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Educación
terciaria y superior
Este texto recoge aportes de
diversos orígenes que no me resulta fácil distinguir. A las
personas involucradas, mi simultáneo pedido de disculpas y
agradecimiento. La selección temática es notoriamente parcial,
pero este es un artículo de opinión, con limitaciones de
espacio, no una plataforma para todos los cambios. Plantea
algunas ideas
Un nuevo enfoque de todos los temas vinculados a la educación es una necesidad nacional. Las carencias endémicas en materia presupuestal, los problemas de la enseñaza primaria pública, los polémicos cambios realizados en la enseñanza secundaria, las dificultades de la formación técnico-profesional, el crecimiento del sistema terciario y universitario privado, las insuficiencias en materia de formación de docentes en particular en la enseñanza media, incluso la enseñanza de algunas disciplinas (historia, matemática, educación cívica y sexual) son temas que han trascendido a la opinión pública, que se debaten en foros políticos, pedagógicos, etc.
Los sistemas públicos de enseñanza y de investigación de un país no tienen efectos sólo sobre quienes trabajan, estudian o estudiaron en ellos; tienen efectos indirectos aunque fundamentales en la cultura, en la actividad económica, en la globalidad de su educación, en la riqueza y apertura de la trama ideológica y de valores que practican y transmiten, en el lugar que el país ocupa en el concierto internacional. Por ello tienen la absoluta responsabilidad de ser de la mejor calidad posible, y es así como cumplirán cabalmente con el estado que les asigna recursos.
Universidad de la República: necesidad de cambios A la Universidad le falta cohesión y procesar grandes cambios estructurales. Su actual organización federada, basada en las profesiones, que se consolidó históricamente y tomó forma en las leyes de 1908 y 1958, merece una rediscusión en el marco de la ampliación del sistema terciario. Las pocas modificaciones estructurales introducidas más recientemente no han modificado –y hasta han agravado parcialmente- la situación. La discusión, formulación de propuestas y resoluciones sobre estos temas, se presentan como prioritarios en el mediano plazo: no más de cuatro años.
Pasado el primer lustro del fin de la dictadura, quizás el segundo, para evitar discusiones bizantinas, el esfuerzo de reconstrucción en la Universidad post-dictadura había dado sus resultados. Cabía abrir un amplio debate sobre la estructura misma, del tipo del que el Ing. Maggiolo había querido promover con su Plan de 1967. El surgimiento y crecimiento de las universidades privadas, la falta de financiación para el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología, la explosión de la matrícula de la enseñanza secundaria que se extendió inercialmente sobre el sistema universitario, fueron factores que deberían haber acentuado la urgencia de esa discusión y la toma de decisiones audaces. Comenzada la discusión poco después de 1990, los Claustros y gremios se pronunciaron antes de 1998, pero todo se ahogó en un manto de desinterés, de falta de promoción de los acuerdos alcanzados por parte de los organismos resolutivos.
Podría decirse que desde los gobiernos post dictatoriales se apostó a que el sistema privado cubriría las carencias que se pudieran observar desde el mercado, y que las propias instituciones públicas no lograron hacer cuajar un cuerpo de ideas transformadoras y, aún más, no lograron dar la necesaria jerarquía al debate de esas posibles ideas. En muchos casos, se tomó un pretexto valedero cual era que muchas de las discusiones podrían reavivar planteos aún más conservadores y revivir a los enemigos de siempre de la autonomía, de la gratuidad, del pensamiento progresista y de avance de la ciencia. El mejor ejemplo de alusión a esta obstrucción ha sido el de las respuestas dadas a quienes promovían la discusión de la Ley Orgánica, como si la reelaboración de un sistema casi centenario no mereciera por lo menos una puesta en duda.
