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Ante firmeza uruguaya: argentinos
vislumbran una salida por las papeleras
Clarín, Página 12, La Nación
 Los
principales diarios porteños dedicaron buena parte de su espacio
de opinión del domingo 22 de enero a reflejar la conflictiva
situación argentino-uruguaya, en torno a la instalación de las
papeleras en Fray Bentos. Julio Blanck (Clarín), Mario Wainfeld
(Página/12) y Fernando Laborda (La Nación) mostraron la realidad
política del conflicto desde la versión de la Casa Rosada y
dejaron en claro un concepto: Néstor Kirchner se va alejando
lentamente de la situación, marcando una preocupante distancia
que, hoy por hoy, nadie sabe dónde terminará y en que medida
puede afectar al gobierno entrerriano, además de a buena parte
de la población del sur de la provincia, ante el sostenido
avance de las pasteras. Para muchos ya está claro que el tema de
las papeleras ya no es "una causa nacional" como remarcara el
Presidente en los últimos tiempos.
Razones y sinrazones de la política
(Por Julio Blanck, de Clarín).
El conflicto con Uruguay por las papeleras creció sin obstáculos
y recién ahora se intenta una salida política. Mientras, en el
juicio a Aníbal Ibarra se juegan posturas más allá de la lógica
o solidez de los argumentos.
No hay solución
diplomática posible con Uruguay. A esa conclusión llegó Néstor
Kirchner después de analizar los pasos que se dieron intentando
encauzar el conflicto por las plantas papeleras que se
construyen frente a Gualeguaychú. La diplomacia es un auxiliar
de la política pero no puede remplazarla, y hasta ahora no hubo
voluntad verdadera para limitar la expansión del problema. Por
lo tanto, si hay solución, será política. Ese camino empezó a
ser explorado en las últimas horas por la Casa Rosada.
Las actitudes de
argentinos y uruguayos ante este negocio monumental que venía
proyectándose hace años han sido muy distintas. Y derivaron en
una despareja relación de fuerzas al momento de estallar el
conflicto.
La
inversión de 1.700 millones de dólares es la mayor que jamás
haya recibido Uruguay. Significa miles de empleos para ese país,
una gruesa recaudación de impuestos y la posibilidad de
transformar a la industria forestal en un nuevo pilar de las
exportaciones, que históricamente reposaron sólo sobre la
ganadería. Es cierto que las papeleras de Finlandia y España han
sabido convencer a las fuerzas políticas uruguayas de los
beneficios de esta operación: todas recibieron aportes para sus
campañas electorales. Pero eso sólo no alcanza a explicar la
reacción unánime de respaldo al gobierno de Tabaré Vázquez en la
pulseada, que incluyó a empresarios y sindicalistas. Hay algo
que se llama interés nacional, un concepto ausente por demasiado
tiempo del vocabulario argentino.
Los
europeos habían proyectado instalar las plantas en Entre Ríos.
La crisis y el default argentino influyeron para cambiar esos
planes. Y además, es un secreto a voces en medios políticos y
empresarios, las exigencias de la provincia para dar vía libre a
la inversión estuvieron fuera de todo parámetro. Esa pretensión
terminó por expulsar hacia la orilla de enfrente a los
finlandeses antes que a los españoles, que suelen ser más
flexibles a ese tipo de pedidos. La codicia rompe el saco dice
un refrán castellano tan antiguo que hace 400 años Cervantes lo
escribió en El Quijote.
Esta
sería sólo la historia de otra oportunidad desperdiciada por la
Argentina bajo la peregrina idea de que nuestra fortuna será
inagotable. Pero además apareció el factor político.
