecho de realizar -sin ninguna duda-, pero que es muy cuestionable si aparece en un texto escolar, o sea, dirigido a la generalidad de la sociedad, que es otro tema. Son cosas muy diferentes. 

Quisiera realizar un pequeño comentario sobre el fenómeno "sociedad del conocimiento", que a mi juicio es extraordinariamente más amplio; me parece que uno de los debates centrales es el de los contenidos de la educación. Nuestro país siempre ha discutido mucho los presupuestos, los instrumentos legales y los modos de administrar y organizar jurídicamente, pero personalmente creo que, en el fondo, eso no es tan importante como lo otro. 

Desde siempre, desde José Pedro Varela hasta nuestros días, el país ha tenido debates, que a veces han quedado truncos, han quedado por allí; todos ellos han sido muy sustantivos, comenzando por el debate de José Pedro Varela con sus continuadores. Varela no pudo discutir, lo hizo desde el silencio. Personalmente, creo que no fue demasiado seguido, ya que la orientación posterior abandonó la línea básica de su concepción positivista y pragmática por una enseñanza distinta, que nos condujo por otros territorios. 

Ni hablemos de los debates posteriores con relación al valor de la enseñanza técnica dentro del fenómeno cultura general. Ese es otro factor muy importante, como lo es el debate de hasta dónde la formación tiene que ser una suerte de enseñanza teórica, una suerte de paréntesis reflexivo en la vida, y hasta dónde educar al educando para lo que será la lucha por la vida en una sociedad especial. 

Hoy tenemos este fenómeno llamado sociedad del conocimiento, sociedad de la información, vinculada a un llamado proceso de globalización. Lo que está claro es que, más allá de los titulares, sabemos que hemos vivido y estamos viviendo aún una revolución científico tecnológica que ha cambiado extraordinariamente la organización de la sociedad, incluso partiendo del propio concepto de riqueza. Acá seguimos hablando de la sociedad productiva mirando los bienes materiales, cuando en el mundo es absolutamente secundario; la sociedad productiva hoy es de bienes inmateriales. En una época, el que tenía el hierro o el petróleo era el dueño, más tarde los ferrocarriles, y hoy sabemos que no es así. Basta mirar la lista de riqueza de la revista "Forbes" para ver quiénes son los ricos hoy: primero Bill Gates; segundo, el competidor de él; tercero, el dueño de Wal-Mart, que es un comerciante; cuarto, el socio de Bill Gates, y así podemos seguir la lista. Ninguno es productor de bienes materiales. 

La revolución que estamos viviendo es muy fuerte. Entonces, ¿hasta qué punto asumimos esa situación en la educación? ¿Hasta qué punto estamos formando a nuestro jóvenes? ¿Para qué sociedad? ¿No los estaremos formando para una sociedad del pasado, que ya desapareció? Es un tema, diría, nuclear en nuestro enfoque. 

Quiero realizar un comentario sobre el tema pobreza, que creo fundamental enfocar. Me parece que antes se adolecía de una visión un poco parcial, pero el fenómeno pobreza ha sido una preocupación central de la educación en los últimos años y el país ha realizado experiencias importantes. Hoy, ubicados en la poscrisis de 2002, estamos viviendo el fenómeno del aumento de la pobreza, pero ignoramos –y también se ignoró aquí, en la disertación- que el país, después de una crisis muy grande de los años 1982 a 1984, bajó sustancialmente la pobreza. En el año 1985 ésta era del 46%, muchísimo más alta que ahora, extraordinariamente más alta. De la misma forma, la deuda externa de aquel momento también era mayor que la que tenemos hoy. Sin embargo, en el año 2000 la pobreza del país abarcaba algo así como un 14% y fracción de la sociedad. Luego, la crisis del año 2002 duplica esta tasa y llegamos a aproximadamente a un 30%. 

Esto nos está diciendo que el país supo encarar, en la historia reciente, el fenómeno de la pobreza y alcanzó logros extraordinarios, porque bajar de un 46% a un 14% -están todos los estudios de la CEPAL al respecto- no tiene precedentes ni elementos comparativos análogos en América Latina. En el año 2002 tenemos la irrupción de un fenómeno de pobreza nuevo, quizás distinto al otro en algunos aspectos e igual en otros, que se vio reflejado en la educación. 

Así, la reforma de 1995 apuntó, fundamentalmente, a ese aspecto con las escuelas de tiempo completo y el programa de preescolares. Hago gracia de abundar en el tema, pero me parece que el fenómeno de la pobreza –y lo oigo todos los días- no se puede analizar sin perspectiva. Constantemente veo que no se mencionan los éxitos del país, al mismo tiempo que los retrocesos que, indudablemente, repercuten sobre el tema de la educación. Creo que ya había en marcha institutos muy importantes, desde el punto de vista de la equidad social, y me gustaría ver cómo se van a desarrollar, porque considero que en esa dirección podremos combatir mejor el fenómeno de la pobreza. 

No voy a seguir mencionando temas, algunos de los cuales ya mencionó el señor Presidente y sobre los que comparto su preocupación. Me refiero, por ejemplo, al del MECAEP, al de la nueva ley y al de los recursos. En este aspecto quiero hacer un comentario: en el día de ayer fue aprobada la Carta de Intención de nuestro Gobierno sobre política exterior. Simplemente, digo que es bastante incompatible hablar de un 4,5% del Producto Bruto Interno para la educación, estableciendo un 4% de ese mismo Producto Bruto Interno como necesario superávit primario. Naturalmente, esta es la Comisión de Educación y Cultura y no la de Hacienda, pero la realidad es que las cifras son incompatibles. No estoy cuestionando la política económica, pero queda claro que toda mejoría que haya en la recaudación, se va a destinar al pago de la deuda externa. 

Eso es lo que se comprometió, se firmó, se dijo y es lo que aprobó ayer el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que toda mejora en la recaudación que tengamos hasta el año 2007, por lo menos, va a ir a incrementar el superávit primario, o sea, al pago de la deuda. Lo señalo, simplemente, para que compartamos la preocupación y no para que abramos un debate sobre la referida Carta de Intención. 

Percovich:
Voy a ser muy breve, porque me voy a ceñir a dos preocupaciones que quisiera se profundizaran. Una de ellas tiene que ver, justamente, con los desafíos que encara la educación con relación al hecho de que -en esto no comparto lo que señalaba el señor Senador Sanguinetti-, lamentablemente, la pobreza se ha reproducido por demasiadas generaciones, así como la pérdida de hábitos de trabajo. De la misma manera, ha habido un deterioro con relación a lo que se señalaba como un valor de la sociedad uruguaya, pero que en algunos sectores se ha perdido, y que es el valor educación e, incluso, los hábitos alimentarios. Todos estos elementos hacen que ese sea un núcleo cada vez más duro de incorporar e incluir. 