El pregonado carácter conservador de las instituciones académicas - que jugó favorablemente para que no todo se perdiera en el invierno de la dictadura - jugó más fuerte que las necesidades de cambio. El crecimiento de unos pocos miles de estudiantes a los 70.000 actuales, las formas modificadas que ha tomado la participación democrática en relación con los tiempos en que se hicieron las leyes que nos rigen, la creación de nuevas facultades cuyos delegados no pueden votar, la notoria falta de coordinación con el resto del sistema educativo público, las modificaciones que han tenido las concepciones y necesidades en materia de extensión y gestión ¿no son acaso razones suficientes para cuestionarse fuertemente el sistema académico, organizativo e incluso de gobierno de la institución universitaria?
¿Acaso se puede decir que el sistema funciona bien cuando, en promedio, menos de un tercio de los estudiantes que entran a la Universidad, egresan? Cuando el sistema público no satisface la demanda de formaciones flexibles y cambiantes tanto desde el punto de vista temático como del geográfico. Cuando el sistema de ciencia y tecnología tiene cada vez menos financiación pública y en parte se mantiene gracias a dineros provenientes de fondos externos al país. Cuando las formas autonómicas que el país se dio para la enseñanza pública dificultan y traban la cooperación en espacios evidentes de interfase (formación docente, requerimientos para el ingreso en la enseñanza post secundaria, etc.). Naturalmente que sobre cada uno de estos ítems hay preocupación, y se discute, habla y se toman algunas medidas. Pero, con la excepción de los debates antes referidos, algunos discursos cuando la discusión de los presupuestos, esporádicos planteos sobre la limitación o el cobro de la matrícula, o polémicas relacionadas con la enseñanza privada, poco se debate a nivel nacional sobre la enseñanza terciaria.
Hoy más que nunca, por diversas circunstancias nacionales, por la postergación casi suicida de la polémica y de la presentación de propuestas, el demos universitario, sus organismos, sus gremios, deben embarcarse en la elaboración de una nueva estructura que satisfaga los requerimientos sociales actuales, tan exigentes y variados. La Universidad de la República tiene que ser capaz de plantearle al país los caminos de su transformación.
La necesidad de crear un sistema terciario de educación La cuestión de la educación terciaria y superior no es sólo un problema vinculado a las necesidades de las elites intelectuales o gobernantes del país. El sistema público tal como está concebido y funciona no está en condiciones de dar satisfacción razonable, en cantidad, calidad y diversidad, a las necesidades cambiantes de la juventud y de un aparato productivo que queremos hacer crecer con sentido nacional. Además, el fortalecimiento del sistema público no es una necesidad sólo técnica o cultural, es una necesidad ideológica y ética: los valores que él representa en la sociedad uruguaya históricamente concebida son intransferibles desde el punto de vista democrático, social y económico. La formación de un pensamiento autonómico y las bases culturales, técnicas y sociales para el ejercicio de esa autonomía se sustentan en el sistema de valores del cual la educación pública es portadora.
En el mundo actual y en el que se avecina, sin formación de calidad, sin un número importante de cuadros con muy diversos niveles y especialidades, cualquier programa económico o de desarrollo social, por mejores que sean sus intenciones, será de imposible aplicación. Vastos sectores sociales golpean a las puertas del sistema educativo por formación avanzada. Debemos esperar - e impulsar - que se generalice la aspiración de los estudiantes a continuar estudios post-secundarios, lo que constituirá una base importante para el desarrollo social y económico.
Es el sistema público el que podrá garantizar –pero no lo hace- la equidad en el acceso de jóvenes de capas sociales cada vez mayores que reclaman y necesitan estudios variados. Sean éstos de formación superior, de las carreras tradicionales que exigen gran dedicación, empeño y formación básica, sean carreras más breves de dos o tres años posteriores a la educación media, que faculten para ingresar a diversos segmentos del mercado de trabajo. En muchos casos el sistema privado satisface estas necesidades, mientras que grandes contingentes de estudiantes sin los requisitos antes indicados son expulsados de las facultades, al cabo de pocos años de intentos infructuosos. La mayoría de ellos podrían ingresar a carreras cortas. El gran desafío es incorporar a esos miles de jóvenes a un sistema terciario de calidad. Debemos jugarnos a que la población estudiantil terciaria se duplique en los próximos 20 años. La generalización de la educación terciaria requiere mejorar la calidad de todo el ciclo educativo, ofreciendo variedad de formaciones que en ningún caso estén acotadas: por distintos caminos, debe ser posible llegar a los niveles más avanzados. La Universidad tiene un papel importante en este sentido.