La
queja de Gualeguaychú por la eventual contaminación de su aire y
sus aguas comenzó a crecer sin que desde el poder supiesen cómo
ni dónde pararse. El gobernador Jorge Busti buscó transformar el
pecado en virtud: se puso al frente de las protestas, sintiendo
que si no lo hacía el reclamo lo arrastraría sin remedio. El
presidente Kirchner hizo una elección parecida, intentando
gambetear el costo político: envió a Rafael Bielsa, cuando era
canciller, a una asamblea en Gualeguaychú para recoger las
quejas de los vecinos; su sucesor, Jorge Taiana, acaba de
cuestionar un informe técnico del Banco Mundial que rebate los
pronósticos apocalípticos sobre contaminación.
El
conflicto escaló sin barreras. Se cortaron rutas impidiendo el
tráfico fronterizo. Las palabras se hicieron demasiado duras. Y
aparecieron los mediáticos y bien financiados militantes de la
internacional ecológica, que tienen la capacidad de colocar
estos temas en escenarios incómodos para gobiernos y empresas.
Al fin,
Kirchner escuchó las voces moderadas de su entorno. Y en su paso
reciente por Brasilia coincidió con Lula en que los socios
grandes del Mercosur deben hacer más habitable la alianza
regional para los socios menores. Entonces decidió abrir una
válvula de escape a la presión acumulada con Uruguay. El
gobernador Busti ya fue anoticiado del cambio de clima.
Las
protestas quizás se acrecienten, como respuesta a la distensión
política. Siempre hay una zona impredecible en la evolución de
los hechos. Pero cuando la diplomacia haga su trabajo con el
apoyo político necesario, en el final del camino puede haber un
organismo bilateral, con asistencia técnica internacional, que
controle la contaminación y ponga en debido resguardo a los
compatriotas de Gualeguaychú. Aún así, algo es inevitable: el
negocio quedará del lado uruguayo.
La
eterna escalada del conflicto de las papeleras
(Por Mario Wainfeld, de Página/12).
Las plantas se siguen construyendo. La bronca crece en ambos
países. Las negociaciones se empantanan y Argentina considerará
abierta la vía del reclamo ante la Justicia. Sus riesgos y
límites. El largo inventario de los reproches mutuos. Las
posibles vías de acuerdo, los ripios. La lógica que debería
existir y su necesidad, contrarreloj.
El más grave
conflicto internacional que afronta Argentina, ese que la encona
con el país menos indicado del mundo, transita su peor momento.
La Comisión Binacional (CB), grupo de trabajo conjunto, se
encamina irremediablemente hacia un fracaso estrepitoso que
distrajo meses. La exasperación de las respectivas sociales
civiles crece. El debate acerca del Mercosur forma parte del
entripado y desnuda que hay allí más deudas que avances. Por si
éramos pocos, apareció Greenpeace. ¿Buenas noticias? Ninguna muy
específica, salvo suponer que, dado el punto a que escalan las
dificultades, casi no queda otra que empezar a bajar. Habrá
conversaciones internacionales en la semana que empieza.
Entrarán a tallar funcionarios de uno y otro país menos
desgastados en estas semanas con demasiada crispación. Pero lo
que falta (templanza mutua y una propuesta sensata que contemple
intereses contradictorios) sigue en borrador. Hasta que
aparezcan y logren un piso de consenso será imposible que Néstor
Kirchner y Tabaré Vázquez dialoguen sobre las papeleras que han
encrespado las dos orillas del río Uruguay.
El gobierno argentino
acumula rezongos contra el uruguayo. “Tabaré no ayuda”, masculla
Néstor Kirchner hace rato con creciente asiduidad ante oídos
fieles y ese diagnóstico corrobora otras observaciones desde el
terreno.
La CB
que comenzó hace 6 meses, tuvo el 18 su penúltima reunión y el
30 tendrá la final. Habrá dos informes, uno por país, y las
disidencias no terminarán ahí. Argentina se apresta a
interpretar que esa instancia es la faz negociadora previa que
exigen las reglas legales vigentes para habilitar a una de las
partes para llevar una controversia a tribunales
internacionales. Uruguay, claro, niega que haya controversia.
Consiguientemente le negará a la CB ese rango de mediación
previa y (casi seguro) propondrá que se prorrogue su
funcionamiento. Algo que (más que seguro) los argentinos
rehusarán.