En ese sentido, si bien algo se insinuó, me gustaría saber cómo están pensando, desde los distintos ámbitos de educación, la coordinación con las otras políticas sociales del Gobierno, ya que ese es uno de los desafíos centrales. Quienes hemos seguido esos procesos de exclusión –Legisladores de todos los partidos políticos- siempre encontramos una falta en la coordinación de todos los sistemas de política social. La educación, a veces, se ha caracterizado por ser muy vertical en su estructura, poco complementada con el sistema de salud y sin una visión de inclusión en el sistema productivo. En definitiva, quisiera que se me dijera cómo se está encarando este tema desde el sistema educativo.

Por otra parte, con relación al tema que acabo de mencionar, me quiero referir a la formación docente. Hemos detectado que el sistema de formación docente ha ido incorporando, muy lentamente, elementos para que los docentes puedan encarar estas nuevas problemáticas que antes no existían en el país. Esto hace que se reproduzca la pobreza, justamente, por carecer de elementos de formación para encararlos. Me refiero a los problemas de violencia y de nuevas culturas que se han ido reproduciendo y que atiende la Educación Pública. 

Para lograr que estos problemas no se sigan reproduciendo se requieren capacitaciones específicas en estos temas que antes no se contemplaban. En ese sentido, discrepo con el señor Presidente ya que, lamentablemente, esta parte de la población no está representada en el sistema político -que también se construye con una representación que se reproduce- y muchas veces sus intereses no se atienden –como es responsabilidad del Estado-, por lo que no se tienen en cuenta en las políticas públicas ni en la legislación. Esto lo dice alguien que forma parte de una representación bastante minoritaria de los intereses y vivencias de la mitad de la población. 

Acá se dijo algo muy importante: se debe buscar que el alumno aprenda a ser él mismo. Eso tiene que ver con derechos diferentes. Entonces, en cuanto a los temas de la violencia, la educación para la sexualidad, las responsabilidades familiares y la construcción de hábitos –desde los alimentarios hasta los de horarios- que se han perdido en el entorno de los educandos, ¿cómo se está pensando en incorporar en la formación docente los necesarios apoyos para evitar las deserciones que nos duelen tanto en el sistema educativo?

Hasta que no se apruebe la ley de educación, la educación sigue andando porque, como dice el tango, "el mundo sigue andando"
PENADÉS

A esta altura, fue un acierto la iniciativa que tuvimos de convocar al Consejo Directivo Central para que viniera en la mañana de hoy a la Comisión de Ecuación y Cultura del Senado a tratar una serie de temas. Naturalmente, estos temas se irán discutiendo en esta Comisión, así como en la de Presupuesto integrada con Hacienda, en el momento en que se considere el proyecto de Presupuesto quinquenal. 

Cuando promovimos esta convocatoria, nos pareció oportuno empezar a tener un diálogo estrecho y permanente con las autoridades del CODICEN, por varios motivos que no son menores. En primer lugar, porque el 16 de febrero, el Uruguay logra la concreción de una serie de documentos que permitieron obtener algo que no es muy fácil de ver en estos tiempos. Me refiero a que todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en tres áreas sensibles de la vida nacional respecto a las líneas y políticas generales que debían seguirse. Uno de los temas que fue analizado y sobre el que logramos tener una serie de acuerdos, es el de la educación. 

Quiero manifestar que me hubiera gustado que en el futuro pueda ser mencionado ese acuerdo que se obtuvo el 16 de febrero como una de las líneas que logra consenso político detrás del cual todos los partidos políticos caminamos. Con toda seguridad, eso va a evitar que más adelante existan desacuerdos con relación al tema de la educación nacional, al que todos le damos la máxima importancia. 

En segundo término, es una realidad política que no debemos desconocer y que va a provocar que en el futuro las Comisiones –y hablo de la que integro, la de Educación y Cultura del Senado- tengan una estrecha vinculación con las autoridades del CODICEN, ya que por primera vez en mucho tiempo la oposición no está representada en el máximo órgano de dirección de la política educativa nacional. Eso va a implicar, sin desmedro del reconocimiento moral e intelectual que le damos a los integrantes del actual CODICEN y de los Consejos Desconcentrados, que la comunicación entre estos dos órganos y el ámbito en donde radica la posibilidad de controlar -que era el de la oposición o el de la minoría en los Consejos, hoy inexistente- se centre y radique en el Parlamento Nacional. Por esa razón, desde ya anuncio que sería buena cosa que el Consejo Directivo Central tomara las precauciones como para que en el futuro, muchas de las decisiones trascendentes que se tomen, se pongan de inmediato a la luz de las autoridades del Parlamento para que la oposición tenga un conocimiento cabal del funcionamiento de los órganos de dirección de la educación pública y, en especial, de la educación en general de nuestro país. 

En ese sentido, también, luego de la muy intensa y extensa intervención del Presidente del CODICEN, el doctor Yarzábal, queremos decir que en muchas cosas coincidimos, en otras no tanto y en otras nos reservamos el derecho de poder releer la versión taquigráfica para ir generando un debate en el que me permito reivindicar la importancia de los representantes políticos. Creo que por la sana institucionalidad de nuestro país, debemos seguir reivindicando los ámbitos de decisión y de Gobierno en los ámbitos constitucionalmente establecidos, uno de ellos el del Parlamento Nacional, sin perjuicio de la más amplia consulta y del diálogo que consideramos positivo y que creemos que es importante seguir. 

Cuando llega el momento de tomar decisiones, se sigue haciendo en los mismos ámbitos en donde se debe hacer. En ese sentido, con relación a la ley de educación, hoy no vamos a abrir juicio ni opinar porque creemos que es algo en lo que tenemos que trabajar, profundizar y discutir; hay un tema mucho más específico que es la administración del pan nuestro de cada día. Hasta que no se apruebe la ley de educación, que todos reivindicamos como necesaria y útil, la educación sigue andando porque, como dice el tango, "el mundo sigue andando" y es, en ese sentido que debemos trabajar con lo que tenemos y con la normativa legal vigente, tratando de sacar el mayor provecho en beneficio de nuestros compatriotas y, fundamentalmente, de los jóvenes. 

Por lo tanto, al igual que el señor Senador Sanguinetti, me permito manifestar mi preocupación y anunciar el especial celo que vamos a tener con relación a algo que compartimos con el director nacional, que fue su anuncio de defensa de la más irrestricta laicidad. En ese sentido, creemos que es oportuno reivindicar y anunciar que compartimos ese concepto que estaba incluido dentro del documento al que hacíamos referencia el 16 de febrero, y pensamos que esas deben ser las bases sobre las que se tiene que sustentar todo el sistema educativo nacional. También nos permitimos anunciar, o por lo menos decir, que compartimos las preocupaciones en cuanto a la interpretación de materias tan delicadas como la de la historia y el anuncio que el Presidente del CODICEN hacía sobre la extensión de su tratamiento a décadas posteriores a 1967 en la educación primaria. Creo que debe hacerse con mucha atención y profesionalidad, para evitar desbordes, producto de la cercanía del tiempo. 

Percibimos que estos desbordes, muchas veces, se dan en la educación secundaria por interpretaciones que hacen los profesores de historia sobre la realidad cercana y no tan cercana que al Uruguay le tocó vivir y que, a menudo, ni siquiera se condice con lo que sucedió. Pero creemos que en el ámbito de la educación primaria se debe poner especial énfasis en cuanto a la asepsia de los conceptos para llegar a obtener el objetivo buscado en la formación de los educandos. 