Se debe organizar un sistema nacional de educación terciaria público, que comience coordinando políticas de las instituciones que actualmente brindan tales formaciones, y en los próximos (dos) años proponga cuáles se deberán crear. La creación de este sistema de enseñanza con variados caminos e instituciones es una de las más importantes medidas a tomar frente a la masificación y a la deserción y a la necesidad de proveer formaciones con inserción laboral y flexibilidad de opciones.
Este sistema debe diversificar las ofertas al ingreso desde el sistema secundario y asegurar al egreso, la movilidad dentro del sistema terciario y superior; en particular debe permitir el tránsito para los egresados que deseen continuar formaciones más largas como carreras universitarias o postgrados. Estos principios, junto con la buena salida laboral, dan libertad a los estudiantes y contribuyen al prestigio social de las carreras, aspecto no menor en el contexto nacional.
El sistema terciario (incluyendo aquí las estructuras ya existentes de la Universidad) debe tener una gran diversidad geográfica y atender muy fuertemente a las necesidades nacionales y regionales de técnicos y profesionales capacitados.
Se debe propender a una mayor articulación con las áreas de desarrollo económico y social, acorde con el proyecto nacional en materia productiva, cultural, etc. (coordinación con Ministerios, entes autónomos, Intendencias, organizaciones civiles, sector productivo, enseñanza no formal), y abarcar un espectro de especialidades muy amplio que va desde las ramas tecnológicas y agrarias donde ya hay alguna experiencia positiva a diversos rubros de la gestión cultural, pasando por áreas variadas de la salud y de la administración.
Las propuestas de organización pueden ser variadas, aunque consideramos que deben incluir, como una parte sustancial, la creación de nuevas instituciones públicas de formación terciaria, no importa el nombre que se les quiera dar, como existen en diversas partes del mundo, al mismo tiempo que deben transformarse las existentes e incrementarse la coordinación entre todas ellas.
En cualquier caso, para las nuevas estructuras que sean creadas, se deberá preservar para su conducción la autonomía y el cogobierno, así como la gratuidad, expresión de la apertura y de la igualdad de oportunidades. En todos los casos se deberá coordinar, especialmente en el interior, con los recursos dedicados a la formación docente, teniendo en cuenta la masa crítica intelectual requerida para tener instituciones de calidad.
Se deberán constituir en forma inmediata grupos de trabajo que estudien y desarrollen propuestas para la coordinación fluida entre las actuales instituciones y la creación de nuevas estructuras. A este respecto, serán de gran valor los insumos que surjan del Debate Educativo en marcha, y de las correspondientes consultas sobre el Plan Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación a realizarse en el futuro inmediato.
Es claro que la coordinación entre los distintos niveles de enseñanza, en particular entre ANEP y UDELAR, debe pasar a ocupar un lugar fundamental. Pero no es suficiente, porque esta es una necesidad nacional, a la que el estado debe dar rápidamente una respuesta específica. Se requieren cambios que permitan una visión global del proceso educativo y capacidad de actuar en esta materia. Las experiencias frustrantes en intentos de coordinación de los últimos diez años, llaman a un no va más con el actual sistema y exigen una nueva legislación que encare la totalidad del sistema educativo.
La descentralización geográfica La cuestión de la enseñanza terciaria y superior pública fuera del área de influencia montevideana (lo que se da en llamar el Interior) es un tema de fundamental importancia. Se necesita un amplio proyecto de desarrollo académico y de vinculación social y económica.