Figuras
prominentes de Cancillería y de la Casa Rosada leen que Uruguay
incumplió una promesa implícita que (a su ver) suponía la
creación de ese ámbito de discusión. “Los problemas políticos se
resuelven con política, no en un grupo predominantemente
técnico. Si se abre esa puerta, es porque hay una intención de
modificar las cosas. Pero los uruguayos nos dieron el dulce y
después se dedicaron a ganar tiempo”, rezongan, aquende el
Plata.
Como
fuera, se clausurará una instancia y los argentinos podrán
declararse en posibilidad de acudir a estrados internacionales.
Lo que no quiere decir que sea deseable ni aun factible que lo
hagan.
Argentina jamás acudió a los tribunales internacionales por una
querella con otro estado y sería por demás infausto, amén de
chocante con el espíritu de los tiempos, que debutara alegando
una controversia contra Uruguay. Este sensato planteo es asumido
por los negociadores que suelen ser parcos cuando se les
pregunta qué chances tendría un reclamo así. Su laconismo tiene
una razón y es que las virtualidades de que prosperara serían
pocas, sin contar que una sentencia llegaría después de años.
“Daño sensible” debería acreditar el demandante y es de suponer
que un tribunal trasnacional no tendría una propensión muy
grande a plantear un precedente que limitaría el despliegue del
capitalismo global. La perspectiva de obtener algo equivalente a
lo que sería un amparo o una medida de no innovar en el derecho
local, son aún más restringidas. En tal caso, habría que probar
“daño inminente contra la vida”, un extremo muy excepcional que,
más allá de la retórica ambientalista, es difícil que se tenga
por probado en un estrado internacional.
En
suma, la vía litigiosa es indeseable por el lado que se la mire,
tanto desde el deber ser, como desde el más craso pragmatismo.
El arbitraje, sometiendo el tema a una autoridad valorada por
las dos partes, es un camino intermedio más moderado, que no
supera de todas formas al maltrecho diálogo bilateral. Que, de
momento, no resulta.
Los
argentinos endilgan a los uruguayos una recurrente política de
hechos consumados. Las obras se comenzaron sin consultar,
fustigan, y esgrimen uno de sus argumentos legales más sólidos.
Contra lo que dicen los orientales, las papeleras no podían
implantarse sin negociaciones previas. Dado que el río Uruguay
es, en jerga del estatuto legal aplicable, un “recurso
internacional compartido” la consulta y el consenso eran (son)
ineludibles. “Nunca nos escucharon, siempre nos durmieron. Les
auguramos que la protesta en Entre Ríos crecería, pensaron que
eran fuegos artificiales de la campaña electoral. Ahora siguen
dándole largas sin prodigar un gesto, una suspensión de las
obras”, reseñan a metros del despacho de Kirchner.
A su turno, los uruguayos se enfadan por el cariz de las
movilizaciones de los argentinos. La táctica del piquete los
enardece. Durante bastante tiempo funcionarios nacionales
argentinos les explicaron que ese modo de protesta está muy
expandido y tolerado por acá, lo que es cierto. Entre tanto,
comedidos entrerrianos procuraban que los cortes no afectaran
sino rutas y territorios argentinos sin hollar terreno
internacional. En la ruta sí, en el puente no. La movilización
así encarrilada era funcional a la actitud del gobierno
argentino.
Pero estos días, la
radicalización del conflicto va colocando a Argentina en una
situación delicada. Una cosa es que argentinos les corten el
paso a otros argentinos (algo que, ya se dijo, aquí es rutina) y
muy otra es que se limite el transporte internacional. Las
reglas del Mercosur prohíben acciones de esa naturaleza, que
están sucediendo. En las semanas recientes se ha limitado el
derecho de paso de camiones que iban desde Chile a Uruguay, lo
que podría detonar un reclamo pertinente del gobierno de
Vázquez.