Más específicamente tenemos una serie de preguntas, muchas de las cuales ya han sido realizadas por las y los señores Senadores que han hecho uso de la palabra antes que nosotros, y nos gustaría profundizar en algunas de ellas, que me parece que tienen relación con hechos puntuales. Ante la cercanía, por ejemplo, de la elaboración del Presupuesto Nacional –que calculo que en estos días debe estar distrayendo la atención de todos los organismos públicos ya que se viene acercando el plazo en el que debe ser remitido al Parlamento- quisiéramos conocer si el CODICEN ha recibido ya pautas con relación a él, por parte del Ministerio de Educación y Cultura o del Ministerio de Economía y Finanzas, que vayan marcando cuáles van a ser los lineamientos para su confección. Digo esto porque frente a los anuncios de austeridad y a los recortes presupuestales ya decididos por el actual Gobierno, fundamentalmente en el área de las inversiones en la Administración, se anuncia que será, por lo menos en esta primera etapa, un Presupuesto acotado. Entonces, en ese sentido, queremos saber si el CODICEN va a elaborar un Presupuesto acorde a los lineamientos que el Gobierno central le vaya a dar, o hará uno acorde con sus necesidades, y pretende que éste sea dirimido –como en tantas otras oportunidades- en el ámbito parlamentario. Hago esta mención porque en reiteradas ocasiones, por parte del señor Presidente del CODICEN, se dijo que somos los Legisladores quienes confeccionamos el Presupuesto. ¡Ojalá fuera así! Por lo tanto, queríamos saber si existe coordinación o si el CODICEN pretende llevar adelante la elaboración de un proyecto de Presupuesto independiente a instrucciones que pueda haber recibido del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Educación y Cultura, o si esas instrucciones han existido. 

De la misma manera, quisiéramos conocer qué directivas ha dado el CODICEN a los Consejos Desconcentrados con relación al Presupuesto, en cuanto a su confección. Justamente, con relación a los Consejos Desconcentrados, quisiéramos saber la opinión del CODICEN con respecto a la autonomía técnica de éstos, ya que en su intervención el Director Nacional la explicaba, pero me gustaría que se profundizara un poco más con relación a la autonomía debido a que en los últimos tiempos habíamos percibido una pérdida con relación al Consejo Directivo Central. 

Por otro lado, nos gustaría conocer cuál es el futuro –a pesar de que ya fue algo anunciado por parte de Director Yarzábal y dicho y preguntado por el señor Presidente y por el señor Senador Sanguinetti- de los planes MESyFOD, MEMFOD y MECAEP. Adelanto que no conocemos las auditorías que han sido realizadas por parte de la Universidad de la República y de una institución privada con relación a estos institutos, por lo que quisiera que el CODICEN nos las remitiera oficialmente al seno de la Comisión de Educación y Cultura. En ese sentido, desearíamos conocer cuál va a ser el futuro, ya que muchos de estos planes terminan su financiamiento en 2007, si el CODICEN pretende extenderlos más allá de esa fecha y la opinión que las actuales autoridades tienen con relación al funcionamiento de estos proyectos. 

Se ha hablado aquí de algo que consideramos clave, que es la formación docente. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos que debemos encarar. El Presidente del CODICEN algo anunciaba con relación a la coordinación entre la formación docente que se lleva adelante en la órbita del CODICEN y la que se lleva en la Universidad de la República. Me permitiría agregar también la que se pudiera llevar -y se está llevando- en las Universidades privadas. Somos conscientes de que los monopolios en todas las áreas son malos, pero quizás en el área de la educación son peores. En ese sentido, nos gustaría conocer cuál va a ser el concepto de la formación docente en nuestro país, es decir, si el reconocimiento de ésta se dejará solamente en ámbitos de la formación pública o se podrá abrir también a la educación privada. 

Asimismo, quisiéramos saber si entienden que conviene o no dar el estatus universitario a la formación docente de maestros y profesores que imparte el CODICEN a través de los Institutos Normales como el IPA y los CERP. 

También nos gustaría conocer la opinión de las actuales autoridades con relación a la calidad de la formación docente. Al respecto, todavía nos queda muy presente aquella afirmación que hizo la ex Consejera Tornaría en cuanto a que la mayoría de los docentes de matemáticas no están capacitados para realizar la educación de dicha materia. También recuerdo alguna conversación que mantuvimos con el entonces Decano de la Facultad de Ciencias, actual Intendente electo de Montevideo, doctor Ehrlich, con relación a un grupo de coordinación que existía sobre materias de educación en las ciencias entre la ANEP y la Universidad, en el que estuviera, entre otros, el ex Decano Wschebor, que intentaba trasladar conocimientos a la educación media y técnico profesional, y sobre los lentos procesos y las desconfianzas mutuas que existían, que hacían que no se aprovechara en todo su potencial el conocimiento que la Facultad de Ciencias tenía en ese tema. Creo que hay que derribar rápidamente las barreras que impiden un intercambio de conocimiento, lo cual me parece imprescindible para mejorar la calidad de la educación. En ese sentido, me gustaría conocer la opinión de las actuales autoridades del CODICEN. 

Con relación a algunos de los programas de educación que el CODICEN ha llevado adelante, se estaría mencionando la posibilidad de que se dejaría sin efecto el de educación en valores. Queremos saber si eso es así, por qué se pretende sustituir o por qué se va a dejar sin efecto ese programa que consideramos fundamental. 

Asimismo, nos gustaría conocer qué se opina acerca de dos temas sobre los cuales creo que la educación pública ha estado bastante omisa o, al menos, alejada, aunque quizás no se le ha dado la difusión debida. Me refiero a los programas sobre educación sexual, que me parece imprescindible que rápidamente se logre poner en práctica, y educación en drogas, que es un tema que nos golpea con una fuerza brutal y sobre el que creemos debería haber una propuesta de mayor actividad o activismo de parte de la enseñanza pública en nuestro país.

Quisiéramos saber también qué estrategias pretende desarrollar el actual CODICEN para promover la inclusión de personas con capacidades diferentes o con necesidades educativas especiales en la educación pública. Ya que el Presidente del CODICEN mencionó este asunto en su exposición, nos gustaría conocer su opinión. 

Para finalizar, a fin de no cansar a los integrantes de la Comisión y del Consejo -sin perjuicio de que creo que la extensión de los temas dará como para que nos sigamos reuniendo en el futuro-, quisiéramos saber algún detalle sobre la calidad educativa.m 

Al respecto, nos preguntamos si el CODICEN pretende tener una entidad externa que verifique la calidad de la enseñanza impartida dándole una amplia difusión para que los padres conozcan el nivel de educación que sus hijos están recibiendo. En caso de que no hubiera una entidad externa, nos gustaría saber si se piensa revitalizar una unidad de medición de resultados educativos que fue creada durante la administración que presidiera el doctor Gabito Zóboli que, lamentablemente, después quedara sin efecto y que nos parece importante que se lleve adelante. 

