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“Prefiero
hoy saltar que esperar a decidirme” LT.
El pasado 23 de Febrero la Asamblea General del Claustro (AGC) emitió, de acuerdo a lo solicitado por el Rector Guarga, opinión sobre tres anteproyectos de ley que distintos senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la legislatura pasada habían elaborado para avanzar en la construcción de un sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El proceso de discusión intrauniversitario fue por demás prolongado –superior a un año-, a tal grado que al momento de tomarse posición, el pronunciamiento no tuvo ningún efecto vinculante pues la legislatura ya había finalizado y un nuevo parlamento había asumido. Los proyectos de ley no aprobados no pasan de una legislatura a otra. No obstante, la declaración del la AGC tuvo su repercusión. Tanto por su contenido como por su tono y por el hecho de efectuarse pocos días antes de la asunción del gobierno electo. Fue una señal de cómo se pararían ciertos ámbitos universitarios si desde afuera de la institución se intentase modificar algún dinámica que involucrara a la Universidad aunque sea tangencialmente. Para algunos, entre los que me encuentro –ver nota “La Universidad en su burbuja” (1)- fue también un claro símbolo de defensa corporativa de espacios de poder que no tienen nada que ver con un mejor cumplimiento de los fines de la institución. La declaración rechazó duramente los anteproyectos propuestas por varios aspectos –cabe reconocer que tenían graves falencias- pero el elemento central de la postura lo dio el concepto desarrollado por la División Jurídica de que la Universidad tiene constitucionalmente a su cargo, prácticamente en exclusividad, la investigación institucional pública. Dado el particular momento en que se efectuó la declaración –proceso de asunción de sus funciones- esta no motivó mayores comentarios de los emergentes nuevos actores gubernamentales. El propio Rector consultado específicamente sobre la resolución de la AGC en el foro organizado por UTU a fines de mayo, optó por no responder a la cuestión, quizás como forma de no darle centralidad política.
EL REGRESO DE UN ENFOQUE Por tanto, si la Universidad es de acuerdo a la Constitución un ente autónomo y por tanto tiene especificidad (pública) en sus campos de acción y si uno de esos campos es la investigación la conclusión resultante es que el parlamento no puede adjudicar funciones centrales en ese campo a otra institución estatal pues sería inconstitucional. Dado que el intento de los senadores era sobre una nueva institucionalidad de CTI o sobre -la largamente reivindicada por la comunidad científica- Carrera del Investigador, los anteproyectos de ley entraba en colisión con la Constitución. La postura sostenida en el informe de Jurídica y asumida por la AGC –y retomada en la discusión reciente del CDC por algunos consejeros- no es nueva. Tiene un primer antecedente en el año 1961 cuando la Universidad presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley creadora del CONICYT. La acción, fundamentada por Cassinelli Muñoz, sostenía que “la Universidad se considera lesionada en sus intereses porque las disposiciones legales impugnadas pone bajo la dependencia de un órgano extrauniversitario (el antiguo Ministerio de Instrucción Pública) un servicio que estaba cometido a la Universidad y otorga a una autoridad extrauniversitaria (Poder Ejecutivo) la competencia de designar a algunos miembros (en el Conicyt cuatro de los once miembros son designados por la Universidad, los demás son representantes de ministerios y de cámaras empresariales) de un órgano que debería depender de la Universidad y que viene a desempeñar cometidos que por su naturaleza deben estar a cargo de esta”. El planteo universitario fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia por mayoría (4 a 1) sosteniendo que la condición extrauniversitaria del servicio científico y técnico creado es de perfecta viabilidad y que “el ejercicio de la actividad de investigación no es atribución exclusiva de la Universidad lo que perfeccionaría un monopolio de esa tarea totalmente contrario con nuestro sistema” (2).
UNA AGENCIA SOSPECHOSA En el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, aprobado en Diputados y ahora a consideración del Senado, se incluyó un artículo referente a la creación de dicha Agencia. La misma funcionaría bajo el control del recientemente institucionalizado Gabinete Ministerial de la Innovación (MEC, MEF, MGAP, MIE y OPP). La naturaleza jurídica de la Agencia, sus bases de funcionamiento y otros aspectos serán determinados en una ley específica a ser enviada al parlamento dentro de los 180 días de aprobado el presupuesto quinquenal. La Agencia dispondría de diversos fondos, muchos de los cuales hoy son administrados por los ministerios que integran el Gabinete de la Innovación. De ese modo se potenciaría el uso de los mismos, evitándose superposiciones y omisiones. La definición política estratégica en términos de CTI sería responsabilidad del Gabinete y no de la Agencia que estaría encargada de gestionar los programas de recursos humanos, de investigación y desarrollo, de competitividad empresarial y de innovación e inclusión social. La creación de esta Agencia es coherente con los postulados programáticos preelectorales del gobierno electo. En los mismos se incluía expresamente como estrategia para la construcción del denominado Uruguay Innovador, la innovación institucional para racionalizar, potenciar y articular los actualmente dispersos actores de CTI públicos y privados.