Una anécdota sucedida
hace unos días puede ser un hito. De madrugada, tras levantarse
un corte, un manifestante no identificado arrojó una bomba
molotov contra un camión que hacía transporte internacional
hacia Uruguay. El vehículo pertenece a una empresa llamada
Hoffman, y quedó averiado. Afortunadamente, el conductor no
sufrió lesiones. De cualquier forma, fue un episodio violento,
aunque aislado. La cobertura mediática fue significativamente
distinta en los dos países. En Uruguay tuvo enorme despliegue y
acrecentó la sensible bronca que cunde contra los argentinos.
Por acá, el tema pasó desapercibido en los medios nacionales.
Fuentes cercanas al gobierno uruguayo sugieren que habrá un
reclamo en regla.
Seguramente las agrupaciones ambientalistas deberán revisar los
modos de protesta para no incurrir en una violación de derecho
internacional quedebilite su postura. Y el Gobierno deberá tomar
cartas en el asunto si así no sucede. Lo que podría ocurrir es
que los cortes se limiten a los ciudadanos argentinos o, aun, a
los movimientos de las empresas papeleras. Un sesgo que
posiblemente se explore más en las próximas horas. Ya es
llamativa la pasividad de los empresarios o directivos
finlandeses y españoles.
La
aparición de militantes de Greenpeace seguramente arrugó más
ceños en Uruguay que en Argentina, sobre todo en su primera
acción desplegada en las plantas papeleras. Que el entredicho
sume nuevos actores y se internacionalice no le viene mal a la
Cancillería pues comprueba que no se trata de un capricho
localista ni de matonaje del país más grande. Pero cuando los
activistas de la mediática ONG ambientalista encadenaron
camiones actuando en suelo argentino, por acá también se
registró que la escalada puede llevar demasiado lejos.
Con
todo, el gobierno argentino observa con mal humor la falta de
presencia de las empresas. Es más que verosímil que futuras
movidas busquen romper ese silencio y esa pasividad para
involucrarlas en una solución compartida. Los diplomáticos, que
como cualquier nativo de este país, conocen cuán escasos son los
pruritos de los empresarios españoles cuando recalan en estas
pampas, creen que será más sencillo comprometer a la empresa
finlandesa.
Por lo
pronto, el vicegobernador de Entre Ríos, Gustavo “Pemo”
Guastavino, ha deducido una denuncia contra directivos de las
dos empresas, acusándolos a título personal, con nombre y
apellido. El hecho parece haber movilizado a los susodichos
denunciados que estarían buscando abogados para su defensa.
Dicho
sea de paso, es inestable la relación entre el gobierno nacional
y el de Jorge Busti. Kir- chner dialoga con él con frecuencia, y
no se privó de hacerlo la semana pasada, pero en la Rosada
advierten que el gobernador está pasado de rosca, con una
tendencia preocupante a sobreactuar su rol. “El chino Busti se
puso a la cabeza para que la movilización no llevara su cabeza”,
parafrasean a Perón en Balcarce 50. Otro interlocutor del
gobernador elige una metáfora propia: “Busti se montó sobre el
tigre y le dio cuerda”.
Como
fuera, la demanda a los directivos de las empresas no le resulta
chocante al Gobierno que ansía que no sean sólo parte del
problema sino que se involucren en su resolución.
El
tiempo y la creciente crispación ciudadana en ambos países
agregan complejidad a las negociaciones. Como en un video game,
las dificultades crecen a medida que se pasa de pantalla. El
gobierno argentino, manteniendo los recelos respecto de sus
colegas, lo sabe. También entiende que el margen es estrecho
pues debe encontrar una salida que no debilite al gobierno
uruguayo frente a su pueblo y que preserve los legítimos
intereses de los entrerrianos.