Con relación a la infraestructura, me gustaría saber, por un lado, si se ha agotado el financiamiento de U$S 17:000.000 que se obtuvo con el remate de la Terminal de Contenedores o si queda algún rubro que pueda ser ejecutado por la actual administración. Asimismo, quisiera conocer en qué situación está el anuncio de esta administración en cuanto a que comenzaría a arreglar cien institutos de educación; sería oportuno saber si se ha comenzado o no a hacer algo. En ese sentido, quiero saber en qué etapa está la reparación del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y la controvertida obra del liceo de Médanos de Solymar, que en su momento ocasionara movilizaciones de los vecinos de esa zona.

Esta sería mi primera intervención. 

Senador LORIER:
Comparto el profundo y completo informe que ha hecho el señor Presidente del CODICEN. Me gustaría enfatizar sobre un aspecto que tiene que ver con la interrelación de las políticas sociales, que me gusta mencionar como consumos de desarrollo hacia un país productivo con justicia social y participación popular y que de alguna forma es el proyecto alternativo que pretendemos traer al Uruguay. 

Me resulta impensable que ese más del 50% de niños que hoy están por debajo de la línea de pobreza –muchos de los cuales son indigentes y, por lo tanto, no comen todos los días- pueda hacer penetrar en su cerebro conocimientos que son esenciales, vitales para las transformaciones que hoy –como bien se decía aquí- necesitamos imperiosamente abordar en una sociedad, que medianamente podemos aceptar como sociedad del conocimiento, donde éste es clave y fundamental para el abordaje de los rompimientos de la dependencia. No me refiero a una visión primitiva acerca de que no estamos interrelacionados o conectados con el mundo, pero sí a la necesidad de ir hacia un país con especialización productiva con alto grado de calidad, sin lo cual estamos condenados a una pauta primario exportadora o a una primarización de nuestras actividades productivas y a una inserción en el mundo totalmente dependiente, recibiendo precios inferiores por nuestros productos y condenándonos a un desarrollo lateral, subsidiario, por lo cual la educación es esencial, básica y vital. 

También me parece que es clave el tema de la coordinación que mencionaba la señora Senadora Percovich, en el sentido de que la salud, la vivienda y la alimentación son elementos que deben estar interconectados. Además, creo de interés enfatizar el tema de la educación en otro sentido que muchas veces no se ve, no se analiza, y es su papel en lo que se refiere al desarrollo del mercado interior. Sobre todo, sería interesante que lográramos alcanzar, en este período quinquenal, ese objetivo del 4,5%, que para mí es fundamental si es que queremos realmente transformar la vida y la producción uruguaya en el sentido de la inserción internacional que mencionábamos. 

Además, son centenares de millones de dólares que se vuelcan al interior; así como en lo que tiene que ver con el Plan de Emergencia visualizamos que se trata de U$S 200:000.000 (U$S 100:000.000 anuales) que van hacia el mercado interior y sirven para su desarrollo, lo mismo percibimos con respecto al tema de la educación y también de la salud. Nosotros no estamos de acuerdo con un desarrollo sólo agroexportador, sin que tenga vinculación con las necesidades de nuestra gente y la deuda social enorme que tenemos, que en parte está reflejada por esa niñez empobrecida e indigente que hoy padecemos. 

En ese sentido, con respecto al tema educativo en sí y concordando con la necesidad de la transformación en lo que refiere a los organismos que se han ido injertando en el proceso educativo producto de la reforma en curso, me surgen algunas preguntas. 

Por un lado, compartiendo los criterios generales que aquí se han manifestado, me gustaría saber cómo van a ser los criterios de evaluación del producto de esta reforma durante el tiempo que se aplicó y quiénes van a evaluarla y, en segundo lugar, creo que es necesario reflejar las angustias y las necesidades de la gente que está ganando sueldos bajísimos –también he leído y escuchado algunas preocupaciones y angustias de quienes hoy pueden estar siendo afectadas en cuanto a sus altísimos salarios- que no les alcanzan para satisfacer los elementos mínimos de su vida. Esa angustia sí me preocupa: la angustia de la gente que no tiene para comer. Hemos visto descender el nivel de la educación uruguaya. He llegado a casas donde no veo un libro, pero tampoco veo un diario. 

Aquí el analfabetismo no es sólo de nuestra población en general, sino que choca en quienes tienen que formar a nuestra gente porque, para empezar, no tienen recursos para comprarse los elementos que son vitales. ¡Qué interesante, qué hermoso, qué lindo era ver a aquel maestro que compraba libros por leer, que se formaba, que buscaba crecer, al igual que el profesor de secundaria! ¡Y qué triste es ver hoy a estos maestros que van a buscar un trabajo pero no una vocación! 

En definitiva, creo que las angustias son válidas siempre, pero las que me preocupan son las de estos docentes y, sobre todo, las de esas maestras que uno ve, por ejemplo, en el cruce de las Rutas 56 y 6, en mi departamento, buscando ir a una escuela rural sin un vehículo, haciendo cosas maravillosas por cumplir con su vocación. Esas angustias sí me preocupan y, en ese sentido, quiero decir que me parece de interés manejar con firmeza el tema de los contratos de obra porque, reitero, estimo que hay que dar prioridad a este tipo de angustias.

Con respecto a la historia, sólo quiero agregar que creo que también nos tienen que preocupar todos los vacíos que existen en nuestra historia, todo lo que no está dicho con respecto a ella. Así como nos podemos preocupar hacia el futuro o hacia lo contemporáneo, me parece muy importante todo lo que no se ha dicho o todo aquello que se ha dicho pero con una visión que tal vez no era la global y total que debería de tener el tema histórico en nuestro país.

Muchísimas gracias; era cuanto quería manifestar. 

Señor yarzábal
Voy a dar una rápida visión general para responder a los planteos formulados por los señores Senadores y luego, en algunos puntos específicos, pediré que alguno de los integrantes del Consejo haga un avance de lo que posteriormente detallaremos. 

En este rápido y seguramente superficial recorrido sobre las grandes interrogantes que se han planteado, en primer lugar quiero decir que esta reunión ha validado la concepción de la importancia que tiene el intercambio entre el ámbito político y el técnico educativo en el que nos toca operar. Hemos recogido una extraordinaria riqueza de visiones que seguramente va a ayudarnos a cumplir con nuestras grandes responsabilidades, lo que desde ya agradecemos.

Con respecto a la primera pregunta planteada por el señor Presidente de la Comisión, brevemente le puedo responder que en el 4,5% que la ANEP defiende como meta, para el final del quinquenio, para incorporar al Presupuesto de educación, se incluye a todos los organismos públicos, es decir, a la ANEP, a la Universidad de la República y a toda aquella pléyade de organismos de educación que están situados en el ámbito de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior así como en otros ámbitos públicos educativos. Ese 4,5% estaría dirigido a todo ese componente del sector educativo y estaría basado en la historia de los gastos orientados hacia esos componentes. Destaco que ese porcentaje está por debajo de la media de la región que, según los últimos cálculos, se ha elevado al 5,2% en América Latina y el Caribe.