De parte de la Universidad de la República se debe alentar y apoyar la creación de instituciones nuevas y de calidad, en lugar de incrementar, bajo otras formas, el gigantismo actual. Este enfoque global de la descentralización llevará naturalmente a grandes modificaciones y avances en la actual Universidad, esencialmente montevideana. Más que pensar sobre un esquema de "la Universidad va al interior" debe pensarse en una Universidad de y para todo el país.
El tratamiento de este asunto es indisoluble del de la creación de un sistema terciario y de nuevas instituciones. Este nuevo modelo cambiará, necesariamente y mucho, los modos de funcionamiento actuales; estará asociado con otros niveles de enseñanza (terciaria, formación docente) y con un plan que tenga en cuenta el sistema educativo en forma global. La distribución geográfica no es suficiente para superar inequidades: serán necesarios estímulos o acciones positivas hacia docentes, estudiantes, fuerzas locales, actividades productivas y un gran programa de becas estudiantiles.
Por ello la temática de la descentralización de la enseñanza terciaria y universitaria sólo se puede resolver positivamente en el marco de una elaboración nacional. Medidas parciales deben ser bien vistas, siempre que no obstruyan el tratamiento del problema global. Por ejemplo, la multiplicación del mero dictado de cursos universitarios en el interior es una obstrucción del tipo que comentamos.
El país funciona centralizadamente no porque lo quieran los agentes del sistema educativo, sino porque la historia económica, demográfica, cultural, lo fue conformando así. Por ello, las medidas deben ser globales, o lo más globales posibles. ¿Se puede concebir que se ha descentralizado la formación terciaria si no se dispone de buenas bibliotecas, de buenas conexiones de internet, si no hay teatros, o videotecas? ¿Si no se impulsa la aglomeración de los recursos culturales, humanos y de infraestructura del lugar?
La formación de los docentes: otro problema crucial La mejora del sistema de formación docente tendrá un importante poder multiplicador en la educación. Este sistema puede y debería aprovechar recursos de la Universidad, buscando complementar la capacidad en ciencias, artes o humanidades de ésta con la formación pedagógica desarrollada en otras instituciones. Asimismo, el egresado universitario o el estudiante con cierto avance, con la complementación adecuada en su formación, puede devenir en docente de los otros niveles, experiencia que existe en dependencias del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP/UTU). La actual falta de coordinación impide un mejor aprovechamiento de los recursos a nivel nacional. Los docentes de la enseñanza primaria y media deberían tener grado universitario de pleno derecho por su formación y estar habilitados para seguir estudios de post grado. Las aparentes soluciones de naturaleza política que se han planteado no apuntan a la raíz de los temas en juego. La frase “cualquier programa funciona bien con buenos docentes” no es falsa; es una de las claves del sistema educativo. Esto se aplica a todo el sistema educativo; adaptando el significado de buen docente al nivel que corresponda.
El sistema hoy está segmentado y casi carece de posibilidades de formación superior (perfeccionamiento, postgrado) en el país. No viene al caso describir los distintos sistemas existentes. La segmentación no es mala por sí misma. Lo que debe ser incrementado radicalmente es la visión unificadora del sistema, lo cual de alguna manera sucede en la formación de los maestros de la enseñanza primaria.
Se debe estudiar la experiencia internacional, que en general incluye en los niveles terciarios o universitarios la formación de los docentes de la educación primaria o secundaria, respectivamente. No hay razones más que históricas y de pequeñez en tiempos pretéritos para que los sistemas de formación docente dependan de los organismos encargados de la enseñanza de niños y adolescentes. La formación de postgrado debe estar vinculada con la investigación. La Universidad de la República debe colaborar, no necesariamente absorber, esas formaciones.
Una vez más, las soluciones a proponer deben vincularse con las que se tomen para el sistema terciario y la descentralización.
La Universidad y el país Lo hemos dicho reiteradamente: debemos romper el enfoque elemental sobre la llamada “vinculación con el medio”.