Dos
ejes tiene la discusión, si se la quiere estilizar. El primero
es la contaminación del agua sobre la que poco se avanza porque
las empresas rehúsan dar precisiones acerca del tratamiento que
darán a los desechos. El segundo es el olor, que podría ser muy
perjudicial para una localidad turística como Gualeguaychú. A
primera vista, parecería menos serio pero quizá no lo sea. Los
desechos pueden tener tratamientos muy razonables pero el hedor
es más difícil de evitar. Para colmo, los tratados
internacionales bastante minuciosos respecto de otras formas de
contaminación casi no regulan las emanaciones. La mejor
solución, en la lectura argentina, es la relocalización de las
plantas, río abajo. Si estas quedaran más alejadas de
Gualeguaychú, en un sitio no enfrentado a ciudades argentinas,
donde el río Uruguay es más ancho (a la altura de Fray Bentos es
su tramo más estrecho), todo sería mejor. La oferta, que se
zarandeó más a través de los medios que en charlas oficiales,
implicaría un costo adicional de alrededor de 40 millones de
dólares, que acaso Argentina ayudaría a erogar. Pero tamaño
cambio es cada vez más difícil, por las malas ondas y las
chimeneas que crecen día a día.
La base de otra salida sería un pacto muy riguroso respecto del
tratamiento de los desechos, sujeto a control binacional
permanente y con compromiso de discontinuar la producción cuando
se vulneren marcas razonables de contaminación o emanaciones.
Ambos
criterios están muy lejos de la libido de los uruguayos y de los
entrerrianos. Lo que les da encanto es que son lo posible, lo
que con mucho trabajo y diálogo previo, no implicaría una
derrota de nadie.
Kirchner, entre la furia charrúa y el calor de la samba
(Por Fernando Laborda, de La Nación).
El presidente Néstor Kirchner advirtió en los últimos días que
el conflicto con Uruguay por la instalación de las plantas
papeleras en nuestra vecina orilla era bastante más serio de lo
que supuso en un primer momento. Por esa razón, abogó por bajar
los decibeles de la discusión, incluso ante el gobernador
entrerriano, Jorge Busti; calificó el problema como "una
cuestión ambiental" y apoyó públicamente en Brasilia una
eventual decisión uruguaya de celebrar un tratado de libre
comercio con los Estados Unidos, aunque esto contraríe los
protocolos del Mercosur.
Pese a que Kirchner
intentó reducir el conflicto a una cuestión ambiental, puertas
adentro de la Casa Rosada se admite que el problema planteado va
más allá de las protestas de entidades defensoras del medio
ambiente. "Es un conflicto de naturaleza claramente comercial",
reconoció un alto funcionario gubernamental. Estaba aludiendo al
hecho de que Gualeguaychú -centro de las protestas contra la
decisión uruguaya- es una ciudad eminentemente turística, que
podría ver mermada dramáticamente la concurrencia de visitantes
ante la sola posibilidad de una contaminación de las aguas del
río Uruguay.
Los voceros de
Balcarce 50 justifican por ese motivo la furia de los habitantes
de la ciudad entrerriana, como también que el gobernador de la
provincia se haya puesto en su momento al frente de sus
demandas. "Busti se dio cuenta de que era mejor que el pueblo se
manifestara con los dirigentes a la cabeza, antes que con la
cabeza de sus dirigentes", interpretan. También así explican la
llamativa pasividad que tuvieron hasta ahora las autoridades
entrerrianas y de la Casa Rosada frente a los tan reiterados
como ilegales cortes de puentes que unen a la provincia con el
país hermano.
Esta
actitud pasiva frente a los piquetes fue duramente cuestionada
por representantes del gobierno uruguayo e incluso generó
demandas judiciales por parte de particulares afectados. Unos y
otros dieron cuenta del incumplimiento de los deberes de
funcionario público por parte del Presidente y del gobernador de
Entre Ríos, por haber declinado el ejercicio del poder de
policía y el uso de la fuerza pública para defender el derecho
constitucional a entrar, transitar y salir del territorio
argentino, al igual que el Tratado de Asunción, que dio origen
al Mercosur y garantiza la libre circulación de personas y
bienes. Hasta el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, dijo
que "los gobiernos no pueden actuar como piqueteros".