Deseo hacer un breve comentario respecto a nuestro esbozo sobre políticas de endeudamiento. Entendemos que son compartibles los señalamientos que ha hecho el señor Presidente, en el sentido de que todo endeudamiento razonable, compatible y cauteloso, en el ámbito de la cooperación internacional, será obviamente bienvenido; pero queremos que tenga todas esas características antes mencionadas. Además, de ser posible, esperamos que se oriente al área de edificaciones y no tanto al de políticas educativas, puesto que éstas son las que sufren cuando después estos proyectos se cortan y no se institucionalizan. 

Respecto a los proyectos MECAEP y MEMFOD, voy a hacer breves comentarios para decirles que los criterios que se siguieron para tomar las decisiones por parte del CODICEN fueron, en primer lugar, la reorientación de estos proyectos para poder reincorporarlos a la institución ANEP. ¿Reorientación en qué sentido? En el sentido de que atienda a las políticas que se van a desarrollar en el próximo quinquenio y, por lo tanto, esa reorientación todavía está en curso de análisis. 

En segundo término, se decidió la institucionalización de aquellos componentes que han sido evaluados positivamente por vastos sectores de la sociedad, así como también por los docentes y los actores educativos como son, por ejemplo, la universalización de la educación preescolar, la extensión de las escuelas de tiempo completo o la universalización del Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria, para que pasen al ámbito de los Consejos Desconcentrados que, en el futuro, seguirán administrándolos y orientándolos. 

Me interesa precisarle al señor Presidente que no hubo ningún cese de funcionarios. Lo que sucedió fue que terminaron algunos contratos, cuyas condiciones eran conocidas por los contratados al firmarlos, y de esos contratos, algunos fueron renovados y otros no, pero no se cesó a ninguna persona. 

En cuanto al desmantelamiento, fui claro en la puntualización al respecto, pero quiero atender su inquietud y asegurarle que el CODICEN no se planteó desmantelar estos proyectos, sino reorientarlos e institucionalizarlos a fin de sacar el mejor provecho de los resultados positivos que han generado, evitando que se produzcan consecuencias negativas en el futuro. 

En lo que tiene que ver con las preocupaciones expresadas acerca de la ley de educación y nuestras eventuales posiciones al respecto, también debo asegurar al señor Presidente que compartimos los criterios que ha expresado aquí y que entendemos claramente cuáles son las responsabilidades de los distintos Poderes. Además, en nuestro ánimo está el impulsar y fortalecer un debate que aporte elementos constructivos a la elaboración y aprobación de la ley respetando, desde luego, las atribuciones de cada uno de los Poderes. 

Por otro lado, considero que la intervención del señor Senador Sanguinetti constituye un ejemplo cristalino de lo que supone el pluralismo y el intercambio de visiones para enriquecer toda política de gobierno, institucional o nacional. Los aportes que ha hecho sobre la idea de transición, sobre la concepción de la historia contemporánea y su ubicación en el ámbito de los programas educativos, sus contribuciones sobre la sociedad del conocimiento y su análisis del fenómeno de la pobreza, no hacen más que ilustrarnos y enriquecernos para poder construir de manera más amplia, segura y consistente nuestra propuesta de políticas para el futuro, desde luego que en el marco de un debate que seguramente se irá desarrollando en el tiempo, tal como el propio señor Senador recomendó, en virtud de la complejidad y trascendencia de los temas que él ha rescatado de manera fundamental. 

Respecto a lo planteado por la señora Senadora Percovich sobre la coordinación con otras políticas, desde ya hago un pedido expreso al Consejero Florit para que complemente lo que voy a decir. Estamos trabajando en estrecha relación con los Ministerios de Desarrollo Social, de Transporte y Obras Públicas, del Interior y de Salud Pública, procurando una coordinación efectiva de estas políticas. 

En lo que tiene que ver con la formación docente, pediría autorización a la Comisión para que los comentarios sobre este tema los hiciera el Consejero Barrán que, dentro de la distribución de funciones de nuestro Consejo, es quien está conduciendo el proceso de transformación de la formación docente.

En cuanto a los planteamientos hecho por el señor Senador Penadés, debo decir que asumo la responsabilidad de haber cometido una omisión al no señalar en la exposición inicial la importancia e influencia que tuvo en su redacción el acuerdo multipartidario al que se arribó en febrero de este año. Si se lee con detenimiento el contenido de esta presentación inicial, se observará que las orientaciones generales del acuerdo interpartidario –que es un fenómeno realmente destacable de nuestra sociedad política y general- inspiran en gran parte la exposición que hicimos al comienzo. 

En lo que tiene que ver con la eventual independencia, quiero adelantar a esta Comisión que es nuestro interés buscar la presentación de un proyecto de Presupuesto único con el Poder Ejecutivo para poner a consideración del Parlamento. 

Con relación a los futuros planes para MECAED y MEMFOD, me permitiría solicitar a los señores miembros de la Comisión que le demos la palabra a la Consejera D´Elía que, seguramente en forma breve, podrá hacer alguna consideración al respecto. 

En lo que concierne a las relaciones de la Universidad con la ANEP, me complace anunciarles que, luego de un proceso de análisis y discusiones en el ámbito de ambos Consejos Directivos Centrales, en el día de ayer se hizo el anuncio público de la concertación de ambas instituciones para dos acciones fundamentales que vamos a desarrollar en el futuro: la primera es la constitución de una Comisión Mixta entre la ANEP y la Universidad para analizar las posibilidades de cooperación sostenida, permanente y creciente, y la segunda, la aprobación de un acuerdo para echar a andar, en el curso del año 2006, nuevas carreras en el ámbito tecnológico, que resultarán de la asociación de las capacidades y los recursos de ambas instituciones. 

En cuanto a la preocupación manifestada por el señor Senador Penadés respecto a la educación en valores, también quiero solicitarles que sea el profesor Barrán quien realice una consideración al respecto. 

En lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad, debo decir que ha sido preocupación fundamental de este Consejo mantener bien estructurada la Unidad de Investigación y Evaluación del CODICEN y sostener los Programas de Evaluación Externa, que tienen que ver con estudios comparados de todos los países industrializados más algunos otros en vía de desarrollo –entre los que se encuentra el Uruguay-, ampliándolos además al ámbito latinoamericano, en el marco de la cooperación con la UNESCO, que ha puesto a andar el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa en el cual ingresará el país el año en curso. Esto no descarta la posibilidad de la reconstitución de una Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa, con indicadores que el Consejo tendrá que discutir y convenir oportunamente. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos relacionada con los aportes de la Terminal de Contenedores, le voy a pedir al Consejero Florit que, en ocasión de su intervención, aporte información al respecto. 

Señora D’elía
Complementando algunas cosas que señalaba el señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer la invitación y congratularme de que podamos compartir este espacio. Creo que tiene múltiples aspectos positivos para todos, porque elimina la relación mediatizada y nos permite un intercambio fluido, así como la valoración conjunta de los procesos que estamos viviendo en simultaneidad. 

