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El debate que viene
por Jorge García Alberti
alberti@cs.com.uy

La semana pasada, la gira del Presidente de la República por los países del MERCOSUR y los Estados asociados centró su atención en el diferendo que mantiene Uruguay con Argentina. Si bien este fue el eje del viaje, en las distintas intervenciones que Vázquez realizó ante la prensa, deslizó otros temas que el Gobierno uruguayo se apresta a abordar. 

Entre ellos, hizo mención a la reforma del Estado, que forma parte de una trilogía de leyes fundamentales que serán la base del futuro del país, según el criterio de las actuales autoridades. La primera de esas leyes estuvo referida a la firma de convenios laborales y salariales entre trabajadores y empresarios, la segunda, en proceso, atiende a la reforma tributaria y la tercera, que comienza a vislumbrarse en el horizonte, será la discusión sobre qué Estado necesitamos los uruguayos. 

Esto implica abordar asuntos muy difíciles, como puede ser el rol que tendrán en el futuro las Fuerzas Armadas, el número de efectivos necesarios para este país y también el rol del funcionario público, su capacitación así como su rendimiento. 

En España, en estos días, está en discusión un proyecto de ley que culminará con la aprobación  del Estatuto del Funcionario Público. Como lo ocurrido en España ha sido modelo para Uruguay, por ejemplo, del decreto que impide fumar en lugares cerrados, es muy probable que algunos de los puntos que hoy se discuten en la madre patria, se intenten reproducir en nuestro país. Más aún, teniendo en cuenta la afinidad que existe entre ambos Gobiernos. 

Para empezar, cabe señalar que el proyecto español cuenta para la discusión con la participación de todos los actores políticos, entre ellos, como parte fundamental, los sindicatos. 

Y las consecuencias de las reformas serán históricas. Se pasará de un régimen de prerrogativas que hacen a un funcionario público casi intocable, a la posibilidad de que, por bajo rendimiento, pierda su puesto de trabajo.

Habrá una evaluación anual de las tareas y el anteproyecto de ley trabajó sobre los supuestos de “ el mérito, la capacidad y la experiencia” y quien tenga un mejor desempeño laboral , tendrá un mayor ingreso y si no cumple los objetivos no obtendrá recompensas adicionales. 

En la ley a estudio, perder el puesto de trabajo no significa perder el empleo sino que, para poner un ejemplo, un mal gerente, puede terminar de portero.

Al momento que la ley sea aprobada, se hará una evaluación y quien aspire a un cargo deberá someterse a una serie de pruebas “ habilidades y destrezas, dominio de lenguas extranjeras y, si el caso lo requiere, superar pruebas físicas”. 

Un cuerpo especializado de inspectores se encargará de recorrer las distintas dependencias públicas del Estado, desde los Ministerios hasta los Gobiernos locales, con el fin de recabar la información suficiente sobre cada funcionario.

En ese contexto, un puntaje o evaluación negativa del funcionario hará que se vea cortada su carrera administrativa y podrá ser trasladado a otro lugar de la Administración Pública. 

La intención final es cubrir cada puesto de trabajo con el perfil específico del cargo, con el objetivo de optimizar el rol del Estado español. 

Hace mucho tiempo que escuchamos en Uruguay que tenemos un Estado ineficiente, una sobrecarga de funcionarios, muchos de los cuales ingresaron por favores políticos, lo cuál genera un despilfarro de los dineros públicos.

Copiar buena parte de la ley española sobre el consumo de cigarrillos, es probable que haya sido más fácil que tomar para la discusión a fondo de la reforma del Estado el anteproyecto de ley sobre el Estatuto del Funcionario.

Lo único cierto es que, de una forma o de otra, este es un debate que en Uruguay ya está muy cerca..

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