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Preocupante las relaciones encalladas
de Uruguay-Argentina
por Diana Cariboni
 Lo
que sigue es un análisis de la parálisis que sufren actualmente
las relaciones Uruguayas Argentina, dos países fundadores del
MERCOSUR a consecuencia de la polémica por la instalación en
territorio uruguayo (Departamento de Rió Negro) de una fabrica
de celulosa por la periodista Diana Cariboni para la agencia
IPS.
El Mercosur y la retórica
de integración sudamericana están a prueba en el enfrentamiento entre
Uruguay y Argentina por la construcción de dos fábricas de celulosa
sobre la ribera uruguaya de un río limítrofe.
Los reclamos sociales y ambientalistas que comenzaron hace más de tres
años en Uruguay contra esas plantas se han tornado un diferendo entre
dos países, despertando toda suerte de pronunciamientos nacionalistas y
un gradual endurecimiento de las posiciones.
A medida que la tensión escala, dentro de Uruguay se galvanizan las
posiciones. Algunos sectores de la izquierda que ahora gobierna habían
esgrimido tibias objeciones a los proyectos hasta 2004, cuando eran
oposición. Pero hoy todo el arco político se alinea detrás de la defensa
de esas industrias, que tienen en la región graves antecedentes de
contaminación.
Con el calor de enero, se intensificaron los bloqueos de uno de los
puentes que unen a ambos países, efectuados por vecinos y ambientalistas
de la ciudad de Gualeguaychú, en la oriental provincia argentina de
Entre Ríos y cercana al río Uruguay, en cuya margen oriental la Empresa
Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la firma finlandesa Botnia
construyen las plantas de celulosa.
Las protestas señalan que la autorización uruguaya a esas industrias
violó un tratado binacional de administración conjunta del río
fronterizo, pues omitió una consulta previa a Buenos Aires.
Uruguay replica que en 2004 Argentina dio su conformidad a los
proyectos, y cita un párrafo de la Memoria Anual del estado de la Nación
Argentina que se refiere específicamente al asunto. Pero ese es un texto
erróneo, según Buenos Aires.
El binacional Grupo de Trabajo de Alto Nivel, instalado a mediados del
año pasado por los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré
Vázquez, de Uruguay, para descomprimir la tensión, terminará sus
trabajos el 30 de enero sin acuerdo entre las partes, reconocen fuentes
de los dos países.
Para Buenos Aires, ese ámbito (que considera de negociación) y las dos
cartas enviadas a Montevideo solicitando que se detuvieran las obras,
constituyen antecedentes para esgrimir una denuncia ante la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Las autoridades uruguayas, en cambio, afirman que esa comisión no es de
negociación, sino de complemento de "estudios y análisis, intercambio de
información y de seguimiento de las eventuales consecuencias sobre el
ecosistema del río Uruguay" de la instalación de ambas plantas.
La posición argentina se expresa en dos planos: el activismo civil de
Gualeguaychú, azuzado por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y
las declaraciones y cartas de funcionarios del gobierno
centroizquierdista de Kirchner.
La medida de bloquear el puente es muy dañina para Uruguay en la
temporada turística alta del verano austral, pues molesta una de las
vías de ingreso de visitantes argentinos a este país.
Pero, además, esa medida abre otro plano de enfrentamientos, pues pone
en entredicho la libre circulación consagrada en la unión aduanera que
es el Mercosur (Mercado Común del Sur) del que forman parte también
Brasil y Paraguay.
Estas protestas, no impedidas y por momentos alentadas desde Argentina,
encienden aún más los sentimientos nacionalistas en Uruguay, donde todo
debate interno sobre la conveniencia de promover la industria de la
celulosa ha pasado a segundo o tercer plano.
"El Mercosur está en la peor coyuntura para asumir un papel en la
resolución de estas diferencias", dijo a IPS el historiador y analista
político Gerardo Caetano.
A las debilidades y tensiones que vive el bloque, se suma la polémica
por el renovado interés uruguayo en negociar un acuerdo de libre
comercio con Estados Unidos.