EL DEBATE RECIEN EMPIEZA Luego, el decano de Ciencias Sociales (3) fue más agudo y expresó directamente que no se sentía reflejado por las mismas. Agregó “el hecho de que la investigación científica, tecnológica y de innovación estén en altísimo grado concentradas en la Universidad y en el Estado, es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad y que debemos revertir. Esta más que demostrado que nuestra inversión en I+D no solo es mucho más baja que la del mundo desarrollado en proporción al PBI sino que el problema es que esa inversión esta concentrada en el sector público y que el sector privado no invierte”. Y sobre la creación de la Agencia dijo “que el Estado, que largamente ha subestimado y dado poca importancia a este aspecto de las políticas científico-tecnológica, hoy este resuelto a crear una Agencia Nacional de Innovación, que promueva mecanismos que están destinados a estimular la interacción entre los actores y que promuevan la inversión y el desarrollo de la Innovación en el sector privado, de manera articulada con el sector público y con la Universidad puede llevar a enormes beneficios para la propia Universidad”. Por su parte el decano de Química también fundamentó su beneplácito con la propuesta gubernamental de creación de una Agencia: “Que el Estado haya sido omiso en estos temas y que los científicos -incluso como corporación- reclamamos una política de Estado al respecto y nunca la hubo, hizo que por omisión la Universidad asumiera un rol que no es suyo. Es el Estado el que debe decir qué hay que hacer y la Universidad usar su autonomía para ver cómo ella hace la parte que le toca de eso. El pueblo uruguayo define una visión de país, el Presidente dijo que es un país que integra al conocimiento, y algunos ministros han dicho que quieren un país productivo que use la inteligencia. Eso estaba escrito en uno de los cinco documentos que se presentaron en el período electoral y el gobierno está acá porque lo votó más de la mitad de la población. Parece que no nos damos cuenta que el gobierno no somos nosotros”. El debate fue prolongado y otros consejeros también opinaron. La postura de la consejeros docentes fue tratar de desvincular la resolución de la AGC del informe de Jurídica, “no hay dos posiciones contrapuestas, como la de pedir un monopolio para la Universidad en determinados temas. Eso no lo dijo la AGC ni nadie. Eso no corresponde, pero tampoco el monopolio sobre los temas para el Parlamento, sin un asesoramiento de la Universidad”. Pero un delegado estudiantil trajo el informe a la mesa directamente, “la discusión en cuanto al monopolio de la Universidad como encargada de realizar la actividad de creación y producción de conocimiento científico y superior en el país esta establecido por la Constitución. Hay informes de Cassinelli Muñoz en ese sentido. No se puede calificar poco menos que de intransigentes y de personas que viven en otro mundo a las AGC cuando realiza este informe, porque tiene sólidas bases y lo que hace es replantear discusiones que ya se han dado desde los años 60, cuando se crea el CONICYT.” El Rector argumentó que la Agencia se dedicaría solo a la Innovación y esta no sería tarea de la Universidad, quien sí debería mantener su centralidad en ciencia básica y aplicada y finalmente propuso que las actas fueran enviadas al Ministro Brovetto como forma de transmitirle la preocupación del CDC por el tema. Esta moción fue finalmente votada por unanimidad pero previamente otra moción, presentada por la delegación docente que “expresaba la preocupación de que en el artículo 236 se indicase integración y cometidos de la Agencia Nacional de Innovación, cuando este tipo de decisión debe ser parte de la discusión de la iniciativa legislativa” fue rechazada ampliamente. Todo indica que el tema continuará debatiéndose.
CAMBIO DE SIGLO MA NON
TROPPO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y
POLÍTICAS DE ESTADO Seguramente no va a ser ninguneada como ha ocurrido en otras oportunidades, pero no puede reivindicar para sí una centralidad política a la hora de las definiciones estratégicas. No le corresponde. Puede si aportar todo su capital académico construido y acumulado con esfuerzo y sacrificio de muchos luego de la destrucción en todos los planos a que la sometió la dictadura. También, sin duda, puede aportar desde instancias de primer orden a crearse y ya previstas en documentos borradores difundidos del Gabinete Ministerial de la Innovación, como ser el Consejo Consultivo que asesorará al mismo Gabinete y a la Agencia. Y en la propia construcción del PENCTI, de modo que sus aportes se entrecrucen con las de otros actores y contribuya a que prioridades, instrumentos, etc. sean los más adecuados para la etapa histórica que se ha abierto en el país. Todo eso lo puede hacer manteniendo su autonomía y actuando desde ella. El asunto es reconocer que el Estado no es solo la Universidad y que esta no es un Estado dentro del Estado. La gente voto democráticamente autoridades para que gestionen el Estado. Por supuesto que con todos los equilibrios, marcos y respeto a los límites que socialmente nos fuimos históricamente dando. Pero sí, como se ha sostenido en el debate en el CDC, por primera vez un gobierno agarra el toro por las guampas y ubica a la CTI como una prioridad de la política estatal, ¿No sería la hora de despintarse la cara que no hay ninguna guerra en curso? *
Docente e investigador universitario,
rubianes@montevideo.com.uy LA ONDA® DIGITAL |
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Luego
de ocho meses y medio de que la Asamblea General del Claustro de
la Universidad de la República emitiera una polémica declaración
sobre Innovación, Ciencia y Tecnología el tema volvió a
instalarse en la discusión universitaria, esta vez en el propio
Consejo Directivo Central. Los límites de la autonomía y el
liderazgo gubernamental para desarrollar política de Estado se
entrecruzan. Es una buena oportunidad para que la sociedad se
involucre en el debate.