Nos enriquece a todos, en especial a aquellos que recién nos iniciamos en el ejercicio de ser Gobierno y nos toca estar al frente nada más ni nada menos que de la Administración Nacional de Educación Pública, estar en contacto con personalidades de larguísima trayectoria como las que integran esta Comisión de Educación y Cultura, más allá de acuerdos o de discrepancias de incuestionable valor que puedan existir en la vida política del país. Espero que en reuniones sucesivas –que sin duda se producirán con relativa frecuencia-, esta relación adquiera la fluidez que el conocimiento personal va generando.

Con relación a las preocupaciones que planteaba el señor Presidente, en cuanto a los Programas MECAEP y MEMFOD, creo que las líneas generales ya han sido establecidas por el doctor Yarzábal, aunque vale subrayar algunas cosas. El CODICEN en ningún momento hizo suyas propuestas legítimas y respetables de algunos sindicatos, en el sentido de desmantelamiento. Nosotros podemos entender la naturaleza y el origen de planteos como los formulados por la FENAPES, pero eso no significa que los compartamos. 

Desde un inicio entendimos que la propuesta era inviable, básicamente, por dos razones sustantivas: por un lado, entendimos que hay programas en curso que no podían ser afectados sin que ello generara una seria lesión al sistema educativo y a los alumnos involucrados, y por otro, estos proyectos y programas han funcionado como organismos paralelos -desde mi punto de vista, con una autonomía excesiva- y desde el momento en que han ido ocupando determinados espacios, su reinstitucionalización abrupta generaría un impacto imposible de sostener por parte de los Consejos Desconcentrados. Entonces, se hubiera generado de forma irresponsable una situación de caos. 

Sí apuntamos –esperamos poder concretarlo en el mediano y largo plazo- a la creciente institucionalización de estos proyectos y a la transferencia de potestades a los Consejos Desconcentrados, sea de Educación Primaria, de Educación Secundaria o Técnico Profesional, con la seriedad y responsabilidad que acredite la evaluación de cada uno de los componentes, a fin de poder determinar, con la mayor justeza posible, en qué momento es pertinente realizar esa institucionalización. Sí creemos que a partir de estas nuevas definiciones los componentes que ya se han institucionalizado, como por ejemplo el relativo al Ciclo de Educación Básica a nivel secundario, quedarán en la órbita del Consejo de Educación Secundaria, en ejercicio de las potestades que éste tiene; los otros componentes que han permanecido, porque se entendió conveniente que así fuera, lo harán bajo las directivas del CODICEN o del Consejo Desconcentrado que corresponda. No sé si soy clara. Las directivas van a estar elaboradas desde el marco de las políticas educativas que el CODICEN y los respectivos Consejos Desconcentrados definan, y a esas políticas deberán sujetarse estos programas de financiamiento internacional. 

El Presidente de la Comisión planteaba algunas dudas por contradicciones aparentes entre decisiones adoptadas por este CODICEN y algunas recomendaciones que aparecen en el informe de la Universidad de la República. Utilizo el término "aparentes", señor Presidente, porque ese informe no fue el único que tuvimos en cuenta. 

Nos basamos, también, en informes del Banco Interamericano de Desarrollo y en evaluaciones que se fueron haciendo a lo largo de estos años por parte del Banco Mundial con relación a ambos proyectos, por los informes emanados de los supervisores de cada uno de los proyectos y de las propias evaluaciones que, en función de todo ello, nosotros fuimos haciendo. Un elemento que detectamos en más de uno de esos informes –también aparece en el de la Universidad de la República- fue la valoración de algunos componentes sobredimensionados. Por ejemplo, el informe de la Universidad de la República hace referencia al área de infraestructura. Es decir que había más personal del que, estrictamente, era necesario para el mantenimiento de los componentes o para llevar adelante los programas que estaban en curso. 

Por otra parte, como muy bien lo señalaba el señor Presidente, esas recomendaciones no tenían un carácter imperativo; sin embargo, fuimos teniendo en cuenta –y es a la luz de ese conjunto que tomamos decisiones que podrán ser compartidas o no y, de pronto, tendremos que corregir algunas sobre la marcha- las que nos parecieron más adecuadas a los efectos de que los programas que han mostrado ser exitosos puedan continuar, y aquellos que no lo han sido, sean redireccionados conforme a los nuevos criterios de políticas educativas, institucionalizándolos de una manera lenta y paulatina. 

Señor Penadés
La señora consejera nos habla de proyectos exitosos y de proyectos no exitosos. Me gustaría que se especificara cuáles son, a su parecer, los proyectos no exitosos. 

Señora D’elia
No sólo a mi entender, sino al del CODICEN. 

Este CODICEN, así como otros grupos que han hecho evaluaciones, han visto como exitosos algunos de los programas implementados a nivel del proyecto MECAEP, como por ejemplo las escuelas de tiempo completo. Tan es así que es propósito de este CODICEN ir extendiendo el alcance de ese Programa por la importancia, por el impacto social que ha tenido y por la cobertura que brinda, particularmente en una situación de crisis como la que enfrenta nuestra infancia. 

Cabe aclarar que en este Programa la totalidad de sus componentes se han mantenido y, prácticamente, no ha habido reducción de personal, en virtud de esa valoración hecha con relación a cada uno de los componentes. 

Como proyectos no exitosos –de pronto la palabra no sea la correcta, pero podríamos decir que han tenido una valoración menos satisfactoria- podemos mencionar los del programa MEMFOD, que se ha traducido, en el área de la Educación Secundaria, en una multiplicidad de planes y de programas coexistentes –concretamente nueve-, que no permiten una evaluación adecuada de la calidad educativa y, por lo mismo, están siendo sujetos de valoración y de estudio por parte de las autoridades competentes, contando con la participación de las Asambleas Técnico Docentes y sus delegados, a los efectos de poder tener una visión más global de qué o cuál de todas esas experiencias pueden merecer ser conservadas o qué elementos en forma total o parcial se rescatan y cuáles han de modificarse. 

Hay una gran dispersión en ese sentido, pero hay además otro elemento: el caso del Programa MEMFOD incluye la educación media en general, tanto la secundaria como la técnico-profesional. La inversión ha sido desigual en ese sentido y de algún modo en el caso de la educación técnico-profesional quizá no fue todo lo relevante que debería haber sido, si bien hubo elementos de impacto significativo, como lo fueron los bachilleratos tecnológicos. 

Señor Penadés
Por mi parte solicitaría al CODICEN si fuera tan amable de remitirnos las copias de las evaluaciones que se han realizado, la nómina de los contratos que no fueron continuados y, si fuera posible, los motivos por los cuales no fueron continuados. Valoraríamos mucho conocer esa información, señor Presidente.

Señora D´elia
No hay ningún inconveniente; a la brevedad haremos llegar esa información a la Comisión. 

Quiero hacer una referencia muy breve -porque la hora está muy avanzada y quedan temas importantes para que planteen los otros Consejeros- con relación a algunos de los planteamientos del señor Senador Penadés. Al respecto quisiera señalar que en lo personal y en lo colectivo coincidimos con dos de las preocupaciones que él señalaba, si bien no hay una acabada definición de su implementación: me refiero a la educación sexual y al combate a las drogas. Son dos temas que están planteados en la agenda del CODICEN y serán objeto de debate y de consulta. Tenemos como referencia experiencias exitosas anteriores que, por diversas razones que no viene al caso analizar, naufragaron, pero que son referentes ineludibles para cualquier proyecto que queramos implementar. 

