 |
|
|
|
|
|
Euskadi:
paz para las decisiones; decisiones para la paz
No lo planteó como tacticismo, pero en definitiva esa supeditación daba la iniciativa política a la llamada “izquierda abertzale” (“izquierda nacionalista”, Batasuna y sus desprendimientos pacifistas Aralar y Zutik), concretamente daba la iniciativa a ETA y a Batasuna, en ese momento muy mermada electoralmente tras el trasvase de votos de ésta a la alianza PNV-EA en las autonómicas de Mayo de 2001. Un poco lerda pero nada perezosa (aprendiendo de los resultados que les fueron adversos en esas autonómicas y también en su posterior abstencionismo en elecciones de ámbito español), Batasuna comenzó a apostar de verdad por la política, recuperando posiciones electorales, pese a –en rigor, por merced de– su ilegalización (denunciada como integrante de ETA y perseguida por la Audiencia Nacional del Reino de España), a través de marcar su voto con una papeleta distribuida clandestinamente en municipales y plasmando esa recuperación luego en autonómicas, al dar un voto programático a una nueva formación, EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas). Así acrecentó la izquierda abertzale su caudal parlamentario, pasando de seis a nueve escaños, en un escenario con nuevos atentados pero sin nuevas víctimas fatales de ETA y crecientes llamamientos al diálogo para acordar una tregua. Las urnas demostraron que la exclusión política decidida en Madrid fue inútil para sus objetivos declarados. Un grupo encabezado por mujeres sin trayectoria política anterior conocida (EHAK) fue a completar una mayoría de 43 diputados en 75 que defiende el derecho de autodeterminación en Euskadi. Finalmente, el 14 de noviembre de 2004, desde Donosti, en la llamada propuesta de Anoeta (por el frontón donde se hizo pública), Batasuna se pronunció por las vías políticas, con un lema que auguraba una tregua. “Orain herria, orain bakea” (“ahora el pueblo, ahora la paz”), advirtiendo que la clave para la paz era el respeto a la decisión que el pueblo vasco adoptase democráticamente, pero reconociendo un escenario donde el cese de la violencia de ETA favorecería la consecución del derecho a decidir. Esta asunción de iniciativa se correspondió con la de José Luis Rodríguez Zapatero, el Presidente de España, líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), quien ya en mayo había conseguido el apoyo del Congreso para dialogar con ETA una vez que cesara la violencia. El gobierno vasco alentó el camino facilitando nuevos pasos. Propuso a Zapatero el acercamiento de los presos de ETA hacia su lugar de origen y exigió que ETA acabe con el terrorismo de cualquier intensidad. “El uso de explosivos puede conducir a que en forma premeditada o no, deseada o no, se provoque alguna desgracia que ciegue el camino y aborte de forma radical el incipiente proceso de paz”, explicó en Montevideo Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en conferencia brindada el 1 de marzo en la institución Euskal Erría. Además consideró urgente generar condiciones para la puesta en marcha de dos mesas de negociación. Una que reúna al gobierno con ETA, sobre desmilitarización y presos y otra entre todos los partidos, sin exclusiones, para debatir, dialogar y negociar una “normalización política”. “Este modelo de las dos mesas, ha sido aceptado por la izquierda abertzale tras renegar de él durante veinte años –dijo Azkarraga–. (...) Muchos años, muchas víctimas y muchos sufrimientos después estamos ahora en ese momento. Sería imperdonable no aprovecharlo. La oportunidad, extraordinaria oportunidad diría yo, existe”. La oportunidad dio un salto categórico hacia un nuevo escenario, con el “alto el fuego permanente” declarado por ETA a partir del 24 de marzo. La fórmula fue la misma utilizada por el IRA (Ejército Republicano Irlandés), que culminara con los acuerdos de paz y el reconocimiento a la autodeterminación de Irlanda de Norte y el desarme del IRA. El comunicado etarra decía: “El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro. Los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada”. Inmediatamente el Lehendakari Ibarretxe llamó al diálogo: “(...) para alcanzar un Acuerdo de Normalización Política que, posteriormente, sea ratificado, mediante consulta democrática, por la sociedad vasca. A este respecto, quiero anunciar a los ciudadanos y ciudadanas vascas que he iniciado ya el contacto con los representantes de todas las fuerzas políticas vascas para valorar este nuevo escenario de esperanza y para plantearles el inicio de una fase preliminar de diálogo sin exclusiones, con el objetivo