La UdelaR es en su propia definición una institución de y para la comunidad ya que tiene como cometidos esenciales la enseñanza y formación de profesionales, investigadores, elevación de la capacidad crítica de la sociedad, creación y difusión del conocimiento, aporte técnico a las demandas de la sociedad, tareas todas que suponen una absoluta inserción en ella. Cuando se refiere a las relaciones de la Universidad con el medio, no se debe focalizar el análisis en alguna modalidad de vinculación particular y olvidar todas las funciones primigenias que le competen: para ellas fue creada y por ellas, más allá de su autonomía, la Universidad debe rendir cuentas ante la sociedad entera. Se debe realizar una activa de difusión del quehacer universitario que clarifique su importancia en el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología en el país, en la formación de sus recursos humanos, en la creación y aplicación de conocimiento.
Un capítulo importante de las relaciones de la UdelaR con el medio lo constituyen los proyectos conjuntos y convenios que servicios universitarios llevan a cabo con distintos organismos públicos y privados. La amplitud que han tomado en algunos servicios dichas prácticas hacen necesario puntualizar con precisión los fundamentos en base a los cuales deben seleccionarse convenios o proyectos y extendernos, quizás más de lo debido, en esta nota breve en que estamos dejando de lado tantos otros temas fundamentales.
Como criterio general, los convenios y otros proyectos conjuntos deben propender a: a) La solución específica de problemas de nuestra comunidad que por su envergadura, complejidad o interés estratégico excedan el alcance de los profesionales e instituciones actuantes en el medio. Quedan incluidos aquí aquellos proyectos y convenios que atiendan diversos problemas de la “emergencia social”. b) La formación de los recursos humanos universitarios mediante el estudio de problemas que requieran soluciones creativas y novedosas, que aporten versatilidad y capacidad de investigación aplicada, habilitando tanto un mejor y más profundo estudio y acción posterior sobre y desde la sociedad nacional, como la mejora y actualización de la enseñanza, bañando de realidad la formación general de todos los universitarios. c) El estudio de actividades, investigaciones, innovaciones, que, por su carácter estratégico y/o por su nivel, impliquen un mejor desarrollo del país a mediano y largo plazo en sus quehaceres productivos, culturales, sociales, artísticos, etc.
Los convenios y proyectos no deberían ser instancias de ejecución de trabajo monótono y repetitivo, ni de redundar en conocimiento de áreas ya bastamente exploradas. Los ensayos y consultorías puntuales que la Universidad brinda regularmente y percibe a través de su sistema “de proventos” son en todo caso el marco adecuado para la ejecución de ensayos y otras tareas estándar que están fuera del alcance del medio extra-universitario.
Los convenios y proyectos no deberían tampoco constituir ninguna forma de competencia inadecuada con los profesionales actuantes en el medio nacional. La Universidad debería abstenerse de intervenir en problemas que el corpus de conocimiento de una profesión y su estado de desarrollo en el medio los hagan perfectamente abordables por técnicos nacionales, salvo en los casos muy particulares en que requerimientos muy especiales hagan necesario el respaldo institucional de la Universidad e inconveniente la acción de particulares.
Por último los proyectos conjuntos y convenios no deben ser visualizados como meras fuentes de recursos y no deben ser perseguidos como mera forma de paliar la paupérrima situación presupuestal universitaria, en prescindencia de las consideraciones a), b) y c) antes citadas.
La utilización de los recursos extrapresupuestales que devienen de convenios, proyectos y toda otra forma de generación de fuentes externas de financiación deben ser objeto de una política racional y desprejuiciada, pero prudente. Además de contribuir al equipamiento institucional, acervo bibliográfico, mejoramiento de las condiciones físicas de trabajo, los recursos así obtenidos pueden ser utilizados tanto para la contratación de nuevo personal como para la compensación salarial de investigadores y funcionarios en ejercicio, particularmente en situaciones de sobrecarga excepcional de trabajo o responsabilidades, o en casos en los que la necesidad de retención de personal altamente calificado así lo requiera.