Desde
la margen oriental del río Uruguay, se insiste en la importancia
que en términos de inversiones y generación de fuentes de
trabajo tiene la instalación de las fábricas de pasta
celulósica. También se señala que Finlandia, de donde proceden
los capitales para las papeleras, es el país número uno del
mundo en cuidado del medio ambiente.
El ex
gobernador misionero Ricardo Barrios Arrechea recordó que su
provincia tiene tres fábricas celulósico-papeleras, incluso una
muy próxima a Iguazú, donde concurrió el año último un millón de
turistas, y que nunca hubo denuncias de envenenamiento de la
población debido a contaminación generada por tales industrias.
En Misiones, la producción de las industrias forestales supera
el 50 por ciento del producto bruto provincial y genera la
mayoría de los empleos.
Admitiendo que algún grado de contaminación sea probable, se
plantea un debate entre los defensores de la ecología natural y
quienes defienden una supuesta ecología humana, dada por la
necesidad de crear empleos aun a costa de cierto daño a la
naturaleza. Para quienes sostienen esta última tesitura, el gran
enemigo del medio ambiente es la pobreza.
Frente
a esta situación, el gobierno nacional quedó atrapado entre la
furia charrúa, que reivindica la ecología humana con un fuerte
sesgo nacionalista, y la furia de quienes, del otro lado del
río, ven peligrar el futuro de Gualeguaychú como polo turístico.
¿Cuál
es la salida que se evalúa en la Casa Rosada? Primero,
racionalizar el debate y despojarlo de cualquier connotación
ultranacionalista. En segundo lugar, asumir que Uruguay no puede
prescindir de esa inversión, pero que se puede negociar en otra
dirección. La solución propuesta pasa por la relocalización de
las plantas en un lugar donde la distancia entre una costa y
otra sea mayor y donde haya más corrientes de agua, de manera
que no se afecte el desarrollo regional de Gualeguaychú.
Entretanto, y en virtud de las reducidas probabilidades que en
el gobierno nacional se le asignaría al logro de una solución de
esa clase, Kirchner le sugirió con firmeza al gobernador Busti
que buscara aquietar las aguas y que dejara de apoyar los cortes
de rutas, cosa que éste cumplió ayer.
Resulta
claro que el Presidente no está dispuesto a pagar costos
políticos por el agravamiento de un conflicto con un país tan
caro a los sentimientos de los argentinos, que además es
gobernado por una fuerza política que le resulta afín. La
amenaza de las entidades ambientalistas y de las fuerzas vivas
de Gualeguaychú de redoblar las medidas de fuerza coloca frente
a un nuevo desafío a las autoridades, aunque es probable que el
gobierno nacional intente trasladarle el costo político a Busti.
El sinsabor
que le causaron al Presidente las controversias con Uruguay
contrastó con el caluroso recibimiento que le brindó Lula en
Brasilia.
Temen quedar
como marxistas retrógrados
El mandatario entrerriano admitió que los cortes en los accesos
vehiculares a Uruguyay tuvieron
"un efecto negativo, que exacerbaron el nacionalismo, y le
permitió a Uruguay llevar a ese terreno la discusión técnica.
Pero era inevitable".
Consideró que si bien "no " se puede detener la instalción de
las papeleras, se podría acordar para que funcionen "sin tal
impacto ambiental".
"Los dos países deberían conformar una comisión para establecer
las normas de producción para las dos papeleras y para las tres
que hay en Argentina: dos en Misiones y una en Santa Fe",
puntualizó.
Busti consideró que en Uruguay "hay una posicion muy cerrada" y
destacó que si bien el acuerdo para instalar las fábricas "ya
estaba cerrado" antes de la asunción del gobierno de Tabaré
Vázquez, "tienen un complejo por ser el primer gobierno de
izquierda, y temen quedar como marxistas retrógrados".
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