Fomentar el miedo
es un pecado capital
por Raúl Legnani

En la década los 50 sectores de la gran burguesía y de las capas medias altas, invirtieron en casas de veraneo en los distintos balnearios del país. Eran épocas de un país pujante, aunque la crisis ya se dibujaba en el horizonte,  en que los excedentes familiares se volcaban no en la inversión productiva, sino en la infraestructura del tiempo libre.

Las nuevas casas de veraneo no solo tenían una buena parrillera en el fondo – el colesterol no era parte de las preocupaciones mundanas, tal como ocurre hoy -, sino también un frente muy amplio, engramillado, donde la vereda y el jardín se confundían.

Aquella arquitectura, que aún sobrevive como testigo de una época, transmitía los valores dominantes: había que mostrar (mostrarse) que uno la pasaba bien en el verano. Lo dominante no era esconderse detrás de muros o de rejas, como pasa hoy.

Todo esto era posible porque la sociedad uruguaya construida en base al Estado de bienestar batllista, se sustentaba en que no existía una fractura social grave. Casas amplias, bien iluminadas, con vista al mar, con buenos jardines, eran la expresión de un país que no conocía la violencia social.

Vino la crisis económica, la violencia política, la dictadura que violó los derechos humanos y profundizó la crisis, el fracaso de los gobiernos democráticos y con ello al frente de las casas, las viejas y las nuevas, comenzaron a surgir las rejas, los muros y las familias dejaron de mostrarse, dando paso a reuniones más íntimas surgidas por el miedo al pobre.

Si esto es así, nadie puede desconocer que la inseguridad ciudadana viene de lejos y que ha ido progresando lentamente, fruto de la combinación de la violencia surgida por la fractura social, más el impacto de la pasta base y la globalización del delito. Un verdadero cóctel promotor del miedo y gestor de la inseguridad.

El nuevo gobierno ha salido a enfrentar este nuevo fenómeno con algunas vacilaciones y dudas, pero en el acierto de definir tres frentes de acción. El Plan de Emergencia, donde no han existido dudas, ha permitido la inclusión de amplios sectores de la sociedad que quedaron al margen cuando la crisis financiera de 2002. A la vez, en los últimos meses, se ha dado algunos importantes golpes al narcotráfico pero que no han sido suficientes, en tanto el consumo de pasta base no se elimina solo con la represión, sino también con la creación de trabajo, el desarrollo del deporte y la participación en la gestación de fenómenos culturales nuevos.

Las cifras oficiales dicen que en los últimos seis meses ha disminuido, en 3% el delito, aunque la rapiña creció un 5%. A la vez se ha generado en la población la idea de que eso no es así, lo que ha permitido decir a la oposición y a los medios de comunicación funcionales a ella, que hay una “sensación térmica” que transmite la idea de que vivimos en un mundo mucho más violento.

Este fenómeno de la “sensación térmica” tiene sus explicaciones. La rapiña (robo o saqueo con violencia) es una de las formas delictivas que más impacta en los individuos y que, por ello mismo, más rápidamente se difunde. No es lo mismo que a uno lo roben con suma habilidad en el ómnibus y que recién se de cuenta dos horas después, a que en el momento del robo a uno lo lastimen, lo golpeen e incluso lo lleguen a herir o provocarle la muerte.

Por otro lado están influyendo los que promueven la idea de la violencia generalizada, transformando este problema en bandera política, para movilizar a sectores de la sociedad que con toda razón tienen miedo y quieren no ser rapiñados.

Quines se han travestidos en fogoneros de la “sensación térmicas” están actuando con la más absoluta irresponsabilidad y con un profundo desprecio por el ser humano.

Fomentar el miedo en una sociedad es un pecado capital, porque una población con miedo se vuelve incapaz de construir en su seno ideas nuevas y pensamientos libres. El miedo inmoviliza y hace perder racionalidad, a la vez que permite que florezcan las partes más negativas, como es la justicia por mano propia.

La policía uruguaya, los organismos estatales que combaten la droga y el delito importado, así como la Justicia, tienen la obligación de actuar con mano firme y con la suficiente energía. El gobierno ha reaccionado en este sentido y prepara una nueva legislación que le permita, en un marco democrático, actuar con mayor eficiencia.

Los partidos políticos y las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de elaborar propuestas que atiendan este fenómeno desgraciado que es la violencia que se ha instalado en nuestro país. Pero en todos los casos se debe de actuar con cautela, con responsabilidad cívica, para no ser promotores del miedo que es la enfermedad más paralizante que puede sufrir la sociedad.

LA ONDA® DIGITAL

Contáctenos

Archivo

Números anteriores

Reportajes

Documentos

Recetas de Cocina

Marquesinas