El 5 de este mes, el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori,
sostuvo que su país debía "comenzar a hacer esfuerzos para llegar a
tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos".
"Sería imposible que un socio del Mercosur negocie individualmente
acuerdos comerciales, a menos que pretenda dejar el bloque, decisión
sobre la cual no fuimos informados", replicó el jueves el canciller
brasileño, Celso Amorim, aunque admitió que los socios mayores, su país
y Argentina, "tal vez no hemos hecho bastante" por el desarrollo de los
miembros más pequeños.
En cualquier caso, dentro de Uruguay hay "una campaña para salirse del
Mercosur" a través de algunos medios de comunicación, como el semanario
Búsqueda, con verdaderos "alegatos" contra el bloque, que empiezan a
tener cierto eco en el gobierno, opinó Caetano.
Además, Uruguay no cuenta con todos los instrumentos de una diplomacia
de alto nivel para hallar salidas a la crisis. Y el Poder Ejecutivo está
"determinado a no perder las inversiones" estimadas en 1.800 millones de
dólares, opinó.
De otra parte, el gobierno argentino, quizás por el estilo de Kirchner,
"no acuerda, no negocia, está acostumbrado a ganarlas todas", añadió
Caetano.
Uruguay está obligado por un acuerdo de protección de inversiones
firmado con Finlandia en 2002, cuando gobernaba el liberal Jorge Batlle
(2000-2005), y ratificado por el parlamento de este país en 2004, con
una vigencia de 20 años.
El artículo sexto prevé que las empresas cuyas inversiones "sufran
pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de
emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones" tendrán
derecho a "restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos" en
las condiciones más favorables posibles.
En opinión de Caetano, la discusión de la comisión binacional terminará
"en la nada". Pero un proceso en La Haya no necesariamente sería adverso
a este país, por el "desprestigio internacional" que ganó Argentina en
los últimos años debido a su crisis económica y el cese de pago de su
deuda, entre otras razones.
En cambio, el ex canciller uruguayo y actual embajador en Francia,
Héctor Gros Espiell, espera "que se evite ese camino, porque es largo y
costoso para las dos partes".
A inicios de enero, su nombre fue mencionado como el encargado de
preparar la defensa de Uruguay ante el tribunal de La Haya. "No he
recibido ninguna instrucción de la cancillería", dijo a IPS el
embajador.
En su opinión, "siguen abiertas todas las opciones diplomáticas" para un
acuerdo. "La mediación está dentro de esas opciones. La negociación
tiene una amplia variedad de instrumentos", añadió Gros Espiell,
catedrático en derecho internacional y ex subsecretario general de la
Organización de las Naciones Unidas.
Desde la sociedad civil se proponen otras salidas. La organización
ambientalista internacional Greenpeace ha señalado que Buenos Aires
haría bien en adoptar el mismo celo manifestado ante las plantas
uruguayas para toda la producción de celulosa afincada en su territorio.
La entidad propuso un nuevo cometido al Grupo Técnico de Alto Nivel:
elaborar durante 2006 un "Plan de Producción Limpia" para el sector
industrial de la celulosa y el papel de las dos naciones y, hasta tanto,
suspender las obras de las dos plantas uruguayas.
"Para nosotros no es la salida", dijo a IPS la activista Ana Filippini,
del grupo ambientalista uruguayo Guayubirá.
La entidad cuestiona el modelo forestal de este país y la implantación
de la industria de la celulosa a gran escala. En su opinión, el gobierno
uruguayo debería "abrir la discusión" interna sobre estos temas y hacer
cumplir normas relativas al uso del agua, la instalación de zonas
francas y otras, que no implican "violar el convenio" con Finlandia.
"La salida sería frenar los monocultivos forestales, no acrecentarlos,
que es lo que pasará con la instalación de tres o más plantas de
celulosa", añadió Filippini, en referencia a un nuevo proyecto del grupo
sueco-finlandés Stora Enso para construir una fábrica en el centro del
país. LA
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