de concretar el calendario del proceso, los principios, metodología y los contenidos del diálogo, para abordar con garantías a continuación la constitución de la mesa de partidos, cuyo objetivo será alcanzar un acuerdo integrador para la normalización política que será sometido después a consulta popular”. Y cerraba el llamamiento diciendo: “Es tiempo de que la sociedad vasca pueda decidir, en paz y en libertad, su propio futuro”. Ahí está el lío. La paz como condición para la decisión y viceversa, la famosa autodeterminación que ha trabado, en negociaciones anteriores, la resolución del conflicto, porque, como dice Javier Madrazo, el líder de Ezker Batua, “no hay que marear la coneja; la solución pasa por el derecho a decidir”. La gran premisa, la paz permanente y confiable, es razonable pensar que se ha logrado. Con mucho trabajo de mediación entre el Gobierno socialista y la organización armada, ayudado al parecer, entre otros, por el sacerdote irlandés Alec Reid en estrecha colaboración con la iglesia vasca de ambos lados del Pirineo. Con su alto el fuego permanente, en tanto que organización armada, ETA da un paso inédito en su historia de 50 años. En el curso de su historia, ETA ha realizado 72 secuestros y ha provocado la muerte de 817 personas (339 civiles y 478 entre policías y militares), de los que sólo 45 corresponden a la etapa de la dictadura franquista. Los otros 772 han sido muertos bajo la posibilidad de expresión electoral, retaceada, pero como toda expresión electoral, transitable hacia mayores aperturas hasta lograr objetivos con constante preocupación por los costos de sufrimiento. De entre los civiles muertos, 20 de ellos eran militantes o dirigentes políticos del PP –Partido Popular– y del PSE –Partido Socialista de Euskadi, integrante del PSOE– (12 de los cuales lo han sido entre los años 2000 y 2002). Por su parte, el Estado español ha asesinado a 145 militantes de ETA (buena parte de ellos bajo el "terrorismo de estado" a través de las siglas GAL –Grupos Antiterroristas de Liberaración–). A ellos hay que añadir 10 suicidios en las cárceles españolas, miles de casos de denuncias por torturas; varios miles de personas que han pasado por las cárceles y el exilio, y un resto de 510 personas encarceladas hoy en España y de 150 en cárceles francesas. José Ramón Castaños, de Zutik, izquierda vasca, considera que a diferencia de las treguas anteriores, esta última declaración de alto el fuego tiene un carácter definitivo. “ETA no ha anunciado que desaparece, pero no hace falta decirlo para saber que si una organización armada anuncia el silencio de sus armas de modo "permanente", lo que nos está diciendo en realidad es que deja de ser operativa, y que a partir de ese momento empieza a dejar de existir. Abunda en esta hipótesis el hecho que el adjetivo "permanente" esté unido al de "incondicional". La declaración de ETA no utiliza ese término, pero lo más significativo de ella es que se anuncia el "alto el fuego" sin exigir previamente nada a nadie. Y esto es un cambio decisivo respecto a las anteriores”. En su primera tregua, durante el gobierno de Felipe González, ETA rompió las negociaciones que se llevaban a cabo en Argel, porque González se mantuvo inflexible en no reconocer la autodeterminación. Las posteriores treguas de los años 98-2000, tras el pacto de Estella para la soberanía y la autodeterminación entre los partidos abertzales y Ezquer Batua, también fueron rotas por ETA, que no aceptaba los contenidos y los ritmos que se estaban dando. Pero las cosas hoy son de otro modo. ETA ha decidido dejar las armas sin que haya a cambio concesiones políticas. La solución al problema de las relaciones entre Euskadi y el estado español se deja en manos de una mesa de partidos políticos sin excluir a nadie, lo que equivale a la renuncia a tutelar la política bajo la amenaza de la violencia. Pero esa renuncia será total cuando ETA finalmente se desarme, como hizo el IRA. Y muy probablemente, como en Irlanda, eso ocurra a partir del reconocimiento del derecho de autodeterminación. La izquierda abertzale está manejando los tiempos con bastante más política que antes y la represión a que la somete la Audiencia Nacional, que esta semana encarceló al líder de Batasuna, Arnaldo Otegui, la inserta en una dinámica de movilización y acumulación de fuerzas que tuvo una importante expresión este sábado 1 de abril en Bilbao, con una manifestación multitudinaria, a la que también convocaron Aralar y Eusko Alkartasuna, las centrales sindicales LAB y ELA, entre sesenta organizaciones, adscriptas al Foro de Debate Nacional.
