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A tres años en la era K
¿se viene el control de precios?

por Pablo Broder *

Los trascendidos

Recientes versiones periodísticas daban cuenta de expresiones del Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno atribuyéndole la exhortación en el sentido de “transparentar los costos de las empresas privadas”.

 

Y uno se pregunta el motivo. Porque estaría claro en el marco de los prestadores de servicios públicos, aquellos que tienen tarifas reguladas por proveer a la población servicios cuasi o totalmente monopólicos, y que como condición de haber asumido su prestación, conocían que sus precios ( léase tarifas) deberían estar inscriptas en un marco regulatorio.

 

Que no es el caso del resto del empresariado privado.

Hasta ahora, la necesidad de requerir la exhibición de  costos, valores de venta y documentación es una atribución natural de los organismos de control tributarios o previsionales.

 

Pero no está claro para qué lo está reclamando el secretario de Comercio? Porque hasta ahora, si a algún alocado comerciante o industrial se le ocurre vender a 100 lo que le cuesta 4, el mercado se encargará de hacerlo caer en una razonabilidad de proporciones entre costos y precios de venta. No existe legislación que obligue a fijar a los empresarios privados un margen determinado de utilidad en su operación. Será la competencia con sus colegas lo que lo pondrá en una órbita de coherencia.

 

¿Estas declaraciones pronostican quizás que se viene el ya conocido y reiteradamente fracasado  control de precios, atento a que todo el mediático manejo de “precios acordados ( y amenazados)” no ha servido para hacer descender el índice inflacionario a los niveles que serían de gusto de las autoridades?

 

Este Gobierno oscila, entre otras cosas, entre dos polos actitudinales: una sobreactuación respecto a los empresarios privados. Y una casi nula respuesta respecto a las manifestaciones de violencia, “aprietes”, justicia por mano propia y  reclamos airados generalizados (clima del cual tampoco se pudo escapar la Universidad de Buenos Aires, con el bochornoso espectáculo de la imposibilidad de sesionar su máximo órgano democrático de decisión, la Asamblea Universitaria, por decisión de un puñado de desaforados).

 

Una vez más unos pocos desbaratan el sistema. Ocurre en la Argentina de hoy permanentemente, llámese puentes con Uruguay, rutas nacionales, avenidas, plazas, aeropuertos, aerolíneas. ¡La violencia, la prepotencia  y las demostraciones de fuerza son dueñas, ante la pasividad de quien la Constitución le asignó el uso exclusivo de la fuerza para justamente preservar el orden y el derecho de la mayoría!

 

El escenario

Hace casi un año  señalábamos a modo de balance a dos años de la era K(1):

“Superávit fiscal  y  comercial externo, crecimiento de magnitud en la actividad  económica, estabilidad monetaria, reservas internacionales crecientes, recuperación de inversiones, mejoras en el sistema financiero,  mayor ocupación y mejoras de remuneraciones y prestaciones pasivas, salida del "corralón" financiero, desaparición de las cuasi monedas provinciales, avance en las exportaciones de varios rubros no tradicionales e ingreso a nuevos mercados, y reestructuración de la deuda externa pública. Indudables logros, pese a los cuales  subsiste  una regresiva distribución del ingreso, y una aún agobiante desocupación, determinante fundamental a su vez de los graves problemas actuales, resolubles únicamente en un proceso acelerado de crecimiento con equidad….”

 

“…Hacia ese fin se requiere la  exteriorización de la voluntad efectiva, y la puesta en práctica, de un paquete de políticas tendientes al desarrollo industrial sostenido,  evitando a su vez falsas disyuntivas entre privilegiar mercado interno o externo como objetivos. Ambos deben crecer. Pero hacerlo  a tasas altas requerirá elevados  niveles de inversión. Para lograrlo, seguridad jurídica, estabilidad institucional, la participación activa del Estado para promover las externalidades positivas (entre otras, vía inversión pública) y las perspectivas de rentabilidad para las actividades productivas, constituyen los elementos a privilegiar….”

En la actualidad, el proceso económico está atravesando una etapa donde se hace necesario que con urgencia, se adopten medidas destinadas a asegurar su sustentabilidad.

 

El combate a la desocupación, actualmente  del 12% de la población económicamente activa  (2), y el intento de evitar el rebrote inflacionario, que demanda una política de promoción de la oferta, a través de mayores inversiones y tecnología, deberían exhibir permanente presencia en el pensamiento de aquellos a quienes les corresponde el diseño de los programas económicos, a través  del fomento a la inversión y a la creación de  fuentes de trabajo.

 

En materia de inversión pública, sigue estando ausente el reiteradamente reclamado plan de infraestructura, urgente más que nunca por los ya existentes cuellos de botella en materia, entre otros, de transportes y energía.

En cuanto a la inversión privada reproductiva, se deberían establecer todas las señales posibles para su atracción, pues el proceso de crecimiento actual puede verse frenado de no aumentarse las mismas significativamente.

 

¿Hacia donde marcha el Gobierno?

Queda dicho que las inversiones privadas requieren concurrentemente : Seguridad Jurídica, estabilidad de los institutos básicos que hacen a su actividad y perspectivas de rentabilidad.

 

Sin embargo, examinando algunas de las últimas iniciativas del Ejecutivo, se podrá observar que no convergen precisamente con los objetivos de incentivar su arribo, tal que puedan  asegurar  el desarrollo sustentable :

 

  • Suspensión de exportaciones de carnes, poniendo en juego un esfuerzo de años como supone ser la apertura y consolidación de mercados externos;

  • Pasividad oficial ante bloqueos, piquetes o aprietes por presiones sociales o sindicales;

  • Escasa financiación para la inversión reproductiva;

  • Manejo poco prolijo,  por darle algún nombre en  las relaciones exteriores, caso Uruguay, Francia, Holanda, Finlandia, etc.

  • Medidas fundamentalmente mediáticas, de dudosa utilidad , para el control de la inflación;

  • Actitudes desafiantes con el empresariado, exacerbando cuando no propiciando directamente la confrontación, en lugar de la búsqueda de un clima de serenidad y diálogo;

  • Absolutismo presidencial a partir del desalojo del anterior Ministro de Economía, haciendo que la actual titular desmienta en los hechos por la tarde, lo prometido a la mañana ( por ejemplo, anuncio relativo al  cierre de exportaciones  de carnes);

  • El proyecto de leyes laborales enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, atento al cuadro persistente de desocupación, sin entrar a analizar la justificación social de las medidas, no parece haber sido planteado en el momento más oportuno, tal que ya a partir de su debate parlamentario, se ha promovido la paralización de buena parte de los programas de toma de personal de numerosas empresas, en especial las PYME.

 

Ninguna medida puede analizarse aisladamente, sino en su contexto de circunstancias de modo, tiempo y lugar, y fundamentalmente en cuanto a los objetivos mayores que nutren al programa en el que están insertas.

Si no se confronta su validez contra esas circunstancias o contra los objetivos nacionales, lo más probable es que la sociedad se enfrasque en discusiones inconducentes, discursos retóricos, pero la ansiada salida al desarrollo sustentable, único reaseguro de una justicia social duradera, podrá convertirse, lamentablemente, en una quimera.

 

 

* Economista. Su último libro: “Dos años en la era K”. Editorial Planeta. Buenos Aires. 2005.

(1) Op. Cit.

(2) Considerando como desocupados los beneficiarios  de planes sociales

 

Nota : Art. publicado inicialmente en la Revista “Alzas y Bajas”. Mayo de 2006, Buenos Aires/Argentina.

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