Sin embargo, la política tendiente a consolidar incrementos salariales por la vía indirecta de la permanente compensación extrapresupuestal es poco saludable y puede transformarse en una auténtica “máquina que mata al inventor”: la inminencia de la finalización de una fuente de financiamiento salarial, obliga a la inmediata búsqueda de un sustituto de igual o mayor monto, generando así una auténtica compulsión por la búsqueda de fuentes externas de financiamiento, lo cual, en los cuadros universitarios (fundamentalmente, aunque no exclusivamente, los más jóvenes) puede dar lugar a rumbos académicos erráticos y desligados de un sentido formativo coherente.
Además los recursos resultantes debieran también volcarse en la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo las condiciones físicas, ambientales, y -porqué no- salariales, del conjunto de la institución, cumpliéndose de esta forma con lo establecido en diversas Ordenanzas. Existen núcleos donde los mecanismos excepcionales de compensación salarial constituyen la norma a priori, otros donde el uso de los mismos mecanismos es escaso, o el acceso a los mismos es prácticamente inviable. La afirmación de que sólo tienen sobrecarga de trabajo y plazos a cumplir quienes trabajan en convenios debe ser rediscutida, porque notoriamente no corresponde a la realidad.
Mercado y autonomía La Universidad no puede ignorar su entorno socio-económico y, entre otros hechos, las desigualdades intrínsecas a la economía de mercado. A su vez la lógica académica no puede ser reflejo de los dictámenes del mercado. El mercado oscila en rangos temporales sustancialmente menores al requerido para la evolución del conocimiento y formación de recursos humanos y una política que meramente refleje la demanda inmediata del mercado suele conducir a la deriva y a la aniquilación de los proyectos de largo alcance, mayor valor intelectual agregado y mayor independencia crítica.
La búsqueda de políticas de creación de conocimiento y de formación de recursos humanos basadas en fuentes sustentables, orientadas racional y coherentemente de acuerdo a valoraciones académicas y de perspectiva no excluye la valoración de los condicionantes del mercado nacional e internacional ni reniega de la utilización de criterios empresariales para la gestión y administración más eficiente de los recursos. Pero se requiere indispensablemente de análisis que contengan valoraciones sociales, intelectuales, culturales, científicas, tecnológicas y económicas de más largo plazo, no necesariamente tangibles en lo inmediato. En definitiva, se debe señalar enfáticamente que una Universidad puede tener facetas empresariales en su gestión, pero es una Universidad y ninguna política que la distraiga de sus cometidos esenciales (expansión del conocimiento universal, formación de recursos humanos, elevación del nivel intelectual –artístico, cultural, científico, tecnológico- de la sociedad en su conjunto, búsqueda de soluciones idóneas a los problemas de la comunidad) puede ser bienvenida en su seno.
Muchos de estos aspectos son indisolubles de las políticas nacionales de desarrollo cultural, científico y tecnológico. La UdelaR debe hacer también sus aportes para la elaboración y concreción de esas políticas. Con modestia y claridad de objetivos, defensa irreductible de la calidad y los terrenos específicos que le competen y en los que tiene tradición en aportes e iniciativas. Y también con el firme convencimiento de que el espíritu crítico, la libertad de opinión, el análisis sistemático y desprejuiciado de la realidad son características que las universidades han tenido en todos los buenos tiempos. No hay razones circunstanciales para abandonar esos rasgos, que son los de la auténtica autonomía, no sólo de las instituciones, sino las del pensamiento y el conocimiento. LA ONDA® DIGITAL |
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sistema educativo tiene inmensos logros en su haber: extensión y
calidad en su formación básica, estructuras democráticas,
cogobierno, autonomía de los organismos, calidad en la formación
superior. Pero tiene también debilidades incrementadas
sucesivamente en los últimos 40 años.