Las
reacciones de Madrid La tan festejada Transición española encontró uno de sus principales fundamentos en el pacto implícito por el que se decidió dejar a beneficio de inventario todos los crímenes cometidos por la dictadura franquista, renunciando a exigir responsabilidades no sólo a quienes los cometieron, sino incluso a los que amasaron cuantiosas fortunas aprovechándose de ellos. Y no estamos hablando de 800 muertos, sino de cifras seguidas de bastantes ceros más, tanto en víctimas como en dinero. Asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas, robos, expropiaciones ilícitas... todo ello realizado bajo el amparo del poder de un Estado impuesto por la fuerza de las armas. ¿Fue un ejemplo de responsabilidad histórica hacer borrón y cuenta nueva con todo aquello, pero sería inaceptable que ahora se aplicara un remedo de lo mismo? ¿Convenía entonces dejar de lado el rigor de la justicia, pero sería una intolerable afrenta a los principios del Estado de Derecho ajustar ahora a las circunstancias la aplicación de la ley? ¿Fue necesario en aquel momento que prevaleciera la idea de que «a grandes males, grandes remedios» pero ahora ha de imponerse ineluctablemente el dura lex, sed lex? Muchas víctimas del franquismo siguen sin olvidar ni perdonar a sus verdugos, pero han tenido que amoldarse mal que bien a la evolución de los acontecimientos, por mucho que les haya dolido. Saben que los imperativos políticos suelen ser proclives a las injusticias. Pero es curioso: nunca he oído a quienes ahora subrayan cuán abominable sería frustrar las aspiraciones de justicia de las víctimas decir ni media palabra sobre el agravio padecido por las muchísimas víctimas que les precedieron en eso de ver frustradas sus aspiraciones de justicia. Estaría bien que explicaran ese silencio. Me da que resultaría ilustrativo”. El Partido Popular, que tuvo una interesante renovación para desplazar a Felipe González del gobierno a fines de los ochenta, vuelve a mostrar cada vez más a menudo, los signos que el filósofo universalista Fernando Savater, en advertencia performativa, temía que rompieran las costuras de la forma democrática “España”. Por su parte el PSOE juega sus cartas entre la voluntad de Zapatero (quizá dispuesto personalmente a aceptar el derecho de decisión de Euskadi y de Cataluña) y la labor de los llamados “barones”, jefes socialistas con poder fáctico superior al del Presidente, por sus liderazgos regionales (Juan Carlos Rodríguez Ibarra –Extremadura–, José Bono –Castilla-La Mancha–, Manuel Chaves González –Andalucía–), más apegados a saldar la cuestión con alusiones veladas a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad nacional, que da una Constitución, pactada con la pistola de Franco sobre la mesa, que los partidos abertzales no pactaron y el pueblo vasco votó NO, mientras en otra parte, esa misma Constitución reconoce al Estado plurinacional. La estrategia del PSOE es pactar avances limitados de autonomías, con los sectores nacionalistas periféricos más moderados. Pero difícilmente el PNV (aunque su modelo de acumulación haga todo lo conveniente por incluir al PSE y porque necesita recuperar la iniciativa y ganar ahora también en la calle, para mantener la dirección de su bloque histórico), muy difícilmente el PNV se prive esta vez de acelerar los compromisos hasta la consecución de la autodeterminación, dadas las correlaciones de fuerza y condiciones políticas existentes. Es un partido que siempre ha sabido hacer compromisos sin atarse las manos y tiene capacidad de maniobra. Llegado el momento de la consulta popular (por mucho que el Ministro de Defensa es Bono) no parece un escenario posible, con la actual ambientación europea, que el ejército ocupe los locales de votación, los centros de escrutinio, los batzoki (locales partidarios), la televisión y la radio vascas, las fábricas y los edificios públicos antes que los sindicatos, que la ertzaina (policía nacional) se rinda y que la aviación bombardee Gernika, Durango y quien sabe si tal vez le alcanza con agregar Bilbo, Donosti y Gasteiz. Claro que tampoco parecía posible la invasión de Franco, el golpe de Mola, la intervención de Hitler y de Mussolini y la no intervención de Francia e Inglaterra contra Hitler y Mussolini (muy particularmente de aquella Francia con gobierno “socialista”). Pero suceda lo que suceda, este es un buen momento: ¡Orain bakea! LA ONDA® DIGITAL |
|
|
Un portal para y por uruguayos |
© Copyright |
Cuando
se lanzó el plan Ibarretxe, allá por 2001, Joxe Joan González de
Txabarri, entonces Diputado General por Gipuzkoa, uno de los
capos del PNV (Partido Nacionalista Vasco, liderado por el
Lehendakari –Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca– Juan
José Ibarretxe, la primera fuerza política de Euskadi, en
alianza con Eusko Alkartazuna –abarcando un amplio espectro
independentista de centro a izquierda– y con Ezker Batua–Izquierda
Unida, federalista de ámbito vasco y español), expresó la
objeción a que el plan se supeditase al cese de la
violencia, porque eso era poner en manos de ETA (Euskadi Ta
Askatasuna –Patria Vasca y Libertad–, organización armada
independentista de izquierda) la resolución del mismo. 
