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Las interrogantes sobre
La hipótesis primaria, que apunta a que miembros de la colectividad árabe de las tres fronteras tuvieran acceso previo a los planes de Al-Qaeda, aun antes que los mismos se llevaran a cabo, cobra asidero a partir de un hecho aparentemente anecdótico. Gueddan Abdel Fatah, un estudiante marroquí de 27 años, es arrestado en 2001 en Brasil acusado de asaltar un taxi en San Pablo. Fue condenado a cumplir una condena de 64 meses.
El joven Fatah le solicita a su abogada que entregara con urgencia una carta a las autoridades brasileñas, estadounidenses e israelíes; quería alertarlas sobre "dos explosiones" que tendrían lugar en EEUU. El 10 de setiembre de 2001, al enterarse que su abogada no había tomado en serio sus advertencias y no había entregado los mensajes, el marroquí se puso furioso y dijo que "ya era tarde para evitar una tragedia". Posteriormente a los ataques terroristas de Washington y Nueva York, el marroquí Fatah dijo a las autoridades brasileñas que el plan de los atentados lo había escuchado en la mezquita de Foz. La hipótesis de máxima, o sea la presencia de logística de Al-Qaeda en la zona de Tres Fronteras, es una versión que parece haber surgido inicialmente del juez brasileño Walter Fanganiello Maierovitch, quien está considerado un especialista en la materia y que presidió el Instituto Brasileño de Ciencias Criminales Giovanni Falcone. Desde la perspectiva de Maierovitch, en realidad lo que estaría haciendo Al-Qaeda sería captar parte de la estructura con que contaba el Hezbolá en la zona, capitalizando un presunto debilitamiento de ese grupo libanés. La misión encomendada a los flamantes miembros de la organización en la zona habría sido entrenar y albergar células terroristas.
Este enfoque volvió a cobrar impulso el 22 de noviembre de 2001, cuando la revista estadounidense Time informa que desde la zona de Triple Frontera se enviaban remesas de dinero a Bin Laden, más concretamente a su responsable financiero Mustafá Ahmed. La información fue considerada como probable ese mismo día por el entonces canciller de Brasil, Celso Lafer, quien admitió por primera vez esa posibilidad.
Una semana después, la investigación de Time fue ratificada por el O Globo. Citando como fuente "uno de los investigadores", el periódico carioca sostuvo que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidenses habían comprobado que la Triple Frontera se había transformado en "el principal centro de operaciones en América Latina" de Al-Qaeda. Respecto a lo publicado una semana antes por Time, en este caso se aseguraba que las funciones de los seguidores de Bin Laden en la región no se limitaban a la recolección de fondos, sino a la incursión en el negocio del tráfico de heroína; a tal efecto, la organización terrorista buscaba formar una alianza con los carteles colombianos y con las FARC.
Agregaba O Globo que la zona, con su alta concentración de inmigrantes de Medio Oriente, facilitaba el desplazamiento en la zona de los simpatizantes de Bin Laden; que el otro foco de importancia del terrorismo islámico en América Latina era la ciudad colombiana Maicao, próxima a la frontera con Venezuela, donde el 70% del comercio local es controlado por su comunidad islámica, en la cual existen células del grupo Hezbolá; finalmente, que en ambos focos geográficos los comerciantes de procedencia árabe destinan del 10% al 30% de sus ganancias a las organizaciones terroristas. Los responsables de la recaudación remiten el dinero por medio de bancos de Maracaibo (Venezuela) y Panamá. A veces una parte es llevada personalmente por emisarios de dichos grupos extremistas.
La estructura terrorista que lidera globalmente Bin Laden excede a la mencionada organización para alcanzar la forma de un "pool" o "holding": el Frente Islámico Internacional para la Jihad contra los Judíos y los Cruzados (Al-Jabhah al-Islamiyyah al-Alamiyyah li-Qital al-Yahud wal-Salibiyyin), del cual forman parte las organizaciones egipcias Gamaa Islamiyya y Al-Jihad, entre otras.
La organización Al-Jabhah, miembro de Gamaa, tiene importantes antecedentes terroristas y sí había estado radicada algunos meses en Ciudad del Este. El egipcio El Said Asan Ali Mohamed Mokhles, participante del atentado perpetrado en 1998 contra turistas occidentales en el templo de Luxor, con un saldo de 58 muertos, fue la prueba. Mokhles, quien vivió en Arabia Saudita y habría estudiado en Afganistán, fue detenido a principios de 1999 en la localidad uruguaya de Chui, frente a la ciudad del mismo nombre en Brasil, al otro lado de la frontera. El egipcio, que provenía de la zona de Tres Fronteras, intentaba ingresar a Uruguay con un pasaporte falso adquirido en Ciudad del Este. Fue formalmente acusado de terrorismo por las autoridades egipcias, que solicitaron su extradición. Preso en Montevideo y luego de varias instancias judiciales fue extraditado hacia el Cairo por el gobierno uruguayo.
El asesinato de la hija del ex presidente paraguayo Cubas Un reciente comunicado de la embajada estadounidense en Asunción señaló que existe una intención de colaboración por "el incremento del crimen transnacional como secuestros, narcotráfico y otras actividades criminales que permean con facilidad las fronteras".
El comunicado menciona "el trágico final de Cecilia Cubas y la complicidad de las FARC" como "un ejemplo evidente de los peligros que atentan contra la seguridad de los ciudadanos".
La oficina del Agregado Legal en Asunción oficiará de enlace y proveerá capacitación al personal encargado de hacer cumplir las leyes en Paraguay, reseña el informe.
Oficialmente se conoce que en los últimos años, en Paraguay solo en un sonado caso estuvieron vinculados en la investigación agentes técnicos del FBI. Se trata del secuestro de María Edith de Debernardi, en el 2001. Los propios familiares de la secuestrada habían solicitado la intervención de la agencia de investigación. El FBI colaboró en el análisis de las evidencias que fueron incautadas durante el proceso investigativo, cuando María Edith seguía desaparecida.
Otro caso conocido, al menos para el pedido, se dio para el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña. El gobierno de Raúl Cubas Grau (1998-1999) había solicitado la colaboración del FBI para esclarecer el asesinato de Argaña. El pedido fue dejado de lado durante el mandato de Luis Angel González Macchi (1999-2003), por lo que el respaldo en investigación no prosperó. LA ONDA® DIGITAL |
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