Por otro lado, el señor Senador Penadés hacía referencia también a problemas edilicios; concretamente, mencionaba dos casos emblemáticos, como son el del IAVA y el de Médanos de Solymar. Son dos situaciones que nos han quitado el sueño y esperamos que a la brevedad, cuando se normalicen los flujos financieros, se puedan solucionar. Una de las obras está en curso, aunque en forma lenta, porque con frecuencia se descubren nuevas patologías, lamentablemente, pero espero que podamos todos asistir a su reinauguración en breve plazo. Con relación al IAVA está hecho todo el proceso de proyecto, de diseño, de detección de patologías y las licitaciones correspondientes para que, en cuanto esté el dinero disponible, se puedan iniciar las obras, en primer lugar de reparación en lo que tiene que ver con los techos, para evitar las filtraciones, y después todo lo que hace a la infraestructura edilicia. 

Señor José Pedro Barrán
La verdad es que me siento muy contento de oír opiniones tan diversas, y debo decir que, si bien el Consejo está integrado de una manera bastante plural y lógicamente es complejo, las opiniones que he oído aquí me hacen añorar el quinto miembro, porque creo que es importante para una conducción democrática de la enseñanza. Aclaro que digo esto a título totalmente personal. 

El señor Senador Penadés manifestaba su interés en conocer nuestra opinión, que también es a título personal, sobre si la formación docente puede ser encarada por otro organismo que no sea el Estado. 

De acuerdo con lo que establece la ley, es posible que sí, porque dice claramente que, por un lado, el CODICEN estará a cargo de la formación docente en lo que se refiere a la enseñanza pública, pero por otro, que ejercerá la fiscalización de los institutos habilitados de formación docente. Esto deja suponer que existen institutos habilitados privados en formación docente. Personalmente –aclaro que esto es sólo a título personal- comparto la idea de que exista una pluralidad de formaciones docentes, ya que es una garantía básica de la convivencia democrática. 

Con relación a otros puntos a los que se refería el señor Senador Sanguinetti -aunque no sólo él-, a mi modo de ver todos ellos rozan la laicidad, y para mí esta es algo muy delicado y a preservar permanentemente. Tanto la educación sexual, la enseñanza de la historia contemporánea como la enseñanza en valores rozan la laicidad y en lo que me es personal tengo un enorme miedo de que alguno de estos temas se nos transforme en caballos de Troya que la pongan en tela de juicio. Por eso es que me parece que son temas extremadamente delicados. 

El señor Senador Sanguinetti -de quien he leído su obra histórica y verdaderamente la valoro- hace una argumentación sobre los riesgos de la historia contemporánea que naturalmente comparto. Es mucho más riesgosa que el pasado más antiguo. Sin embargo, el señor Senador Sanguinetti sabe muy bien que, como decía Crocce, toda historia hecha seriamente es contemporánea. El propio ejemplo que trajo a colación -es decir, el libro en el que se criticaba a los Constituyentes de 1830 por su liberalismo- indica que, en efecto, cualquiera puede hacer política con cualquier tipo de pasado, desde el romano –señalando por ejemplo las virtudes de la dictadura que estaba instituida en la organización de la República Romana- hasta el mundo contemporáneo uruguayo. 

Sin embargo pienso –y posiblemente la mayoría de los Senadores estén acordes conmigo, al menos en algún principio básico que voy expresar- que en la historia contemporánea, como en la enseñanza de cualquier asignatura en la que existan diversos puntos de vista, el hecho de que sean expuestos con objetividad y con pasión por el docente es casi la garantía de la laicidad. Si eso no sucede, la laicidad no se da. 

No hay historia que sea más pasto de la diversidad de opinión y de interpretaciones que la historia contemporánea. Hace poco di públicamente un ejemplo que me parece bastante real. El docente que se pregunte –tal vez no sea una pregunta muy histórica, pero existe en la sociedad contemporánea- cuál es la causa del decaecimiento de las instituciones democráticas en 1973 y el triunfo de la dictadura militar, si es auténticamente laico, tiene que señalar todas las interpretaciones que hay sobre el punto. A partir de esas diversas interpretaciones es que surge la posibilidad de construir la verdad, que siempre es una construcción cultural y no es algo logrado permanentemente. Entonces, el alumno va a advertir que todo conocimiento es una construcción y que debe dudar de las verdades. A mi modo de ver ese es el origen de una enseñanza laica. 

Se me podrá decir que esta es una opinión muy utópica porque partimos de la base de un gran docente que conozca y que sea muy objetivo, pero tratamos de que eso se convierta en realidad a través de la formación docente. 

En cuanto a la Comisión de Valores, últimamente propusimos eliminarla. En lo que a mí respecta, parte de la obra escrita de esa Comisión –lamento no haberla traído, no sabía que me iba a ser planteado ese tema- es sumamente peligrosa, desde el punto de vista que en este caso puede ser claramente un caballo de Troya –a mi modo de ver y al de la mayoría del Consejo, no de todos- que arrebate la laicidad. En la obra de la Comisión –que por cierto es muy interesante y compartible en muchos puntos- se deslizan observaciones -que desde mi punto de vista son confesionales- sobre la espiritualidad del hombre. Podemos creer en ella, pero no es una observación que deba estar en un documento que emane de una institución laica. 

Si creemos en la espiritualidad del hombre, debemos incluir al lado que hay otras opiniones que dudan de ella; eso es laicismo y no la afirmación dogmática sobre la espiritualidad del hombre, la necesidad de enseñarle a los niños y a los adolescentes, lo que es el bien y el mal orientado por los docentes, lo que me parece extremadamente peligroso si lo vinculamos a la moral privada de las personas y no a la moral pública. En cuanto a la moral pública, creo que estamos todos de acuerdo en que los valores de la democracia, la tolerancia y los derechos humanos son absolutamente indiscutibles, pero creo que la opinión de la Comisión no se estaba refiriendo a ellos, aunque buena parte de sus integrantes cree en estos últimos valores y yo también creo, por supuesto, de manera rigurosa. 

Siendo totalmente honesto, también quisiera decir que si la Comisión de Valores o la enseñanza de valores va a insistir mucho en problemas como los derechos humanos, corremos el riesgo -los señores Senadores apreciarán con facilidad- de cierta politización del tema, lo cual no quiere decir que no se enseñe, pero el riesgo se corre, porque de una exposición muy intensa y muy dirigida de los derechos humanos, pueden derivarse posiciones políticas.

Esto es cuanto quería decir para aclarar mi punto de vista y, en buena medida, del Consejo. 

