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3 Partes de un episodio

(1)
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti:
"a lo mejor hay algún incentivo"
para el Ejecutivo uruguayo

En diálogo con radio del Plata, de Buenos Aires, el gobernador justicialista dijo que "si el Uruguay quiere hacerla en otro lado y contaminar otro lado del Uruguay, que lo haga contra el mar, pero no en un río, porque el impacto lo provoca en la provincia de Entre Ríos".

Busti fue cruzado en el diálogo radial con Antón Masa, presidente de la Asociación para la Defensa de la ría española de Pontevedra, donde se instaló una planta similar hace 45 años, con graves efectos contaminantes y destrucción de puestos de trabajo de nueve mil familias que se dedicaban a la extracción del marisco, a causa de la mortandad de los peces.

Masa admitió que le "gustaría" que la misma actitud de los entrerrianos, de estar organizados para oponerse al proyecto industria, "estuviera pasando del otro lado del río", en referencia al Uruguay.

"Es penoso que los representantes políticos se dejen influenciar (por los empresarios)", dijo Masa sin poder terminar la frase, ya que Busti lo interrumpió con una sospecha: "A lo mejor hay algún incentivo para que los influencien", dijo.

El gobernador añadió que en la provincia "la gente está muy concientizada, los estudiantes, los productores, los profesionales, acá no hay ningún colectivo ni nadie que arrastre a nadie".

Asimismo, coincidió con Masa en considerar "una ficción" el argumento de las empresas europeas sobre que se generarán puestos de trabajo, "porque se crean sólo en la construcción de la planta.
 

"Van a contaminar nuestro río y van a destruir nuestro medio ambiente", exclamó Busti, mientras ratificó que "dentro del marco del derecho vamos a ir a todos los foros internacionales" para rechazar la instalación de las fábricas

(2)
Uruguay llama a consulta a su

embajador en Buenos Aires

El canciller Reinaldo Gargano dijo que, ante la gravedad de esas
afirmaciones, el presidente Tabaré Vázquez adoptó la medida.
Gargano afirmó que Busti traspasó los limites que el gobierno uruguayo
considera imprescindible
para las buenas relaciones con el vecino país.
"Tenemos que conocer la opinión del gobierno argentino, si comparte las
declaraciones del señor gobernador de Entre Ríos, que constituye un agravio.
Un agravio no sólo al gobierno de la República Oriental del Uruguay en
funciones, sino también al conjunto de las fuerzas políticas del Uruguay que
han estado -como ustedes saben- formando un sólo bloque con el gobierno en
torno a que el tema de la instalación de estas plantas. Es un acto de
soberanía nacional hecho con los cuidados respectivos hacia el medio
ambiente y teniendo todas las garantías de todo tipo, incluida la
instalación de esta comisión binacional", sostuvo el canciller.

Gargano, en conferencia de prensa, dijo que Uruguay siempre ha
tratado el tema con total respeto hacia las autoridades argentinas,
ignorando, hasta ahora, los comentarios que han hecho muchos de sus
representantes.

"Se ha hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a instalar una comisión
binacional, que está haciendo el seguimiento de las consecuencias de un
posible impacto ambiental conjunto de las plantas sobre el Río Uruguay. Pero
en el día de ayer asistimos a una noticia que ustedes habrán apreciado tanto
como nosotros en su gravedad. Y es que el gobernador de Entre Ríos al
comentar el tema ha traspasado ciertos límites que el gobierno uruguayo
considera no conveniente para las buenas y amistosas relaciones que
mantenemos con el gobierno de la República Argentina", dijo.
 

(3)
Comunicado de prensa del gobernador de
la provincia de entre rios Dr. Jorge Pedro Busti
 

PARANÁ:
Medios de comunicación uruguayos informan el día (sabado 30/10) de hoy que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay habría llamado a consulta a su Embajador ante la República Argentina por supuestas declaraciones del Gobernador de la Provincia de Entre Ríos el día de ayer (sábado 29) quien habría dicho que “a lo mejor había algún incentivo para que el Uruguay aceptara la instalación de las papeleras”. 