Señor Penadés.- Realmente, la intervención del Consejero Barrán me parece más que interesante, fundamentalmente, en lo centrado en la educación en valores. Creo, señor Presidente, que este es un tema en el que, en el futuro, la Comisión de Educación y Cultura va a tener que profundizar y mucho para, junto con el CODICEN, ir tratando de construir una serie de políticas de acuerdo. Digo esto porque, si no interpreté mal, el Consejero Barrán anunció que se dejaría sin efecto el programa de educación en valores, (PEVA). Creo que ese es un elemento que en el futuro, deberíamos profundizar, sin perjuicio de la interesante intervención del señor Consejero. 

Por lo tanto, también considero que sería bueno que el CODICEN nos remitiera las conclusiones a las que se llegó en la Comisión de Valores, ya que creo existe una publicación al respecto. En algún momento, creo que hasta se nos mandó dicha información. Por lo tanto, solicitaría que se nos volviera a enviar y, en un futuro, convocar nuevamente al CODICEN para tratar solamente el tema de la educación en valores, como uno de los elementos en el que debemos intercambiar opiniones. 

Señor Florit
Quiero agradecer este encuentro y decir que me siento un poco extrañado de estar en una Comisión en representación de un organismo de Gobierno y no de un sindicato, reclamando cosas. De todos modos, hay una parte de reclamos en el Presupuesto en donde, seguramente, voy a sentirme más cómodo. Adelanto, a título personal, que estamos esperando los anteproyectos de los Consejos Desconcentrados con sus necesidades, que va a ser objeto de análisis de la Comisión de Presupuesto del CODICEN y con seguridad vamos a estar muy atentos a las necesidades que tiene el sistema. 

Comparto con el Consejero Barrán la falta de un quinto miembro como un elemento que no favorece el funcionamiento permanente de un organismo que, por alguna razón, estaba pensado con cinco integrantes. La advertencia del señor Senador Penadés sobre rendiciones de cuentas frecuentes en este ámbito me parece que es un contrapeso, quizás, de control democrático, pero, sin lugar a dudas, puede generar cierta lentitud en el manejo de algunos asuntos. 

El Presidente me encomendó responder brevemente al tema de la vulnerabilidad social, no planteado así por la Senadora Percovich. Creo que es el desafío que tiene la educación pública y la sociedad uruguaya. Los sectores medios aprenden con los docentes o a pesar de los docentes. La mitad de los niños, que son el talón de Aquiles del sistema educativo y de la democracia, precisan del esfuerzo de todos. Pienso que la sociedad uruguaya ha realizado esfuerzos, aunque hoy vemos que son insuficientes. Entiendo que el sistema educativo ha hecho grandes esfuerzos y, en la actualidad, hay algunos de ellos que debemos continuar, otros que debemos reforzar y otros que debemos inventar, no por desconocimiento de lo cumplido, sino por insuficiencia en los tiempos actuales. 

Creo que es buena la iniciativa de ejecutar uno de los componentes del proyecto "in familia", que estaba en la Presidencia de la República y que ahora se ubica en el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre el componente maestros comunitarios, hemos tenido algunas oportunidades de avanzar en formas concretas de implementación. Estamos proponiendo que la actitud tradicional de la institución "Escuela", recibiendo la demanda social y generando los ciudadanos del mañana, hoy tiene que variar su actitud, porque la escuela es la que tiene que ir a buscar a ese sector de población que no es demandante de educación y tiene que traerlo y atraerlo a la institución educativa. Para ello estamos compartiendo o impulsando un proyecto que cambia el posicionamiento del maestro. Se trata de 400 maestros comunitarios actuando con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por un período de seis meses en el año 2005, quizás todo el año 2006 o al menos una parte importante de él, pero sin la seguridad de que los 400 puedan implementarse conjuntamente. Digo esto, porque aquí hay que ser muy cauto en una función y en un nuevo papel que tendrían los maestros. Asimismo, habría una actividad inicial de capacitación con la ONG "El Abrojo", que fue quien ganó la licitación realizada en el año 2004. Asimismo, hablamos de una cooperación de UNICEF en términos de aporte al sistema público para incorporar 45 maestras más a esta experiencia. Yo diría que hay una actitud muy bien dispuesta de Magisterio, del Consejo de Educación Primaria y de la Gerencia de Evaluación para que esta iniciativa tenga un monitoreo y un informe final y ver si efectivamente es un factor determinante para la inclusión de niños hoy desertores o en riesgo de deserción, así como para mejorar los resultados de aprendizaje en el primer nivel educativo. 

Así, se propondría lograr que ese 18% de repetición en primer año, que es persistente y difícil de abatir, se acercara a la media regional, que en ese nivel está en menos de 10%.

Se trata, entonces, de políticas que avancen en el relacionamiento con los sectores de pobreza aguda y, paralelamente, de una institución educativa que se prepare para atenderla.

Dentro de este programa en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, podemos mencionar las jornadas recreativas y los campamentos, y se está trabajando en una modalidad similar a la de los maestros comunitarios, pensado en enseñanza media, que evite la deserción en el primer ciclo, que es una pérdida constante de buena parte de los muchachos, que compromete el mandato constitucional de la educación del Primer Ciclo de Educación Media obligatorio. 

Esta es una parte de la coordinación que se está haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos pensando también en algunas acciones de fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En este sentido, debemos agradecer o reconocer al Parlamento, en tanto votó un mecanismo de recuperación de morosos del Impuesto de Educación Primaria que permitió, al día de hoy, rescatar $ 267:000.000, lo cual no es menor para la situación de la alimentación escolar, sino que es bien importante. 

Resta contestar dos inquietudes más que van a tener respuestas absolutamente parciales. En cuanto a la Playa de Contenedores, aquí hay un remanente importante; en este sentido, se discutió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas una enmienda al Convenio inicial, una reformulación que permita que aquellas obras en las que hay lentitud en la ejecución por parte de la Cartera puedan volver al ámbito de Arquitectura de ANEP, acelerando las obras comprometidas que están en un largo listado que fue presentado en el Ejercicio anterior al Parlamento pero que, sin lugar a dudas, puede ser nuevamente remitido con las correcciones del caso, ya que Secundaria ha solicitado algunas modificaciones. 

Finalmente, con relación al tema de las evaluaciones, quisiera recordarle al señor Senador Penadés que la UMRE nunca se discontinuó, siempre siguió, y hubo evaluaciones en 1996, en 1999 y en 2002, que son la garantía de que las políticas asistenciales focalizadas y compensatorias no pierdan el rumbo; es decir que no es simplemente un tema de alimentación, sino que ésta sostiene un mejor aprendizaje. Esa evaluación, particularmente la UMRE 2002, nos permitió descubrir que en los sectores más desfavorecidos se había logrado mejorar sustantivamente el nivel de los aprendizajes, fundamentalmente del último quintil en la distribución del ingreso, alentando una visión integral de la acción educativa del sistema público y que tiene que ver con que lo asistencial no va en desmedro de lo educativo, sino que todo hace al desarrollo de la persona. 

Por último, nos queda recordar que los temas relativos a drogas y a educación sexual se encuentran en una Gerencia de Programas Especiales que está teniendo una revisión y una reorientación de algunas de las horas que tiene disponibles, que son 8.000. Esto forma parte de las preocupaciones que existen y seguramente se podrá ampliar la información que disponga la Comisión.

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