Las noticias citan al Canciller Reinaldo Gargano quien afirma que “Tenemos que conocer la opinión del gobierno argentino, si comparte las declaraciones del señor gobernador de Entre Ríos, que constituyen un agravio…no solo a la República Oriental del Uruguay…, sino también al conjunto de las fuerzas políticas del Uruguay”. 

Al respecto debo informar al pueblo de la Provincia de Entre Ríos, así como a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: 

  1. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay está dando una interpretación absolutamente equivocada de mis declaraciones a Radio del Plata y por ello mismo está cayendo en una reacción totalmente desproporcionada con los hechos. El Gobierno Uruguayo asume sin duda que el concepto “incentivo” en mis declaraciones connota una acción espuria, ilegal o tal vez asociada a corrupción. Solo así se explicaría la reacción anunciada por el señor Canciller de llamar a consulta al embajador uruguayo.
     
  1. Para aclaración al Sr. Canciller Gargano, así como a todos los uruguayos, deseo expresar que efectivamente considero que existen incentivos para que el gobierno del Uruguay defienda, como lo hace, la instalación de las papeleras en Fray Bentos
     
  2. Tales incentivos están a la vista de todos y no los invento yo sino que han sido expresamente manifestados por varios voceros del gobierno y de las empresas involucradas como lo son: que las papeleras representarán una de las mayores inversiones extranjeras en el Uruguay; que su instalación significará una importante fuente de generación de empleo a ese hermano país; que las papeleras darán un gran impulso a la economía local; que de hecho se convertirán en un incentivo al crecimiento de la economía nacional, algunas cifras incluso hablan que la instalación y operación de las papeleras representarán un incremento de más del 1% del PIB; así como otra serie de argumentos que definitivamente constituyen incentivos que obviamente sustentan la intransigente posición del Gobierno del Uruguay para instalar las papeleras.
     
  1. Lo lamentable de todo esto no son de ninguna manera los incentivos o supuestos beneficios para el pueblo y gobierno del Uruguay, sino que el hecho que se esté subordinando a una inversión económica una serie de derechos que afectan a los ciudadanos y a la necesaria protección al medio ambiente, a la vida, al ecosistema y a la propia actividad económica tales como la agricultura, la pesca, el turismo, etc. de los pueblos de ambas márgenes del Río Uruguay. Esto sucede al dejar de lado y restarle prioridad por parte del Gobierno del Uruguay a lo que para nosotros constituye una condición fundamental para que éste emprendimiento se lleve  a cabo y por lo cual hemos venido luchando desde el inicio de esta controversia: la realización de un estudio independiente de impacto ambiental que exigimos se lleve a cabo antes de continuar las obras.
     
  1. Para conocimiento del Sr. Canciller Gargano, del honorable Gobierno de la República Oriental del Uruguay y de ese hermano pueblo quiero enfatizar que mi posición y determinación se enmarca en la obligación de todo gobernante democrático en un Estado Democrático de Derecho como lo es la protección y defensa de los derechos humanos, económicos y sociales de los ciudadanos, entre los cuales ciertamente se encuentra el derecho al desarrollo sustentable.
     
  1. En esta acción y en esta política los entrerrianos hemos recibido desde un inicio el total, absoluto y decidido apoyo del Gobierno del Presidente Néstor Kirchner apoyo transformado en acciones concretas por parte del Canciller Rafael Bielsa.
     
  1. Lo hemos dicho antes y lo repetimos; lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo: en esta controversia apelaremos a todos los canales e instancias disponibles dentro del marco del derecho tanto dentro de mi país como en los espacios del ámbito y diálogo bilateral, así como en los foros internacionales. Es precisamente en esta línea de acción que hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a las instancias fiscalizadoras del propio Banco Mundial como lo es la Oficina del Ombudsman, a los gobiernos de Finlandia y España, y no cejaremos en nuestros esfuerzos en la medida en que se mantenga la intransigencia del Gobierno uruguayo para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental por parte de una instancia independiente, una acción que es apoyada inclusive por muchos ciudadanos y organizaciones uruguayas.

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